jueves, 9 de noviembre de 2017

Cristina salió al cruce de su citación judicial para hoy: "Persecución para ajustar y saquear

LA EX PRESIDENTA SE REFIRIÓ AL PEDIDO DE DECLARACIÓN INDAGATORIA HECHO POR EL JUEZ JULIÁN ERCOLINI PARA ESTE JUEVES. PIDIÓ QUE "NADIE VAYA A COMODORO PY. VOY A IR SOLA". ADEMÁS COMENTÓ QUE LUEGO DE LA INDAGATORIA IRÁ A LA LOCALIDAD BONAERENSE DE JOSÉ C. PAZ POR LA INAUGURACIÓN DE UN HOSPITAL ONCOLÓGICO.

La ex presidenta y referente de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, fue citada para este jueves a presentarse en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Hotesur.

En ese sentido, y a través de su cuenta de Facebook, Cristina contó que hoy, "en un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores", fue citada a declaración indagatoria por el Juez Julián Ercolini, previa imputación del Fiscal Gerardo Pollicita. 

"En mi caso particular, y como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar", detalló.

"Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás. Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional", dijo Cristina, quien ironizó con que "el Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo".

"El gobierno y sus aliados en el Senado buscan dos cosas. Una, amedrentar a la dirigencia política, social y sindical para que no haya voces verdaderamente opositoras a la segunda parte del plan de ajuste: precarización laboral, baja de las jubilaciones, impuestazo a los consumos populares y recorte de los recursos provinciales, entre otras medidas. La otra es distraer la atención de la sociedad argentina con un show mediático que permita ocultar el saqueo de la Nación y del bolsillo de los argentinos", denunció.

"Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar", sostuvo Cristina, al tiempo que, en un mensaje directo a la militancia, añadió que "por eso, porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola"

"Que nada, ni nadie, pueda distraer la atención sobre lo que está pasando: blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales, festival de deuda externa con Caputo off shore, inflación y tasas de interés sin freno, desocupación y precarización –las dos caras de una misma moneda-, jubilados con la mínima que les van a quitar 900 pesos por mes después de arrasar con la ley de movilidad jubilatoria, crisis energética por caída de la producción que Aranguren “combate” comprándole combustible a Shell y a sus empresas off shore sin que a ningún Juez se le mueva un pelo. Eso y más, es lo que están tratando de ocultar. Lo podrán hacer por un tiempo, pero estoy convencida que no lo van a poder hacer todo el tiempo", continuó la ex presidenta.

Finalmente, anticipó que después de Comodoro Py visitará la localidad de José C. Paz, en el conurbano bonaerense, "donde su Intendente me invitó a la inauguración del Hospital Oncológico Municipal, y donde también quiero agradecer el apoyo recibido en las pasadas elecciones del 22 de octubre".

Conferencia en el Congreso en defensa del Estado de Derecho: “Lo que está en peligro es el espacio mismo de la democracia plural”

EUGENIO ZAFFARONI, ESTELA DE CARLOTTO, HORACIO GONZÁLEZ Y MEMPO GIARDINELLI ENCABEZARON UNA CONVOCATORIA A LA QUE ASISTIERON REFERENTES DE DERECHOS HUMANOS, GREMIALISTAS, ARTISTAS, PERSONALIDADES DE LA CULTURA Y LEGISLADORES. “NINGUNO DE NOSOTROS QUIERE VER A MACRI DESCALZO, DISFRAZADO Y ESPOSADO EN LA TELEVISIÓN”, DEFINIÓ ZAFFARONI.


Un grupo de personalidades se convocó en el Congreso para “defender el techo democrático común”, luego de los sucesos de las últimas semanas que incluyeron la detención de un joven por un tuit supuestamente amenazante contra el el ex hijastro de Flavia Palmiero, el arresto de una mujer por besarse con su novia, episodios de represión a la protesta social y la profundización de la persecución judicial a ex funcionarios y dirigentes vinculados con el último gobierno.

El llamado “Encuentro en Defensa de la democracia” estuvo encabezado por Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue el primer orador en la conferencia de prensa que se realizó en el Parlamento y explicó que "estamos para defender el espacio del derecho, de la democracia, de las instituciones, que es lo que está en peligro".

“Ninguno de nosotros quiere ver a Macri descalzo, disfrazado y esposado en la televisión”, aseguró Zaffaroni al referirse a la reciente detención del ex vicepresidente Amado Boudou y las fotos que se filtraron a la prensa. “No debemos tolerar eso, porque eso sería el triunfo de ellos, eso sería el triunfo del no derecho”, abundó.

Tras reivindicar a personalidades como Raúl Alfonsín, Antonio Cafiero, Carlos Auyero y Arturo Jauretche como “gente que no hacía política televisiva”, el ex juez reclamó que se retome “esa política, la política del lenguaje, del habla”

“No estamos convocados para defender a tal o cual partido o concepción ideológica”, sostuvo y aseguró, en cambio, que el objetivo de la convocatoria es “defender el espacio para discutir, para disputar entre nosotros, si quieren también para pelearnos”.

Luego tomó la palabra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien señaló que observa “el regreso de actos similares a tiempos que todavía la historia no ha resuelto”. Rechazó la campaña de desprestigio contra los organismos de Derechos Humanos, cuyo último capítulo fue un deplorable editorial del pasquín ultraoficialista La Nazión contra la propia Carlotto. “40 años nos enseñaron a luchar en paz”, remarcó la titular de Abuelas.


“No gustó nada cuando dije 'si pudimos con Videla vamos a poder con Macri'”, señaló Estela y aclaró que “no es que hablemos de dictadura hoy, se votó y respetamos la Constitución”

“Pero cuántas cosas nos hacen acordar a esos tiempos donde exhibíamos carteles de 'Aparición con vida'", añadió y apuntó que “lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado”.

En la misma línea, el filósofo Horacio González, ex presidente de la Biblioteca Nacional, habló de un “trastocamiento de los sentidos de la acción política”, mientras el escritor Mempo Giardinelli sostuvo que “es hora de ir amasando una confluencia con lo mejor del radicalismo, del peronismo y del socialismo" para hacer frente a los atropellos del macrifascismo. "El desafío de hoy es pueblo versus oligarquía. Y esta oligarquía es mafiosa", completó Giardinelli. Al final del acto, todos los presentes cantaron el himno nacional.

El 24 de noviembre se realizará la junta médica para establecer las causas de la muerte de Santiago Maldonado

LA MOCHILA, LA LLAMADA DE SU AMIGO Y LOS TESTIMONIOS DE LOS GENDARMES SON ALGUNOS DE LOS CABOS SUELTOS QUE TODAVÍA TIENE LA CAUSA. LAS CONCLUSIONES DE LA AUTOPSIA DARÁN INFORMACIÓN SOBRE LA CAUSA DE LA MUERTE PERO NO ESTABLECERÁN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO.

Santiago era mochilero. Su cuerpo apareció luego de 77 días, sin vida. No así su mochila y el teléfono celular que tenía el 1 de agosto, cuando acudió a la comunidad mapuche de Cushamen a dar su apoyo porque la mitad de sus weichafe (guerreros) estaban presos en Bariloche, tras la represión a la protesta por la prisión de su líder Facundo Jones Huala. Ambas pertenencias de Maldonado nunca aparecieron, pero no es el único enigma de una de las historias más tironeadas por cierta prensa. 

Sin esperar las conclusiones de la junta médica que tendrá lugar el viernes 24, siguen las operaciones dictadas desde el Ministerio de Seguridad para encubrir el accionar de los gendarmes, que habrían sido los últimos en verlo con vida. Y la investigación judicial se parece más a un rompecabezas mojado y con piezas destruidas. El aparato judicial y las campañas mediáticas han devaluado la palabra de los testigos por ser mapuches, los uniformados aún habiendo incurrido en contradicciones siguen callando sobre los minutos finales de la vida de Maldonado, y en ese contexto las informaciones del lentísimo avance de la causa continúan siendo utilizadas para desacreditar a los que sí hablaron, como el amigo que llamó Santiago luego de desaparecido. 

