jueves, 9 de enero de 2014

Capitanich aseguró que para garantizar precio y abastecimiento se recurrirá a importaciones

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que se "va a recurrir incluso a importaciones" para "garantizar precio y abastecimiento" de "todos los productos que integran la canasta de referencia" y, en ese marco, anunció que se importarán tomates de Brasil ya que por motivos estacionales podría registrarse un aumento de precios.
 
En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Capitanich puso como ejemplo al tomate, "un producto estacional donde hemos detectado que puede llegar a haber en los próximos días reducción en la oferta y por consiguiente, aumento de precios".
 
"Por eso, la presidenta instruyó al ministro (de Economía) Axel Kicillof para que a través del Mercado Central se propicie la importación de tomates de Brasil para garantizar abastecimiento y precio a los consumidores", señaló el funcionario nacional.
 
El jefe de ministros dijo también que "esto se hará con todos aquellos bienes que experimenten problemas de oferta estacional o que puedan afectar el nivel de precios".
 
El objetivo del Gobierno es "garantizar que el consumidor tenga todos los bienes de precios cuidados perfectamente garantizados en abastecimiento y precios, y se va a recurrir inclusive a importación de los productos que sean necesarios para garantizarlo", puntualizó.
 
El funcionario contó que esta decisión fue uno de los resultados de la reunión que mantuvieron las autoridades ayer con supermercadistas, y también destacó que frente "al aumento de la demanda de productos en diciembre se ha generado un faltante de primer tipo de productos que se está regularizando en forma inmediata".

Kicillof: "No queremos dar lugar a los especuladores"

El ministro de Economía se refirió a la importación de algunos productos puntuales de la canasta básica para mantener el acuerdo de precios convenido con las cadenas de supermercados.
 
El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, se refirió ayer al acuerdo de precios de la canasta básica y explicó que en determinadas circunstancias es necesario abrir la importación de productos puntales para "no dar lugar a los especuladores".
 
En ese sentido, el funcionario indicó que "estamos evaluando con las cadenas que cuando hay cuestiones estacionales o algún problema excepcional que genere problemas de oferta evaluamos la posibilidad de puntualmente permitir la importación de algunos bienes que falten para salir de ese problema y que no tengamos sobresaltos de los precios acordados".
 
"Esto no tiene que ver con perjudicar al productor nacional. De ninguna manera. Si en ese mismo momento se siguen respetando los precios y las cantidades, siempre habrá prioridad para los productos nacionales. No queremos dar lugar a los especuladores ni a las ganancias extraordinarias", remarcó Kicillof.
 
En tanto, sostuvo que "efectivamente ha habido, y lo hay en general en las fiestas, pero en éstas llamativamente, un incremento sustancial de las ventas en volumen y eso afectó la puesta en marcha del acuerdo para el abastecimiento de todos los productos".
 

Administración de precios: Capitanich se reunió con representantes de supermercados chinos

El jefe de Gabinete y el director ejecutivo de Supermercados y Asociaciones Chinas, Miguel Calvete, avanzaron en la instrumentación de la admnistración de precios en los establecimientos.
 
Durante el encuentro en Casa de Gobierno, según informaron desde jefatura de Gabinete, Capitanich le solicitó a Calvete "hacer el mayor esfuerzo e incorporar la mayor cantidad de artículos" del listado de 194 productos anunciado el lunes último.
 
Calvete confirmó que incorporarán entre 100 y 120 productos y que este viernes se reunirán con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para avanzar en el tema.
 
Además, Calvete le presentó al funcionario una lista con los 2.000 puntos de venta nucleados en el AMBA que tiene la asociación que representa, para poder llegar con productos del acuerdo a los barrios más carecientes.
 
"Según nuestros datos, cerca del 60 o 70 por ciento de la base de la pirámide de los consumidores hace sus compras en despensas y almacenes, y sería bueno incorporar estos negocios al acuerdo", destacó Calvete.
 
Por otra parte, Calvete le propuso a Capitanich incorporar "productos alternativos al listado inicial, producidos en su mayoría por pequeñas empresas, que nunca llegan a las grandes cadenas y si tienen presencia en supermercados chinos y almacenes"

Proponen mudar la capital al norte argentino

La iniciativa es del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien además llamó a "repensar la Argentina, repensar en el norte grande".
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, propuso mudar la capital al norte argentino y llamó "repensar la Argentina, repensar si la capital política debe estar en esta ciudad".
 
Domínguez argumentó que "estoy convencido que este modelo de Estado fue concebido hace 200 años con su capital en el puerto y los países que tienen proyectos grandes no tienen sus capitales en los puertos. Las colonias tiene sus capitales en los puertos".
 
"Es importante que la Argentina vuelva a repensar el norte argentino, que vuelva a repensar su salida al pacífico", explicó el presidente de la Cámara, al tiempo que recordó que "de hecho, Néstor Kirchner cambió la estrategia de los intereses argentinos: los abrió al pacífico, al Mercosur, a la Unasur".
 
En ese mismo sentido, llamó a repensar "un canal argentino que riegue los seis millones de hectáreas que le van a permitir producir las 60 millones de toneladas a la Argentina en el año 2020 y hay que integrar la diversidad de riqueza que tiene el interior del país".
 
Domínguez argumentó que la capital no debe ser pensada "desde la lógica de esta ciudad, que es maravillosa, que es cautivante, pero que tiene la lógica de lo que sucede en esta ciudad, no lo que sucede en el país".

