Por Manuel Alfieri, para Tiempo Argentino.
El PRO aplica tercerizaciones en sectores como arbolado, pavimentación, recolección de residuos, mantenimiento escolar, provisión de medicamentos, salud mental, custodia de edificios públicos, ambulancias y pago de salarios.
Desde sus orígenes, a Mugrizio Macri se le atribuyó encabezar una gestión "privatista" en la Ciudad de Buenos Aires, por su inclinación a tercerizar tareas y servicios propios del Estado. En el PRO insisten con que esa afirmación es falsa. Incluso, llegan a invocar una supuesta defensa de lo público.
Sin embargo, un relevamiento realizado por Tiempo Argentino demuestra exactamente lo contrario. El mapeo, efectuado en distintas áreas, comprueba que en todos los sectores del gobierno porteño opera la misma matriz: el privilegio de la gestión privada por sobre la pública.
Entre las carteras más afectadas por esta situación se encuentra, casualmente, Espacio Público. Un claro ejemplo es lo que sucede con el mantenimiento del arbolado de la ciudad, en manos privadas desde 2009. Ese año, la licitación pública Nº 48.238 dividió el suelo porteño en cinco zonas, adjudicadas a las firmas Mantelectric ICISA, Ecología Urbana SRL, Casa Macchi SRL y Zona Verde, que se encargan de la poda y la extracción de árboles en distintos barrios de la Capital Federal por un total de $ 13,5 millones al año.
Otro tanto sucede con la pavimentación. Hasta 2008, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI) era la dependencia estatal encargada de las tareas de bacheo en territorio porteño. Pero con la llegada del PRO a la jefatura de gobierno, unas diez empresas –entre ellas, importantes contratistas como Ricavial SA, Coarco SA y Vezzato SA– se hicieron cargo del servicio a un costo mucho mayor. Mientras tanto, la Ciudad cuenta con una usina, ubicada en la Avenida Castañares, capaz de producir mil toneladas de asfalto por día que no está funcionando.
Esta línea política también avanzó para beneficiar a las empresas encargadas del servicio de alumbrado público, un sector que está concesionado desde hace años. El macrismo no modificó esa situación, por el contrario, los expedientes Nº 1.202.473 y Nº 805.277, de 2010 y 2011 respectivamente, abrieron una millonaria licitación pública que otorgó el servicio, nuevamente, a seis empresas. De esta forma, la ya mencionada Mantelectric recibió casi $ 90 millones; la UTE conformada por Autotrol SACIAFE y Construman SA se hizo con $ 50 millones; Lesko SACIFA obtuvo $ 42 millones; Ilubaires SA, $ 42 millones; y Sutec SA, $ 43 millones.
Algo similar sucede con la recolección de residuos, otro de los servicios históricamente concesionados, hoy en manos de Cliba, Aesa, Urbasur, Nittida, Integra y Galu. Aunque los contratos están vencidos, el PRO viene otorgando cada vez más beneficios a estas empresas. Por ejemplo, este año se pretende aumentar en $ 1000 millones el presupuesto porteño para la higiene urbana. Al mismo tiempo, el único organismo público que interviene sigue perdiendo participación. Se trata del Ente de Higiene Urbana (EHU), que se ocupa de la recolección en Villa Soldati. El EHU tiene un gasto mucho menor al de los privados: entre 2008 y 2012 aumentó sus costos un 42%, mientras que los privados lo hicieron en un 102%. Pese a eso, en 2011 la comuna redujo la influencia del EHU a una porción más pequeña y entregó el territorio libre a la firma Galu.
