lunes, 25 de febrero de 2013

La Asociación Argentina de Actores se encuentra en alerta por incumplimientos del gobierno porteño

La entidad emitió un documento "sobre la grave situación por la que atraviesan las actrices y los actores que trabajan en el Complejo Teatral Buenos Aires" y se declara en "estado de alerta".
 
Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores
“Denunciamos que, aunque en mayo de 2011 hemos firmado un acta-acuerdo entre nuestro sindicato y el señor ministro de Cultura, Hernán Lombardi, con el fin de dar solución definitiva a los numerosos incumplimientos a las normas laborales por parte del Gobierno de la Ciudad, hasta el día de la fecha, los integrantes de los elencos de 'Macbeth', 'El organito', 'Póstumos' y 'Se fue con su padre', no firmaron sus respectivos contratos de ensayos ni de funciones, lo que provocará un atraso en el pago de sus salarios", señala.
 
Los artistas agregan que el edificio del San Martín tampoco cumple "con las normativas de seguridad e higiene vigentes y pone en riesgo la integridad física de los elencos; por lo cual, desde nuestro sindicato hemos realizado las denuncias correspondientes por ambas anomalías".
 
La Asociación -presidida por Alejandra Darín-  reclama "soluciones políticas de fondo" y "el reconocimiento pleno de actrices y actores como trabajadores en relación de dependencia, mediante la firma de un convenio colectivo de trabajo que regule la actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que ponga fin al fraude laboral que vienen soportando los compañeros".
 
Se exige además "la inmediata solución a los graves problemas edilicios, de modo que se garantice que no exista riesgo alguno para la salud ni para la vida de ninguno de nuestros compañeros en el desempeño de su tarea".
 
La gremial de los actores informan así al público sobre las irregularidades y se reservan "el derecho de realizar otras medidas gremiales, de no corregirse a la brevedad esta grave situación”. 
 
Y bueno che... Estos actores también viven en nube de pedo. Deberían saber que firmar un convenio con el ministro de Cultura del gobierno de Mugrizio Macri, es como firmar un convenio con una agencia de turismo para hacer un crucero por Bolivia.

Uruguay: quieren enjuiciar a la Corte Suprema

La iniciativa surge luego de que el máximo tribunal haya declarado inconstitucional una ley que permitía juzgar los delitos de lesa humanidad. Desde el partido de Mujica, el MPP, afirmaron que impulsarán un juicio político contra la Corte Suprema.
 
Un nuevo fallo del máximo tribunal jurídico uruguayo desató la tormenta en la otra orilla del Río de la Plata, a raíz de un tema tan delicado alli como lo es en la Argentina: los Derechos Humanos.
 
Todo estalló luego de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado inconstitucional, por cuatro votos a uno, la llamada Ley de Caducidad, aprobada en 2011.
 
De esta manera se deroga la retroactividad y prescriben los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado durante la dictadura militar.
 
Por lo tanto, de ahora en más los acusados que podrán ser procesados los que ya hayan sido juzgados por algún delito. Esto provocó la ira de los partidos de izquierda, prácticamente, de todo el Frente Amplio.
 
La propia Lucía Topolansky, esposa de Mujica y senadora por el MPP afirmó que el partido analiza realizar un juicio político contra el máximo tribunal.
 
Las centrales de trabajadores, el Frente Amplio y muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos convocaron una macha para el próximo lunes en rechazo a la medida.
 
Este último fallo fue, como se dice, la "gota que rebalsó el vaso" luego de que la Corte haya protagonizado otros dos polémicos fallos: desplazar a la jueza Mariana Mota, activa en casos de violaciones a los DDHH y la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay son los Dres. Jorge Ruibal Pino, Jorge T. Larrieux Rodríguez, Dr. Jorge O. Chediak González, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique y Dr. Julio César Chalar Vecchio.

Cabe aclarar que el Dr. Ricardo Pérez Manrique se declaró discorde con el resto de sus colegas, pero compartió con ellos que "los actores carecen de legitimación para impugnar los arts. 7, 10 y 11 de la Ley nº 18.876".
 
Fundando su apartamiento el magistrado sostuvo que "la norma impugnada no es inaplicable porque interpretada desde la Constitución conduce a la conclusión de que el hecho gravado y la fuente afectada son diversos y no admite hipótesis de superposición".