El hallazgo del cuerpo abrió una nueva etapa, en la cual no pocos festejan ante resultados parciales de la autopsia como si el caso ya estuviera resuelto exculpando a la Gendarmería, tal como pretende el régimen macrifascista. Pero una lectura diferente de esos mismos datos lejos de cerrar nada, abre cada vez más interrogantes que este diario recogió de cinco fuentes del caso. "Es un duelo infinito, estamos estancados", dijo Sergio Maldonado, al plantear sus dudas sobre la aparición del cuerpo sin vida de su hermano. 

► La mochila

Maldonado había llegado en abril a El Bolsón, y se hizo amigo de Ariel Garzí, quien reconoció en uno de los tantos videos que circularon la mochila negra que llevaba el 31 de julio. Lo habían llevado Ailinco y Claudina Pilquiman hasta la Pu Lof en Resistencia, donde pasó la noche en la casilla de guardia, sin pegar un ojo por el constante hostigamiento a tiros de los gendarmes. Ya de día, cuando comenzó el avance represivo, Santiago corrió hacia el río pero en un momento volvió sobre sus pasos a buscar su mochila. Esa imagen pertenece al 1 de agosto, mientras los gendarmes requisaban a mujeres y niños, quemaban colchones, casillas, ropa y juguetes, y secuestraban herramientas de trabajo, entre otras pertenencias de los mapuches. 

La mochila que aparece en esa foto nunca más apareció, según confirmarontres fuentes del caso. No era ninguna de las que secuestró el 18 de septiembre el juez federal Guido Otranto, apartado del caso por insuficiencia de imparcialidad, ni tampoco es la misma que aportó la familia al nuevo juez Gustavo Lleral. ¿Alguien le preguntó a Gendarmería por la mochila y el celular que tenía Santiago el día que desapareció? ¿Por qué nunca devolvieron lo que robaron a los mapuche? ¿La justicia ordenó peritaje alguno sobre esos elementos? ¿Otranto no la encontró en el rastrillaje de los 800 kilómetros del río Chubut?

► Llamadas, SMS y videos

Tal como había hecho en su momento ante el juez Otranto -y a pesar de haber sido detenido e imputado, y de haber sido hostigado en cinco oportunidades por la policía de Río Negro- Ariel Garzí se volvió a presentar en forma espontánea ante Lleral para ponerse a su disposición y pedirle que tomara en serio la prueba que ya aportó al expediente: la captura de pantalla donde consta que el 2 de agosto a las 15:23 se comunicó con la línea chilena de Santiago +05693XXXX486, la comunicación fue atendida y duró 22 segundos. Fue durante los primeros días de agosto, y a pesar de estar acompañado por el defensor oficial Fernando Machado, en el pasillo Otranto le preguntó si venía por la recompensa. "Vine porque quiero que aparezca mi amigo", le respondió Garzí. La empresa chilena respondió no haber recibido ninguna llamada entrante desde el número de Garzí. 

Las fuentes consultadas indicaron que no hay constancias en el expediente de ninguna llamada atendida por las líneas que usaba Maldonado en fecha posterior a su desaparición. Lo cual no implica que el amigo faltó a la verdad. La llamada se produjo pero una posibilidad es que haya impactado en otro celular, como cuando las comunicaciones se cruzan, lo cual sucede en ocasiones si el abonado no tiene crédito. Garzí insistió con que la llamada sí impactó, y se basa en los documentos de Telefónica que el experto Ariel Garbarz vio en septiembre en el expediente. Es cierto que la empresa chilena Wom informó que no existió en ese país, pero ellos sostienen que "fue entrante en Esquel y saliente en El Bolsón, detectada por antenas argentinas no chilenas". En ese sentido es que Garzí argumenta que las pertenencias de su amigo, la mochila y ese celular, se las llevaron los gendarmes y por eso es lógico que haya sonado en Esquel. Garbarz aún no fue aceptado como perito de parte en la causa y viene denunciando que la fiscal Silvina Ávila le consultó sobre cómo proteger los datos de las comunicaciones celulares pero luego no lo recibió más y tampoco tomó las medidas que él sugirió. Sobre la llamada de Garzí, Lleral acaba de pedir información adicional a Estados Unidos. 

¿Habrán tenido en cuenta los investigadores el mensaje de texto que mandaron los mapuches aquella mañana diciendo "se llevaron al Brujo"? El número de la línea que lo recibió consta en la causa. Lo que también forma parte ya del expediente es el contenido del teléfono de Santiago, donde aparecen murales, tatuajes, músicos callejeros y filmaciones de asambleas populares en Chile sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores. Arte y solidaridad.

► ¿Pozo o no pozo?

En su declaración, el prefecto Leandro Ruata, responsable del rastrillaje del río que diez días antes había dado con el cuerpo de Maldonado, y, además, quien había tenido la iniciativa que convenció al juez Lleral sobre la necesidad de hacer un nuevo operativo, dijo que la profundidad del río no superaba 1,40, que el agua era cristalina, que por ahí ya habían buscado en los anteriores procedimientos y que no había pozos, de esos que sí hay en otros tramos del río. En tanto, el sitio Cadena del Sur publicó las declaraciones testimoniales del prefecto Juan Carlos Mussin, quien en coincidencia con Ruata declaró que la profundidad del río no superaba el metro y medio en agosto y que no había pozones en la zona donde se lo vio con vida a Santiago. Sin embargo, un matutino publicó que "los buzos", sin identificarlos, habrían afirmado que en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida había "un pozo de 2,4 metros, entre vegetación, raíces y ramas de sauce". Hasta el momento, nada indica que el juez tenga previsto careo alguno ante esta contradicción. El medio es el mismo que lanzó la versión del puestero de Epuyén y la falsa retractación del testigo E.

En el cuerpo de Maldonado fueron encontradas algas unicelulares, de la familia de las diatomeas, lo que implicaría que Santiago estuvo en el agua desde su desaparición. Una alta fuente del caso confió  que también podría tener que ver con que Santiago era vegetariano, y que si acaso fuera de la flora acuática del río Chubut habría que verificar si corresponde a el sitio específico donde fue encontrado.

► El hallazgo, una ramita

El cuerpo de Santiago apareció enganchado a una rama, que lo atrapó bajo el agua y estaba entre su cuerpo y su cinturón, por la espalda. Es decir, así habría permanecido sumergido durante todas estas semanas, y de esa manera lo encontró uno de los buzos de la Prefectura, a setenta metros de lugar donde los mapuches lo había visto por última vez. "Positivo con reservas", fue el mensaje que envió por handy. Ahora bien, cuando el juez convocó a Soraya Maicoño, Andrea Millañanco, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Verónica Heredia el cuerpo ya estaba flotando en la superficie del río, e incluso era visible desde la barranca. ¿Quién ordenó desengancharlo y por qué nadie presenció esa maniobra? 

Estas son las dudas que carcomen al mayor de los Maldonado: "Hipotéticamente murió ahogado, pero, ¿cómo?, ¿Por qué cae ahí? ¿Murió en ese lugar o en otro lado? ¿Dónde estuvo el cuerpo? Si hubiera estado 77 días en ese lugar, ¿qué hicieron en todos los rastrillajes?, ¿Por qué no lo vimos nosotros que pasamos por allí? El lugar se veía de todos lados. Cuando desapareció había 30 centímetros de agua allí y cuando lo encontramos estaba enganchado de una ramita de un centímetro de espesor". Durante las horas posteriores al hallazgo, todos los presenten le insistían a Lleral que no podía ser, que ese cuerpo no estaba allí apenas tres días atrás. El magistrado no respondía y no tomó ninguna medida para verificar tal hipótesis ni completó el allanamiento a la estancia Leleque, tal como había previsto en la orden que él mismo firmó el 13 de octubre.

► Saber nadar

Santiago pudo haber sabido nadar y ahogarse igual, aunque hiciera pie. No estaba paseando, ni se cayó. Su muerte sucedió en un operativo de más de 100 gendarmes que ingresaron al territorio mapuche de forma ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Fue perseguido a poca distancia por un pelotón de una docena de uniformados con escopetas que disparaban hacia el río, con la orden expresa de detener manifestantes. 

