Por Claudio Mardones
Desde 1983, los gobiernos encabezaron al menos cuatro intentos para limitar y controlar la autonomía de la estructura del secreto estatal. El debate del proyecto de creación de la AFI será el cambio más importante desde la sanción de la ley promulgada en 2001 por De la Rúa. Los puntos de inflexión para promover reformas siempre fueron situaciones complejas.
Esta semana, cuando las dos cámaras del Congreso Nacional arranquen febrero con un intempestivo ciclo de sesiones extraordinarias, debatirán por primera vez en una década sobre el papel del aparato de inteligencia, integrado por una decena de organismos. Lo harán en torno al viejo y remozado proyecto de creación de una Agencia Federal de Inteligencia que suplante a la disuelta ex SIDE.
Si el debate alumbra un nuevo organismo de espionaje, será el cambio más importante en esa estructura desde la sanción de la Ley de Inteligencia promulgada por Fernando De la Rúa en 2001 y la purga previa que dispuso el banquero Fernando De Santibañes antes de ser acusado de usar al organismo para el pago de sobornos con el fin de sancionar la Ley de Reforma Laboral.
Ahora, los dos mayores recintos de la democracia volverán a transformarse en el escenario de un nuevo examen para todas las fuerzas políticas, que pondrán en juego sus posicionamientos respecto de uno de los temas más espinosos y controversiales desde la recuperación democrática: la subordinación de las estructuras de espionaje estatal a los mandos civiles y la aplicación de métodos que permitan controlar desde el Parlamento la histórica discrecionalidad y autonomía de la ex SIDE que la presidenta Cristina Fernández propuso disolver y remplazar por la AFI, un diseño que originalmente había impulsado Gustavo Béliz desde 2003, cuando se transformó en el primer ministro de Interior de la gestión del presidente Néstor Kirchner y dejó el cargo un año después, entre otras razones, por el fracaso en el intento de reformar "la casa" de los espías ante las presiones del, por entonces, director de contrainteligencia del organismo Antonio Horacio Stiuso, que fue desplazado en diciembre. El funcionario secreto, que ingresó al organismo en 1972, ganó la partida frente al ministro más famoso que tuvo el Opus Dei en el gobierno. Sin embargo, el malherido Béliz, apenas dejó el cargo, reveló en televisión el rostro y la identidad del espía que mayores relaciones ha mantenido con los aparatos de inteligencia exterior en un enorme abanico de temas, pero especialmente en la investigación de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
Por entonces, la primera Ley de Inteligencia de la democracia, que lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, no había cumplido sus primeros tres años de vigencia desde que el presidente Fernando de la Rúa la promulgara poco antes de presentar su renuncia al cargo y abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Lo hizo luego de haber declarado el estado de sitio y activar el consejo de seguridad interior, un mecanismo dentro de la arquitectura legal vigente que reafirmó la debilidad del poder civil ante la autonomía de los organismos de inteligencia civiles y militares en situaciones de crisis institucional, con el acompañamiento en las calles de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Esa estructura dejó su huella con balas de plomo entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras el asesinato de 40 personas en todo el país.
La misma letalidad, bajo la coordinación institucional de la ex SIDE, volvió a funcionar con eficiencia técnica el 26 de junio de 2002, durante el operativo conjunto de fuerzas federales que dispuso el presidente interino Eduardo Duhalde para reprimir los cortes de los principales accesos del Gran Buenos Aires a la Capital Federal y que tuvieron su epicentro en el Puente Pueyrredón, donde la movilización fue brutalmente reprimida con balas de plomo. El plan represivo fue comandado por la Policía Bonaerense, coordinado por la ex SIDE, filmado desde el aire por la Policía Federal y visto como un partido de fútbol en las oficinas de la seguridad interior, cuyo ministro del área, Juan José Álvarez, sostuvo hasta la medianoche de esa jornada que se trataba de una pelea entre piqueteros. El operativo, debatido dos semanas antes en el seno de ese consejo de seguridad estuvo acompañado por Gendarmería Nacional, además de Prefectura, y terminó con 500 detenidos, 30 heridos por balas de plomo y el asesinato institucional de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El derrotero del ministro de Seguridad de Duhalde sería aciago años después con la publicación de un expediente de la ex SIDE donde aparecía su ingreso al organismo antes del fin de la dictadura.
En menos de dos años, la flamante Ley 25.520 legitimó en las sombras de una institucionalidad crujiente las peores prácticas que sus creadores legislativos buscaron suprimir, luego de varios años de intentos, revisiones y debates. Trece años después, al calor de un nuevo cimbronazo, ese complejo entramado legislativo volverá a ser revisado en el Congreso que la creó, aunque una de sus principales herramientas, como la comisión de seguimiento y control de organismos de inteligencia, está a un paso de cumplir una década y media sin haber ejercido ningún control efectivo sobre los organismos que llevan 32 años de autonomía ininiterrumpida.
