LA LÍDER DE LA TUPAC AMARU DECLARÓ EN LA PRIMERA JORNADA DEL JUICIO ORAL EN SU CONTRA COMO PRESUNTA INSTIGADORA DE AMENAZAS EN EL 2009 AL ENTONCES SENADOR NACIONAL Y AHORA GOBERNADOR, GERARDO MORALES. "ES UNA PERSECUCIÓN QUE VENGO SUFRIENDO DESDE HACE OCHO AÑOS", DIJO.
La dirigente llegó ayer por la mañana a la sede del Tribunal Oral Federal de Jujuy custodiada por personal penitenciario, se sentó en el banquillo frente a los jueces, escuchó los cargos por los que se la juzga y negó que sea cierto lo que le imputan. Aseguró que el día en que a Morales le arrojaron huevos durante un “escrache”, ella estaba en la localidad jujeña de Monterrico y que se enteró de ese hecho por los medios. Insistió con que no fue la organizadora de esa protesta y sostuvo que si lo hubiera sido “habría estado al frente de los compañeros, como tantas veces”. En esa línea, puntualizó que "siempre estuve delante de las luchas” y agregó que “no estoy acostumbrada a mandar a perder los compañeros”.
Ante el tribunal, Sala denunció ser víctima “de una persecución política” encabezada “desde hace ocho años” por Morales. “La molestia de él es que los negros nos pudimos organizar”, que “no le pedimos nada a sectores políticos” y que “aprendimos a no agachar la cabeza delante de nadie”, dijo.
La denuncia que dio origen a este juicio oral fue hecha por Morales tras una manifestación en su contra ocurrida en octubre de 2009, cuando era senador nacional, en la que le arrojaron huevos. En ese hecho, la dirigente enjuiciada no estuvo, pero se la acusa de ser instigadora. La única prueba en su contra es el testimonio de un hombre que la señaló como partícipe de una reunión para organizar el “escrache”, sobre la cual no hay pruebas de que haya existido.
Ante la relatividad de los testimonios y la falta de pruebas, el tribunal jujeño declaró prescripta la causa en mayo pasado, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a darle curso y agravó los cargos.
“A Morales le molesta que los negros nos pudimos organizar”, dijo durante su declaración, antes de la cual sus abogados leyeron un texto en el que aludieron al marco de persecución política de ese proceso contra la dirigente social, quien está detenida por otras causas desde hace un año y cuya libertad fue exigida por la ONU, la CIDH y la OEA.
Sostuvo, también, que “la persecución” que sufre es tanto “responsabilidad” del gobernador como del empresario Pedro Blaquier, sobre quien pesa una causa por su complicidad civil con la última dictadura en la desaparición de obreros del Ingenio Ledesma. En este sentido, Sala lamentó “que se hayan suspendido los juicios de lesa humanidad en Jujuy para tenerme sentada acá”.
No obstante aseguró “no sentir bronca” contra Morales por haber motorizado “tantas causas en seis meses” en vez de “dedicarse a gobernar, que es lo que necesita el pueblo jujeño”. Según dijo, Jujuy despidió a “cientos de compañeros” estatales de organizaciones peronistas y de hacer que “15 mil cooperativistas estén haciendo changas en vez de tener un trabajo” fijo. “Si esto no es persecución, qué es lo que estamos viviendo”, se preguntó.
En uno de los tramos de su declaración, que fueron respuestas a las preguntas formuladas por su defensa, Sala reconoció que le “cayó muy gracioso” el insólito planteo de los diputados del oficialismo jujeño para hacer una consulta popular sobre su detención y también, aunque sin mencionarlo, aludió a los pedidos de libertad de varios organismos internacionales rechazado por los regímenes de la alianza de derecha Cambiemos a nivel provincial y nacional. “No me dejan en libertad porque saben que la gente va a venir a verme, se va a sentar a charlar conmigo”, aseguró.
“Me están la haciendo pagar y me la están haciendo sentir, pero no les voy a dar el gusto de llorar. No me arrepiento de lo que hice”, remarcó luego de hacer un racconto de las obras hechas tanto por Tupac Amaru como por los otros movimientos sociales que conforman la red de organizaciones que hizo el acampe frente a la Casa de Gobierno jujeña a principios de año.
Además de Sala, los acusados por el “escrache” a Morales son también otros dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales (que a finales del año pasado y principios del actual realizaron un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial), Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra. Se los acusa de supuestas amenazas coactivas y daño agravado.
“Mi único objetivo fue siempre dignificar a los compañeros”, expresó y pidió a los jueces “no dejarse presionar” por el gobierno de Morales. “La Justicia tiene que respetar y no hemos sido respetados. Por eso les pido independencia”, concluyó.
El Tribunal inició el proceso a las 9 con la lectura de los datos formales de los tres acusados, durante lo cual Sala corrigió al funcionario judicial que la mencionó como diputada provincial: “Diputada del Parlasur”, le aclaró.