Salió el nº 80 de la revista Malicias

Los musicales de Currín


domingo, 24 de febrero de 2013

Aliverti: “Es el peor momento de mi vida”

El periodista Eduardo Aliverti aseguró que el actual "no es el momento más doloroso, sino el peor", al hablar ayer a la mañana del accidente automovilístico que protagonizó su hijo, Pablo García en la Panamericana que terminó con la vida de Reinaldo Rodas.
 
"Pensé, pensamos, me ayudaron a pensar los que me quieren si debía estar en el programa de hoy. Yo mismo no estaba seguro de afrontar como se debe una audición de tres horas", dijo Aliverti, en una editorial grabada que se transmitió en el inicio de su programa Marca de Radio.
 
En la apertura de la emisión, que se emite por radio La Red todos los sábados de 10 a 13 expresó: "Esencialmente no me da para hablar de macropolítica, y si me diera sería una falta de respeto para las víctimas".
 
"No puedo ni debo decir mucho más que esas palabras que subí al muro de Marca. No es el momento más doloroso, es el peor. Tipeé lo que me salió después del shock", sostuvo el conductor, tras lo cual leyó el mismo texto que publicó en la página oficial de su programa en Facebook el miércoles pasado.
 
Luego contó un episodio con una fotógrafa del Diario Perfil que montó una guardia periodística en la puerta de su casa: "¿Por qué me haces esto hija de puta?", dijo Aliverti que le gritó después de haber "explotado" de bronca.
 
"Lo que estoy viviendo me ratifica con creces la gente que me vale la pena y la que no, pero al margen de lo sentimental también me ratifico quiénes ejercen periodismo y quienes son una basura técnicamente hablando", afirmó.
 
Sobre el final de su editorial aclaró: "Ojalá se abra un debate sobre la ética periodística más allá de la suerte judicial que sufra mi hijo".

Les dejamos el link de la página de Diario Registrado en el que se puede escuchar el audio de la declaración de Aliverti en la emisión de ayer de su programa Marca de Radio.

Cristina inaugurará el viernes el 131° período de sesiones del Congreso

La presidenta brindará un discurso en el que hará un balance de su gestión y realizará una fuerte defensa del modelo económico con inclusión que instrumenta desde hace diez años el gobierno nacional.
 
Por sexta vez consecutiva, Cristina concurrirá al Congreso Nacional para pronunciar al mediodía un discurso ante la Asamblea Legislativa, en una ceremonia que se efectuará en el recinto de sesiones de diputados, que contará con la presencia de gobernadores, ministros, diplomáticos, jueces, e invitados especiales.
 
Además lo hará en un año que estará marcado por la elección de renovación parlamentaria, donde el oficialismo pondrá en juego las bancas obtenidas en el 2009, cuando logró la menor cantidad de escaños desde el 2003, y tras el triunfo contundente alcanzado en el 2011, que le permitió el año pasado votar leyes clave para el gobierno nacional.
 
El Congreso jugó a lo largo de 2012 un rol trascendental para la consolidación del proyecto del gobierno nacional y registró uno de los períodos más productivos de los últimos años, en el que se aprobaron leyes fundamentales para la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que avanzan en la ampliación de derechos.
 
Desde que el oficialismo recuperó la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, el Congreso aprobó un total de 104 leyes, superando ampliamente la producción legislativa del año anterior, cuando se sancionaron 79 normas.
 
Entre las leyes claves aprobadas en este período se encuentran el Presupuesto 2012, la recuperación de YPF, la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone, la reglamentación del per saltum, la habilitación a jóvenes de 16 años para votar, el nuevo régimen de accidentes de trabajo y la reforma al mercado de capitales.
 
En este contexto, la Presidenta cumplirá con la disposición constitucional que establece que el 1 de marzo de cada año debe dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias, con un mensaje ante los legisladores sobre el estado de la Nación.
 
La Asamblea Legislativa será abierta a las 11 por el presidente del Senado, Amado Boudou, quien estará acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, y pasará en forma inmediata a un cuarto intermedio tras designar las comisiones de interior y exteriores.
 
De acuerdo al cronograma oficial, la jefa de Estado llegará a las 11.45 a la explanada de la calle Entre Rios y allí será recibida por legisladores la comisión exterior, integrada por diputados y senadores de diferentes extracciones políticas.
 
En el salón Eva Perón, le darán la bienvenida el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, ante quienes firmará el Libro de Honor del Congreso.
 
