martes, 7 de noviembre de 2017

Denuncian al juez Lijo y a la beoda ministra Bullrich Luro Pueyrredón por la filtración de imágenes de la detención de Boudou

ASÍ LO HIZO EL ABOGADO MARCELO PARRILLI. LA DENUNCIA ES POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y VEJACIONES, POR LA DETENCIÓN DEL EX VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN AMADO BOUDOU.

Luego de la -por lo menos- desprolija detención del ex vicepresidente Amado Boudou por orden del juez Ariel Lijo, en medio de la polémica por la forma del procedimiento, el abogado Marcelo Parrilli denunció al mencionado juez y a la beoda Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

En ese sentido, en la presentación realizada por Parrilli, se deja constancia que en el artículo 9 "cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la Ley. (Asamblea Nacional Francesa, “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”. París, 1789)".

El abogado prosiguió puntualizando que formula una denuncia "por la comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y vejaciones, en concurso real y en el carácter de autores, contra el Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de esta Capital Federal, Dr. Ariel Oscar LIJO" y "contra la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia BULLRICH y contra los funcionarios dependientes del Juzgado Federal a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo y de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación que participaron en la detención del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el día 3 de noviembre de 2017"

Asimismo, señaló que "atento a que los hechos que damnificaran al ex vicepresidente Amado Boudou tienen antecedentes similares en los casos de detención de otros funcionarios del gobierno anterior, denuncio como 'Hecho N° 2', la existencia de una política sistemática, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes también ilegalmente obtenidas en el momento de la detención de ex funcionarios del gobierno anterior".

"Ello con el solo objeto de someterlos al escarnio y humillación públicos y sin vinculación alguna con cualquier necesidad del procedimiento de aprehensión. En tal sentido imputo a la Ministra por la comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público (conf. arts. 248 y 45 del Código Penal)", expresó el abogado en su presentación.

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