Son los aportes patronales que van a parar al RENATRE, un organismo dirigido por la UATRE y la Mesa de Enlace. Lobby, protestas y “justicia cautelar” para frenar una legislación que beneficia a los trabajadores del sector.
El nuevo régimen de Trabajo Agrario, sancionado a fines de diciembre por una abrumadora mayoría parlamentaria, pasará posiblemente a la historia por ser una legislación que explicita y amplía una serie de derechos laborales para los trabajadores del sector. Pero también por el insólito hecho de ser fuertemente resistido, no por los empresarios –cómo podría esperarse– sino por los propios representantes de los trabajadores, más precisamente por el sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que desde hace más de una década comanda el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas. Las razones de tal oposición poco tienen que ver con la discusión relativa a mejorar las graves condiciones vigentes en buena parte de la producción agropecuaria, sino más bien con los fondos que van a parar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), una entidad cuya misión es “controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone la ley” y que está conformado por representantes de la UATRE y las patronales que integran la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural).
Creado durante el segundo gobierno de Carlos Saúl Mufa, el RENATRE tiene carácter de “ente autártico de derecho público”, es decir, se trata de una entidad extrapresupuestaria que se financia a través del aporte patronal de los empleadores rurales. Entró en vigencia en 1999, y entre sus principales funciones se encuentra el otorgamiento y control de la Libreta de Trabajo, “un documento personal, intransferible y probatorio de la relación laboral” y el otorgarmiento de fondos de desempleo.
Para cumplir con semejantes y nobles tareas, recibe una contribución del 1,5% del total de la remuneración abonada por los empleadores a cada trabajador, fondos que son recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y giradas a una cuenta a nombre del propio RENATRE.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la eliminación del RENATRE, el cual queda absorbido por una nueva entidad, el RENATE, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Esa es la pelea de fondo.
¿Por qué? Para explicarlo, bastan algunos números. Según consta en la página web de la AFIP, las sumas giradas durante el año pasado superan cada mes los $ 10 millones. Fueron $ 13.062 millones en enero, $10.699 en febrero, $10.583 en marzo, $ 10.926 millones en abril, $ 11.244 en mayo, $ 11.248 en junio y de $ 11.873 millones en agosto, último dato disponible.
Es decir, sólo por aportes patronales la cifra supera ampliamente los 100 millones de pesos anuales. Entre 2002 y 2010 esos fondos suman 496 millones. Pero no son los únicos ingresos. A ese monto hay que sumarle la rentabilidad de las inversiones del RENATRE y las multas que la entidad aplica a partir de las fiscalizaciones realizadas por una empresa de dudosa constitución. Según una investigación de la Revista Veintitrés, la firma Gregard -contratada para llevar a cabo las inspecciones- tiene domicilio en Reconquista 630 de la Ciudad de Buenos Aires, la misma dirección que la UATRE y dos de sus directores estarían estrechamente vinculados con el ex presidente Duhalde.
Si bien la responsabilidad última siempre es del Estado, existe un amplio consenso entre los funcionarios y especialistas en que la implementación y funcionamiento del RENATRE no movió el amperímetro en cuanto al nivel y la gravedad de las condiciones de trabajo en el campo, donde la falta de registración es la norma.
Durante 2011 saltaron a la luz dramáticos casos de trabajo esclavo en establecimientos agropecuarios, algunos vinculados a multinacionales, y que tenían como víctimas a trabajadores temporarios, más conocidos como “golondrinas”.
La nueva norma remplaza la legislación proveniente de la última dictadura militar. Lejos de ser un capricho del oficialismo, fue avalada por 68 votos positivos y uno negativo en la Cámara de Senadores, mientras que en Diputados fue acompañada por 174 votos a favor y solamente cuatro en contra.
“No se entiende la preocupación de la dirigencia sindical de la UATRE por defender la caja del RENATRE en vez de salir a defender una ley que protege los derechos de los trabajadores rurales”, indicó el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se mostró esperanzado de que la justicia avale finalmente la implementación de la norma. “Esperamos que las apelaciones a las medidas cautelares que hicimos durante la semana pasada permitan darle pleno cumplimiento a una ley que ya está en vigencia”, indicó el funcionario.
Desde el mes de diciembre, cuando comenzó la discusión del nuevo régimen de trabajo agrario en el ámbito legislativo, se multiplicaron las protestas de la UATRE, que incluyeron algunos cortes de ruta y duras diatribas del Momo Venegas contra los legisladores que apoyaron la iniciativa.
Tras la sanción de la norma, la semana pasada, patovicas de la UATRE impidieron la entrada de la autoridades oficiales designadas por el ministro de Trabajo.
El último escalón de la disputa tiene lugar en la justicia. El gremio de la UATRE que dirige Gerónimo Venegas obtuvo una medida cautelar que puso en suspenso la postergada implementación de la norma.
“¿Cuánto hay que pagar para cobrar?”, le preguntó un jubilado al juez Alberto Ize. Era el año 2010 y el incidente, que provocó la renuncia del magistrado a la subrogancia que ejercía en el Juzgado Federal 3 del fuero de la Seguridad Social, desencadenó una investigación que puso al descubierto una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El accionar de Ize y de sus dos secretarios, Fernando Mora y Emmanuel Catardo fue puesto bajo la lupa al detectarse una serie de irregularidades vinculadas al trámite y liquidación de sentencias en juicios por actualización de haberes jubilatorios. “Los dos secretarios embargaban a las ANSES y sacaban sentencias superiores al millón de pesos: en primer lugar, el retroactivo era muy superior a lo que correspondía y segundo, estaban asociados a abogados patrocinantes de jubilados con quienes tenían claros vínculos de connivencia”, detalló Diego Bossio, titular de la ANSES.
Por esta y otras causas, el magistrado tiene actualmente tres denuncias en etapa de investigación preliminar presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Entre otras mejoras, la nueva norma que regula las relaciones laborales en el sector agropecuario, incorpora a los trabajadores a la Ley de Contrato de Trabajo y establece límites precisos a las jornadas de trabajo, las cuales no podrán exceder las ocho horas diarias y 44 horas semanales.
También se ocupa de los empleados estacionales o “golondrinas” -representan cerca del 75% de la masa laboral y es el sector más alcanzado por la precarización- a partir de la creación de la figura del “trabajador permanente discontinuo”, quien “tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones”. Al mismo tiempo prohíbe el trabajo infantil y regula la contratación de adolescentes de entre 16 y 18 años, previa autorización de los padres. Y crea un régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad jubilatoria (con 25 años de aportes).
Nos pasa lo mismo que con Mugrizio Macri en otra de las notas de la edición de hoy. A tipos como Venegas ya ni ganas de putearlo nos dan.
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