Tras ese acto, la Presidenta atravesará el salón de los Pasos Perdidos hasta llegar al recinto de la cámara baja, desde donde dirigirá su sexto mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
 
En los palcos bandeja, ubicados a ambos lados del estrado principal, se ubicarán los ministros del gabinete nacional, gobernadores, diplomáticos y embajadores.
 
En tanto, en los palcos del primer piso se ubicarán -como es habitual- las titulares de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, representantes de organizaciones de derechos humanos, invitados especiales y militantes políticos.
 
Desde que asumió la presidencia, los mensajes de apertura de sesiones a cargo de la presidenta tuvieron diferentes temáticas y matices, aunque en todos se realizó un repaso de la gestión de gobierno.
 
Además, la jefa de Estado concurrirá al Congreso un día después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos analice la apelación de Argentina al fallo del juez Thomas Griesa que quiere que nuestro país abone la totalidad del monto reclamado por los fondos buitre que no entraron en la renegociación de la deuda, aceptada por el 93 por ciento de los bonistas.
 
Las palabras de la Presidenta también se conocerán luego de que el miércoles en Diputados se trate el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.

Con el enrejado, Parque Centenario quedará abierto hasta medianoche

Luego de la polémica medida de cierre, que fue cuestionada por vendedores y vecinos que resultaron reprimidos por la Policía Metropolitana, el Parque reabrió sus puertas y según anunció Macri cerrará durante todo marzo a las 23.59 hs, en vez de a las 21.
 
“Algunas personas piden que el parque tenga un horario de verano especial y que permanezca abierto hasta más tarde. Lo hablamos con el equipo y decidimos que hasta el 31 de marzo tenga un horario extendido y cierre recién a las 00:00 (hasta ahora era a las 21)”, escribió Mugrizio Macri en su cuenta de Facebook.
 
Con ese comentario, el doblemente procesado jefe de gobierno de la Ciudad se refería al predio recientemente enrejado, que fue eje de polémicas y cuestionamientos.
 
Cuando muchos de los vecinos y vendedores ambulantes salieron a protestar contra la medida, y a mostrar su descontento, resultaron fuertemente reprimidos.
 
Pero finalmente el enrejado se concretó, y luego de tres semanas de trabajos, el jueves pasado el parque reabrió para el público.
 
Además se realizó la colocación de juegos infantiles, iluminación de bajo consumo, nuevo césped y plantas. Intalaciones, que de acuerdo a lo anunciado por el propio Macri, podrán utilizarse hasta la media noche.
 

Gils Carbó: "Hay jueces que sienten impunidad para actuar de modo irregular"

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se refirió ayer a la situación judicial y aseguró que "un sistema que no se depura no puede ser justo". Además, la Procuradora apuntó contra la relación entre el poder económico con la corporación judicial.
 
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hizo declaraciones ayer acerca de la situación judicial y, de modo crítico, aseguró que cierto sector del Poder Juidicial "defiende los intereses de los más aventajados".
 
En la entrevista, la Procuradora apuntó contra la relación entre el poder económico con la corporación judicial: "La idea es quebrar el manejo corporativo de la justicia, hay jueces que sienten impunidad para actuar de manera irregular. Por ejemplo, el juez de la causa riachuelo, Luis Armella". 
 
"Hay prebendas disfrazadas de viajes académicos o becas, es necesario cambiar esa cultura. Las mafias de los jueces operan en las facultades como escenario de relaciones espurias. Tenemos una justicia que defiende los intereses de los más aventajados", explicó Gils Carbó.
 
"Un sistema que no se depura no es un sistema justo. Siempre que el juez se aparta de lo que dice la ley, es para defender a los sectores más aventajados. No podemos tener jueces de cien años", sostuvo enfática la procuradora general.
 
Además, apuntó contra la utilización sistemática de las medidas cautelares: "El fenómeno del abuso es ostensible, la utilización irregular de la medida cautelar. Se mantienen durante años y muchas veces hasta décadas preservando una situación y un resultado sin que haya un juicio".

Una empresa petroquímica invierte 22 millones de dólares para modernizar planta

Los directivos de Petroquímica Río Tercero presentaron al Gobierno nacional un proyecto para la modernización y reacondicionamiento ecológico y técnico de su planta de producción de cloro y soda cáustica, en Córdoba, que demandará una inversión de 22 millones de dólares.
 
