“ESTÁ OBLIGADO A HACERLO”, LE DIJO EL JEFE DEL BLOQUE FPV A BALBÍN. DILEMA POR EL FALLO DE LA CORTE DE NEW YORK.
El jefe de los senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto, intimó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, a presentar un dictamen sobre el acuerdo que el régimen macrifascista propuso para pagarle a los holdouts, que ayer a la mañana fue aprobado en Diputados y por la tarde comenzó a ser tratado en Comisión por el Senado.
Por pedido de Pichetto, cuyo apoyo es clave para que Macri pueda sancionar la ley, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat el Gay concurrió ayer al plenario de comisiones acompañado por Balbín, quien tras una dubitativa presentación volvió a negar que deba presentar un dictamen sobre la negociación con los buitres.
“Los senadores queremos ver el dictamen”, dijo Pichetto, pero Balbín se desentendió. “Yo envié un informe a Diputados por pedido del diputado Diego Bossio. Puedo enviárselo a usted”, le propuso.
A Pichetto no le gustó la respuesta. “Usted está obligado a presentar un dictamen sobre los riesgos de la oferta. Está obligado por la propia naturaleza de la Procuración del Tesoro”, exigió.
Balbín no respondió y curiosamente no fue defendido ni por Prat el Gay, ni mucho menos por el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el abogado Eugenio Bruno, miembros del Comité negociador. Claramente, a ninguno le hizo gracia que no quiera poner su firma.
En su presentación ante los senadores, el procurador del Tesoro pronunció un tibio discurso para defender el acuerdo con los buitres, basado en los riesgos de nuevos litigios si no se sanciona la ley aprobada ayer en Diputados que deroga las leyes “cerrojo” y “pago soberano".
La primera impide reabrir el canje y fue utilizada por muchos bonistas para iniciar juicios contra el país. La otra la pensó Axel Kicillof cuando no acordó con los buitres y quiso demostrar voluntad de pago, pero nadie vino a cobrar al país.
En su defensa del acuerdo, Balbín recordó que vencida la cláusula RUFO, que impedía negociar con bonistas en mejores condiciones que las obtenidas por los que canjearon su deuda en 2005 y 2010, el riesgo de juicios en contra por estos acreedores se había diluido.
Un argumento pobre, porque el temor de muchos senadores es que de todos modos encuentren un resquicio legal. Asimismo, alertó sobre los posibles juicios de bonistas en otros países como Alemania y Japón, "siempre bajo legislación extranjera", sino se aprueba el actual acuerdo con los buitres.
Pero por alguna razón que no se conoce, el procurador no está dispuesto a plasmar esa postura en dictamen. “Usted tiene competencia en la defensa en juicio del Estado argentino”, le recordó más tarde Liliana Negre de Alonso. Balbín no respondió.
Temor a nuevos embargos
Pichetto también se cruzó feo con Prat el Gay y Bruno por los riesgos de fallos adversos de los bonistas que no acepten oferta, tras la suspensión de los embargos dispuesta el viernes por la Cámara de Apelaciones de New York.
El jefe del bloque kirchnerista fue el primero en advertir el sábado ese riesgo cuando leyó la medida judicial, pero no se puso de acuerdo con los funcionarios sobre los alcances.
“Acá hay un riesgo que es la acción del 93% de los acreedores que ingresaron al canje y no cobran hace un año y nueve meses. La Cámara debe asegurar que no haya nuevas cautelares”, exigió.
Prat el Gay intentó rebajarlo. “No le hagamos decir a la Cámara cosas que no dijo. Lo que hizo fue preguntar si Griesa está en condiciones de hacer esto. No resolvió la cuestión de fondo”, respondió y minimizó la exigencia de pagar sólo cuando haya sentencia firme del levantamiento de embargos, impuesta en el proyecto de ley por Diego Bossio. “Ya lo decía el artículo 5”, apuntó, en una visión que es compartida por analistas de Wall Street.
“Yo no subestimo su inteligencia; no subestime la mía”, se defendió el rionegrino. “La Cámara asume jurisdicción y fija un cronograma. Dice: vamos a escuchar a los acreedores. No levante las cautelares”, agregó.
Bruno intentó corregirlo con la hipótesis que el régimen quiso imponer en Diputados: que las apelaciones seguirán hasta tanto el acuerdo no sea efectivo, o sea, hasta que los gobernadores no aporten sus senadores para sancionar la ley que ayer aprobó diputados.
“El cronograma ya estaba fijado. Los embargos tenían un efecto suspensivo temporario. Está claro que no vamos a pagar hasta que no tengamos sentencia de Cámara favorable para levantar embargos”, insistió el ministro.
