Mientras la presidenta Cristina Fernández ya hizo el tercer pedido público para que sea tratada, la titular de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra intenta destrabar las negociaciones.
La difícil tarea de las negociaciones para llegar a quórum podría complicar el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras hasta después del 23 de octubre. Es que más allá de la convocatoria y del compromiso asumido por la cúpula del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y del visto bueno del Frente Amplio Progresista (FAP), hay opositores que se niegan a realizar el tratamiento, desoyendo los pedidos de la presidenta Cristina Fernández y de la presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra.Específicamente quienes están trabando las negociaciones son algunos de los integrantes del bloque Radical y del Peronismo Federal. Lo que ocurre es que tanto el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado radical y dirigente rural tucumano Juan Casañas, como la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista disidente Graciela Camaño, se esconden para no comprometerse con este tema.
En este caso, la exigencia reglamentaria para que el plenario pueda llevarse a cabo señala la necesidad de que las tres comisiones convocadas cuenten con quórum. Sin embargo, el reglamento también plantea la posibilidad de tratar los temas del orden del día con tan sólo un tercio de los diputados de cada comisión presentes. Desde el bloque del Frente para la Victoria explicaron: “No sabemos qué hará Casañas. Tenemos un acuerdo de palabra con el bloque de la UCR. Ellos se comprometieron a bajar".
Por su parte, Graciela Camaño no contestó ninguno de los llamados desde la Comisión de Legislación General y decidió convocar a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para hoy a las 10 de la mañana, casualmente media hora antes que el plenario convocado por Ibarra.
Después se preguntan por qué Cristina les saca 38 puntos de ventaja.
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