El subalférez Echazú fue herido y, sin embargo, fue fotografiado riéndose. ¿Sus heridas pudieron haber sido causadas por Santiago mientras se defendía? En tal sentido, están siendo sometidas a análisis de ADN las uñas del joven, así como la tonfa retráctil encontrada en uno de los bolsillos de su pantalón, que según sus amigos era de él. Creen que pudo haberla llevado para su autodefensa. 

Algunos gendarmes regresaron a sus bases en la madrugada del 2 de agosto, las camionetas fueron lavadas invocando un "reglamento" que los obliga a hacerlo y un Eurocargo aparece en fotos con parte de la lona mojada. Sin embargo, ni la fiscal ni los jueces del caso profundizaron sobre los alcances de ese accionar y las fuertes contradicciones entre las declaraciones de los jefes y gendarmes, y sus jefes el comandante Juan Pablo Escola, su superior, Diego Balari, y el funcionario de Seguridad Pablo Noceti. ¿Alguno fue indagado? Noceti gritó que "ni muerto" entregaría su celular. Los mapuches ya hablaron, el cuerpo lo está haciendo, pero ya se cumplió el ciclo de pedirle pruebas a las propias víctimas. 

► Final abierto

Es muy probable que los resultados finales establezcan que Maldonado perdió la vida por ahogamiento, así lo indica el agua que llegó a sus pulmones cuando aún estaba respirando. Esta conclusión preliminar disparó la instalación de que como murió ahogado entonces fue un accidente y los gendarmes no tuvieron nada que ver. Los abogados con experiencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos coinciden en que la causa final de muerte de una persona víctima del accionar de las fuerzas de seguridad de ningún modo explica la mecánica ni el motivo de la misma. 

Los casos ocurridos durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura cívico militar ponen en evidencia mecanismos de neutralización de responsabilidades para proteger a los agentes del Estado, y son casi siempre los mismos: se ahogó, lo chocó un auto, murió por inanición, tal como demuestran las causas por las desapariciones y muertes de los jóvenes Iván Torres, Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón, Franco Casco. ¿El caso Maldonado es diferente? En sus preparadas declaraciones testimoniales los gendarmes admitieron que llevaron armas de fuego, y quedó expuesto que querían "cazar al negro", agarrar a uno, "darle corchazos para que tengan".

"Va a llevar su tiempo establecer la causa de su muerte, se habla tanto, muchas veces sin saber", dijo el juez Lleral días atrás. Él y la fiscal abren el paraguas ante un casi inevitable cambio de carátula, que quizás ni siquiera sea desaparición forzada seguida de muerte, como propicia la abogada de la famillia Maldonado, pero que no necesariamente vaya a mejorar la situación procesal de los gendarmes. Quienes festejan la posibilidad de que se haya tratado de una "muerte accidental" no advierten que la calificación podría terminar en homicidio, con todos los agravantes que implica que haya sido cometido en medio de semejante situación represiva. Los caminos penales son insondables, pero algunas experiencias sirven para pensar escenarios posibles: en la causa por la muerte de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años cuyo cuerpo apareció flotando en las oscuras aguas del Riachuelo en 2002, tres policías fueron condenados a prisión perpetua por su homicidio y su privación ilegal de la libertad.

Fuente: notra de Adriana Mayer para Página/12

Cien días de dolor: Sergio Maldonado apuntó contra Gendarmería y pidió justicia

EL HERMANO DE SANTIAGO RECORDÓ AL JOVEN, A CIEN DÍAS DE LA DESAPARICIÓN EN MANOS DE "UN GRUPO DE GENDARMES" Y CON LA COMPLICIDAD DE "MINISTROS, POLÍTICOS, JUECES, ABOGADOS, PERIODISTAS Y GENTE QUE SE CANSÓ DE DECIR BARBARIDADES". CON UNA FOTO DONDE SE PUEDE VER A LOS DOS HERMANOS SONRIENTES, SERGIO VOLVIÓ A RECLAMAR VERDAD Y JUSTICIA.

Pasaron cien días de aquel 1º de agosto en que en el marco de una represión de la Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en Esquel, desapareció Santiago Maldonado, el joven que había ido hasta allí para solidarizarse con el reclamo por la libertad del lonko Facundo Jones Huala. 

78 días más tarde su cuerpo fue hallado en el río Chubut y aún los peritos investigan cuál fue la causa de muerte, para poder a partir de allí determinar la responsabilidad de los efectivos que participaron en el allanamiento irregular.

“Hace 100 días un grupo de Gendarmes te llevaron, ocultaron y te devolvieron sin vida a los 78 días avalados por ministros, políticos, jueces, abogados, periodistas y gente que se cansó de decir barbaridades. Pero seguiremos pidiendo Verdad y Justicia Siempre”, escribió en su cuenta de Facebook, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago que junto al resto de la familia y dirigentes de derechos humanos debieron ponerse al hombro el reclamo por la aparición del joven y el esclarecimiento del caso.

Según las últimas declaraciones a la prensa, el mayor de los tres hermanos aseguró que el cuerpo de Santiago “se puso” en el río. Lo hizo en una entrevista brindada al diario El País, donde explicó además que su conclusión surge de algunos signos que indican que el cuerpo no pudo estar 78 días sumergido, como la conservación de las huellas dactilares y la ropa que estaba en perfecto estado. 

Desde un primer momento, la familia salió a denunciar las maniobras del régimen macrifascista para encubrir a la Gendarmería y a sus jefes políticos. “Nos atacan a nosotros en vez de buscar a Santiago”, tuvo que salir a decir Sergio durante la búsqueda.

En la última conferencia de prensa que brindó Sergio Maldonado, junto a su abogada Verónica Heredia, reforzó que la desaparición de Santiago fue “una desaparición forzada seguida de muerte” y que quedó a la vista que “la Gendarmería actuó mal” y por eso debían responder todos los responsables desde la beoda ministra de Seguridad para abajo.

Los abogados de Milagro Sala en la mira de la persecución

EL JUEZ PULLEN LLERMANOS Y LA CÁMARA DE CASACIÓN PROVINCIAL IMPUSIERON SANCIONES ECONÓMICAS POR MEDIDAS JUDICIALES PRESENTADAS "EN EL MARCO DEL LEGITIMO EJERCICIO DEL DERECHO A LA DEFENSA".

El Comité por la Liberación de Milagro Sala denunció que se "profundizaron los ataques" contra los abogados defensores de la líder jujeña de la Tupac Amaru a partir de las decisiones del juez Pablo Pullen Llermanos y de la Cámara de Casación provincial de imponer sanciones económicas por medidas judiciales presentadas "en el marco del legitimo ejercicio del derecho a la defensa"

A fin de octubre, el juez Pablo Pullen Llermanos impuso una sanción de 40 mil pesos contra los abogados Luis Paz y Paula Álvarez Carreras al considerar que los defensores de la diputada del Parlasur lo recusaron en forma maliciosa. El juez había sido recusado el 9 de octubre tras tomar conocimiento de la interposición de un habeas corpus por parte de Fabián Ávila, en el que denunció que el magistrado lo instigó a denunciar a la dirigente social a cambio de otorgarle la libertad.

Sin embargo, Pullen Llermanos consideró que hubo malicia porque los letrados utilizaron como argumento del planteo la declaración de una persona privada de la libertad que había estado prófuga. Pero fue este mismo magistrado el que sobreseyó en esa misma causa a Jorge Rafael Paes, que había estado prófugo un tiempo mayor al de Avila, y sobreseído después de haber declarado contra la diputada del Parlasur.

En tanto, la Cámara de Casación multó ayer con 8000 pesos a Paz, por considerar que la presentación de un recurso de casación interpuesto por el letrado constituía un abuso, y advirtió que podría triplicar la multa o establecer sanciones más graves. 

La decisión fue tomada por los jueces Luis Ernesto Kamada, Maria Alejandra Tolaba y Gaston Mercau por haber presentado un recurso de casación tras el rechazo de la recusación contra el juez Antonio Llermanos.