Otro sector golpeado por la avanzada privatista es la Educación, y no sólo por los privilegios otorgados a las escuelas privadas por sobre las públicas. Una muestra es lo ocurrido en el área de mantenimiento. Hasta la llegada de Macri al poder, los subsidios para arreglos y refacciones eran girados directamente a las cooperadoras de cada unidad educativa. Según informaron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), a partir del año pasado la tarea fue delegada a distintas compañías que se encargan de controlar y administrar estas obras. De acuerdo con la información a la que accedió Tiempo, entre las concesionarias a cargo del distrito escolar Nº 19 se encuentra SES SA, firma que en 2011 recibió $ 32,7 millones para reparar las escuelas de varios barrios. Por entonces, su principal accionista era Caputo SA, una constructora perteneciente a Nicolás Caputo, amigo y asesor personal de Mugrizio Macri.
En el sector sanitario, la provisión y distribución de medicamentos a los efectores del Ministerio de Salud también fue puesta en manos de actores privados. En diciembre de 2009, el PRO cedió el control de este servicio a la UTE integrada por Progen SA, Disval SRL y Proveedores Hospitalarios SA. Este grupo, favorecido por la licitación Nº 18-DGCYC, fue contratado por un año a cambio de $150 millones. En enero de 2011, el acuerdo se prorrogó por seis meses, por $ 75 millones, y en julio se extendió tres meses más, por $ 28.284.000. Finalmente, con la licitación Nº 2/UPE-UOAC, Progen volvió a ser elegida para abastecer a los hospitales y centros de salud de la Zona 1, por $ 49.227.827.
El área de Salud Mental también sufrió un proceso de privatización. A comienzo de 2012, Macri emitió la resolución Nº 52/2012 y llamó a licitación pública para el "servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental". Un amplio abanico de organizaciones y asociaciones profesionales del campo de la medicina publicaron un documento en el que criticaron la decisión, ya que "se derivan dineros públicos hacia el sector privado" y se contradicen normas locales y nacionales. El informe "Ciudad de Buenos Aires: La salud mental vulnerada" sostiene que el PRO "intenta tercerizar la atención". Esto, pese a que la Constitución local prevé la creación de una red de servicios y protección que garantice la atención de los ciudadanos en establecimientos estatales. Además, la carta magna expresa que "no se pueden ceder recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro". La Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental y la Asociación Argentina de Salud Mental, entre otras organizaciones, concluyeron que "esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental". La oposición que despertó el proyecto provocó que, por el momento, la licitación se suspendiera.
Una iniciativa del legislador macrista Cristian Ritondo también intentó iniciar un proceso de privatización en el SAME. Se trata del proyecto de Ley 743D12, que buscaba "el ordenamiento de la actividad de los sistemas terrestres de ambulancias que prestan servicios de atención médica extrahospitalaria de urgencias y emergencias". En concreto, se pretendía establecer un nuevo marco y derogar la Ley N° 1850, que rige sobre el sistema de ambulancias. Para la oposición, fue un intento solapado por privatizar el servicio. La propuesta, que acabó frustrada, sólo legislaba sobre una prestación de tipo privado, no hacía mención al SAME y fijaba como autoridad de aplicación no al Ministerio de Salud, sino al de Justicia y Seguridad.
Precisamente, el de Seguridad fue otro de los sectores afectados, lo que quedó en evidencia cuando el gobierno nacional decidió retirar a la Policía Federal de diferentes dependencias públicas porteñas, como escuelas y hospitales. En lugar de cubrir las vacantes con la Metropolitana, Macri dijo que no tenía suficientes agentes y contrató seguridad privada. Lo hizo con una licitación por cuatro años y $ 528 millones, con la que fueron contratados 1100 hombres para custodiar 330 edificios. A la Federal el PRO le pagaba $ 3,5 millones mensuales. En cambio, las agencias de vigilancia le cuestan $ 11 millones.
Por otra parte, el pago de los sueldos de más de 1000 efectivos de la Metropolitana también fue privatizado. Sucede que en octubre de 2011, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, resolvió que los agentes cobren su salario en un banco privado, el Galicia, y no en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de los municipales.