¿Por qué la Ciudad no resuelve la crisis habitacional?

Después de que el doblemente procesado jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, dijera que la Capital “no puede satisfacer los reclamos de viviendas de los manifestantes”, dos especialistas analizaron la política del PRO en esa materia.
 
Tras el corte de ocho días que mantuvo interrumpido el tránsito en la Autopista Illia, el doblemente procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, cargó contra los manifestantes.
 
Se trataba de un grupo de habitantes de la villa 31 de Retiro, que reclamaba políticas de urbanización por parte de la Ciudad.
 
"La Ciudad de Buenos Aires no está en condiciones de satisfacer los reclamos de viviendas que pretenden los manifestantes", dijo Macri en una improvisada conferencia de prensa, al tiempo que responsabilizó del crecimiento de la población en los asentamientos al gobierno nacional.
 
“Cuando en 2010 se desató el conflicto del Parque Indoamericano, Macri dijo lo mismo. No eran 20 familias como se afirmó esa vez, sino 13 mil personas las que estaban reclamando. Pero es sintomático de la política habitacional del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires: no ha hecho absolutamente nada desde que asumió y no ha dado solución a los conflictos de vivienda”, sostuvo la legisladora con mandato cumplido Rocío Sánchez Andía (Coalición Cínica-UNEN), quien presidió la Comisión de Vivienda y es una especialista en el tema.
 
“Si bien las tierras pertenecen al gobierno nacional, se aprobó una ley en 2009 por la que el Gobierno de la Ciudad se compromete a urbanizar la villa 31. Además es una obligación que figura en la propia Constitución porteña”, indicó Sánchez Andía.
 
La dirigente, que ayer a la tarde presentó un informe sobre las políticas de vivienda que se han desplegado en el país durante los últimos diez años, agregó que “tampoco se han desarrollado políticas para los asentamientos que son propiedad del gobierno porteño. Actualmente, hay 500.000 personas en emergencia habitacional y muchos otros de clase media que no pueden acceder a una vivienda propia, por lo que la tendencia excluyente se agudiza y es grave”.
 
El arquitecto Rodolfo Livingston coincidió en el diagnóstico de Sánchez Andía y cuestionó el manejo presupuestario en la Capital Federal. “La Ciudad de Buenos Aires tiene, por sí sola, más presupuesto que todo Cuba; que es un país sin una sola persona en la calle y con derechos a la salud y a la educación que están garantizados. Hay plata para gestionar el problema”, apuntó.
 
“Hay muchas cosas que se pueden hacer, teniendo en cuenta que hay cuestiones que el mercado no puede resolver por sí solo. Por ejemplo, en la Ciudad hay 120 mil viviendas desocupadas, que están vacías por abandono o especulación inmobiliaria. A esas propiedades se les podría cobrar un impuesto más elevado para aumentar la disponibilidad de viviendas. No se trata únicamente de construir nuevas unidades, sino de ampliar o remozar las existentes”, propuso.
 
"La Ciudad tiene el presupuesto más alto de su historia y sin embargo lo destinado al área vivienda fue bajando desde 2007 en porcentaje respecto al presupuesto y en términos reales. Con el agravante de que es uno de los ítems más subejecutados", consideró por su parte Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
 
Al panorama de una demanda que crece mientras la especulación inmobiliaria no se detiene, se suma el hecho de que la administración de Mugrizio Macri ha reducido sistemáticamente el presupuesto dedicado al área y, como si fuera poco, lo ha subejecutado en varias oportunidades.

Salud PRO: ¿Qué pasa con las guardias médicas en el Tornú?

El gobierno de Mugrizio Macri redujo las suplencias de guardias y una jueza consideró no aplicable porque afecta el derecho a la salud. En tanto médicos de ese nosocomio junto con 160 pediátras del SAME siguen de paro.
 
La administración de la Ciudad de Buenos Aires continúa trabajando en detrimento de la salud pública. Es que la resolución 1657, del 31 de octubre último, redujo la cantidad de horas mensuales de suplencias de guardias en hospitales y otros servicios de salud pública que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde ese modo de contratación es habitual.
 
Por esta situación el Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos Santos, realizó una demanda de amparo solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de esa resolución, lo que fue aceptado por la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, Patricia López Vergara.
 
Sin embargo los médicos de distintos hospitales y del SAME no cobraron las suplencias de guardia que realizaron posteriores a la fecha de la norma del Ejecutivo porteño. En tanto, Laura Schagrodsky, pediatra delegada del SAME, dijo a Télam que "de palabra" les dijeron que "volverían para atrás, no echarían a ningún pediatra" del servicio, pero que les "pagarían las suplencias de guardias con un 42% de reducción".
 
La médica consideró que "eso no es posible, la resolución de la jueza Vergara es muy clara. No pueden hacer eso con la excusa de que no se notificaron". El 27 de diciembre último salió la cautelar de la jueza, y en el expediente "figuraba el oficio que ese mismo día notificaba a las autoridades del gobierno de la Ciudad", confirmaron desde la Defensoría.
 
Además de la asamblea de ayer en el Tornú, hoy realizarán lo propio los pediatras del SAME, a partir de las 17, en Monasterio 480.

Exigen a Macri que explique el caso del nuevo espía en la Metropolitana

Es tras la revelación del diario Tiempo Argentino sobre nuevas irregularidades en la policía de la Ciudad.
 
