Los presidentes de los bloques del radicalismo, el PRO, Proyecto Sur, el GEN y la centroizquierda afirmaron que votarán la ley. Se suman así a la voluntad del Frente para la Victoria de contar con la sanción de la norma en una semana.
A pesar de las presiones de las empresas de medicina privada, la ley de medicina prepaga va camino a su aprobación definitiva en el plazo de una semana. Es que el tratamiento de la norma tiene moción de preferencia y hasta la propia oposición se ha manifestado a favor de que la ley se apruebe a la brevedad.
Así, el plazo máximo para la sanción de la norma es la primera sesión de mayo, y todo indica que se votará la iniciativa con los cambios que el Senado introdujo en noviembre de 2010.
En este sentido, Margarita Stolbizer, quien encabeza el bloque del GEN, dijo a Tiempo Argentino que “estamos a favor de que la ley salga rápido, y nos parece buena la norma tal como viene del Senado” y agregó que “vamos a votar esa iniciativa”.
Asimismo, Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de diputados de la UCR, dijo que “nosotros respaldamos la preferencia y esa es nuestra postura”. El diputado radical aclaró además que “en las próximas horas nos sentaremos a hablar con Agustín Rossi para ver cuáles son los temas para la próxima sesión”.
El PRO también votará a favor, aunque Federico Pinedo, titular del bloque macrista, afirmó que “si bien en estas horas se está definiendo si va a haber o no sesión este miércoles, nosotros creemos que hay que tener una ley. Aunque lo ideal sería que se trate en comisiones (Salud y Legislación General), pero eso no quiere decir que estamos en contra de la ley o que la vamos a trabar".
Cabe recordar que Pinedo fue parte de la composición de la Cámara Baja que, en 2008, votó de forma unánime y en tiempo récord la ley que impulsó la hoy embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja. Por esta razón se descarta que el bloque PRO no contradecirá la voluntad antes manifestada.
Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad (SI), destacó que “no creemos que la oposición tenga problemas en aprobar la norma, nadie se va a animar –más allá de que haya presiones empresarias– a votar en contra cuando ya el tema ha tomado tanto estado público”.
El ex arista fue, junto al oficialismo, uno de los principales impulsores de la ley: en marzo Macaluse planteó la necesidad de darle una moción de preferencia para que la ley se trate, pero cuando observó que aún había un lobby empresario que podía generar una traba, dobló la apuesta y pidió moción de preferencia para que la norma se tratara sobre tablas, con o sin dictamen de comisión. Ese pedido fue votado positivamente por los 2/3 del cuerpo, sin votos en contra y algunas abstenciones.
Otro dato que evidencia el nivel de consenso entre fuerzas políticas sobre un proyecto que controlará un sector que factura $ 15 mil millones anuales y tiene más de 4,5 millones de clientes.
El que también se sumó –aunque de manera bastante tibia– al apoyo masivo a la ley fue Pino Solanas, máximo referente de Proyecto Sur, quien adelantó que “si bien no tenemos precisiones respecto a cómo se va a tratar, no estamos en contra de una regulación bajo ningún punto de vista”.
Fuentes parlamentarias explicaron que “los votos para sacar la ley van a estar, aunque quizás pueda haber algún debate sobre si aprobar la versión de Diputados o el Senado, pero no va a alterar la votación”. Además, esta semana será clave en las reuniones entre oficialismo y oposición para ordenar la agenda de temas, ya que prepagas es, junto a la ley contra el lavado de dinero, el proyecto más importante para la Cámara.
¿Por qué es tan relevante para la sociedad que se apruebe la norma? La nueva ley impone que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud (antes era Comercio Interior); es decir, habrá por primera vez un lugar físico donde denunciar los abusos de las prepagas, y ese organismo controlará el cumplimiento de planes y los incrementos tarifarios.
Además, se cambió el artículo 22, que ahora estipula la obligación de las prepagas a mantener el 50% de su capital en una “reserva técnica” que garantice las prestaciones, y el otro 50% en instrumentos financieros.
Pero hay dos puntos más importantes y que son la columna vertebral de la norma, y que en su momento fueron resistidos por la UCR en el Senado: cuando se apruebe la ley, las prepagas no podrán discriminar el derecho a afiliarse a pacientes con enfermedades preexistentes (patologías crónicas), y tampoco podrán subir la tarifa del servicio a los jubilados mayores de 65 años.
Desde esta tribuna -en la que se critica permanentemente a la oposición, por considerar que en vez de representar a los ciudadanos, muchas veces actúan como gerentes de los grandes grupos económicos de poder concentrado- saludamos y reconocemos con beneplácito la actitud madura y responsable de las fuerzas políticas en su conjunto.
¿Será que no todo está perdido?
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