Por Eduardo Anguita (gentileza de Miradas al Sur)
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue promulgada el 10 de octubre de 2009, pero el Grupo Clarín judicializó la norma pensando que podía llegar a octubre de 2011 con un escenario político en el cual se impusiera en los comicios algún candidato comprometido con el fin de la 26.522.
En muy pocos días, el 9 de septiembre, se cumplirá un año de la presentación hecha por la Procuración del Tesoro al juez Edmundo Carbone para que deje de tener efecto la medida cautelar tomada por el magistrado en relación con el artículo 161 de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Recordemos: ese artículo -que lleva como título “adecuación” y no “desinversión” como lo llama el monopolio-, plantea que “los titulares de licencias de los servicios regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen”. La Procuración había pedido el levantamiento de la cautelar por considerar que en poco más de 30 días se cumplían dos años de la entrada en vigencia de la ley.
Cabe aclarar que una cautelar no avanza sobre el fondo de la cuestión y, si se permite la licencia retórica, actúa en el fuero contencioso administrativo de una manera análoga a la figura de la prisión preventiva en el fuero penal. Es decir, no se expide sobre el fondo de la cuestión y, desde ya, no puede extenderse en el tiempo indefinidamente.
La ley fue promulgada el 10 de octubre de 2009 y debía aplicarse de modo completo y de forma inmediata, pero el Grupo Clarín judicializó la norma pensando que, si ganaba tiempo, podía llegar a octubre de 2011 con un escenario político en el cual se impusiera en los comicios algún candidato comprometido con el fin de la 26.522. O sea, con los intereses de Héctor Magnetto y sus socios. Esa estrategia se puso en marcha y el juez Carbone, dos meses después de vigente la ley, dictó la cautelar. Desde ya, no fue el único magistrado que sumó su música a la banda sinfónica de un solo Clarín.
Esta medida de Carbone tuvo muchas idas y vueltas judiciales. Sin entrar en el aleph judicial, repasemos. El pedido de la Procuración del Tesoro llegó a la Corte Suprema de Justicia que, en octubre de 2010, no puso un término a la cautelar (la Corte no modifica sentencias ni alarga o acorta plazos) pero devolvió el expediente al juez Carbone exhortando a que fijara “un plazo razonable”. Carbone, mucho después, estableció que la cautelar vencería en diciembre de 2013. Nótese que ni siquiera avanzó en la resolución de fondo. De inmediato, el Estado Nacional volvió a la carga y apeló ese fallo, por desmedido, ante la Cámara Federal que, a su vez, lo rechazó. La última instancia que le queda entonces al Ejecutivo para que la ley tenga plena vigencia es acudir a la Corte con el denominado “recurso de queja”. Precisamente en estos días vence ese plazo y se descuenta que la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, presentará el escrito ante el máximo tribunal de justicia.
No es fácil saber de antemano qué podrá decidir la Corte ni en qué plazo se expedirá. Está, como antecedente, su propia doctrina sobre las cautelares cuando habló de “plazos razonables”. Si se tiene en cuenta que la ley lleva dos años de vigencia y establecía el plazo de un año para la adecuación de las inversiones, la mora lleva casi el doble de lo previsto por el Poder Legislativo.
Todo esto tiene un entramado jurídico complejo. Porque, además, el universo de aplicación del artículo 161 tiene algunas otras complejidades. Básicamente, la que hace a cuántas licencias tiene Clarín, ya que el fondo del asunto es que la Ley 26.522 establece la cantidad de licencias en cada área de cobertura. Por ejemplo, no se puede ser licenciatario de canal de aire y de cable en la misma área. Y cabe recordar que el monopolio pidió que Cablevisión absorbiera a Multicanal y a otras empresas menores (lo que hace un total de 237 en todo el país) y esto fue rechazado por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) en septiembre de 2009, poco antes de la aprobación de la nueva ley. Nada tenía que ver la nueva ley –que todavía no había sido aprobada– con los argumentos para rechazar esa fusión: era la misma ley de la dictadura (la 22.285) la que tenía algunos límites concretos a las posiciones monopólicas o dominantes.
