En total, son 31 propietarios, que todavía no tienen un hogar propio. Siete de ellos recibieron el 10% del dinero de la expropiación decidida por ley en noviembre, y sólo uno de ellos tiene fecha para cobrar la totalidad. Las quejas.
El domingo se cumplieron 100 días del derrumbe del edificio de la calle Mitre 1232, donde murió Isidoro Madueña, de 74 años. Hasta el día de hoy, todos los que vivían en los 31 departamentos de los cuerpos A (el único que quedó en pie), B y C siguen alojándose en casa de amigos, familiares, o alquilando habitaciones, a la espera de cobrar lo pautado por la ley que aprobó por unanimidad la Legislatura porteña el 17 de noviembre y que el Ejecutivo promulgó un mes más tarde.
Recién el lunes 30 de enero siete propietarios comenzaron a recibir parte de la expropiación. Según cifras que el Ejecutivo otorgó a los vecinos, 16 de los 31 titulares de dominio acordaron la expropiación y firmaron la renuncia a sus derechos. Sin embargo, los siete que empezaron efectivamente a cobrar, recibieron un 10% del total que les correspondería y en pesos. Además, poco más de 20 cobraron el subsidio por la pérdida de muebles, de 50 o 70 mil, dependiendo del caso.
La cita fue en la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico. Allí, tres propietarios del B, tres del C y uno del A fueron los primeros en recibir su parte, que terminó siendo menos de lo pautado.
Según la ley, cada departamento fue tasado en 1.750 dólares el metro cuadrado, pero en la práctica el Banco Ciudad expropió el terreno, no el edificio, por lo que el valor es menor. Mónica Nizzardo, del 9º B, recibió 63 mil pesos: “no llega a 15 mil dólares de los 77 mil que valía mi departamento, aún nos tienen que pagar el grueso del inmueble”. Esa tarea pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo Especial de 20 millones de pesos, que citó a los siete pero les ofrecía pagar menos dinero del acordado.
Según los propios vecinos, sólo uno aceptó firmar. “No nos dieron fecha para ese cobro y no hay nada por escrito. Así que tengo que esperar para firmar el boleto de compra y venta de un nuevo departamento”, indicó Nizzardo, que agregó un detalle que no les habían avisado: “Al firmar nos descontaron deuda de expensas donde el administrador pasó gastos después del derrumbe, cualquier cosa. Y ahora Desarrollo me daba menos dinero. Así no puedo acordar".
Pamela y Leandro San Sebastián, que habían comprado en septiembre el departamento del 10º C, firmaron la expropiación y aún no recibieron dinero: “No nos dijeron fecha probable y cuando nos paguen ya habrán aumentado aún más las propiedades. Es burocracia de ellos que lo podrían haber agilizado. No les importaba mucho”.
La mayoría de los vecinos manifestaron dudas respecto a cómo está implementando el Ejecutivo la expropiación. Un punto es que el consorcio no fue dado de baja, por lo que puede recibir demandas del propio encargado, porque aún no recibió ninguna indemnización, o de los edificios linderos. Es el caso de Marcos Rivas, del 2º D de Libertad 70, que sólo cobró un subsidio de 3.600 pesos los primeros dos meses: “Una miseria, no nos sirvió para nada”.
Desde el 4 de noviembre duerme en su negocio ya que el derrumbe lindero le destruyó la cocina, el baño y un cuarto: “El edificio sigue clausurado, hay unas vigas en el aire y está sostenido por los escombros de al lado”. Y avisó que “las ganas de hacer juicios a todo el mundo están”.
Un grupo numeroso de propietarios de Mitre 1232 que no pueden cobrar su parte son los que se encuentran en proceso de sucesión. Es el caso de Diego Remón, del 5º A: “Tengo el 50% de mi depto en orden y el otro 50% está en sucesión. Pero me dicen que no pagan mitades: o todo, o tengo que esperar, y puede tardar meses. A mí ya ese 50% me soluciona la vida. Entiendo que el espíritu de la ley era solucionarnos el problema, pero veo que en la medida que pasa el tiempo la gente de Ciudad se va un poco olvidando de nuestro problema, ya no es prioridad”.
Mientras los propietarios del inmueble derrumbado ansían cobrar el valor de sus departamentos perdidos, los del sector A siguen a la espera de qué pasará con sus pertenencias.