El PRO quiso volver a aplicar el mismo sistema en julio pasado, pero en una escala mucho mayor: el objetivo fueron las 124 mil cuentas bancarias operadas por el Ciudad para el pago de sueldos a empleados porteños. Así, se pretendía que unos $ 8424 millones anuales fueran controlados por la banca privada. La jugada quedó en evidencia cuando se intentó abrir una licitación para ofrecer a los principales jugadores del mercado financiero el "Servicio Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito". El rechazo de la oposición hizo que la iniciativa, por el momento, esté frenada.
Esta matriz también impacta sobre áreas, por así decirlo, menos tradicionales. Es el caso de un evento realizado en octubre pasado, donde el gobierno porteño gastó casi $ 6 millones para montar un congreso de ciudades digitales que duró apenas dos días. Aunque la comuna cuenta con un centro de congresos y exposiciones en Recoleta, además de distintos teatros en pleno centro, el Ministerio de Desarrollo Económico cedió la administración del evento al Grupo SyG, del broker inmobiliario Silvano Geler.
La oposición al macrismo calificó como "sospechoso" el proceso de contratación y ya presentó un pedido de informes. Sucede que la empresa de Geler fue la única oferente, sin ningún competidor en la compulsa de precios. En los primeros diez meses del año, SyG se alzó con cuatro contratos de la misma forma, por un total de $ 12,1 millones. Su último logro fue el 5 de octubre pasado, cuando el PRO confirmó por el Boletín Oficial la cuarta licitación a favor de esta empresa: la preadjudicación, por cinco millones de pesos, para organizar Buenos Aires Futura 2012, a realizarse del 23 al 25 de noviembre.
Acuerdos con el multimedios: Desde que es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO cerró contratos millonarios con el Grupo Clarín. Por ejemplo, poco antes del comienzo del ciclo lectivo 2011, firmó un convenio con el multimedios para realizar el Plan de Educación Digital, del Ministerio de Educación porteño, para entregar netbooks a 156 mil alumnos y notebooks a 16 mil maestros de escuelas primarias. La adjudicación fue para Primera Red Interactiva de Medios Argentinos SA (PRIMA), empresa de Clarín, con un contrato de cinco años por 274,3 millones de dólares.
No fue la única ocasión en que el PRO negoció con el monopolio. En 2010, la Fundación Noble brindó cursos en el área de Educación a través de CEPA, la Escuela de Capacitación Docente porteña.
Otro tanto sucedió en el área de Cultura. En 2010, con una contratación directa, Macri entregó a Clarín, representado por las empresas Arte Gráfico Editorial Argentino y Arte Radiotelevisivo Argentino, la exclusividad para emitir la fiesta inaugural del Teatro Colón y todos los eventos que se realicen allí hasta el 2012.
El caso de los predios públicos: En la Ciudad de Buenos Aires existen 94 privados que gozan del uso de espacios públicos altamente redituables sin abonar un solo peso, gracias a que así se estableció en el momento en que les fueron concedidos.
Entre los privilegiados figuran desde famosos restaurantes, locales bailables y clubes, hasta asociaciones civiles, playas de estacionamiento y terrenos bajo autopista. También hay grandes firmas, como Multicanal SA, del Grupo Clarín, o la compañía Transporte Automotor Plaza, de la familia Cirigliano.
A esto se suma que 102 predios se encuentran ocupados directamente de forma irregular, debido a que desde hace años tienen las concesiones vencidas.
Por otra parte, hay importantes empresas que pagan cánones irrisorios en función de los terrenos que controlan. Por ejemplo, el poderoso Grupo IRSA hace uso del inmenso Buenos Aires Design por apenas $ 42.353 al mes.
La información se desprende de un minucioso trabajo llevado adelante por la agrupación Colectivo por la Igualdad, publicada en exclusiva por este diario en su edición del 16 de septiembre pasado.
NdR: la deformación del nombre de pila del alcalde porteño es responsabilidad de la redacción de Currín On Line y no del autor de la nota.
