CON PANCARTAS Y AL GRITO DE "¡LIBERTAD!", LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES CORTARON AYER AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES Y VÍAS DE FERROCARRIL EN PROTESTA POR EL ENCARCELAMIENTO DE SUS LÍDERES, EN UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL CON MENOS PARTICIPACIÓN DE LA ESPERADA, EL MISMO DÍA EN QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA INDEPENDENCIA DE LA REGIÓN.
Cientos de camiones y coches quedaron atrapados cerca de la frontera francesa, que fue cerrada por los manifestantes en un par de pasos menores; hubo decenas de cortes en carreteras y los trenes se vieron seriamente afectados por la ocupación de las vías en las estaciones de Barcelona y de Girona.
Además, los manifestantes forzaron durante unas horas el cierre de la principal atracción turística de la ciudad, la Sagrada Familia, en cuyas puertas colgaron una enorme pancarta con el mensaje "La represión no es una solución" en inglés. En total, 150.000 pasajeros de trenes resultaron afectados, 10.000 de ellos de trenes de alta velocidad, informó la compañía ferroviaria Renfe. En cambio, y a diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales del día del referéndum, la mayoría de mercados, tiendas y restaurantes de Barcelona abrieron sus puertas y las fábricas de la región funcionaban con normalidad.
"El seguimiento de la huelga (convocada por la intersindical independentista CSC, sin el apoyo de los principales sindicatos del país) ha sido mínimo y residual en la práctica totalidad de los sectores, salvo en el de la enseñanza", aseguró desde Barcelona Juan Antonio Puigserver, secretario del ministerio del Interior.
Convocada también por las asociaciones independentistas, la huelga pretendió paralizar la región que produce la quinta parte de la riqueza española en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.
Los huelguistas concentraron sus esfuerzos en el transporte, cortando las rutas que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona.
"Estamos muy indignados, muy enfadados en contra de lo que está haciendo el gobierno español", decía irritada Elisabet Nistal, una ortodontista de 33 años, en una manifestación en Barcelona. Otras personas, en cambio, se mostraron enojadas con los manifestantes y hubo momentos de tensión con los piquetes.
"Es una vergüenza. Están haciéndole daño a la gente que viene y se va de trabajar (...) Nos llaman fascistas, y nos hacen daño con estas cosas", dijo por su parte, una mujer de 50 años que discutía en la estación de Sants de Barcelona.
Un portavoz de la Cruz Roja informó que habían repartido "bocadillos, jugos, aguas y galletas" a los cientos de conductores atrapados en colas de seis kilómetros cerca de Francia en la autopista que une el país vecino con Andalucía.
Las mayores incidencias se registraron en el sector educativo público, cuyo principal sindicato respaldó la protesta. Así, en una plaza del barrio barcelonés de Gracia, la jubilada Conchita Cosialls entretenía a su nieta de 7 años Adriana, que no había ido a la escuela por la huelga. "El ambiente es muy tranquilo", explicó Cosialls, que dijo que sus nietos en escuelas privadas sí habían tenido clase.
Mientras tanto, el ex presidente regional Carles Puigdemont se encuentra desde el 30 de octubre en Bruselas con cuatro miembros de su gobierno tras haber sido destituido por el gobierno español de Mariano Rajoy, que ahora controla la administración regional.
El resto de dirigentes, ocho en total, se encuentran en prisión preventiva, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación tras la proclamación de una efímera república catalana el 27 de octubre que fue anulada este miércoles por el Constitucional. La misma acusación recae sobre Puigdemont y sus compañeros en Bruselas, pendientes de la decisión de Bélgica sobre la extradición solicitada por la justicia española.
En el Congreso de Madrid, Rajoy afirmó que "las cosas están funcionando bien" y se mostró esperanzado en que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre sirvan "para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, normalidad, de convivencia".
En una entrevista con la televisión flamenca VRT, Puigdemont dijo que "hay otras alternativas" a la lista unitaria que se ofreció a liderar y que sus aliados hasta ahora rechazaron, aunque insistió en reclamar la constitución de un frente independentista.
Amnistía Internacional (AI), por su parte, aclaró ayer que no considera "presos de conciencia" a los dirigentes catalanes y ex miembros del Gobierno regional que se encuentran en prisión provisional por presuntos delitos vinculados al plan independentista.
La aclaración de AI se refiere tanto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, jefes de las dos mayores entidades civiles independentistas de Cataluña en prisión desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, como a los ocho ex consejeros del Gobierno catalán detenidos el jueves pasado por presunta rebeldía y otros cargos.
"No usamos el término 'preso político' porque no hay una definición internacional unívoca", señaló una portavoz de la organización. "Usamos en cambio el concepto de 'presos de conciencia'. Y no consideramos que lo sean ni los 'Jordis' ni los ex miembros del Govern porque su caso no se ciñe a la definición".
AI entiende que son presos de conciencia "aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus convicciones" políticas o religiosas "o cualquier otro motivo de conciencia", como su origen étnico, sexo, color, idioma u origen.
Tanto los ex consejeros como los "Jordis" están en cambio acusados en el marco de un proceso judicial en el que quedan por determinar diversos elementos "con los cuales Amnistía Internacional estará en una mejor posición para determinar si los considera o no presos de conciencia".
Sànchez y Cuixart son investigados por sedición por haber convocado una protesta que el 20 y 21 de septiembre dejó bloqueados a guardias civiles que realizaban un operativo contra el referéndum ilegal del 1º de octubre en una consejería del Gobierno catalán. Los manifestantes destruyeron además coches del cuerpo armado.
AI fue en su momento muy crítica con las detenciones y en dos comunicados tachó de "excesivos" y "desproporcionados" los cargos y la prisión preventiva, por lo que pidió revertir ambas decisiones.
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