“La multa es infundada. La imparcialidad estaba cuestionada y eso es lo que tenían que resolver los jueces. En cambio, contaron renglones de un escrito, se detuvieron en la admisibilidad formal del recurso y eligieron una pena grave como es la multa, algo que va en línea con lo que vienen realizando desde el Poder Judicial ante las barbaridades que hacen día a día”, señalaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala y sentenciaron que “esto además constituye parte del hostigamiento contra Milagro, a quien quieren dejar sin abogados".

Pablo Moyano le prometió al Papa que "luchará" contra la reforma laboral

EL PAPA FRANCISCO SALUDÓ EN EL VATICANO AL SECRETARIO GREMIAL DE LA CGT, PABLO MOYANO, QUIEN LE MANIFESTÓ QUE ESTÁ "LUCHANDO CONTRA LA REFORMA LABORAL" QUE IMPULSA EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA.

Durante la tradicional audiencia de los miércoles, el Sumo Pontífice se acercó a una comitiva del Sindicato de Camioneros que además del dirigente sindical contó con la presencia de Maximiliano Acuña, un recolector de residuos que perdió las piernas en un accidente mientras realizaba su trabajo y que había recibido el llamado del Santo Padre en julio pasado. 

En el breve diálogo que mantuvieron, según trascendió, Francisco le preguntó al secretario adjunto del Sindicato de Camioneros por su padre, Hugo Moyano, y por la actualidad del gremio. Allí, el dirigente sindical, que es uno de los más críticos del régimen macrifascista, le manifestó al Papa que "vamos a luchar contra la reforma laboral".

Para finalizar el contacto que se dio en la Plaza de San Pedro, Pablo Moyano le regaló un pequeño camión de juguete en nombre de la entidad sindical y el Sumo Pontífice bendijo a la comitiva que viajó al Vaticano.

El sector de la CGT que responde a los Moyano amenaza con abandonar la negociación con el régimen por la reforma laboral (ver nota aparte en esta misma edición). 

El puntapié inicial a la feroz resistencia que se avecina contra esa iniciativa lo dio el propio Pablo Moyano el viernes pasado, durante un homenaje a José Ignacio Rucci en Azpardo 802. 

"Con la excusa de encarcelar dirigentes gremiales, o todos los días atacarnos desde los medios de comunicación, quieren allanar el camino de la reforma laboral, y debilitan a los gremios para atacar a los trabajadores con el verso del costo laboral", dijo.

"Por parte de esta conducción gremial, de esta Confederación, los compañeros trabajadores quédense tranquilos que nos van a tener que cortar la mano para firmar esta ley de reforma para cagar a los trabajadores", arremetió.

El Moyanismo y aliados amagan con abandonar el debate por la reforma

EL PUNTO DEL PROYECTO CLAVE QUE EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA QUIERE TRATAR EN EXTRAORDINARIAS QUE FACILITA LA TERCERIZACIÓN HIZO EXPLOTAR AL CAMIONERO. OTROS CON OPOSICIÓN TAJANTE AL PROYECTO SON EL BANCARIO PALAZZO Y LOS METALÚRGICOS.

El sector de la CGT que responde a Hugo Moyano amenaza con abandonar la negociación con el régimen macrifascista por la reforma laboral. La decisión dependerá de una reunión que tiene proyectado mantener esta semana el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con la mesa chica de la central para acercar posiciones, y podría explicitarse mañana mismo durante el encuentro previsto del Consejo Directivo de la organización sindical. 

El avance de las negociaciones con la administración de Mugrizio Macri Blanco Villegas volvió a mostrar las habituales dos caras de la CGT: un sector dialoguista y más proclive a alcanzar un acuerdo basado en modificaciones consensuadas sobre el borrador del anteproyecto, integrado por los "gordos" de los grandes de servicios y los "independientes" en general afines a los oficialismos, y otro más inclinado a la idea de refutar de manera amplia la iniciativa, que además de Moyano cuenta con dirigentes como el bancario Sergio Palazzo y la Unión Obrera Metalúrgica. 

Más allá de las declaraciones de los últimos días, un episodio de último lunes puso al descubierto las posiciones más encontradas. Durante una reunión en el Ministerio de Trabajo de la que participaron el viceministro, Horacio Pitrau, y el jefe de Gabinete de esa cartera, Ernesto Leguizamón, pidió la palabra Hugo Antonio Moyano, hijo del líder camionero y abogado de ese y otros gremios afines. Tras una larga exposición de otros letrados sindicales, como Federico West Ocampo (Sanidad) y Alberto Tomassone (Comercio), con críticas a las modificaciones propuestas a la Ley de Contrato de Trabajo, el hijo de Moyano puntualizó sobre la norma proyectada para facilitar la tercerización en algunas actividades como el transporte de proximidad en las empresas. 

"Ni los militares se animaron a ir tan lejos", le reprochó el abogado a Leguizamón tras recordarle que durante la última dictadura se flexibilizaron las restricciones para la subcontratación que existían en la Ley 20.744, pero sin las precisiones del borrador actual, que puntualiza sobre una gama extensa de actividades que de ese modo las empresas podrán descargar en otras razones sociales sin correr riesgos legales. El jefe de Gabinete de Triaca le contestó que no iba a aceptar que se comparase la actual gestión con la dictadura. Fue el momento de máxima tensión del encuentro y obligó a un cuarto intermedio para calmar los ánimos. 

Es que el cambio propuesto en el artículo 30 de la 20.744 comenzó a ser denominado en la CGT como "el punto Moyano" de la iniciativa. Habilita que las subcontrataciones para "actividades complementarias como limpieza, seguridad, mantenimiento general de bienes inmuebles y muebles registrables, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática", así como "los servicios de transporte desde y hacia el establecimiento o explotación", quedarán exentos del control de la empresa a cargo del rubro principal. Buena parte del poderío acumulado por el camionero en la década pasada fue a través de medidas de fuerza con afectación directa sobre el "dador de carga" y no sobre el empleador directo de los choferes. 

A las voces más críticas contra el proyecto el martes se sumó la de Sergio Palazzo. "Coincido con lo que dijo el presidente de la Convención de la UCR, Jorge Sappia, acerca de que este proyecto es retroceder cien años en las relaciones laborales y hay que oponerse. Además, la CGT pidió un aumento de emergencia para los jubilados y ahora nos dicen que los jubilados van a tener que poner 100 mil millones de pesos", dijo el gremialista bancario en alusión al cambio proyectado por el Ejecutivo sobre el cálculo de la movilidad. 

Otro en una línea similar fue Francisco "Barba" Gutiérrez, de la UOM, que en una reunión de la mesa chica de la CGT el lunes en UPCN propuso rebatir cualquier cambio sobre la Ley de Contrato de Trabajo. Mientras que los sindicatos del transporte, reunidos en la CATT (que nuclea a colectiveros, ferroviarios, portuarios y aeronáuticos) dictaminó inicialmente en contra del borrador pero esperará la definición del Consejo Directivo hoy. 

Las posiciones confluirán en ese encuentro. Para entonces, los más dialoguistas, como los "gordos" Carlos West Ocampo, el triunviro Héctor Daer y el mercantil Armando Cavalieri, y los "independientes" Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, intentarán tener una respuesta de Triaca sobre los puntos más conflictivos. Como adelantó este diario, el más ríspido de ellos, que redefine el concepto de trabajo y pone en igualdad a asalariados con empresarios, podrá ser eliminado del borrador para apuntalar un acuerdo.

En el conurbano bonaerense, la mayoría de la gente que las reformas beneficiarán a los empresarios y que la CGT no defenderá a los trabajadores

EL DATO SURGE DE UN TRABAJO REALIZADO POR LA CONSULTORA ANALOGÍAS, QUE REALIZÓ UN ESTUDIO TRAS LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL MES PASADO.

Una nueva encuesta muestra cómo fue el recibimiento en el conurbano bonarense del paquete de reformas que piensa implementar el régimen macrifascista y los números son contundentes: la mitad de los consultados piensan que la reforma solo beneficia a los empresarios y que los sindicatos no van a defender sus derechos.

