Tal como lo había prometido cuando asumió, la presidenta de Brasil puso en vigencia la norma aprobada en octubre pasado por el Parlamento, que crea el organismo que investigará los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1964 a 1985.
El organismo, sin embargo, no tendrá poder para castigar a los militares beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente de facto, Joao Figueiredo. Durante su discurso, la mandataria enfatizó que la medida "no es un proceso de venganza, sino de construcción de la verdad y de la memoria, para tener un país más justo, más igual y principalmente más democrático".
Rousseff manifestó que el conocimiento de la verdad será fundamental para que no se repitan las torturas, asesinatos y detenciones políticas "que mancharon la historia de Brasil".
"La verdad interesa mucho a las nuevas generaciones. Los jóvenes que hoy tienen derecho a la libertad tienen que saber que muchos lucharon y murieron por esa libertad preciosa", dijo la mandataria, que en la década de 1970 fue torturada en los calabozos de la policía política por su militancia en grupos de izquierdas.
El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la revancha por parte de los grupos de oposición a la dictadura. Para evitar una crisis con los militares, el texto de la propuesta fue considerablemente atenuado: desaparecieron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado fue ampliado para iniciarse en 1946 y terminar en 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.
La comisión estará formada por siete miembros que serán elegidos por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.
Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos "el derecho a la memoria y a la verdad histórica" y así impulsar una "reconciliación nacional".
En Chile, los estudiantes luchan por tener una educación pública y gratuita como la nuestra; en Uruguay, hace pocas semanas de derogó la ley que impedía juzgar a los militares que encabezaron la dictadura y ahora, esto de Brasil.
Todos aquellos a los que Duhalde, Alfonsinito, Carrió, Macri, Clarín, TN, Majul y compañia nos dicen que tenemos que imitar, nos imitan a nosotros.
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