LA LEGISLATURA PORTEÑA MODIFICÓ LA LEY QUE REGULA EL SECTOR INMOBILIARIO (51 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES) PARA QUE SEA EL PROPIETARIO QUIEN DEBA PAGAR LA COMISIÓN DEL ALQUILER. LA NUEVA LEY TAMBIÉN ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LOS INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR LOS INQUILINOS. LA DUDA ES SI DESPUÉS SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO.
Los inquilinos porteños tienen una buena razón para festejar. La Legislatura aprobó ayer por 51 votos a favor y 2 abstenciones la modificación de la ley que regula el sector inmobiliario e introdujo uno de los principales reclamos de los inquilinos: el propietario será quien deba pagar la comisión. Fastidiados con la iniciativa, quienes se movilizaron este mediodía durante la sesión a las puertas del Palacio Legislativo fueron las inmobiliarias, que ven en la nueva ley un problema parar sus negocios.
Además de imponer que la comisión por el contrato de alquiler debe estar a cargo del dueño del inmueble -hoy la pagan los inquilinos- la modificación de la ley 2.340, que regula la actividad de los corredores inmobiliarios, incorporará también la gratuidad de los informes que deben presentar los inquilinos y muchas veces -la mayoría- las inmobiliarias cobran extra por el trámite.
El nuevo artículo 11 de la ley, impulsada por el oficialismo, establece que para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15 por ciento del valor del contrato -algo similar a un mes de alquiler- "a cargo del locador".
Desde Inquilinos Agrupados, la organización que representa los derechos de los inquilinos y ya había presentado iniciativas similares en la Legislatura y el Congreso nacional, festejaron la modificación de la ley, que consideraron como un “gran avance”, aunque reconocieron que aún falta mucho camino para que las políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires “sean justas”.
“Que la comisión la pague el dueño es un avance enorme. Los inquilinos vamos a dejar de transferir dos mil millones de pesos por año al sector inmobiliario solo en concepto de comisión”, dijo Gervasio Muñoz, titular de la organización.
Para Muñoz los argumentos que sostienen las inmobiliarias contra la modificación son “falaces”. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario advirtieron que la nueva ley generaría un aumento de los precios de los alquileres, ya que los propietarios trasladarían el valor de las comisiones al precio mensual. También deslizaron que muchos dueños podrían retirar sus departamentos de la oferta de alquileres y vender el inmueble, lo que también afectaría a los inquilinos, en precio y reducción de las opciones.
“Nada de eso es cierto. Los alquileres aumentan el máximo posible todos los años, no hay ningún control del precio. Dividir la comisión en el pago mensual significaría 300 pesos por mes y los alquileres aumentan mucho más. La renta de un propietario sobre un departamento promedio en alquiler es de 200 mil pesos anules y una comisión de ocho mil pesos no significa nada”, aseguró Muñoz e insistió en que los dueños no son los perjudicados.
Los que temen perder el negocio de las comisiones son principalmente las inmobiliarias. “Lo que va a terminar sucediendo es que el propietario va a negociar la comisión con la inmobiliaria y va a terminar eligiendo a la que le cobre menos. Van a tener que competir y eso va a bajar las comisiones”, sostuvo el titular de Inquilinos Agrupados.
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| Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados |
Lo más importante para Muñoz, sin embargo, es que la modificación cambia el lugar que hoy ocupa el inquilino. “Ya no va a ser el que paga todo lo que dice la inmobiliaria en un mercado que hace y deshace a su gusto, ahora van a tener que negociar con los propietarios”, aseguró.
Desde la Defensoría del Pueblo también festejan que la modificación porque beneficiará al 35,7 por ciento de los porteños, que según estadísticas oficiales, alquilan su vivienda.
Sin embargo, consideraron que tras este primer paso que resuelve el tema de la comisión, es necesario avanzar sobre los problemas más frecuentes que llegan hasta la Defensoría del Inquilino: la garantía y las expensas.
“Hay un proyecto que presentó la legisladora María Rosa Muiños que es más amplio y propone resolver el tema de la garantía, que es el gran problema de los inquilinos actualmente. Propone crear un seguro de caución en el Banco Ciudad para que cualquier persona pueda acceder y no tenga que recurrir a otros gastos y maniobras para conseguir una garantía cuando no la tiene”, dijo el defensor del Pueblo, Alejando Amor.
Las más de 4.000 mediaciones que tiene la Defensoría entre inquilinos y propietarios giran en torno a las expensas y arreglos del departamento que muchas veces los dueños no quieren afrontar, aunque les corresponde. “También es necesario aclarar bien lo de las expensas, que muchas veces son pasadas como ordinarias cuando en verdad son gastos extraordinarios que no deben ser pagados por el inquilino”, sostuvo Amor, quien detectó un nuevo problema que debe ser regulado.
“Muchas veces en los edificios nuevos las constructoras se quedan con varios departamentos para alquilar y a partir de ahí tienen mayoría en el consorcio y pueden decir todo acerca de la administración. Hay que buscar un equilibrio”, explicó el defensor, aunque celebró este primer paso en pos de la regulación de los alquileres.
Fuente: nota de Alejandra Hayo para Página/12
Tras ocho años en los que el cargo se mantuvo vacante, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo avanzó en la definición de una terna de la que surgirá el nombre para ocupar una defensoría que quedó acéfala en 2009, cuando el cordobés Guillermo Mondino -fugazmente célebre por su rol durante el conflicto con el campo- renunció para dedicarse, sin éxito, a la política.