Diego Remón, del 5º, fue uno de los dos únicos que retiró los muebles, el lunes pasado. “El lugar está más deteriorado, pero todavía no corre riesgo de derrumbe”.
El 16 de diciembre la fiscalía había autorizado que los integrantes del A pudieran subir a retirar pertenencias menores. Desde ese día, los de los 5 pisos más arriba no lograron volver, por negativa del Ejecutivo. Es el caso de Néstor Alustiza, del 9º: “Yo no sentí nada de vibración ni de peligro. Ellos son los que te atemorizan”.
Su miedo es que en pocos días inicien la demolición del edificio, y pierda la colección de 5 mil vinilos importados de jazz que coleccionó durante 60 años y que “representa más de medio millón de pesos. Es un crimen lo que hacen”.
Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de la Ciudad, admitió que “los pisos más altos están en una situación de riesgo y es muy complicado que puedan hacer una mudanza completa”. Para el funcionario “lo más práctico es demoler” el inmueble y si bien concedió que “versiones hay”, dijo que esa decisión no “compete” a su cartera sino a la Dirección General de Bienes “porque el edificio ha sido expropiado”.
Sin embargo, Juan Martín Barrailh Ortíz, Director General de Administración de Bienes, señaló que “la decisión respecto al uso final del inmueble, no depende de esta área”. El futuro del edificio es aún incierto.
Guillermo Toledo y Silvia Haite vivían en el 4º C. Con el derrumbe perdieron tanto el hogar como el estudio de abogacía que ambos habían instalado en el lugar. “Teníamos, como mínimo, diez escrituras públicas, y conseguir el segundo testimonio cuesta 3.000 pesos. Esto no está contemplado en ningún lado”, explicó ella.
Tres meses después, los dos se muestran firmes en su decisión de no firmar la renuncia a sus derechos para cobrar la indemnización propuesta por la Ciudad y aspiran a una modificación legislativa “efectiva”. Si eso no ocurre, advirtieron que apelarán a la vía judicial, al igual que otros tres propietarios.
“Desde el vamos estaba errada la idea de cómo expropiar. La ley dice que expropia un inmueble, no un terreno. Y la gente que llevó Ciudad va y tasa el terreno, incumpliendo la ley. Es una locura haberlo tasado en 3.448.000 pesos”, señaló Guillermo. Otros reclamos son los metros cuadrados comunes como consorcio, que solventaban con expensas, y que no están contemplados. “Son casi 10 mil dólares que ya me estás sacando". Además, no se indemnizó al encargado y el edificio que aún no fue desafectado tiene un seguro contra terceros que vence en marzo de 2012. “¿Qué pasa si cae un pedazo de mampostería sobre un transeúnte cuando ya no hay más seguro? Así como yo te subrogo mis derechos, subrogame también vos mis obligaciones. Solicitamos una audiencia con Macri, que es el día de hoy que nunca personalmente nos atendió, ni siquiera para decirnos ‘siento mucho lo que pasó’”, agrega Guillermo.
También denunciaron que al no firmar, hace tres semanas empezaron a recibir “presiones telefónicas del Ministerio de Desarrollo Social diciendo que teníamos que firmar porque la mayoría había firmado. Que si no, van a hacer ellos la expropiación por juicio”.
Silvia contó que “de hecho hay un propietario que fue a un escribano y dejó asentado que estaba siendo presionado para firmar”.
El abogado Javier Miglino representa a tres propietarios de Mitre 1232. “Ninguno de los tres ha cobrado nada de lo que anunció Vidal (María Eugenia, la vicejefa de gobierno), otra gente tampoco ha cobrado, fue todo falso". El comentario hace mención a la declaración de la funcionaria a fines del año pasado donde afirmaba: “Durante el transcurso del mes de enero esperamos poder terminar con el proceso de pago de la propiedad".
Para Miglino, “los anuncios tienen como único objetivo confundir a la opinión pública. Hay medios que dicen que el gobierno ya pagó y es mentira”. Y agregó: “El tiempo pasa y la gente se está desesperando y busca departamento para alquilar". Según anticipó, “si siguen sin cobrar, la gente no descarta iniciar una querella”.
Solidaridad y eficiencia PRO en su máximo esplendor.
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