Débora Giorgi, ministra de Industria, durante la
reunión con directivos de Petroquímica Río Tercero
El anuncio fue recibido por la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien puso a disposición de los empresarios las herramientas financieras con las que cuenta su cartera, en especial los créditos del Bicentenario, que financian inversiones productivas a una tasa fija anual y en pesos del 9,9 por ciento.
 
Con el proyecto de inversión de 22 millones de dólares -de los cuales se llevan invertidos 1,7 millones-, la planta aumentará su producción de cloro líquido en 12 toneladas por día, la de soda cáustica en 15, y la de hipoclorito de sodio hasta 55.
 
Durante el encuentro, Giorgi sostuvo que "el sector químico y petroquímico es estratégico porque produce insumos necesarios para una multiplicidad de industrias" y remarcó que es necesario "hacerlo sustentable".
 
La firma -que funciona desde 1982 en el país- es el único productor de Disocianato de Tolueno (TDI) en Latinoamérica, destinado a la producción de espumas de poliuretano flexibles, y cuenta con una capacidad instalada de 28.000 toneladas y en el 2012 la producción fue de más de 25.000.
 
La empresa también es el principal productor nacional de policloruro de aluminio, insumo utilizado en la potabilización de aguas de consumo humano, industria del papel, industria del cuero y tratamientos de aguas residuales.
 
Además, fabrica ácido clorhídrico, usado en la industria siderúrgica, minera, petrolera, papelera, de la construcción, química y agroquímica, entre otras.
 
En tanto, la soda cáustica o hidróxido de sodio, otro de los productos de esta firma, se utiliza para fabricar jabones, rayón, papel, explosivos, pinturas y productos de petróleo, mientras que el hipoclorito de sodio está destinado como agente blanqueador en la industria textil, detergentes y papel y pulpa.
 
Las exportaciones de la empresa superaron los 30 millones de dólares durante 2012, el 73 por ciento de las ventas corresponden a TDI, y el segundo producto, en orden de importancia, es el policloruro de aluminio.
 
Del encuentro participaron la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, además de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la cartera industrial, Anastasia Daicich. Por la empresa asistieron el CEO, Gerardo Waisburg y, el gerente general, Esteban Kalman.
 
De este modo, los directivos de Petroquímica Río Tercero se suman a la larga lista de boludos que no se dan cuenta que este país se va al carajo.

Más críticas a Macri por la tarifa de subte y por la fecha elegida para realizar la audiencia pública

Cuestionan la intención de aumentar la tarifa del subte, el cierre durante dos meses de la línea A y la fecha elegida para realizar la audiencia pública para discutir estos incrementos.
 
El Frente Nuevo Encuentro en Unidos y Organizados informó ayer que la campaña de recolección de firmas contra el “tarifazo” ya obtuvo más de 10 mil adhesiones de los vecinos de la Ciudad.
 
“Frenemos el tarifazo de Macri. Poné tu firma por un subte para todos”, es la consigna de la campaña que comenzó el fin de semana pasado y continúa éste.
 
Asimismo, los legisladores kirchneristas porteños recorrieron las obras del subte A y calificaron de "medida mediática" el cierre de esa línea.
 
El procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, inaugurará el viernes el período de sesiones ordinarias en la Legislatura en medio de una polémica desatada por la decisión del líder del PRO de convocar, ese mismo día, en el mismo horario, pero en distintos barrios, a dos audiencias públicas para que los vecinos opinen sobre la suba de la tarifa de los peajes y de los subtes.
 
"Es una burla a la opinión pública, ya que es inaudito que sea el mismo día que se inician las sesiones parlamentarias y las dos audiencias se realicen a la misma hora, y sobre todo con un tema controversial y que, como hemos planteado desde el interbloque kirchnerista en la legislatura, podrían aumentarse las patentes a los autos de alta gama pero no volver a aumentar el mismo servicio", explicó el legislador porteño Edgardo Form.
 
Por su parte, la legisladora Delia Bisutti expresó que "la fecha fijada para las audiencias de este tema demuestran que (Macri) quiere que exista cada vez menor participación, porque el tarifazo es la mirada para el subte que viene, cada vez menos usado por la gente que tendrá un transporte que se convertirá en mayoritario como es el colectivo".
 
Form y Bisutti participaron ayer de la segunda jornada organizada por Nuevo Encuentro para juntar firmas en contra del aumento de la tarifa de subte junto con los diputados nacionales Carlos Heller y Juan Carlos Junio, el periodista Mariano Hamilton y el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto "Beto" Pianelli, entre otros.
 