Según el estudio realizado por Analogías, el 50,8% está informado sobre las modificaciones que quiere llevar a cabo Mugrizio Macri Blanco Villegas y casi la mitad cree que beneficiará en mayor medida a los empresarios.

En el último año, el 41,5 por ciento de los entrevistados coincidió en que empeoró su situación personal, mientras 34,5 por cient cree que está igual.

Entre las modificaciones de mayor impacto están las horas extras, las indemnizaciones y los aumentos a las jubilaciones. En esos temas, el 69,4% cree que el trabajo fuera de la jornada laboral debe ser remunerado como hasta ahora, el 65,3% que el que debe pagar un despido es el empleador y el 45,7% quiere que se respete la Ley de Movilidad Previsional vigente.

Al plasmar sus expectativas a mediano plazo, los entrevistados se muestran divididos, aunque predominan levemente los pronósticos negativos: quienes esperan que la inflación y el desempleo sean mayores el año próximo alcanzan un 41,6% y un 43,5% respectivamente.

En el caso de la inflación, por ejemplo, entre quienes consideran que su gestión es “muy buena”,sólo el 1,7% esperan que ésta se acelere el año próximo, mientras que entre quienes la consideran “muy mala”, la cifra sube al 76,3%.

Analogías basó su estudio de opinión en los partidos que conforman el Gran Buenos Aires, con 2.120 casos efectivos relevados de forma telefónica, a los efectos de evaluar una serie de cuestiones que hacen a la agenda económica, social e institucional tras las elecciones del 22 de Octubre.

Por el fuerte endeudamiento, Argentina tiene la segunda economía "más frágil"

LA CALIFICADORA DE RIESGO S&P ANALIZÓ QUE NUESTRO PAÍS ES AHORA VULNERABLE ANTE CUALQUIER LEVE CRISIS INTERNACIONAL.

Luis Caputo, ministro de Finanzas y endeudador serial
Debido al mega endeudamiento de los últimos dos años, Argentina cayó en el grupo de los "cinco países más frágiles" ante crisis económicas internacionales. Así lo analizó la calificadora crediticia Standard & Poor’s.

Argentina cayó a este grupo -integrado además por Turquía, Pakistán, Egipto y Catar- por su política de endeudamiento que llevará a la gestión de Mugrizio Macri Blanco Villegas a tomar en total unos U$S 125.000 millones desde su asunción hasta principios de 2018, junto con las provincias, los municipios y sectores privados.

La calificadora informó que reorganizó su lista de naciones frágiles según el impacto negativo que generó en los países el entorno de tasas de interés estadounidense en alza. "Son las economías de mercados emergentes que sufrirán más con esta nueva política de las naciones desarrolladas", sostuvo el reporte de la agencia internacional.

Las condiciones monetarias son "excepcionalmente acomodaticias" y, para algunos mercados emergentes, "el entorno de financiación es ahora el más benigno en la memoria", apuntó Moritz Kraemer, director general de S&P y jefe de calificación global. A pesar de ese escenario de liquidez financiera global, la consultora advirtió que "la amenaza del ajuste monetario ahora es más concreta que antes".

La Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés y el Banco de Inglaterra dio el mismo paso la semana pasada, por primera vez desde 2007. El Banco Central Europeo también anunció que reducirá su compra de bonos gubernamentales y corporativos a partir del próximo año.

En Buenos Aires, en tanto, el Banco Central decidió el martes aumentar nuevamente su tasa de política monetaria a 28,75% al advertir que buscará "acentuar la baja inflacionaria y minimizar el impacto de los próximos aumentos de precios regulados".

El informe de S&P Global utilizó siete variables, incluido el saldo de la cuenta corriente como porcentaje del crecimiento y el porcentaje de deuda contraída en moneda extranjera, como parte de la deuda total que poseen los países. En 2015, los cinco frágiles eran Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía.

Organismos de Derechos Humanos objetaron el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y el oficialismo aceptó cambios

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CRITICARON AYER EN EL SENADO EL PROYECTO DE REFORMA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y EL OFICIALISMO ACEPTÓ INTRODUCIR CAMBIOS QUE VAYAN EN LÍNEA CON ESOS PLANTEOS.

Ante los cuestionamientos, el bloque de la alianza de derecha Cambiemos aceptó dejar vigente en el proyecto la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que funciona actualmente dentro del Ministerio Público Fiscal y que la iniciativa de reforma eliminaba junto con otras dependencias.

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y la presidenta Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano, leyeron ante la Comisión de Justicia del Senado un documento en el que expresaron su "profundo rechazo" a la iniciativa.

En este sentido, advirtieron que el proyecto dejaba "a total discreción del procurador general de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad".

Se refirieron así al artículo que elimina las procuradurías y direcciones especiales existentes en el Ministerio Público Fiscal, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y habilita al nuevo titular del Ministerio Público Fiscal a crear las que considere necesarias.

"Esto genera una gran incertidumbre y preocupación porque implica el abandono de una clara política de Estado comprometida con el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado", señalaron Almeida y Boitano.

Luego de ese planteo, el senador de Cambiemos Ernesto Martínez tomó la palabra y aseguró que el oficialismo va a "proponer que quede expresado en el proyecto" que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad continuará funcionando, así como la Unidad Especial para casos de apropiación de niños durante la dictadura.

De esta manera, el macrifascismo aceptó realizar un cambio en el proyecto de ley que original "para que no queden dudas" entre los organismos de derechos humanos frente a la iniciativa, expresó Martínez.

Judiciales contra la reforma de la Procuración: el SITRAJU advierte que comienza "una caza de brujas"

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA JUSTICIA ADVIRTIÓ SOBRE LA ILEGALIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL QUE IMPULSA EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA, PERO ADEMÁS LA CONSIDERÓ "PERSECUTORIA" DE QUIENES FUERON INCORPORADOS DURANTE LA GESTIÓN DE ALEJANDRA GILS CARBÓ.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU-Nación) advirtió que el proyecto oficialista para la reforma de la Ley de Ministerio Público, que comenzará a ser debatido en el Congreso, inicia “una caza de brujas” contra los más de 1500 empleados incorporados desde el inicio de la gestión de Alejandra Gils Carbó en 2012, a través de una cláusula “ilegal” que posibilita despidos en áreas en que la legislación complementaria no tiene injerencia.

El planteo fue hecho a través de una carta enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde se debate la iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia. En la misiva se le pide a las autoridades legislativas la participación de representantes gremiales en la discusión, pero hasta ahora no hubo respuestas.

El sindicato concuerda con las voces más críticas respecto de la “ilegalidad” de la reforma porque afecta la autonomía del Ministerio Público, pero básicamente hace hincapié en “los serios perjuicios a la institución y a los trabajadores” incluidos en el artículo 23 del proyecto. En ese punto se incluye una cláusula transitoria que “deja sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración”, hasta ahora a cargo de Alejandra Gils Carbó.

“Es una cláusula persecutoria”, definió el secretario gremial SITRAJU Nacional, Demetrio Iramaín, quien confirmó que la medida afectará a las 1500 designaciones de los últimos cinco años en la Procuración pero también a los funcionarios que durante ese período fueron ascendiendo en los escalafones; con lo cual la cifra de personas en riesgo laboral sería mayor.

El dirigente calificó de “ilegal” a esa cláusula porque establece la revisión de puestos en una órbita que, según explicó, va a contramano de la legislación. “Según la Ley de Ingreso Democrático, la única causal de despido es por mala conducta, previo sumario administrativo", argumentó y agregó que "esa ley rige únicamente para las fiscalías, juzgados y defensorías, pero no comprende a la Procuración ni a la Corte Suprema. Por eso es ilegal".

“Claramente se trata de una política tendiente a desmantelar los derechos de los trabajadores judiciales en general”, definió el dirigente y resaltó que este perfil de reforma ya había sido adelantado por Mugrizio Macri Blanco Villegas cuando, durante el anuncio de su plan de gobierno en el Centro Cultural Kirchner, “criticó a los ordenanzas que sirven café”.

