Doce días después de su procesamiento por el hackeo de mails de funcionarios, el columnista Carlos Pagni dijo que tiene "derecho a recibir cualquier información”. Para la Justicia, el periodista sabía que la información era obtenida ilegalmente. Cómo operaba la red.
El periodista Carlos Pagni esperó doce días para responder a la jueza Sandra Arroyo Salgado por su procesamiento por integrar una asociación ilícita comandada por el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Saúl Mufa, el periodista y escritor Juan Bautista "Tata" Yofre, que se dedicaba a espiar a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El
columnista sostuvo que apeló la medida de la jueza que lo acusó de haber recibido, en siete oportunidades durante el año 2007, documentación enviada por Yofre, entre la que había e-mails de terceros.
“La jueza no encontró indicio alguno de que yo haya intervenido un e-mail ajeno. Ni siquiera encontró una prueba de que solicitara esos envíos. Y tampoco pudo demostrar que estuviera al tanto de cómo esos correos habían sido obtenidos”, argumenta Pagni en su artículo publicado ayer en La Nazión.
Sin embargo, según consta en el documento judicial, la jueza detectó que "cuando le cargaba información en la cuenta, Yofre siempre en forma codificada le informaba que contaba con tales correos electrónicos ilícitamente obtenidos".
Pagni admitió que conocía a Yofre y que fue él quien "comenzó a enviarle emails procedentes con información y documentación de distinta índole". También recordó que "le proporcionó unas contraseñas para acceder a esa misma información en la sección 'borradores' de la cuenta de email flavioboscolo10@yahoo.com.br y de la cuenta flavioboscolo@yahoo.it, ignorando si era el único usuario exclusivo de esa contraseña o si había otros usuarios de las mismas". "Dicha modalidad no le pareció insólita, ya que con anterioridad algunas fuentes habían adoptado ese método para comunicarse con él... y mucho menos pagó por esos textos, ni por otros”, explicó, según el escrito.
"Yofre le informaba a Pagni en qué mail le había despositado información empleando términos en el idioma de la cuenta a la que debía acceder. De esta manera usaba términos como ser: 'Postino', 'Antonicci', 'Massimo' para la italiana; en tanto cuando se refería a la cuenta con radicación en Brasil, directamente empleaba el nombre 'Ronaldo'". Sin embargo, Arroyo Salgado advirtió que Pagni tenía "total certeza acerca de que la información que recibía tenía un origen ilícito" y transcribió como argumento un textual del periodista: "No quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
Sin embargo, Pagni ayer sostuvo que “la doctora Arroyo Salgado tampoco pudo demostrar que yo conociera a los que infiltraban correos electrónicos, que ella vinculó con Yofre”. “La jueza no pudo probar que yo haya publicado información alguna de la que Yofre enviaba. Igual me procesó. Para resolver esa dificultad recurrió a un argumento insólito: como mi informante podría haber tenido otra computadora, distinta de la que ella pudo investigar, y desde esa computadora imaginaria me podría haber enviado otra información, yo podría haber publicado. Y, como con esas publicaciones, con las que ella fantasea, mi trabajo se habría visto enriquecido, yo me moví con un afán de lucro", sigue.
Además, el periodista criticó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que en su discurso en la universidad de Harvard sostuvo que en su país había periodistas procesados: “Es comprensible que la señora de Kirchner, para descalificar al periodismo de su país, haya tenido que desfigurar los hechos que se investigan en este caso judicial”.
“La doctora Arroyo Salgado me procesó por ejercer el periodismo. Es decir, por acceder a informaciones, evaluarlas y, llegado el caso, publicarlas. Es decir el derecho a recibir cualquier información”, se justificó.
Entre los procesados en la causa figuran el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan Bautista "Tata" Yofre, Carlos Pagni, Roberto Alderete, del sitio de internet SEPRIN; Edgar Walter Mainhard, del sitio web Urgente 24; y Roberto Ángel García, ex columnista político del diario Ambito Financiero y actualmente del periódico Perfil.
"Se determinó que el fin perseguido por el nombrado Yofre era el de obtener documentos e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación, para luego distribuirla entre diferentes clientes", señala el fallo.
En 355 páginas, la jueza coincidió con el fiscal federal Sebastián Basso en que existió un "microemprendimiento criminal" que tenía dos extremos: los organizadores de la empresa, con Yofre a la cabeza, obtenían ilegalmente información clasificada intrusando y espiando las cuentas de "correos electrónicos oficiales y privados de funcionarios públicos" y de "otras personas públicas, como es el caso de actrices, actores, conductores y modelos, entre otras personalidades del espectáculo". Pero esa información no fue incluida en los procesamientos por considerarlos delitos de acción privada.
Para Arroyo Salgado, "la prueba reunida en el expediente se integra básicamente con el producido de las intervenciones de las conversaciones telefónicas y de la navegación electrónica correspondientes a los domicilios de los investigados, los testimonios de los damnificadas, como también, de otras personas que comparecieron al tribunal, los elementos y documentación secuestrada en los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados y, finalmente, el resultante de los peritajes realizados sobre los equipos de computación secuestrados". Un trabajo largo y paciente que llevó más de tres años.
Por más que intentes defenderte a través de tus notas en La Nazión, estás hasta los huevos, pelado.
En un acto que presidió Cristina Kirchner, el diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, asumió al frente de la ASFCA. “A partir del día de la fecha, el presidente de la AFSCA es el diputado Martín Sabbatella”, señaló Cristina Kirchner.
Por su parte, el flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), afirmó que el 7 de diciembre vence el plazo para que todas las empresas se adecuen a la ley.
“La ley es para todos y no hay nadie que puede no cumplirla, ¿por qué hay sectores que pueden considerar que tienen facultades para estar por fuera de la ley?”, se preguntó Sabbatella.