Pianelli expresó que en esta actividad, realizada en distintas esquinas de la Ciudad, se ve "el repudio generalizado a un aumento que se iría a casi el doble de lo que vale el boleto de colectivo".
 
En diálogo con Télam, Pianelli aseguró que "es claro el desprecio a la constitución de la Ciudad de parte de Macri, que transforma las audiencias públicas en reuniones formales porque sus funcionarios están diciendo que más allá de lo que pase en las mismas, el aumento se va a hacer igual".
 
Desde la esquina de Avenida Rivadavia y Medrano, el diputado nacional por la Ciudad, Carlos Heller, señaló que "estos aumentos demuestran una concepción opuesta a la del gobierno nacional que cree que los recursos tributarios deben ser generados por sectores con alta capacidad de tributar y no por los sectores de más bajos recursos, que son los que más necesitan el transporte público".
 
Por otra parte, el legislador Juan Cabandié y la legisladora Claudia Neira recorrieron hoy las distintas estaciones de la línea A de subte, suspendida desde el mes de enero por decisión del gobierno porteño, para controlar el avance de las obras.
 
Durante el recorrido, los legisladores criticaron a Macri, por "quitarle el servicio de subte a los porteños con el único objetivo de generar un golpe de efecto y una medida mediática".
 
Según se informó mediante un comunicado, Cabandié y Neira conversaron con trabajadores del Subte y confirmaron que, "de los 22 trenes que circularon hasta el año pasado, la línea A reabre con 11 trenes únicamente, 9 formaciones chinas nuevas y 2 formaciones FIAT reacondicionadas".
 
En este escenario de fuertes críticas a la gestión del servicio del subte, el gobierno encabezado por el hijastro de Flavia Palmiero tiene previsto reabrir la línea A los primeros días de marzo.
 
Con respecto a las críticas por las dos reuniones de participación pública de vecinos planteadas para el mismo día, la información fue publicada a través de sendos decretos en el Boletín Oficial porteño y establece como fecha de realización de ambas el 1 de marzo a las 11.
 
Puntualmente, el Gobierno de la Ciudad llamó a una audiencia pública que los ciudadanos expresen su postura en torno a la decisión, tras aceptar la administración de la red de subtes, de subir la tarifa del pasaje de 2,50 pesos a 3,50.
 
En este caso, la cita es a las 11 en el Teatro General San Martín, situado en la avenida Corrientes 1530, y según informaron a Télam fuentes de la Jefatura de Gabinete porteño, para esa audiencia pública ya se anotaron más de 70 personas.
 
Otro escenario opuesto es el que se avecina en la reunión pública convocada en el Centro Cultural Adán Buenosayres, en el Parque Chacabuco, donde menos de diez personas se inscribieron para debatir el aumento que alcanzaría en 36,5 por ciento de los peajes en las autopistas de la Ciudad.
 
¡La puta que va a estar bueno Buenos Aires!

En la 9 de Julio "están trasplantando troncos"

Desde la Facultad de Agronomía salieron a criticar la poda de árboles en la 9 de Julio, producto de las obras que para el Metrobus desarrolla el gobierno porteño. Según indicaron, en el lugar "están trasplantando troncos" que "en dos años van a estar muertos".
 
Para el ingeniero agrónomo Héctor Svartz, profesor a cargo de la cátedra de Jardinería de la Facultad de Agronomía (UBA), "los árboles habrían tenido un trasplante exitoso si hubiera sido en otro momento del año, con otro protocolo técnico y con un especialista a cargo".
 
Según señaló, a los árboles de la 9 de Julio "no solamente los movieron, sino que los intervinieron de tal manera que les quitaron raíces y copa. Entonces están trasplantando troncos".
 
"Todo esto tiene un estrés impresionante y en dos años la mitad de los árboles van a estar muertos y no van a servir paisajísticamente. Era más barato comprar ejemplares nuevos. Le están pagando a un experto, que no es internacional ni es arboricultor, una fortuna por mover piezas de ajedrez. Están condenando a los árboles a la muerte", denuncia Svartz.
 
De hecho, a los 305 árboles que serán removidos, el trazado de los carriles del Metrobus sumó también el recorte la Plaza de la República, lo que despertó mayor oposición entre vecinos y comerciantes de la zona y organizaciones ambientalistas, incluidas protestas y amparos judiciales.
 
