Clarín y La Nazión salieron con los tapones de punta al sostener que hay una "avanzada" del AFSCA para que el multimedio cumpla la ley. La situación judicial actual.
Tanto La Nazión como Clarín titularon hoy respectivamente "El Gobierno inició de oficio el proceso para que Clarín desinvierta" y "Ley de medios: el Gobierno busca avanzar sobre licencias de Clarín". El pasquín envuelve huevos de Héctor Magnetto sostiene que "El Gobierno avanzó para quedarse con Canal 13 y otros medios del Grupo Clarín, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Y continúa diciendo que "Lo hizo mediante el envío de una cédula de notificación y una carta informativa, que llegaron esta semana a Canal 13 (Artear) y a otros medios del Grupo, buscando iniciar el proceso de aplicación de dicho artículo, pese a que está suspendido por la Justicia".
Lo que sucedió específicamente fue que el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación) inició los procedimientos de oficio para constatar el estado de situación de los licenciatarios que se encuentran en presunta infracción de la Ley de Medios. Para ellos se puso en funcionamiento la Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación a la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En el último fallo de la Corte Suprema de Justicia los jueces dejaron en claro que las medidas cautelares (en este caso la interpuesta por el Grupo Clarín) no pueden sustituir la solución de fondo, por lo que dispusieron que el 7 de diciembre de este año dejarán de tener efecto, lo que habilita al Estado a exigir la adecuación de licencias que establece el artículo 161.
Basándose en ello, es que el organismo lanzó estas nuevas acciones con el fin de ratificar "la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la apuesta por la multiplicación de voces y el fomento de las identidades regionales", además de notificarles a los licenciatarios cuales estarían infringiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuáles están en un proceso efectivo de adecuación a la norma, y cuáles no.
Como explica la nota de presentación enviada por el presidente de la Autoridad, Santiago Aragón, y el director, Ignacio Saavedra, "el procedimiento de constatación de oficio configura una etapa preliminar del proceso de adecuación y tiene por finalidad primaria determinar la situación actual de cada uno de los licenciatarios".
El AFSCA toma en cuenta una resolución del Decreto Nº 1225/10 en el cual se dictaminó que el organismo “determinará los mecanismos de transición a fines de adecuar la situación de la totalidad de los licenciatarios a lo dispuesto en la Ley Nº 26.522”. Hay tres formas de hacerlo: Adecuación Voluntaria, Constatación de Oficio y Adecuación por Transferencias.
Como el AFSCA entiende que el plazo para realizarlo de forma voluntaria se encuentra vencido, entonces el organismo avanzará con las constataciones de oficio (cita la Resolución 297/10, Anexo I, Cap. II). Se informó que se deberán llevar a cabo en un plazo razonable para permitir cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de que venza la medida cautelar en cuestión.
Algunos licenciatarios que ya han sido notificados en el marco de este procedimiento son: Roberto Ricardo Ferraris, José Néstor Toledo, Imagen Radial SA, Radio Productora 2000, Telepiu SA, Televisión Federal SA, Radiodifusora del Sur SA, Cablevisión SA, Radio Mitre SA, Arte Radiotelevisivo Argentino SA, Alejandro Héctor Tirachini, Radiodifusora Buenos Aires SA, DH COM SA, Radio Continental SA, Votionis SA., empresas de los habitualmente denominados Grupos Hadad, Telefe, Clarín, Indalo, Prisa, entre otros.
¿Qué sostiene Clarín? Que la Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad de que se amplíe la cautelar por la demora de casi un año para resolver la cuestión de fondo. Específicamente lo que buscan es que se declare a los artículos 161 y 45 inconstitucionales. Sobre el primero sostiene que viola los derechos adquiridos porque obliga a la desinversión de las empresas que tengan mas licencias que las permitidas y sobre el segundo dicen que "vulnera la sustentabilidad de los medios, condicionan la libertad de expresión y resultan discriminatorios".
¿Cuál es la defensa del AFSCA? entre otras cosas sostienen que las licencias no son equiparables a la propiedad sino que es un privilegio temporal que el Estado le concede a un particular, prerrogativa que puede ser revisada en casos de interés público. De esta forma también justifican el decreto 527 al argumentar que se trabajó sobre la extensión de las licencias, no su propiedad.
Por otra parte, la cuestión de que la norma perjudica la libertad de expresión básicamente quedó desestimada en el último fallo de la Corte Suprema cuando se aseguró que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”. Otro punto a favor es que muchas de sus licencias de Clarín, en especial las empresas de cable del interior del país, nunca fueron aprobadas por el Comfer.
Están nerviosos. Y cada vez se les nota más.
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