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le exigió al doblemente procesado jefe de gobierno, Mugrizio Macri, que informe en 48 horas cuál es la situación del ex espía Alejandro Rivaud en la Policía Metropolinazi, luego de que el diario  Tiempo Argentino revelara que está implicado en la causa por reventa ilegal de entradas en River Plate.
 
La defensora adjunta Graciela Muñiz le envió un oficio en el que pide detalles por las presuntas "tareas de Inteligencia" que el oficial de la fuerza llevaba adelante y su vinculación con los negocios vinculados a la barra brava.
 
La medida podría derivar también en un segundo pedido para conocer cuántos de los denominados "plumas" en la jerga policial, fueron incorporados en los últimos años a la Policía porteña pese a que tiene prohibido por ley realizar espionaje.
 
En el pedido de informes, la defensora subraya que "la Policía Metropolitana tiene prohibido el desarrollo de estas actividades" y que "la ley establece que en ningún caso el personal de la Metropolitana en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones puede influir de cualquier modo en la situación de asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo ni tampoco tener información producir Inteligencia o almacenar datos sobre personas".
 
Tiempo Argentino informó en su edición del lunes que Rivaud es un ex agente de Inteligencia de la Policía Federal que fue por el fiscal José María Campagnoli en la trama de la estafa a los socios de River con la reventa de entradas de protocolo que supuestamente eran comercializadas por los líderes de los Borrachos del Tablón –con la complicidad de los dirigentes deportivos– a través de Internet y en los alrededores del estadio.
 
Desde 1997 Rivaud fue –con el legajo Nº 1919– el encargado de liderar un sector especial de la División Investigación de Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal, también conocida como "conductas delictivas", donde se vinculó con los barras. Fue dado de alta en la Metropolitana el 1 de diciembre de 2012.
 
"Esto demostraría que una vez más, estos personajes denominados barras bravas son sostenidos por la dirigencia política, deportiva y de las fuerzas de seguridad, esta última, que lejos de proteger a los ciudadanos se dedica a los negocios y garantiza el accionar de los delincuentes enquistados en los clubes", afirmó Muñiz. Por ese motivo, exigió a Macri que "debido a la gravedad de la situación el oficio deberá ser contestado en un plazo de 48 horas". También se giró una copia al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, responsable político de la policía local.
 
Entre otras cosas, Muñiz exhortó "de inmediato" a Macri a ratificar cuáles van a ser sus acciones con respecto a Rivaud: si solicitará su apartamiento de la fuerza o si ordenará un sumario administrativo.
 
Desde la Policía Metropolinazi continuaron con el silencio en torno a la difusión de la información de las vinculaciones de Rivaud y, en especial, de su nexo con Carlos Alberto Kevorkian, superintendente de Investigaciones a quien reporta el ex espía, y con quien había participado en un operativo en el 2005 cuando el hincha de Defensores de Belgrano Fernando Blanco falleció luego de sufrir graves heridas en la cabeza. La versión oficial fue que se había arrojado del móvil que lo transportaba. Un documento fílmico lo muestra a Rivaud arrastrando de los pelos al joven, mientras que el jefe de ese fallido operativo fue Kevorkian.
 
La defensora le pidió a Macri que "explique cuál es la actitud que tomarán él y su gobierno en relación a los graves trascendidos periodísticos que involucrarían al agente de la Metropolitana, Rivaud, con la barra del club River Plate". El escrito recordó que la justicia investiga si "el agente realizaba, supuestamente, actividades de investigación e Inteligencia como infiltrado dentro de la barra pero estas actividades están prohibidas por la Ley 2894, artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública que creó la Policía Metropolitana".
 
Muñiz hizo referencia al escándalo por las escuchas ilegales que involucró al también ex espía Ciro James. "Macri está nuevamente envuelto en un escándalo sobre espionaje ilegal, ahora la historia se repite con un miembro de su Policía Metropolitana, que aparentemente hace negocios con los barrasbravas del club River Plate", expresó.
 
Muñiz también adelantó a este diario que formulará un segundo pedido de informes para que la policía de proximidad revele cómo se revisan los antecedentes de los aspirantes, el proceso de selección y cuántos ex agentes de Inteligencia de la Federal integran sus filas. La información había sido solicitada en su momento por la Comisión Especial de la Legislatura que investigó las pinchaduras ilegales, pero nunca se le brindó esa información. Lo mismo había pedido sin éxito el juez federal Norberto Oyarbide, quien procesó a Macri por haber sido partícipe de una asociación ilícita destinada a espiar a opositores políticos.
 
"La fuerza de seguridad debe cuidarnos y protegernos y no hacer negocios con barras", indicó la defensora que llevó adelante varias investigaciones donde filmó cómo se llevaba a cabo la reventa de tickets en las inmediaciones del club, que cuestionó el concepto de "fuerza nueva y distinta" con la que Macri siempre defendió la creación de la Metropolinazi.

Acusan al gobierno de Bonfatti de "entrometerse" en una causa que investiga el asesinato de un narco

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Héctor Acuña, dijo que "hubo una intencionalidad manifiesta del poder político de entrometerse en el Poder Judicial", al cuestionar la injerencia del gobierno de Antonio Bonfatti en una causa en la que se investiga el asesinato de un presunto narco y su pareja. 
 
