sábado, 26 de mayo de 2012

Las cesáreas en clínicas duplican a las de los hospitales públicos

Según estadísticas del Ministerio de Salud, en el sector privado se realiza esa intervención quirúrgica en el 50% del total de los partos atendidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que esa tasa no supere el 17 por ciento.

Las clínicas privadas realizan el doble de cesáreas que los hospitales públicos. El dato fue revelado por el coordinador del área de Obstetricia del Ministerio de Salud de la Nación, Daniel Lipchak, durante la Semana Mundial del Parto Respetado. Los prestadores privados incurren en ese tipo de intervenciones en un 50% de los nacimientos, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que esa tasa no supere el 17 por ciento.

“Vemos una cifra muy elevada de cesáreas en el sector privado respecto al oficial. Pero en ambos casos, son números absolutamente mejorables. No deberíamos llegar al 20%”, subrayó Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria de la Nación.

Al estar federalizado el sistema sanitario, los prestadores privados cuentan con cierta autonomía respecto del ministerio. No así de los gobiernos locales. Pero en ese caso, los resultados dependen de los rasgos culturales e ideológicos de cada provincia. La estrategia de la cartera nacional apunta, por eso, a la formación de los médicos en parto respetado, ya sea en las universidades nacionales y los espacios de residencias, como en la capacitación a los equipos de guardias de todo el país. Al tiempo que busca darle mayor protagonismo y legitimidad a las parteras. “Tenemos que humanizar a las instituciones, lograr maternidades seguras y centradas en las familias. Pensar al parto como algo vital, natural. Para ese cambio no necesitamos mucho, se trata sobre todo de sacar la idea de que es una intervención quirúrgica y las malas prácticas de los médicos”, advierte González Prieto.

Hace años que se aceptan como naturales los excesos del personal de obstetricia, los abusos en la utilización de medicamentos y la falta de respeto sobre los tiempos elegidos por la madre. Aunque muchas mujeres comparten estas experiencias de trato deshumanizado, difícilmente logren definirla como violencia obstétrica. Y aun peor, muchas más desconocen que existe la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género, que incluye esta variante. “No es para debate. Es una violencia expresamente reconocida por la ley. En junio se formará una subcomisión para tratar este tema”, señaló Perla Prigoshin, directora de la comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar las sanciones de esta ley.

Desde su creación, en 2010, la línea Salud Sexual (0800 - 222 - 3444) recibe denuncias por violencia obstétrica. Integrantes de ese programa explicaron a este diario que, por distintos obstáculos, muchos profesionales mantienen una doble moral: obligan a las mujeres a ser buenas madres, pero “las retan cuando van a parir”. En ese espacio, las mujeres acusan a los médicos de exponerlas a cesáreas innecesarias, de agredirlas verbalmente o desmerecer el dolor del parto o del amamantamiento.

En la línea eligen un caso que retrata esta violencia: “Una joven embarazada fue a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque ya tenía muchos hijos. La médica le respondió: ‘Yo no esterilizo perros ni gatos’”, cuentan. A partir de las denuncias, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable creó un mapa de “servicios amigables”, donde derivan a las mujeres tras las llamadas. En la Ciudad de Buenos Aires, dos de los mejores ejemplos son los hospitales Argerich y Álvarez.

“La violencia obstétrica tiene una relación directa con la mortalidad materna e infantil. Por eso, apuntamos a las regiones del NEA, el NOA y parte del Conurbano Bonaerense, donde esas cifras son más altas”, agregó González Prieto. Aún no hay datos sobre mortalidad materna en 2011, pero las últimas estadísticas mostraron una tasa de 5,5 muertes cada 10 mil nacidos vivos. Una cifra preocupante considerando que es un indicador íntimamente ligado a la igualdad social y al acceso a servicios de calidad.

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