"No sirve de nada ir a plantar árboles si no se garantiza que durante dos años se los va a mantener. Habría que prevenir, hacer un seguimiento de cómo están, especialmente los que presentan ramas secas o decrepitud, y entonces actuar sobre ellos preventivamente. Pero no hay planificación, cosa que quizás sí hubo hace cuatro, cinco años, o más", concluye el ingeniero agrónomo de la UBA.
 
¿Troncos que en dos años van a estar muertos? No nos queda claro si Svartz está hablando de los árboles de la 9 de Julio o de los muchachos del PRO, que son unos troncos para gobernar y en dos años, cuando no entren ni a placé en las elecciones van a estar muertos.

Llevan a Cablevisión al fuero Penal por “desobediencia”

Venció el plazo para que la empresa ajuste la tarifa del abono básico a $ 130 y no cumplió con la manda judicial. Piden que se imponga a la compañía una multa de 100 mil pesos.
 
Un pedido de investigación en el fuero Penal Federal para la empresa Cablevisión fue solicitado ante el incumplimiento de la firma de adecuar su tarifa del abono básico de TV por cable a $130, tal como le fue ordenado por un juez de La Plata.
 
Este jueves 22 de febrero venció el plazo que tenía la integrante del Grupo Clarín para cumplir con la orden judicial dictada por el juez federal platense Adolfo Gabino Ziulu.
 
Ante este panorama el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, solicitó al Juzgado Federal N° 2 de La Plata, que remita copias de estas actuaciones a la Justicia Federal Penal de turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de desobediencia por parte de la prestadora, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, según confirmaron fuentes del caso.
 
El Código Penal establece que el o los autores de este delito serán reprimidos “con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
 
Además Bonicatto le requirió al juez que, ante los reiterados incumplimientos de los fallos por parte de Cablevisión, intime a la empresa con una multa de 100.000 pesos, desde la fecha, por cada día que no cumpla con la medida cautelar que le exige ajustar a su tarifa a 130 pesos, como determinó la Secretaría de Comercio de la Nación.
 
¿Hasta cuando Magnetto se va a seguir cagando de risa de la Justicia y de todos los argentinos?

El gobierno cordobés fue sancionado por prorrogar el pago de jubilaciones

Un juzgado de primera instancia impuso que se le pague a una jubilada casi 6000 pesos tras aprobar una cautelar contra la ley que aprobó la Legislatura de esa provincia que congeló por 180 días el incremento de los haberes. Se trata de una decisión que abre las puertas a la declaración de inconstitucionalidad.
 
El gobierno cordobés fue condenado a resarcir a una jubilada docente de 86 años que presentó una acción de amparo contra la ley que prorroga por 180 días el pago de los aumentos previsionales en la provincia.
 
Además, según informó el abogado de la denunciante, Carlos Nayi, "más alla de la condena impuesta al Gobierno por el magistrado, la amparista denunciará penalmente a los responsables del Gobierno provincial por haber incurrido en la probable comisión del delito de desobediencia judicial".
 
El juez de primera Instancia y 49ª Nominación en lo Civil y Comercial, Leonardo González Zamar, impuso que se le paguen 5841 pesos a la señora que pidió la declaración de la inconstitucionalidad de la ley 10.078.
 
Ocurre que pese a las reiteradas órdenes judiciales que existieron, el gobierno de Córdoba se mostró desafiante y no obedeció las disposiciones judiciales, cuestión que según Nayi "impidió que se resuelva el proceso con el consecuente gravamen para la anciana mujer".
 
El magistrado indicó en su resolución que el gobierno incumplió en particular el mandato judicial del 12 de octubre pasado, cuando se lo emplazó para que en cinco días responda el oficio librado un mes antes.
 
En la presentación que fue avalada por el tribunal, Nayi argumentaba que la ley que difiere el pago de los aumentos a los pasivos "violenta el carácter alimentario del haber jubilatorio y los principios de previsibilidad y seguridad jurídica". En la actualidad, la demandante percibe un haber mensual de 4629 pesos.
 
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) había advertido el martes con una solicitada que el sistema previsional que sostiene el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Chota, "está reeditando las viejas conocidas crisis del sistema de seguridad social en general, lo mismo que pasó en los años '90".
 
