Por Manuel Alfieri, para Tiempo Argentino
Legisladores y economistas cuestionaron al jefe de gobierno por pedir que el gobierno pague a los fondos buitre. Los argumentos.
Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el jueves pasado en la Casa Rosada pusieron nuevamente en el centro de la escena el rol que los grandes grupos económicos cumplieron durante la dictadura. "Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio", le dijo la presidenta al jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri. El alcalde había sostenido que el Estado Nacional debía pagarle a los fondos buitre. Como respuesta, Cristina recordó que el clan Macri fue uno de los tantos grupos económicos beneficiados por los militares con la estatización de las deudas de sus empresas Socma y Sevel.
Distintos dirigentes del universo político se hicieron eco de los dichos de la presidenta. "No me sorprende que las empresas de Macri hayan sido favorecidas por la dictadura. Lo que sí me sorprende es que Macri cuestione de qué manera nos defendemos frente a los fondos buitre, porque no es sólo que el padre fue beneficiado haciendo que una deuda privada sea de todos los argentinos, sino que él era vicepresidente de una de esas empresas. Por lo tanto, pretender que además se pague su propia deuda es como una doble desconsideración hacia toda la ciudadanía argentina”, opinó la diputada nacional Diana Conti, del Frente para la Victoria.
Según Conti, también es posible trazar un paralelismo entre la matriz ideológica de la dictadura y la del jefe de gobierno porteño. "Macri se comporta como un gerente de una empresa privada. En toda obra pública o emprendimiento que se hace en la Ciudad, yo sospecho si no lo hace por el sólo hecho de lucro de las empresas privadas con las que tiene relación. Es la matriz que él heredó de sus empresas y que la tiene internalizada, la matriz neoliberal de la dictadura y el menemismo", aseguró la diputada.
Uno de los más rigurosos investigadores de la deuda externa argentina también se pronunció sobre el caso. Alejandro Olmos Gaona, quien también fue asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa en la auditoría que realizó ese país sobre los créditos contraídos en dictadura, dio algunos detalles sobre cómo se endeudaron distintas empresas favorecidas por los militares. "Las deudas no eran reales: fueron fraguadas. Había un acuerdo entre las empresas y los bancos extranjeros para que después el Estado se hiciera cargo de los créditos. Ahí no sólo estaban las empresas de Macri, sino también los Pérez Companc, el Bank of America, hay un listado enorme”, sostuvo el especialista. Además, se preguntó: "¿Cómo es posible que el gobierno, que indudablemente está enfrentado con Macri, no ponga en evidencia y de forma documentada que la deuda que estamos pagando es de un grupo empresario que se vio beneficiado con deudas que después tuvo que pagar toda la comunidad?"
Otro de los investigadores de esta "gran estafa", perpetrada por el gobierno dictatorial y los grandes pulpos económicos de la época, es el ex diputado Mario Cafiero, quien recordó que “Socma y Sevel tuvieron lazos muy estrechos con distintos gobiernos, siempre trabajando con la obra pública, y formaron parte de un negociado en el que también estuvieron grandes empresas extranjeras como Ford e IBM". Sin embargo, el ex legislador se mostró más preocupado por las consecuencias que acarreó este "oscuro negociado". "Esta deuda se sigue pagando. Lo que pasa es que las empresas siempre privatizan las ganancias y socializan los costos. En este caso, los costos de las empresas los asumió el Estado argentino. En definitiva, el Estado se tuvo que hacer de recursos para pagar esas deudas con desinversión, con bajos servicios, con disminución de la salud, de la educación. Y esta es la Argentina que por muchos años hemos tenido”, expresó Cafiero.
El domingo pasado, Tiempo Argentino publicó un extenso informe en el que se detallaron los perjuicios que la estatización de la deuda externa privada ocasionó al pueblo argentino. Según consta en una causa judicial, esa espuria maniobra perpetrada por los militares dejó como saldo una deuda de 23 mil millones de dólares, con la que se benefició a más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983.
Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.
La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Luego de que el procesado jefe de Gobierno de la Ciudad, Mugrizio Macri, descartara su presencia en la reunión a la que convocó el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el funcionario del gobierno nacional le respondió a través de su cuenta de Twitter.