En junio de 2009, pocos meses antes de aprobada la ley, Héctor Magnetto y sus socios, descontaban que las elecciones de 2011 mostrarían el fin de los días del kirchnerismo. De allí que la aprobación de la Ley 26.522 fue tomada como un golpe duro pero no definitivo. La penetración del monopolio en el Poder Judicial era tan grande que la política de Magnetto fue simple: recurrir a jueces allegados y poblar los tribunales de cautelares con la esperanza de llegar a octubre sin reconocer la vigencia de la ley y luego confiar en una nueva legislación en la materia. De esa manera, daría una demostración de poder que luego se coronaría con un marco legal que convalidara el monopolio.
Pero, pasado el tiempo, el escenario resultó completamente diferente. Las elecciones primarias del 14 de agosto confirmaron lo que Magnetto no quería escuchar ni leer. Sus propios columnistas y editorialistas confirmaron que la contundencia del triunfo de Cristina Fernández de Kirchner hacía imposible soñar con que alguno de los candidatos lo llevara al ballottage tan deseado. Magnetto tiene una relación muy estrecha con Eduardo Duhalde pero se diluyó su presencia. Con Ricardo Alfonsín el Grupo Clarín logró mejorar las relaciones en los últimos tramos del armado de la fórmula radical, pero Alfonsín no logró hacer pie en el electorado. Con Hermes Binner, que con un 10% de los votos el 14 de agosto logró despertar algunos entusiasmos, el monopolio tiene una tibia buena relación. Por un lado, porque su compañera de fórmula, Norma Morandini, trabaja en Clarín y como senadora fue una adversaria acérrima de la Ley 26.522, y por el otro porque lograron que Binner, pese a que apoyó la ley mientras se trató, dijera ahora que está en contra de “algunos aspectos polémicos”, que no son otros que los relativos al artículo 161. En síntesis, nada relevante de cara a los cuatro años próximos.
El Grupo Clarín tuvo algunos amortiguadores importantes, además de sus relaciones con la dirigencia política y con muchos jueces. Concretamente contaba con una central empresarial exclusiva como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que fue abandonada tempranamente por varias empresas –Telefónica, por ejemplo– y que luego entró en un declive completo. Porque los socios principales de Magnetto en AEA eran Techint y Arcor, dos empresas que pueden tener puntos conflictivos en su relación con el gobierno, pero en ningún caso eligieron alinearse con Clarín en esa pelea tan frontal como desconocedora de las leyes. A su vez, el desguace de la Mesa de Enlace pone a Magnetto ante la cruda realidad de que en los próximos años no volverá a hablarse del plato favorito del monopolio: “el campo versus el gobierno”. Ese eslogan, efectista en 2008, fue enterrado a partir de la procacidad del presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, que no puede ser defendido ni desde las páginas de Clarín.
Por último, el eje de alianzas internacionales, que otrora se basó en la entrada irrestricta a la embajada de Estados Unidos y a sus buenas relaciones con dueños de diarios asociados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya no pesa. Con la embajada, porque Estados Unidos tiene otras urgencias y otro alineamiento. Los analistas internacionales de Clarín deberían tomar nota de que Colombia se alineó en Unasur con fervor. Y que su presidente, Juan Manuel Santos, estuvo días pasados dando un estímulo al vínculo de su gobierno con el que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Como dato no menor, Santos pertenece a una familia muy ligada a los medios. Él mismo participó de El Tiempo de Bogotá, el diario de mayor tirada de Colombia. Precisamente su hermano mayor Enrique fue presidente de la SIP en 2008. Clarín hubiera soñado con un presidente Juan Manuel Santos que hubiera sumado su voz a los reclamos empresariales de Magnetto. Se encontraron con una Argentina que lejos de estar aislada del mundo puede establecer alianzas sólidas con gobiernos de otros países sin renunciar a sus principios y, por supuesto, tratando de lograr que, paso a paso, las leyes tengan plena vigencia.
El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en declaraciones radiales, dijo que los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar son parte de un "proceso histórico" y que la voluntad de avanzar en esta cuestión es inherente al "contrato social de todos los argentinos". 