El texto enviado al Senado indica que la reforma promovida por la alianza de derecha Cambiemos no solo “pone en riesgo la estabilidad laboral” de cientos de trabajadores sino que también “arrasa con direcciones, procuradurías y unidades especializadas” creadas durante la gestión de Gils Carbó.

Algunas que quedan a tiro de ser dadas de baja con la reforma son la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional ), Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) y ATAJO (Acceso a la Justicia), entre otras. “Todas quedarían a criterio del (nuevo) procurador. Si el Gobierno tuviera la intención de mantenerlas, las incluiría en el texto (del proyecto). Pero no lo hizo”, puntualizó Iramaín. "Esta situación deja a los trabajadores con un despido en cámara lenta, pone en riesgo a todos”, concluyó.

La barrera a los desalojos: por unanimidad, Diputados aprobó la prórroga de la ley de territorios indígenas

POR 214 VOTOS A FAVOR, SIN ABSTENCIONES NI VOTOS EN CONTRA, LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANCIONÓ LA NORMA QUE SUSPENDE LOS DESALOJOS POR CUATRO AÑOS DE TERRITORIOS OCUPADOS POR PUEBLOS ORIGINARIOS. EN EL SENADO, LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS HABÍA INTENTADO ACORTAR EL PLAZO PERO NO OBTUVO EL APOYO BUSCADO Y SE AVINO A ACEPTAR LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA.


La Cámara de Diputados aprobó ayer a la tarde el proyecto que suspende los desalojos -por cuatro años- de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, que había obtenido media sanción del Senado a fines de septiembre, luego de que el oficialismo aceptara tratar la prórroga por la insistencia de organizaciones sociales y de Amnistía Internacional. 

La cuestión había cobrado relevancia luego de la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado en el marco de una disputa por tierras en la provincia de Chubut.

La iniciativa establece una nueva prórroga de la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales. 

La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

La norma le ordena al Estado llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A pesar de que el relevamiento no está concluido (el 70 por ciento de las comunidades quedó afuera), la ley estuvo a punto de caerse (la última prórroga vencía el 23 de noviembre), lo cual hubiese dejado a los pueblos originarios a merced de los terratenientes. 

En el Senado, el oficialismo había intentado acortar la prórroga de cuatro a dos años, pero no logró su cometido. Finalmente, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, destacó la importancia de aprobar la prórroga, al sostener que "es necesario terminar el censo", ya que, según precisó, "falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras".

El diputado salteño del FIT Pablo López, señaló que “la prórroga de esta ley es una conquista de los pueblos originarios que se han movilizado en todo el país por su derecho a la tierra y por la prórroga de la ley que los protege contra los desalojos”; al tiempo que la definió como “una conquista que tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en el marco de un avance del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que actúan al servicio de los grupos empresarios -las mineras, las petroleras- y los terratenientes, y que quieren desplazar a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales para el avance de sus negocios”.

La situación, según relevó Amnistía Internacional en un informe, es crítica. Sólo 1532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, indicó Amnistía.

Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria

LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONVIRTIÓ EN LEY EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA, QUE PENALIZA LA CORRUPCIÓN EMPRESARIA. CON 144 VOTOS AFIRMATIVOS, 6 NEGATIVOS Y 31 ABSTENCIONES, EL OFICIALISMO CUMPLIÓ SU COMETIDO DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA PARA SANCIONAR A PERSONAS JURÍDICAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN, AUNQUE SE ESTABLECIÓ QUE LOS MISMOS PRESCRIBAN A LOS SEIS AÑOS DE SU CONSUMACIÓN.

Por 144 votos contra 6 y 31 abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, con sanciones que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas por el Estado Nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública. 

Las abstenciones y las críticas más duras fueron del bloque FPV-PJ que advirtió sobre el artículo que permite “acuerdos de colaboración eficaz” y otras condiciones que le permitan a las empresas eximirse de pena. 

El bloque de la alianza de derecha Cambiemos celebró la sanción de la ley, solicitada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de que el proyecto fuera votado en Diputados, luego revisado en el Senado y, finalmente, esta tarde aprobado. Por ejemplo, el proyecto aprobado originalmente proponía la imprescriptibilidad de los ilícitos, pero en la Cámara alta se redujo a un plazo de seis años. 

Los votos positivos fueron de los bloques de Cambiemos, el Frente Rejuntaador y el bloque Justicialista, y habilita la sanción de delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. Tanto para empresas de capital nacional como extranjero.

El artículo 16 de la norma aprobada también fue otro de los puntos de discusión, debido a la serie de sospechas de corrupción que destapó la causa del Lava Jato y sus implicancias en la Argentina. Ese artículo habilita “acuerdos de colaboración eficaz”, con los que las empresas podrán alcanzar acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para colaborar con la investigación de corrupción a cambio de reducción de la pena. 

El bloque FPV-PJ advirtió que desde que se discutió por primera vez el proyecto en la Cámara baja, en el mes de julio, a la actualidad, la situación del Ministerio Público Fiscal, se modificó drásticamente tras la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y con la negociación por parte del régimen macrifascista de una norma que modifica los criterios de selección y remoción de ese cargo. “Estos acuerdos se van a realizar con un procurador vaciado de independencia”, denunció el diputado mendocino Guillermo Carmona. 

Además, el bloque se abstuvo de la votación para mostrar el desacuerdo con las condiciones planteadas en la ley que le permiten a una empresa eximirse de toda pena. Esas condiciones que dejarían sin culpa a una empresa cómplice de corrupción serían: que la empresa detecte el delito y lo denuncie; que implemente un sistema de autocontrol que prevenga la comisión de delitos; y que la empresa devuelva el monto involucrado en el accionar delictivo.

El PJ le pide explicaciones a Aranguren por las offshore

TRAS LA APARICIÓN DEL NOMBRE DEL ACTUAL MINISTRO DE ENERGIA EN LOS PARADISE PAPERS, EL TITULAR DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, JOSÉ LUIS GIOJA, PRESENTÓ UN PROYECTO DE INTERPELACIÓN A JUAN JOSÉ ARANGUREN, EX CEO DE LA PETROLERA SHELL, UNA DE CUYAS SOCIEDADES OFFSHORE FUE FAVORECIDA POR IMPORTACIONES DE GASOIL POR 240 MILLONES DE DÓLARES.

El presidente del PJ, José Luis Gioja, pidió que Aranguren comparezca en el Congreso para que "esclarezca la situación de las licitaciones realizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y el Ministerio de Energía desde diciembre de 2015". Lo hizo a través de un proyecto que presentó en la Cámara baja en su carácter de diputado nacional .

El ex gobernador de San Juan solicitó que el ministro de Energía aclare si "está vinculado con empresas o sociedades incluidas en la investigación denominada 'Paradise Papers', realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación". Aunque se encargó de aclarar que la revelación "no constituye per se un delito, ni viola la ley".

En un comunicado, Gioja estimó que "sin ninguna duda, Aranguren tiene mucho que explicar y esclarecer acerca de la situación de las licitaciones realizadas por Cammesa y el Ministerio de Energía”, de allí que pidiera la interpelación, prevista en el artículo 71 de la Constitución Nacional.

En rigor, lo que se busca es saber las vinculaciones de Shell Western Supply and Trading Limited y Sol Antilles y Guianas Limited, las dos sociedades de Shell en las que el ministro aparece como director, con Cammesa. 

“La investigación ha demostrado que dos empresas subsidiarias de Shell operan en paraísos fiscales. Concretamente en Barbados. Tal como afirma una de las periodistas que participó del trabajo, Sandra Crucianelli, ‘el hecho sería una anécdota del pasado, si no fuera porque una de ellas es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno’”, fundamenta el escrito presentado en Diputados.

Los Paradise Papers demostraron que Aranguren fue director de ambas firmas, en un caso por cinco meses en 2002, y en el otro por dos meses en 1996. Shell Western Supply and Trading ganó siete de ocho licitaciones de Cammesa en abril de 2016. En el proceso licitatorio, YPF elige a los oferentes, que son contratados por Cammesa

Aranguren admitió, tras la revelación, haber ocupado "el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias" de Shell y argumentó que “no es un delito” la operatoria en paraísos fiscales. "Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell plc es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo", fue su respuesta.