Héctor Acuña lanzó duras acusaciones al gobierno de Bonfatti
"El gobierno (de Santa Fe) debe explicar cuál era la urgencia que tenía para peritar una prueba antes que la Justicia", dijo Acuña en declaraciones a Télam.
 
El legislador se refirió así a la polémica que se desató cuando la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, que investiga el doble crimen del presunto narco Luis Roberto Medina (43) y su pareja, Justina Pérez Castelli (23), advirtió que una notebook y un celular de la víctima estaban en manos del área de Tecnología del gobierno santafesino y decidió que volviera al Poder Judicial.
 
"No hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político, sino que hubo una presentación de dos funcionarios políticos enviados por el ministro de Seguridad (Raúl Lamberto) a peritar la maquina", señaló ayer Acuña.
 
El legislador encabezó esta mañana una reunión de la comisión de Seguridad de Diputados en la sede Rosario de la Cámara baja, donde mostró el acta policial del 29 de diciembre, día del doble crimen, que señala que dos funcionarios políticos se presentaron para "desbloquear" la computadora de Medina y realizar una pericia.
 
El gobierno de Bonfatti se defendió de la acusación de injerencia al asegurar que la decisión de enviar los elementos tecnológicos a una subsecretaría del gobierno fue tomada por la justicia.
 
Sin embargo, la jueza que intervino en un primer momento en el caso, Raquel Cosgaya, dijo públicamente días atrás que ella no había ordenado enviar la notebook y el celular de Medina a la Secretaría de Tecnología santafesina.
 
Luis Roberto Medina (43) y su pareja, Justina Pérez Castelli (23)
"Lo llamativo acá es que no hubo una solicitud de colaboración del Poder Judicial al poder político sino que hubo una intencionalidad manifiesta del poder político de entrometerse en el Poder Judicial a auditar o peritar una prueba antes que la justicia disponga lo contrario", agregó.
 
En esa línea, dijo además que "no se condicen la premura o urgencia del gobierno con el tiempo que después de manera legitima y razonable se toma la justicia para peritar la prueba".
 
La jueza Rodenas ordenó ayer que la notebook y el celular de Medina sean sometidos a pericia por la Gendarmería nacional, y envió ambos elementos a la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
 
Luis Roberto Medina fue asesinado de 17 balazos el 29 de diciembre a la mañana cuando conducía un Citroen CS3 junto a su pareja, la modelo Pérez Castelli, en un acceso de Rosario.
 
Según la investigación, un automóvil se puso a la par del vehículo que conducía Medina y comenzó a disparar. La autopsia determinó que el cuerpo del presunto narco tenía tres disparos en el costado izquierdo, mientras que otros 14 le impactaron en la espalda a modo de "remate", explicó la jueza Rodenas.
 
Medina estaba sindicado como uno de los mayores proveedores de estupefacientes en "kioscos" de la zona norte y noroeste de Rosario, aunque sólo poseía un antecedente por narcotráfico de 1999, en una causa en la que resultó absuelto. 

UNEN a favor de modificar Bienes Personales

Luego de la negativa presidencial a modificar el gravamen, el diputado nacional Martín Lousteau admitió que "probablemente haya que cambiar el impuesto a los bienes personales".
 
Tras la negativa presidencial de aumentar el impuesto a los bienes personales que fuera informada el martes por el Ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, el diputado nacional de la alianza UNEN, Martín Lousteau, se mostró a favor de modificar el gravamen.
 
El economista manifestó que "el sistema impositivo debe tener una revisión integral y probablemente haya que cambiar el impuesto a los bienes personales".
 
Además, en una entrevista publicada por el diario La Nazión, Lousteau expresó que "probablemente haya que cambiar el impuesto a los bienes personales pero no porque estemos en una emergencia, sino porque se malgasta el dinero. En tamaño, este es el Estado más grande de la historia".
 
"Yo creo que casi todo debería actualizarse en función de la inflación. Tiene que ajustarse el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias automáticamente, el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, y además lo que son jubilaciones, salarios", agregó.
 
Al martes, luego de que el titular de de la AFIP, Ricardo Echegaray, hablara de una modificación al impuesto, el ministro Kicillof lo negó en declaraciones públicas. "Hablé con la Presidenta y no hay ninguna medida de bienes personales en curso", afirmó, en declaraciones radiales.
 
"Lo único que tenemos en agenda es un plan anti evasión para encontrar agujeros en la normativa como en la técnica tributaria", sostuvo.

El sciolismo criticó al macrismo por no resolver el corte de la Autopista Illia

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió al corte que se prolongó durante ocho días y aseguró que el PRO "está más preocupado en hablar de las problemáticas de la provincia que en resolver sus conflictos".
 
Para la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, en el corte de la Autopista Illia, "Macri y la policía Metropolitana brillaron por su ausencia".
 
De esta manera, se refirió al corte que se prolongó durante ocho días encabezado por un grupo de vecinos que reclamaban una solución habitacional.
 
A través de un comunicado, la funcionaria aseguró ayer que en el macrismo porteño "están más preocupados en hablar de las problemáticas de la provincia" de Buenos Aires que "en resolver los conflictos" que hay en la Capital Federal.
 
"Es llamativo que opinen sobre una realidad compleja como la bonaerense, que tiene una población de 16 millones", argumentó la ministra sciolista, y recordó que "ni siquiera fueron capaces de resolver el corte de la Autopista Illia".
 
