EL IMPRESENTABLE JUEZ FEDERAL DE ESQUEL RECHAZÓ LOS CUESTIONAMIENTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, QUE LO HABÍA RECUSADO POR PREJUZGAMIENTO Y ENEMISTAD MANIFIESTA HACIA LA COMUNIDAD MAPUCHE, ACUSÁNDOLO DE HABER PERDIDO LA IMPARCIALIDAD A RAÍZ DE LAS AFIRMACIONES QUE VERTIÓ EN EL PASQUÍN ULTRAOFICIALISTA LA NAZIÓN.
Luego de haber rechazado la primera de las recusaciones en su contra, la de la familia Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó ayer los cuestionamientos del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lo acusó de haber perdido la imparcialidad a raíz de las afirmaciones que vertió en el pasquín ultraoficialista La Nazión, donde afirmó que "la hipótesis de que Santiago Maldonado se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando".
El CELS había recusado a Otranto por prejuzgamiento y enemistad manifiesta hacia la comunidad mapuche, "por realizar declaraciones sobre la búsqueda de Santiago Maldonado como si no tuviera responsabilidad funcional en la causa" y tras el rechazo del magistrado será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que decidirá hoy la continuidad o no del juez.
A todo esto cabe agregar que durante el allanamiento del lunes pasado a la comunidad Pu Lof, Otranto ordenó detener a dos de los integrantes de la comunidad, Matías Santana y Elizabeth Loncopan, a quienes mantuvo con las manos precintadas varias horas.
Al rechazar la recusación, Otranto se defendió sosteniendo que a pesar de haber decidido tener “una baja exposición pública” había considerado “pertinente informar públicamente mi punto de vista de manera objetiva”, a raíz de “la gravedad del hecho denunciado y la trascendencia institucional que tomó el caso a nivel nacional”.
En ese sentido, el juez entendió que hubo además “cantidad de información distorsionada o malinterpretada que desde el primer momento se hizo llegar a los medios de comunicación” en relación a la causa y que “resultó indudable la necesidad de explicar públicamente los aspectos más relevantes del hecho y las dificultades que impiden que sea esclarecido”.
Para Otranto, el CELS hizo “una interpretación equivocada de la entrevista que brindé”. Aseguró que la causó “sorpresa” el que se sostenga “que tengo dudas sobre la versión expuesta por los testigos que integran la comunidad mapuche”, habida cuenta que tras sus testimonios, y en base a las pericias en los vehículos de Gendarmería, “decidí convocar en calidad de 'testigos' a los efectivos de esa fuerza que intervinieron en el procedimiento del 1º de agosto”.
“Si la versión de que Santiago Maldonado fue capturado me resultara consistente, los efectivos no podrían ser consideraros testigos sino imputados. De hecho, los mantuve en esa situación indefinida y no los convoqué a declarar al procedimiento de habeas corpus mientras las medidas de la investigación no me permitieron evaluar si estaban en una u otra condición”, agregó.
Además, defendió la hipótesis de Maldonado ahogado en el río Chubut, dado que “he dispuesto tres veces el rastrillaje del cauce del río en la zona donde habría sido visto por última vez (5/8, 16/8 y 18/9)”. Lo mismo que el rumbo de la pesquisa aunque “no sea del agrado del organismo querellante”, ya que “es la consecuencia necesaria que se deriva de la interpretación de las pruebas que debo realizar para orientar la investigación de acuerdo a mi leal saber y entender”.
Finalmente, antes de rechazar el escrito, Otranto negó que hubiera enemistad manifiesta a partir de sus dichos. “No son más que la exposición pública de las dificultades que ha tenido la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado. La población tiene derecho a conocer estas dificultades y yo tengo el consecuente deber de decirlas para resguardar mi función de la constante crítica que recibo cotidianamente a través de los medios de comunicación, muchas de ellas -como dije- de parte de las mismas querellas que intervienen en esta causa”.
En ese punto se detuvo en la pericia de ADN sobre los vehículos de la Gendarmería, criticada por haberse hecho varias semanas después de denunciada la desaparición de Maldonado. “Recién fue ordenada cuando surgió la hipótesis de la captura como un dato concreto en la acción de habeas corpus”, sostuvo.
Una vez que la Cámara de Apelaciones decida los recursos de la familia de Maldonado y del CELS, es factible que, cualquiera sea su fallo, haya una apelación y termine decidiendo la Cámara de Casación Penal.
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