El organismo que encabeza Diego Bossio contestó las denuncias del gobierno cordobés y sostuvo además que "no se puede avalar con fondos de todos los argentinos, incluyendo los de 17 de cada 20 jubilados cordobeses (que cobran jubilaciones pagadas por Nación), un sistema previsional tan desigual". En sus consideraciones señalo que avanzar en ese sentido "sería atentar contra un sistema jubilatorio inclusivo, y que con responsabilidad, hoy protege a todos".
 
"Peluca" De la Chota está al horno y con papas. ¡Y quiere ser candidato a presidente!

Una vuelta a la impunidad en Uruguay

Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.
 
Suprema Corte de Justicia uruguaya
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas.
 
La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José "Pepe" Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.
 
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad.
 
El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
 
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo.
 
Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes”.
 
El portavoz explicó que esa interpretación es “un disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”, añadió.
 
La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
 
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
 
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19.
 
Fallo de Corte Suprema reabre las heridas de la dictadura en Uruguay
La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido.
 
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, informó La República.
 
Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que “tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
 
Ahora, más que nunca, para algunos personeros de la derecha argentina, la Justicia uruguaya -su Suprema Corte al menos- será "el modelo a imitar".
 
Expresamos el más enérgico repudio al fallo de la Corte uruguaya y nuestra solidadirad con los familiares de los detenidos desaparecidos.

sábado, 23 de febrero de 2013

A un año de la tragedia, familiares recordaron a las víctimas del accidente ferroviario de Once

Al cumplirse un año del accidente en el que murieron 51 personas, familiares de las víctimas realizaron actos en recuerdo de las víctimas. A las 8.32, hora en la que ocurrió el accidente, sonó la sirena en el andén 2 de la estación, donde se realizó un homenaje.
 
A un año de la tragedia de Once que dejó 51 muertos y 700 heridos, familiares de las víctimas participaron de un festival musical en Plaza de Mayo en recuerdo de sus seres queridos, aunados con el pedido de justicia "sin banderas políticas".
 
"Queremos que este acto siga con el espíritu de memoria para las víctimas y de un franco pedido de justicia sin banderas políticas, tal como ocurrió esta mañana en la estación y este mediodía en la catedral", afirmó Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas.
 
Por el escenario de Plaza de Mayo pasaron músicos y familiares y fue leido un documento generado por los allegados a las víctimas.
 
Los músicos Leo García, Kevin Johansen y el grupo Airbag, entre otros artistas, estaruvieron presentes en el escenario junto a los familiares y amigos, quienes pidieron a la gente que se acerque a acompañarlos en este momento que no lo haga con pancartas políticas, ni carteles que expresen odio.
 
Los números musicales concluyeron alrededor de las 19, cuando se realizó el acto central en el mismo escenario, donde se leyó un comunicado, tras lo cual cada una de las familias hizo uso de la palabra para recordar a sus seres queridos.
 
Además, se proyectó un audiovisual sobre la campaña "500 mil caras por Justicia" que los familiares de las víctimas lanzaron a través de Facebook con la consigna de recopilar la fotografía individual de ese número de personas, cada una sosteniendo un cartel que dice "Ju5t1cia para las víctimas de la tragedia de Once".
 
Previamente, a las 8.32, hora del accidente ocurrido en 2012 en la estación de Once, familiares y amigos realizaron un acto en el andén donde se produjo el siniestro y luego participaron de una misa en la catedral metropolitana.
 
En el mismo lugar y a la misma hora que ese tren no se detuvo, amigos y familiares de las víctimas hicieron un minuto de silencio y recordaron a los que ya no están con poemas, flores y arte. Mientras, los usuarios que se iban bajando de las formaciones en la estación de Balvanera se unieron con aplausos a la conmemoración.
 
"No fue una fatalidad, ni un accidente, fue un crimen social largamente anunciado", afirmó el actor Manuel Callau al leer un texto del colectivo Plataforma 2012. "El Poder Ejecutivo soslaya una y otra vez toda referencia a las víctimas. La masacre de Once expresa un modelo cuyas bases fueron sentadas con las reformas neoliberales de los '90 y que fueron profundizadas en los últimos 10 años", observó.
 
Los trabajadores del tren Sarmiento también adhirieron al homenaje y expresaron: "Decimos que si la corrupción mata que la justicia encarcele. Acompañamos a las víctimas y tenemos nuestro compromiso de no sesgar hasta que se haga justicia y logremos un servicio eficiente para los pasajeros".
 
