Subte: pese a convenios, la Ciudad aún rechaza el traspaso

Nuevos documentos revelados por nuestros amigos de Tiempo Argentino prueban que el gobierno porteño aceptó en enero pasado hacerse cargo del control y administración de los subtes. Sin embargo, la jefatura comunal insiste con que el servicio continúa en manos del Estado nacional. Nuevos cruces de declaraciones. 

Documentos de la Procuración porteña demuestran que en enero de este año el gobierno porteño aceptó hacerse cargo del control de los subtes y de, entre otros ítems, tener a su cargo la disposición de los cuadros tarifarios. La fecha no es menor, porque se trata de un dictamen oficial de la Procuración General de la Ciudad que fue girado al jefe de gobierno, en forma urgente y dos días después del primer día hábil del año, cuando Macri firmó el Acta de Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Subterráneo y Premetro.

En el dictamen, firmado por el procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Carlos Tambussi, el organismo reconoce que desde el 3 de enero, “mediante dicho instrumento, la Ciudad asumió desde la firma del mismo, el control y la fiscalización del contrato de concesión en todos sus aspectos, incluyendo la potestad exclusiva de la fijación de la tarifa correspondiente al servicio”.

La opinión del funcionario de la Procuración puso en aprietos el principal argumento que el hijo bobo de Franco Macri utilizaría esta semana para rechazar toda la negociación que, este sábado, habría cumplido 59 días de duración. Asimismo, los funcionarios de ese organismo jurídico admiten que en la vida administrativa del Estado porteño, la Procuración suele demorar sus dictámenes, aunque esta vez el trámite fue “abreviadísimo”, porque el secretario Legal y Técnico del gobierno comunal, Pablo Clusellas, había pedido el dictamen de la Procuración para confirmar la pertinencia de un decreto que había redactado para aumentar la tarifa del subte.

Sin embargo, y pese al caudal de pruebas que demuestran el compromiso que había sido aceptado por el gobierno de Mugrizio Macri, el PRO insiste con que el servicio del subterráneo continúe bajo jurisdicción de la Nación.

Así lo manifestaron en las últimas horas la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larrata, quienes además reiteraron que están de acuerdo con que los subtes pasen a la órbita comunal pero con un compromiso de la administración federal de "cómo y cuándo harán la enorme cantidad de obras que estaban comprometidas desde 2006".

También, remarcaron en la necesidad de que siga la Policía Federal en la vigilancia del transporte subterráneo al señalar que "son 96 estaciones de subtes, a dos policías por andenes en cuatro turnos, da 800".

"De acá para adelante nos hacemos cargo de todo, no queremos un peso para nada, pero si es razonable que si nos van a pasar un contrato-concesión sea sin deudas pendientes", indicó Horacio Rodríguez Larrata.

Por su parte, Vidal volvió a poner como principal tema una reunión con la presidenta Cristina Fernández. "Nosotros siempre esperamos y apostamos a que esto suceda. No vamos a bajar los brazos e insistiremos a que ese encuentro se realice", puntualizó.

En tanto, desde el kirchnerismo volvieron a fustigar los argumentos esgrimidos por el macrismo. Una de las voces que se sumaron a las de los ministros Julio de Vido y Nilda Garré, fue la del legislador porteño Juan Cabandié, quien señaló que "es una falacia decir que la Nación no realizó obras, porque en la línea A se invirtieron 496 millones de pesos en reemplazo de vías, señalizaciones y escaleras mecánicas y en la ampliación de la línea E el gobierno nacional ha destinado 360 millones de pesos".

Por su parte, el también legislador Francisco "Tito" Nenna, acusó al infeliz de Macri de especular políticamente, ya que, dijo, "está tratándose de ubicar en un proyecto diferente, para ponerse como única cabeza de la oposición" al gobierno de del Frente para la Victoria.

Nos preguntamos -y recalcamos: es sólo una pregunta- si no va siendo hora de empezar a revisar qué dice la Constitución Nacional sobre la intervención federal a los gobiernos provinciales.