Además añadió que "las declaraciones de integrantes del gobierno porteño dejan en evidencia un alto grado de desconocimiento y oportunismo" y pidió al Jefe de Gobierno que "retorne rápido de sus vacaciones y le exija a sus funcionarios que se pongan a trabajar para solucionar los problemas de la Capital".

Corte de la autopista Ilia: Sergio Berni solicitó el procesamiento de un comisario de la Metropolitana

Luego de los cortes de la autopista Illia por vecinos desalojados por el gobierno de la Ciudad, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, intervino, solucionó el conflicto y solicitó el procesamiento de un comisario de la Metropolitana por negligencia.
 
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, solicitó el procesamiento de un comisario de la Metropolitana al denunciar negligencia en el cumplimiento de la ley de Seguridad Pública porteña ya que no se previnieron los cortes en la autopista Illia.
 
También pidió a la fiscal Dupuy que “arbitre todos los medios necesarios para reforzar la presencia policial metropolitana” a fin de prevenir nuevos cortes.
 
Sergio Berni ratificó el procesamiento asegurando que “la ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires establece que las funciones de la Policía Metropolitana son brindar seguridad a las personas y bienes, prevenir la comisión de delitos y contravenciones y hacer cesar dicha comisión”.
 
Es que, luego de resolver el conflicto, interviniendo y logrando que se libere la autopista, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni indicó que “faltó voluntad y pericia por parte de algún funcionario del Gobierno de la Ciudad”.
 
Por otro lado, solicitó a la Fiscal de la causa, Daniela Dupuy, que "arbitre las medidas conducentes a instar el procesamiento del Comisionado de la Policía Metropolitana, Roberto Panario, al no haber dado cumplimiento a la orden que le fuera impartida de evitar y prevenir que se cometieran nuevas contravenciones en la Autopista Illia a partir del 2 de enero”.
 
El corte fue por una protesta de vecinos desalojados sobre terrenos pertenecientes al Ferrocarril Belgrano Norte. El Gobierno de la Ciudad estaba obligado a estar presente en el desalojo y asistir a las personas que quedaran en situación de calle pero no lo hizo.
 
Al octavo día de ausencia del PRO, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se presentó ante las personas que mantenían el corte y abrió un canal de diálogo. Luego se mantuvieron conversaciones con la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, Carolina Stanley, y con el ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, quienes se comprometieron a atender a los manifestantes mañana a la tarde.

Editorial Perfil: la Comisión interna denunció 12 despidos injustificados

Los trabajadores de la editorial que pertenece a Jorge Fontevecchia se pronunciaron en contra de las bajas de compañeros, que habían salido en defensa de otros cinco despedidos sin justificación. Hay un paro en reclamo por la re incorporación.
 
"Editorial Perfil, en una muestra más de su política de ataque contra la libertad gremial de sus trabajadores, ha enviado telegramas de despido a una docena de empleados de varias secciones de la empresa que defendieron las fuentes de trabajo de siete compañeros que la firma había despedido hace unas semanas", comienza el texto del comunicado que difundió la Comisión Gremial Interna de los trabajadores de la editorial Perfil.
 
La agrupación "La Naranja de Prensa" explicó que entre los despedidos anteriores y los actuales se encuentran varios trabajadores que formaban parte de la Junta Electoral que participó de las últimas elecciones de Comisión Gremial Interna que se realizaron en la empresa.
 
"Este ataque se desarrolla en el marco de un ajuste que la empresa pretende realizar ya desde hace un tiempo por lo que ella misma califica como una crisis mientras, por otra parte, publica comunicados anunciando que 'Perfil avanza' y realiza millonarios gastos en la ampliación de la planta de Barracas", manifestaron los trabajadores en su comunicado que busca defender los legítimos puestos de trabajo.
 
La editorial dueña de las revistas Caras y Noticias y del Diario Perfil admitió que los despidos están relacionados con el accionar solidario de los trabajadores para con bajas decretadas en el mes de diciembre: "Un pequeño grupo de empleados que ingresó sin autorización a la planta gráfica de Barracas y bloqueó el portón de la misma para impedir la salida de los camiones que debían distribuir el Diario Perfil y la Revista Noticias. Este accionar significó una clara violación de la libertad de expresión para nuestros medios".
 
En octubre de 2012, los empleados de la empresa también reclamaron por 21 despidos, en lo que difundieron como un "avance contra los derechos adquiridos".
 
"Otra vez más, Perfil quiere asestar un golpe a los trabajadores para debilitarnos frente a las paritarias que deben comenzar en marzo", argumentaron desde el grupo de trabajadores de prensa y agregaron que "nos oponemos firmemente a este nuevo brutal atropello contra nuestros derechos. Ya comenzamos un paro, y tomaremos las medidas que sean necesarias para defender nuestras fuentes de trabajo y a nuestros compañeros que reclamaban contra los despidos. La empresa pretende amedrentar a los trabajadores que defienden sus derechos para realizar a toda costa un achique antes de su mudanza a la planta de Barracas".

Sabbatella aseguró que "2014 es el año de adecuación a la ley"

El titular de la AFSCA remarcó que aún quedan once empresas por adecuarse, y subrayó que "la pluralidad de voces es una política en la que están comprometidos muchos organismos del Estado".
 
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, aseguró que durante 2014 las empresas de medios se adecuarán a las exigencias que establece la Ley de Comunicación Audiovisual.
 