La arqueología de ese proceso, investigada por decenas de especialistas y recopilada por Marcelo Saín en el año 2001, confirma el escarpado camino que tuvo que recorrer la democracia para intentar el fallido control de los organismos de inteligencia o, al menos, su subordinación al poder civil. El primer paso, puertas adentro de la Casa Rosada, estuvo en manos del entonces presidente Raúl Alfonsín que, recién llegado, y luego de una dura disputa, logró quitarles a las Fuerzas Armadas el comando de la ex SIDE. El organismo, hasta entonces, debía estar en manos de un general de División. Fue el prólogo de una serie de intentos que buscaron desarticular la tutela militar sobre todo el aparato de inteligencia a través de la derogación de la Ley 16.970 de Defensa Nacional, un cambio que al mismo Congreso le llevó cuatro años lograr. El 13 de abril de 1988 Alfonsín pudo promulgar la nueva Ley 23.554 de Defensa Nacional, que reemplazó a la anterior y ordenó la separación entre defensa nacional y seguridad interior. El capítulo siguiente tardó cuatro años más, durante la presidencia del turco innombrable, con la sanción de la Ley de Seguridad Interior, (Nº 23.554). La norma creó una primera comisión bicameral de control de organismos de inteligencia que, al igual que su sucesora de 2001, nunca tuvo garantía alguna de funcionamiento ni eficacia, al calor de los años que vendrían, atravesados por los atentados terroristas contra la Embajada de Israel el 12 de marzo de 1992 y contra la AMIA el 18 de julio de 1994.
Entre la sanción de ambas leyes, hubo intentos para recortar algunas atribuciones de la autonomía del espionaje nacional, pero el trabajo de Saín, titulado "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las 'nuevas amenazas': el caso argentino (1983-2000)", recuerda que "Alfonsín, tras promover la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, firmó dos instrumentos muy controversiales". Los decretos 83/89 y 327/89 que autorizaban y disponían la intervención militar en inteligencia interior. Las medidas cercenaron "el impulso desmilitarizante de la seguridad interior que se había conseguido con la promulgación de aquella ley. De este modo, la respuesta institucional dada por la administración alfonsinista al copamiento del cuartel de La Tablada significó una renovada concesión gubernamental al interés manifiesto de la conducción del Ejército en favor de reconquistar espacios y funciones institucionales que habían perdido desde la derrota militar en la guerra de Malvinas".
Alfonsín logró quitar la tutela militar sobre el aparato de inteligencia. Luego hizo concesiones. De las reformas posteriores al fin de la dictadura, la primera fue la sanción de la Ley de Defensa, que sucedió a los alzamientos carapintadas, la segunda fue la norma de Seguridad Interior de 1992, y la tercera la Ley de Inteligencia Nacional de 2001, sancionada luego del escándalo de las coimas del Senado y la purga que ordenó Fernando De la Rúa el año anterior mediante el banquero Fernando De Santibañes.
La comision bicameral que existía por entonces estuvo presidida por la senadora cordobesa Beatriz Raijer y tuvo en sus manos ocho proyectos. Recordarlos aporta un pantallazo de las pujas internas, las visiones en marcha, y las relaciones políticas de cada bloque con la autonomía de los organismos afectados.
Por el radicalismo en el gobierno, el secretario general de la Presidencia, y ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena había presentado uno, pero el por entonces jefe de la SIDE Carlos Becerra, había ingresado otro, que no había sido solicitado por la comisión y que fue presentado espontáneamente.
Ante el intento del organismo de presentar su propia regulación para el futuro, también hubo inciativas provenientes de Diputados, como los proyectos impulsados por Darío Alessandro, del Frepaso y por Ricardo Quintela, del PJ riojano.
El Senado aportó cuatro iniciativas, una bajo la firma del ex ministro del turco innombrable, el senador Carlos Corach, otra impulsada por su compañero de bancada, el formoseño Ricardo Branda, un tercer borrador redactado por el radical de La Pampa Néstor Rostán y el cuarto era de la titular de la comisión, la cordobesa Raijer.
Los temas mas espinosos giraban en torno al control de los fondos reservados, que fueron incluidos en el articulo 37 de la nueva ley, y el control parlamentario, que fue resuelto con la creación de otra comisión bicameral.
Hace dos años el Institituo Latinoamericano de Seguridad y Democracia, creado por el experto Alberto Binder, junto a la Asociación por los Derechos Civiles, presentaron un pedido de informes sobre el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del organismo.
Tras la muerte del fiscal Nisman, dos años despues del pedido y de una investigación al respecto, los organismos publicaron un informe urgente, donde denunciaron que "el espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso y es consecuecia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes".
También concluyó que "desde 1983 los gobiernos democrátiicos no han sabido o querido establecer controles efectivos". Respecto a la ley sancionada en 2001 agregó que su "mecanismo de control parlamentario no funciona" y recomendó que sea "objeto de una revisión profunda y una reforma integral".
En términos históricos de balance desde 1983, al calor de los vaivenes politicos de la democracia, el documento tambien advierte que "ninguno de los escánalos producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia".
La primera Ley de Inteligencia de la democracia lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, fue sancionada durante la presidencia de Fernando de la Rúa, quien la promulgó poco antes de presentar su renuncia y abandonar el cargo.
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