D’Elía, con posible prisión

EL LÍDER DEL PARTIDO MILES PODRÍAN CONDENARLO ESTE LUNES POR LA TOMA DE LA COMISARÍA 24º, DEL BARRIO DE LA BOCA, EN EL AÑO 2004.

La feroz ofensiva judicial desatada contra los opositores puede tener hoy otro nuevo capítulo: el dirigente del partido Miles Luis D’Elía podría ser condenado a prisión efectiva. Esto es por la toma de la comisaría de La Boca en 2004 y por haber protagonizado un incidente en una especie de contra-marcha en Plaza de Mayo, en pleno choque del gobierno kirchnerista con las patronales rurales, en 2008. 

El Tribunal Oral Federal número 6, integrado por José Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Canero, tomaría la decisión este lunes tras un largo juicio en el que especialmente Martínez Sobrino se mostró agresivo contra D’Elía en casi todo momento. En Comodoro Py corre el rumor de que el dirigente opositor podría terminar detenido hoy mismo o dentro de una semana, por lo que sus simpatizantes y adherentes tienen prevista este lunes una concentración frente a los tribunales. 

La fiscal del juicio Gabriela Baigún pidió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. Pero, sobre todo, Albor sostuvo que se trató de una protesta social y que justamente el juicio es para frenar las protestas sociales de la actualidad. En los últimos veinte años, en muchísimas ciudades del interior hubo puebladas contra las comisarías por tal o cual asesinato o delito en el que los efectivos policiales no hicieron nada o incluso brindaban cobertura a los delincuentes. Hubo hasta casos de quema de comisarías y nunca hubo ningún condenado por esas protestas populares. 

Los hechos que motivaron la toma de la comisaría 24ª fueron todavía más graves que los registrados en las puebladas. Un matón vinculado al narcotráfico, Juan Carlos Duarte, asesinó a Martín “El Oso” Cisneros, un militante allegado a D’Elía. El peligro había sido denunciado reiteradamente y los policías no sólo no previnieron el homicidio sino que luego demoraban la detención de Duarte. Al final el narco fue condenado a 17 años de prisión, pero el día de los incidentes en la comisaría de La Boca, Duarte seguía sin ser detenido. D’Elía argumentó que ellos no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta. Lo cierto es que, más allá de todo, se logró el desalojo sin violencia y sin que hubiera víctimas.

En la acusación, le achacaron a D’Elía atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, privación ilegal de la libertad, usurpación e intimidación pública. D’Elía señaló que no se privó de libertad a nadie y que los pocos daños que hubo en la comisaría fueron provocados por los policías cuando ingresaron al día siguiente. Los otros dos imputados, Angel Lito Borello y Luis Bordón -padre de Sebastián Bordón, asesinado por policías en Mendoza- fueron sobreseídos porque se consideró que las causas están prescriptas. Respecto de D’Elía se argumenta que la prescripción se interrumpió por el incidente en Plaza de Mayo en el conflicto del campo. 

Hubo dos testimonios que llamaron la atención. En primer lugar el de José María Campagnoli, ahora fiscal -a quien no se puede sindicar como simpatizante de D’Elía- que señaló que no vio nada roto en la comisaría y que el papel de D’Elía fue el de calmar a los vecinos. El segundo testimonio llamativo fue el del presidente de la Comisión de Amigos de la comisaría 22ª, vecina de la número 24ª donde ocurrieron los hechos: contó que los policías buscaron a otros uniformados para entrar a la 24ª y romper todo, ni bien se hubieran ido los vecinos que encabezaba D’Elía. Finalmente, también fue impactante el testimonio de otro policía que destrozó el mito de que en la 24ª había una pintura de Benito Quinquela Martín. El uniformado contó que el cuadro era itinerante y que no estaba en la 24ª en esa época. Hubo momentos en que se pretendió achacarle a D’Elía la desaparición de esa pintura. 

La causa de la comisaría estuvo politizada desde el primer día y motivó una larga persecución contra D’Elía. Incluso estuvieron imputados al principio el entonces secretario de Seguridad Norberto Quantin y su segundo, Campagnoli. Sucede que los dos negociaron el desalojo pacífico de la comisaría y lo que se pretendía era una irrupción violenta de las fuerzas policiales. Quantin y Campagnoli se escudaron en sus fueros pero la gesión -en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner-fue la correcta: evitar que el grave conflicto por la no detención de Duarte termine con muertos o heridos. 

Un dato impactante es que Martínez Sobrino, uno de los jueces que resolverá hoy, fue secretario letrado durante la dictadura de Gustavo Mitchell, juez acusado de entregar al niño apropiado Simón Riquelo. Se lo dieron al subcomisario Osvaldo Parodi, que estuvo involucrado en el secuestro de la madre del chico. Martínez Sobrino fue el más agresivo de los jueces del tribunal al punto en que, en sus preguntas, parecía más acusador que la fiscal Baigún.