"Quedan once empresas por adecuarse a los requerimientos que establece la Ley 26.522 y es un objetivo de la AFSCA completar las adecuaciones a lo largo de este año", afirmó Sabbatella en una entrevista con Télam.
 
El funcionario destacó el trabajo que realizan otras dependencias oficiales con el propósito de "hacer cumplir una ley de la democracia, como el ministerio de Planificación, la Secretaría de Comunicaciones, el Incaa, la Defensoría del Público y las empresas de radio y televisión".        
 
"Asegurar la pluralidad de voces y la democratización de la palabra es una tarea que va más allá de un organismo. Se trata de una verdadera política de Estado", subrayó.
 
Hasta el momento, la AFSCA aprobó 14 proyectos de adecuación, rechazó 15 y debe tratar los planes que presentaron multimedios como el grupo Clarín, Telefe, Prisa, UNO y Telecentro, entre otras.
 
Por eso, la intención del directorio del organismo sería tratar los proyectos de adecuación antes de marzo, y exigir también que Cablevisión -empresa perteneciente a Clarín- modifique su grilla de canales como hicieron otras firmas de TV por cable.
 
"Sentimos que estamos en una etapa que concluye, que es la que empezó en 2009, cuando se aprobó la Ley de Medios tras una larga discusión que dieron muchos sectores en pos de conseguir una norma de la democracia. Ahora empieza otro camino, que es asegurar la amplitud de voces y actores comunicacionales en el país", remarcó el ex intendente de Morón.
 
En ese sentido, Sabbatella destacó que existen 1.132 reservas de frecuencias de TV y radio, entre las que figuran emprendimientos comunitarios, cooperativos y "medios que difunden las voces de los pueblos originarios".
 
"Por todo lo que hicimos desde 2009 y profundizamos en el último año, podemos decir que estamos firmemente encaminados en garantizar la división del espectro comunicativo en tres tercios: uno para el sector privado, otro para el Estado y el restante para las organizaciones de la sociedad civil", fundamentó.
 
El funcionario consideró también que el 2013 fue "un gran año" en el derrotero hacia la democratización de la comunicación "con tres hitos fundamentales: la audiencia pública convocada por la Corte Suprema; el fallo del tribunal que convalidó la Ley de Medios y el límite que se le fijó a una corporación como Clarín con esa sentencia".
 
"En el año pasado se le puso un límite a la concentración y se logró que una corporación que se sentía intocable como Clarín se ajustara a derecho. En definitiva, se trató de un triunfo de este proceso iniciado con Néstor Kirchner y continuado por Cristina", remarcó.
 
Asimismo, confesó que tras la audiencia convocada por la Corte, tuvo la certeza de la constitucionalidad de la Ley 26.522, en función de "la gran diferencia que se notó entre los argumentos que sostuvieron los disertantes por el Gobierno y los del grupo Clarín".
 
"Siempre estuve convencido sobre la constitucionalidad de la Ley y con ese ánimo concurrimos a las audiencias de la Corte. Pero una vez allí, al notar lo endebles que eran los argumentos que sostenían los representantes de Clarín, supe que el fallo no podía tener un contenido contrario al que tuvo", expresó.
 
Consideró que a medida que la Ley de Medios avance consolidará "un sentido democrático de la comunicación que difícilmente pueda ser revertido".
 
"Los actores sociales de la comunicación tienen un instrumento que les permitirá avanzar en la consolidación de la democracia. En la medida que se multipliquen las voces y las palabras, se fijará un rumbo será muy difícil de modificar a favor de los monopolios", puntualizó.

La constructora predijo los problemas eléctricos que traería el nuevo edificio de La Nación

Ribera Desarrollos SA dejó sentado que la nueva torre necesitaría de la instalación de una subestación de energía para su funcionamiento. En Asamblea se exigió un estudio de impacto ambiental que aún no está concluido. Organizaciones vecinales denunciaron una serie de cortes en el suministro eléctrico, como consecuencia de la sobrecarga.
 
Ribera Desarrollos SA, la empresa inmobiliaria que construyó la torre donde funciona el diario La Nazión en Vicente López, solicitó en 2011 a Edenor el abastecimiento energético para que las nuevas oficinas pudieran funcionar sin perjudicar la capacidad eléctrica instalada en la zona.
 
En una nota a la que tuvo acceso Télam, la arquitecta Elsa Álvarez, de Ribera Desarrollos, solicitó en marzo de 2011 a la empresa Edenor "tener a bien otorgarnos la factibilidad del suministro eléctrico de nuestro proyecto Torre Al Río I".
 
El escrito continuaba explicando que el destino del edificio "es la instalación del diario La Nazión y el resto de plantas con destino a alquilar para oficinas, y tendrá una potencia instalada de 4.000 KVA", previendo que sin la estructura eléctrica suficiente, la torre no podría funcionar.
 
Según el pedido de la desarrolladora inmobiliaria propiedad de Carlos De Narváez, cosería necesario entonces instalar en el área una subestación con la previa autorización del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).
 
Por eso, a mediados de 2013, el ENRE convocó a una audiencia pública con los vecinos de la zona para conocer su postura respecto de la instalación de una nueva subestación, y ante la negativa de los habitantes, le solicitó al OPDS que llevara a cabo un estudio de impacto ambiental que aún no está concluido.
 
