LA MUERTE DE SIETE PRESOS DURANTE UN INCENDIO EN LA COMISARÍA 1ª DE PERGAMINO ECHÓ UN MANTO DE SOSPECHAS SOBRE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN NO SOLO EN ESA DEPENDENCIA SINO TAMBIÉN EN EL RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EL INTENDENTE LOCAL, JAVIER MARTÍNEZ, SE ESCUDÓ EN UNA “CADENA DE RESPONSABILIDADES”, MIENTRAS LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS DENUNCIARON QUE LOS BOMBEROS “TARDARON EN LLEGAR”. LA POLICÍA BONAERENSE QUEDÓ EXCLUIDA DE LA INVESTIGACIÓN Y, SEGÚN LA FISCALÍA, HABRÍA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES POR PARTE DE LOS AGENTES A CARGO DEL LUGAR.
El hecho se produjo el jueves por la tarde cuando, según los relatos oficiales, la pelea entre dos detenidos desató una batahola en medio de la cual otros presos comenzaron a quemar los colchones, incendio que produjo la muerte de varias de las víctimas mortales por asfixia.
Las versión policial indica que los dos detenidos que iniciaron la pelea estaban acusados de ser los responsables del asalto y la violación a una joven, ocurrido la semana pasada. El primer sospechoso detenido habría delatado a su cómplice, quien al ser apresado fue alojado en la misma celda que su delator, situación que desencadenó la pelea que produjo la tragedia.
El fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Monzón, explicó que
“hay dos aspectos para determinar”. En primer lugar, la presunta
“responsabilidad administrativa” de la policía,
“que es la que debiera cuidar a los presos”. Y en segundo lugar, la posible
“responsabilidad penal” de la fuerza de seguridad.
De manera preventiva, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Pergamino, Nelson Mastorchio, pidió la separación de la Bonaerense de las tareas de peritaje y del resto de la investigación.
También ordenó a los Bomberos de Pergamino que realicen un peritaje para determinar la intencionalidad o no del fuego y el tipo de colchones que había en las celdas.
El titular del Ministerio de Seguridad, Cristian Ritondo, mientras tanto, separó al oficial de servicio, subayudante Alexis Miguel Eva, y al guardia de los calabozos, sargento César Brian Carrizo, quienes estaban en funciones en el momento del incendio.
Los familiares de los detenidos, por su parte, quienes se concentraron anteanoche frente a la comisaría ubicada en Dorrego 654, acusaron a los agentes de no haber ayudado a los presos a salir de las celdas durante el incendio y aseguraron que los Bomberos, cuya sede está a diez cuadras del lugar, “tardaron más de 40 minutos”. Además mostraron algunos de los mensajes de texto de los detenidos, pidiendo ayuda. "Todos los chicos que tenían celular mandaron mensajes a sus familiares diciendo que se estaban por morir", contó Ana, esposa de John Mario Chillito Claros, una de las víctimas fatales. "Ana, venite ya a la comisaría que me van a matar", le escribió Chillito, quien todavía no se sabe si murió en el incendio o a consecuencia de una herida producida durante la pelea.
El intendente de la localidad bonaerense ubicada a 220 kilómetros de la Capital Federal, a su turno, negó que la comisaría hubiera estado superpoblada en el momento de la tragedia.
"Había 19 presos y la habilitación del lugar es para 18 personas, con una tolerancia máxima para 20", aseguró Martínez, al tiempo que exigió deslindar la
“cadena de responsabilidades” y advirtió que la Justicia está investigando
"por qué no se detectó el incendio o, si se detectó, por qué no se pudieron evitar las muertes".
Ariel, tío de Franco Pizzarro, otro de los fallecidos, contó que se enteró de lo que ocurría a través de un mensaje de texto. “Me pidió que fuera a la comisaría, que lo sacara, que lo iban a matar, que le estaban tirando tiros”, testimonio coincidente con el de la esposa del detenido Fernando Manuel Latorre, quien también llegó a la seccional luego de recibir un mensaje de su pareja. "Nadie hizo nada, era abrir una reja nada más, son seres humanos y nadie los ayudó", lamentó la mujer.
Lo siete fallecidos son Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Chillito, Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.
"Le dimos tiempo al gobierno por la responsabilidad institucional de la CGT, pero no es un problema nuestro la gobernabilidad es el gobierno que con sus medidas, sus herramientas, define cuál es el rumbo económico", dijo el titular del gremio de vendedores de diarios.
