La presentación la hizo el magistrado Gustavo Caramelo, quien había intimado a dar solución a una mujer y sus cinco hijos menores que fueron desalojados de su vivienda.
El juez Gustavo Caramelo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 1, resolvió formular una denuncia penal a fin que se investigue si Mugricio Macri ha incurrido en delitos de acción pública, con relación a las órdenes impartidas por el propio magistrado en un proceso en donde se intimó al jefe de Gobierno porteño a brindar solución a una mujer y sus cinco hijos menores de edad, quienes habían sido desalojados del inmueble que habitaban.La denuncia también alcanza a la ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, u otros funcionarios del Gobierno y Administración locales.
En la resolución, firmada ayer, el magistrado señaló que “resulta inadmisible que, habiéndose dado al gobierno local oportunidad para que cumpliera con sus obligaciones con tiempo, sin que se alcanzaran situaciones angustiantes para los niños involucrados y su grupo familiar, no haya actuado y haya llevado a los nombrados a encontrarse en situación de calle; situación en la que las personas, como ocurrió en el caso de autos, se ven prácticamente forzadas por la necesidad a aceptar la suma que se les ofrece, aún cuando con ella no puedan dar solución al problema habitacional que enfrentan por la desidia de la burocracia”.
“Tal diseño operativo resulta lesivo de los Derechos Humanos de los sujetos involucrados, en especial de los niños. La dejadez burocrática ha dejado a un grupo familiar conformado por cinco niños en la calle con enorme riesgo para la continuidad de su año escolar”, agregó.
En el fallo, el juez también intimó a Macri para que disponga las medidas necesarias para que se dé inmediata solución habitacional a la situación del grupo familiar “en un área próxima a la del establecimiento escolar al que concurren; haciéndole saber que, de no dar cumplimiento a ello dentro del plazo de veinticuatro horas -teniendo en cuenta la grosera dilación evidenciada por la burocracia local en el oportuno cumplimiento de lo requerido en autos y la necesidad habitacional urgente a cubrir- se computarán a favor de la nombrada y sus hijos, condenaciones pecuniarias conminatorias de tres mil pesos ($ 3000, para asegurar la posibilidad de acceso a alguna vivienda) por el primer día de demora y de cien ($ 100) por cada día subsiguiente hasta el efectivo cumplimiento”.
Ahora solo restan dos cosas: que Macri cumpla la ley y que no ubiquen a la mujer y a sus cinco hijos en una vivienda próxima a derrumbarse.
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