“Nos llamaron a una audiencia pública. Queríamos un análisis ambiental que no se hizo, pero igual, el intendente (Jorge Macri) autorizó que todo siguiera adelante”, contó Iris Di Giano, integrante de la asociación Vecinos en Defensa de Vicente López.
 
En estos días, organizaciones vecinales denunciaron una serie de cortes en el suministro eléctrico, como consecuencia de la sobrecarga que genera la demanda energética del edificio donde funciona el diario propiedad de las familias Saguier y Mitre.
 
Asimismo, los vecinos también exigieron al intendente municipal, Jorge Macri, el cese de una serie de "beneficios" otorgados a La Nazión, como por ejemplo la apertura de una serie de calles para uso exclusivo de los directivos del diario, entre otros privilegios concedidos.

Fresneda: "Quieren dañar el liderazgo de nuestro país en materia de Derechos Humanos"

El secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, aseguró que las denuncias efectuadas contra su persona "están basadas en hechos falsos que pretenden denostar una gestión comprometida con las víctimas del terrorismo de Estado".
 
El secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, aseguró que las denuncias efectuadas contra su persona "están basadas en hechos falsos que pretenden denostar una gestión comprometida con las víctimas del terrorismo de Estado, y que están en sintonía con aquellos sectores que pretenden deslegitimar todos los logros obtenidos desde el 2003 en adelante”.
 
En los últimos días, versiones periodísticas indicaron que el juez federal Claudio Bonadío habría realizado un allanamiento sorpresivo en la Secretaría de Derechos Humanos, donde habría incautado una treintena de legajos que supuestamente fueron otorgados irregularmente.
 
En diálogo con Télam, Fresneda destacó que “el juez Bonadío me requirió información que fue suministrada inmediatamente. Por lo tanto, no hubo ni un allanamiento ni incautamiento de legajos, ya que todos fueron entregados en los tiempos requeridos”.
 
La denuncia la realizó Julio César Aráoz, ex secretario de Energía y ex ministro de Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos Humanos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
 
Al respecto, Fresneda informó que “lo paradójico es que todos esos legajos fueron pagados durante los gobiernos de los ex presidentes Eduardo Duhalde, Carlos Méndez y Fernando De La Rúa, siendo el propio denunciante funcionario público”.
 
En ese sentido, Fresneda manifestó que "las acusaciones resultan injustas e infundadas, ya que el expediente está en trámite y dentro de los plazos normales. De hecho nunca se interpuso ningún recurso administrativo por mora, que es lo que hubiera correspondido en caso de retraso. 
 
"La denuncia resulta mendaz ya que ninguno de los casos que se mencionan fueron analizados en el marco de esta gestión. Aráoz pidió la reparación en 2011, por lo que mal me puede atribuir pagos irregulares ya que asumí como Secretario de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2012", agregó.
 
Fresneda manifestó que "somos una generación que pertenecemos a una parte de la sociedad que sufrió a aquel Estado ausente que promovió los indultos, sufrimos en la calle y en soledad" y agregó que "hoy podemos revertir esa tremenda sensación de soledad y nos quieren dañar con lo mejor que hicimos que es la política de derechos humanos".
 
En esa línea, expresó que "estamos absolutamente tranquilos y como siempre, a disposición de la justicia. Desde hace 10 años esta gestión se ha dedicado a reparar a todas las víctimas del terrorismo de Estado con políticas de memoria, verdad y justicia, sin discriminación alguna y con mucha transparencia y honestidad”. 

Padres se movilizaron por las 17.000 vacantes frente al Ministerio de Educación porteño

Padres, y docentes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires reclamaban este mediodía frente al Ministerio de Educación porteño las 17.000 vacantes de los tres niveles de la enseñanza pública que quedaron sin otorgar, por la implementación del sistema de inscripción on line.
 
"Venimos para reclamar las 17.000 vacantes que faltan otorgar y nos vamos a quedar hasta que el Ministerio dé una respuesta", dijo el integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Ariel Sánchez.
 
Los padres y docentes de escuelas porteñas se concentraron después de las 12 frente a la sede de Paseo Cólon 255, en demanda de "una solución como la que supo dar el ministerio a la comunidad educativa del Guido Spano", el colegio de Palermo que cerró sus puertas en forma intempestiva a fin de año dejando al alumando sin escolaridad.
 
"Queremos que también haya una solución para los chicos de la escuela pública, alrededor de 17.000, por eso vinimos y por eso nos vamos a quedar hasta que nos atiendan", señaló Sánchez.
 
Victoria Pellegrini, mamá de un nene que debe entrar en sala de 2 en 2014 dijo que "por el sistema de inscripción on line mi nena fue anotada en otra escuela donde hay guardería, porque le pusieron mal la edad".
 
"Todo el sistema fue un desastre y el actual parche que inventaron de dejar algunas escuelas abiertas para inscribir de vuelta a los chicos es peor. Yo fui ayer y nadie me asegura nada porque todos los datos son provisiorios", explicó la mujer.
 
El grupo de padres y docentes acompañados por los delegados se instaló en la vereda del Ministerio, que tenía sus puertas cerradas como "si fuera un día no laborable", dijo el integrante de la comisión directiva de UTE.
 
Los padres reclaman por los miles de niños que aún no tienen garantizadas las vacantes para escuelas públicas porteñas y solicitan además una reunión con el titular de la cartera educativa, Esteban Bullrich.
 
