POR 214 VOTOS A FAVOR, SIN ABSTENCIONES NI VOTOS EN CONTRA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANCIONÓ LA NORMA QUE SUSPENDE LOS DESALOJOS POR CUATRO AÑOS DE TERRITORIOS OCUPADOS POR PUEBLOS ORIGINARIOS. EN EL SENADO, LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS HABÍA INTENTADO ACORTAR EL PLAZO PERO NO OBTUVO EL APOYO BUSCADO Y SE AVINO A ACEPTAR LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA.
La Cámara de Diputados aprobó ayer a la tarde el proyecto que suspende los desalojos -por cuatro años- de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, que había obtenido media sanción del Senado a fines de septiembre, luego de que el oficialismo aceptara tratar la prórroga por la insistencia de organizaciones sociales y de Amnistía Internacional.
La cuestión había cobrado relevancia luego de la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado en el marco de una disputa por tierras en la provincia de Chubut.
La iniciativa establece una nueva prórroga de la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La norma le ordena al Estado llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A pesar de que el relevamiento no está concluido (el 70 por ciento de las comunidades quedó afuera), la ley estuvo a punto de caerse (la última prórroga vencía el 23 de noviembre), lo cual hubiese dejado a los pueblos originarios a merced de los terratenientes.
En el Senado, el oficialismo había intentado acortar la prórroga de cuatro a dos años, pero no logró su cometido. Finalmente, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, destacó la importancia de aprobar la prórroga, al sostener que "es necesario terminar el censo", ya que, según precisó, "falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras".
El diputado salteño del FIT Pablo López, señaló que “la prórroga de esta ley es una conquista de los pueblos originarios que se han movilizado en todo el país por su derecho a la tierra y por la prórroga de la ley que los protege contra los desalojos”; al tiempo que la definió como “una conquista que tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en el marco de un avance del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que actúan al servicio de los grupos empresarios -las mineras, las petroleras- y los terratenientes, y que quieren desplazar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales para el avance de sus negocios”.
La situación, según relevó Amnistía Internacional en un informe, es crítica. Sólo 1532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, indicó Amnistía.
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