Alberto Sileoni habló de la educación y las pruebas Aprender: “El Gobierno está en contra de la escuela pública”

EL EX MINISTRO DE EDUCACIÓN DENUNCIÓ QUE LA ADMINISTRACIÓN MACRIFASCISTA “INTERRUMPE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, DE NETBOOKS, DESARMA LA FORMACIÓN DOCENTE Y NO CONSTRUYE UNA SOLA ESCUELA". TAMBIÉN DIJO QUE “NO HAY POLÍTICA MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN”.

Alberto Sileoni advirtió que el de Mugrizio Macri Blanco Villegas “es un Gobierno que desde que asumió está en contra de la escuela pública y de los docentes” y remarcó que “atacar a la escuela pública es atacar la igualdad”

En declaraciones al programa Te Quiero, que se emite por la AM750, y a propósito de las pruebas Aprender, el ex ministro de Educación consideró valido hacer evaluaciones, pero señaló que eso debe ir acompañado de una política adecuada.

"Evaluar está bien. Yo lo que discuto es que no hay política más allá de la evaluación. Mientras evalúa, este Gobierno interrumpe la distribución de libros, de netbooks, desarma la formación docente y no construye una sola escuela", afirmó Sileoni.

El ex ministro consideró que "están bien algunas preguntas de contexto en general” de las pruebas Aprender. En ese sentido, explicó que “tiene derecho el Estado de indagar en la condición socioeconómica”, pero señaló también que “están llenas de prejuicios cuando relacionan directamente robo con pobreza". Una de las preguntas que se les formuló antes de ayer a los chicos de sexto grado y del último año de secundaria fue con qué frecuencia sus compañeros “roban”.

Sileoni dijo, además, el régimen “fabrica una crisis donde no la hay” y agregó que “se demoniza a los gremios del sector”.

Finalmente, sostuvo que la gestión macrifascista “está en contra de la escuela pública y de los docentes” y añadió que  “atacar la escuela pública es atacar la igualdad”.

Una terna solo de hombres para ocupar la Defensoría del Pueblo

LA COMISIÓN BICAMERAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEFINIÓ A LOS TRES CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE OMBUDSMAN, QUE ESTÁ VACANTE DESDE EL AÑO 2009.

Tras ocho años en los que el cargo se mantuvo vacante, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo avanzó en la definición de una terna de la que surgirá el nombre para ocupar una defensoría que quedó acéfala en 2009, cuando el cordobés Guillermo Mondino -fugazmente célebre por su rol durante el conflicto con el campo- renunció para dedicarse, sin éxito, a la política.

Los nombres de los candidatos fueron definidos en una negociación entre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe del bloque de senadores de la alianza de derecha Cambiemos, el radical Mario Negri, y el jefe del bloque FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto. De esa reunión surgieron los nombres del cordobés Humberto Roggero, ex jefe del bloque de diputados nacionales del justicialismo; el bonaerense Jorge Sarghini, ex presidente de la Cámara baja de Buenos Aires, y el porteño Alejandro Amor, actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron desde el Senado, la propuesta con los nombres de los tres postulantes surgió de entre 20 aspirantes. La terna fue dada a conocer por la presidente de la Comisión Bicameral, la senadora Marta Varela, al cabo de un encuentro que se celebró en el Salón Eva Perón y en el que tomaron parte legisladores de ambas Cámaras.

Varela comunicó la decisión luego de un cuarto intermedio en el que se evaluó la determinación final, tras haberse solicitado desde el Frente Para la Victoria que se incorporara otra terna compuesta por el diputado Remo Carlotto, la senadora Liliana Negre de Alonso y la ex titular del INADI, María José Lubertino. La exclusión de candidatas mujeres generó malestar entre diversas organizaciones, ya que consideraron que se trata de una clara discriminación.

“Este es el mejor acuerdo al que se pudo llegar”, sintetizó Varela, quien destacó el “consenso alcanzado” y dejó abierta la posibilidad de que con el aval de los dos tercios de ambas Cámaras, primero en el Senado y luego en Diputados, en las próximas semanas se designe al nuevo Defensor del Pueblo, que estaría presente en la reunión de la ONU prevista para el 26 de este mes.

Los candidatos seleccionados serán sometidos a la consideración del Senado, que deberá ungir a uno de ellos en la sesión del miércoles 15 por el voto de dos tercios de los presentes. La elección se completará si en Diputados se logra la misma mayoría.

Desplazaron a Luis Juez de la embajada en Ecuador

EL IMPRESENTABLE CORDOBÉS FUE RETIRADO DE SU PUESTO COMO EMBAJADOR EN QUITO, LUEGO DE LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ AL JUSTIFICAR SU LLEGADA TARDE AL BÚNKER ELECTORAL DE LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS, EL DÍA DE LAS ELECCIONES, PORQUE DEBIÓ CAMBIARSE LA CAMISA “PARA QUE NO DIGAN QUE ESTE MUGRIENTO AGARRÓ HÁBITOS ECUATORIANOS". EL GOBIERNO DE ECUADOR HABÍA RECLAMADO ENFÁTICAMENTE SU SALIDA. A PESAR DEL ESCÁNDALO, EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA LE ASIGNARÁ UN CARGO EN LA ESTRUCTURA DEL EJECUTIVO NACIONAL.

Después del escándalo diplomático por haber tratado a los ecuatorianos de “sucios” durante una entrevista radial la noche de las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado, Luis Juez fue desplazado de su puesto de embajador argentino en Quito.

La Cancillería ecuatoriana había convocado para el próximo lunes al encargado de negocios de la Argentina en Ecuador, Carlos Enrique Catella, para reafirmar el reclamo transmitido el 27 de octubre, cuando el gobierno ecuatoriano manifestó “su enfático rechazo y su disgusto” ante las declaraciones del cordobés.

Tras cumplir funciones de fiscal de la alianza gobernante durante las elecciones legislativas, Juez justificó su llegada tarde al búnker de la alianza de derecha Cambiemos alegando que se había ido a su casa a cambiar la camisa "porque no quiero que me digan que éste mugriento agarró los hábitos ecuatorianos”.

Embajador en Ecuador desde el 29 de enero de 2016, Juez intentó aclarar por Twitter sus dichos y alegó que fueron sacados de contexto. “Solamente con mala fe y una malicia infinita se puede descontextualizar mis dichos intentando hacerme quedar mal con un pueblo al que amo”, manifestó y agregó que los habitantes del pueblo de Otavalo “se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme".

Según pudo saberse, el régimen macrifascista planea mantener al cordobés como funcionario con un cargo dentro del Ejecutivo nacional.

La Rosada impulsa al marido de Isabel Macedo para manejar una caja de $ 2,5 mil millones de las provincias

SE TRATA CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ( CFI), UN ORGANISMO QUE TIENE AL MISMO PRESIDENTE HACE 30 AÑOS. EL PERONISMO RESISTE.

Juan Manuel Urtubey junto a Juan José Ciácera
La Casa Rosada impulsa al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que maneja más de 2 mil millones de pesos por año aportados por las provincias.

El CFI, lugar habitual de reunión de los gobernadores peronistas, está a cargo desde 1987 por el ingeniero Juan José Ciácera, que llegó a la secretaría general del organismo por un acuerdo del peronismo y la UCR. 

Nacido en Mendoza, a Ciácera se lo conoce como el Julio Grondona de los gobernadores porque nunca fue removido de ese organismo que para el año que viene, habrá recibido de las provincias más de 7 mil millones de pesos en aportes en sólo cuatro años, extraídos de un porcentaje de la coparticipación federal.

Ciácera se mueve en el CFI como en su casa e incluso promociona los vinos sanjuaninos de su propia bodega familiar "La Guarda", tanto en las ferias vitivinícolas del mundo como en los stands de las fiestas regionales que patrocina el CFI.

El régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas puso la lupa desde hace meses en este organismo que no es auditado por los organismos de control, pese a que maneja fondos de las provincias. Sólo el año que viene, el CFI recibirá más de 2,5 mil millones de pesos de todas las provincias, a excepción de San Luis y la CABA, que no aportan un peso.

Ciácera fue respaldado históricamente por los gobernadores peronistas y siempre resistió los intentos de los gobiernos que buscaron removerlo. Es que para eso los dos tercios de las provincias tienen que estar de acuerdo.

Como la Rosada no tiene potestad para correr a Ciácera, impulsa a Urtubey para tomar el control del organismo desde adentro, con el apoyo de los gobernadores "dialoguistas" del peronismo y de los mandatarios de la alianza de derecha Cambiemos, que también aportan al CFI.

La resistencia la encabezan José Luis Gioja y Gildo Insfrán, el actual presidente del organismo, cuyo cargo es honorífico puesto que la firma es del secretario general. 

Avanza el acuerdo entre María Eugenia Vidal y el opositudo Sergio Massa para aprobar leyes claves en la provincia de Buenos Aires

LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 2018 Y LEY IMPOSITIVA PRESENTADOS POR EL RÉGIMEN FASCISTA DE MARÍA EUGENIA VIDAL SERÁN TRATADOS EL MARTES PRÓXIMO TANTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS COMO EN EL SENADO, INFORMARON FUENTES DE LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS.

El oficialismo bonaerense postergó para el martes la sesión pautada para este jueves en la Cámara baja para llevar a cabo sesiones simultáneas en las dos Cámaras e intentar sancionar las dos iniciativas en una misma jornada, como es tradición. 

La decisión, de acuerdo a los voceros parlamentarios, se adoptó anteanoche después de que la gobernadora fascista bonaerense María Eugenia Vidal mantuviera un encuentro con el líder del cuasi oficialista Frente Rejuntador, Sergio Massa, para acercar posiciones en torno a la iniciativa, que prevé $ 630.000 millones de gastos con un endeudamiento de $ 85.000 millones.

Los voceros del oficialismo destacaron que "se está muy cerca de alcanzar el número necesario" para la aprobación del Presupuesto y precisaron que "se trabajará" hasta la semana que viene para lograr el acompañamiento de los bloques políticos de Massa y Margarita Stolbizer, así como a algunos legisladores que responden a intendentes peronistas, otros del Movimiento Evita y parte del Frente para la Victoria.

En la alianza de derecha Cambiemos prevén que esos diputados y senadores presten los acuerdos a partir de la inclusión de algunas modificaciones en torno al Fondo Educativo y a cuestiones impositivas sectoriales como las cooperativas.

El proyecto de Presupuesto prevé para 2018 un crecimiento de 3,5% de la economía bonaerense e incluye una baja en la presión impositiva a 5,5% del producto bruto geográfico (PBG), frente a 5,8% este año. 

El desequilibrio en las cuentas se proyecta en 0,65% del producto, unos $ 31.000 millones, frente a 1% el año pasado y al 0,75% previsto para este año. Todo el déficit, que se cubrirá con deuda, corresponde a la inversión, ya que habrá un superávit corriente de $ 5.700 millones. 

Para Desarrollo Social habrá un aumento de 30%, un 22% en las partidas para inversión en Infraestructura y un 19% en Salud.

Por otro lado, la baja de impuestos proyectada para 2018 a través del proyecto de Ley Impositiva, tendrá un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarcará a Ingresos Brutos en cada sector: unas 3.900 grandes industrias, por ejemplo, pagarán una alícuota de 1,5% (frente a 1,75% en la actualidad).

Estarán exentas, además, las pymes fabriles que facturen hasta $ 78 millones, y cuyo tope es hoy de $ 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.

Para la construcción, la alícuota del gravamen bajará de 4% a 3% en beneficio de 39.000 compañías; para unos 15.000 pequeños comercios que facturen hasta $ 2 millones se reducirá de 3,5% a 2,5%; y para unas 2.200 carnicerías también caerá a 2,5%, desde el 3,5 a 5% actual. 

Unos 3.800 pequeños productores agroganaderos tendrán alícuota cero cuando facturen hasta $ 3 millones anuales. Se recortará asimismo la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles y para autos cero kilómetro ese gravamen y el de Ingresos Brutas bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.

Sin embargo, habrá aumentos de más del 50% para el impuesto Inmobiliario Urbano y el Rural, según el proyecto presentado en la Legislatura.

Giro en el caso Nisman: citan a indagatoria a Lagomarsino como partícipe necesario de la muerte del fiscal

FUENTES JUDICIALES REVELARON QUE EL JUEZ JULIÁN ERCOLINI ACCEDIÓ AL PEDIDO DE INDAGATORIA CONTRA DIEGO LAGOMARSINO. NO DESCATAN QUE TAMBIÉN DISPONGA ALGUNA MEDIDA PARA GARANTIZAR QUE NO ENTORPEZCA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL, COMO PROCESARLO Y DETENERLO.

"Lo mataron y necesitamos saber quién lo hizo". Así respondió el martes Mugrizio Macri Blanco Villegas ante una pregunta sobre Alberto Nisman, durante un almuerzo con empresarios en el Consejo de las Américas en Nueva York. Casi al mismo tiempo, pero a unos 8.500 kilómetros de distancia, la causa que investiga los motivos de la muerte del corrupto y putañero ex fiscal de la AMIA dio otro giro inesperado.

Ayer por la mañana el fiscal federal Eduardo Taiano presentó un extenso dictamen donde solicitó la declaración indagatoria del técnico informático Diego Lagomarsino como presunto "partícipe primario" del fallecimiento. El pedido llegó a manos del juez federal Julián Ercolini En paralelo, quien luego de imponer el secreto de sumario en el expediente, accedió a la solicitud y lo convocó.

Taiano dio por probado que Nisman fue asesinado con el arma que le entregó su asesor cercano Lagomarsino, con lo que dio por válida una impresentable y tendenciosa pericia de Gendarmería nacional que se inclinó por la teoría del homicidio. 

Horas después, Ercolini difundió la citación de Lagomarsino para el próximo martes. Antes de dictar el secreto de sumario, fuentes judiciales revelaron que el juez analizará si, en todo caso, dispone alguna medida para garantizar que no entorpezca la investigación judicial, como procesarlo y detenerlo.

Hasta ahora pesa sobre el técnico informático una prohibición de salida del país desde el 23 de enero de 2015, poco después del hallazgo el cadáver de Nisman con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento del barrio de Puerto Madero. Esa medida fue impuesta por Viviana Fein, ex fiscal de instrucción del caso, y todavía sigue en pie. A pesar de ello, los familiares de Nisman patrocinados por el abogado Pablo Lanusse, que representa a Sara Garfunkel y a Sandra Nisman, la madre y la hermana del fiscal, reforzaron esa prohibición con otro escrito esta semana. Ercolini lo debe confirmar. 

Taiano sostuvo que Lagomarsino no cometió el homicidio, pero proveyó lo que se definió como "arma amiga" que fue usada para un "montaje de suicidio" del fiscal Nisman. En esa línea, Taiano consideró que Nisman murió entre las 20 hs. del sábado 17 de enero de 2015 y las 10 hs. del domingo 18, mientras que Lagomarsino estuvo en el departamento del fallecido fiscal en la noche del sábado y se habría ido a las 20.30 de ese día.

El fiscal tiene delegada la investigación de la muerte de Nisman por decisión de Ercolini, desde que la causa penal pasó del fuero criminal ordinario al federal. Semanas atrás, la pesquisa ya había sufrido un giro investigativo: una pericia de la junta interdisciplinaria de Gendarmería concluyó que Nisman fue asesinado por dos personas en el baño de su departamento. La defensa de Lagomarsino insiste se suicidó.

Por otra, el fiscal Taiano había pedido además la citación a indagatoria e imputó por "incumplimiento de deberes de funcionario público" a los cuatro custodios de la Policía Federal Argentina que tenía asignados Nisman al momento de morir. Se trata de Luis Muiño, Armando Niz, Rubén Benitez y Néstor Durán. Ercolini también los citó a declarar, entre el 20 y 21 de noviembre.