Por su parte, Eduardo López, titular del gremio, dijo esta mañana que "la UTE reclama que se garantice a todos el pleno acceso a la educación pública, laica y gratuita desde los 45 días de edad, tal como lo establecen los artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad".
 

Córdoba: la Justicia ordenó a Monsanto frenar la construcción de la planta

La Justicia cordobesa ordenó a la multinacional frenar la construcción de su planta de Malvinas Argentinas, al hacer lugar al recurso interpuesto por ambientalistas y vecinos de esa localidad, distante a unos 14 kilómetros de la capital provincial.
 
La Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba dio a conocer ayer al mediodía el fallo por el que ordena a Monsanto frenar la obra civil hasta tanto se complete el estudio de impacto ambiental.
 
Asimismo estableció que la municipalidad de Malvinas Argentinas, deberá "abstenerse" de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto se concluya ese estudio.
 
De esta manera, el tribunal hizo lugar al planteo presentado por organizaciones ambientalistas y vecinos, quienes habían apelado un fallo anterior que autorizaba la construcción de la planta.
 
Integrantes de Malvinas Lucha por la Vida junto a otras organizaciones ambientalistas y vecinos de la localidad festejaron el fallo frente a la sede judicial.
 
"Tenemos el dictamen de la sentencia, por el que la Cámara ha resuelto suspender los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil, por ende la obra de Monsanto debe ser paralizada", dijo Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha por la Vida.
 
Desde el 18 de septiembre pasado la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y vecinos autoconvocados realizaban un acampe que bloqueó el paso de camiones con materiales para construir la secadora de semillas de maíz más grande del mundo.
 
La planta que construye Monsanto es similar a la de Rojas (Buenos Aires) y se construye en un predio de 27 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial A-188, a unos 14 kilómetros de la capital cordobesa.
 
Conocido el fallo, la compañía aseguró que "no comparte la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Monsanto es respetuosa de las decisiones del Poder Judicial y acatará como siempre sus medidas".
 
"Asimismo -agregó a través de un comunicado-, Monsanto confirma que apelará dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, dado que considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013".
 
La compañía aseguró en el texto que "hace más de tres meses que los empleados y contratistas de Monsanto no pueden ejercer el derecho a trabajar, debido a la acción de extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales".
 
"Monsanto desea aclarar además que ya ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia", concluye el comunicado.

La primera casa sustentable de Latinoamérica está en Usuahia

Utiliza energía solar y eólica. Fue fabricada con 300 neumáticos, 3000 latas, 5000 botellas de plástico y 3000 de vidrio y está recubierta de cristales para crear una efecto invernadero.
 
Esta innovadora propuesta que lleva el nombre de "Tol-Haru, la Nave Tierra del Fin del Mundo" fue diseñada por la ONG Naturaleza Aplicada a la Tecnología y tiene el aval del arquitecto Michael Reynolds, pionero en este tipo de viviendas autosostenibles.
 
Uno de los que formó parte de esta aventura es el actor, Mariano Torre, quien catalogó el proyecto como "una nueva relación entre el ser humano y la tierra que no sea tan destructiva" ya que utiliza bienes desechables como materiales que ayuden a generar menos impacto.
 
Esta vivienda es "un modelo de supervivencia simple". Tiene dos cilindros de 50 metros cuadrados fabricados por ruedas, latas, botellas de plástico y vidrio. Los cristales que la recuperen hacen un efecto invernadero.
 
Esto sirve para ahorrar así energía eléctrica y mantener una temperatura constante de forma natural. Participarán del proyecto 70 voluntarios de todo el mundo.
 
Reynolds, su creador cree que la gran cantidad de residuos creados por el urbanismo moderno es innecesaria y que por ello diseña viviendas ecológicas y respetuosas con el medio ambiente.
 
Este plan comenzó en 2010 y cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Tierra de Fuego, que declaró el proyecto "de interés legislativo" el 15 de noviembre de 2011. Además la ciudad forma parte del tratado internacional para comprometerse a desarrollar energías limpias.

Chile: un puente mal hecho y el papelón del presidente mufa

Una obra que sería un emblema del gobierno del mufa presidente chileno y que pensaba inaugurar en la segunda quincena de enero, se hizo al revés. Por las dudas, la bici la dejamos en casa.
 
Había ansiedad y expectativas en Chile. Imaginen, "el primer puente basculante del país trasandino", erigido sobre el río Cau Cau.
 
Esperaban una conexión para poder trasladarse pero esta vez no pudo ser. Por errores de cálculos el puente no sirve y los chilenos están anodadados.
 
¿El error? La ciclovía, que a un lado del viaducto corre por el lado derecho, al otro lado sigue por la izquierda. Escándalo y errores de ingeniería que al principio indignaron, ahora causan bastante gracia. Por lo menos de este lado de la cordillera.
 
La monumental construcción, construida sobre el río Cau Cau, en la región de Valdivia, iba a ser una obra emblemática en materia de infraestructura del gobierno del presidente saliente.
 
Y bien usado está el tiempo verbal... "iba a ser". Solamente a una piedra como el derechoso presidente chileno podía pasarle una cosa así.
 
Como solemos decir, a esta altura, el turco innombrable al lado del jefe de Estado trasandino, es casi un talsiman de la suerte.

Salió la edición nº 104 de la revista Garcas