Por último, Paolo Menghini, padre de Lucas, la víctima fatal número 51, agradeció a todos los que acompañaron a los amigos y familiares durante este año de lucha y dejó en claro que "la única bandera es la de justicia por las víctimas de la tragedia de Once".
 
"Durante este año esperamos un acompañamiento que nunca llegó y al año, hay una persona muy especial entre nosotros, es un honor que nos esté acompañando Nora Cortiñas esta mañana", así presentó a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, quien cerró el acto con un pedido de justicia.
 
"Les traigo la solidaridad de las Madres. Muy discretamente estuvimos acompañando a los familiares de la tragedia. Nosotros también podríamos haber sido una víctima", aseguró Cortiñas.

Para el defensor de la Provincia de Buenos Aires, “Cablevisión es una empresa acostumbrada a manejarse con impunidad absoluta”

El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, quien presentó un amparo para que la empresa fije en 123 pesos el abono, insistió así en la necesidad de "defender al usuario, que es la parte más débil".
 
Carlos Bonicatto, defensor del pueblo de la Pcia. de Buenos Aires.
Es una empresa "acostumbrada a evadir todo tipo de responsabilidades y manejarse con impunidad absoluta", recalcó.
 
"Estamos convencidos de que hay que defender al usuario, que es la parte más débil", dijo Bonicatto, quien presentó un amparo ante la justicia para que Cablevisión fije en 123 pesos el valor del abono básico, y reintegre los montos cobrados en exceso desde que aplicó el reajuste, en enero de 2011.
 
Para el Defensor del pueblo, Cablevisión "ha dado una clara demostración de soberbia de una empresa acostumbrada a evadir todo tipo de responsabilidades y manejarse con impunidad absoluta".
 
"Se trata de una empresa que informa y forma también y lo hace en una situación de monopolio, ya que la gente está en una situación débil de contratar o no, porque cuando deja de pagar le cortan el servicio", añadió.
 
Bonicatto explicó que durante la mañana de ayer realizó una nueva presentación ante la justicia federal para que "se haga cumplir con la resolución" que insta a Cablevisión a modificar la tarifa, y "dar paso a la justicia penal para analizar si está incurriendo en desobediencia y se apliquen multas diarias de 100 mil pesos".
 
"Hay 500 mil usuarios en la provincia y cobra 75 pesos de más por cada usuario, con lo que está percibiendo unos 40 millones de pesos mensuales más de lo que debería cobrar", detalló.
 
Por último, dijo tener "esperanza" en que finalmente la justicia le de la razón. "En un estado moderno, no puede haber un sector que no tenga ningún tipo de regulación", concluyó.
 
Como era de esperarse, Cablevisión no cumplió con el fallo de la justicia, que le había dado plazo hasta ayer para ajustar el abono y hacer las devoluciones correspondientes a los clientes. La empresa presentó un escrito en el juzgado, informando que no iba a acatar la decisión por entender que se encuentra protegido por un fallo anterior, dado en la Ciudad de Mar del Plata.
 
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el Grupo Clarín se siga manejando como si fuera un estado dentro del Estado?

Carlos Garetto: "El que no quiere vender soja, no vive del campo"

Carlos Garetto, titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), criticó nuevamente la propuesta de la Sociedad Rural Argentina e intensificó las diferencias dentro de la Mesa de Enlace.
 
Garetto volvió a rechazar las propuestas de los ruralistas y afirmó que "el que dice que es viable no vender soja por un mes, no vive del campo".
 
Agregó también que "para el pequeño y mediano productor, esa medida de fuerza es insostenible y menos aún durante un largo tiempo".
 
El titular de Coninagro apuntó a los productores y aseguró que esa propuesta, seguramente, "es de los productores que tienen algún ingreso por fuera de la producción agropecuaria", desnudando el lado más individualista de la Mesa de Enlace.
 
Igualmente, Garetto tuvo que poner algún paño frío a la situación y dijo que "los productores se sienten representados por la Mesa de Enlace".
 
Asimismo, señaló que "el mandato es que esos temas y reclamos comunes se manejen dentro de ese ámbito, pero habrá otros que requieran un tratamiento especifico", aclaró.
 
También anticipó que cualquier medida que se vaya a tomar sería a mediados de abril, pero que antes tendrán que reunirse con productores en rondas de asambleas.
 
"La Mesa de Enlace aún no ha tomado ninguna decisión de la medida de fuerza a seguir", confirmó y agregó que, sin el consentimiento de ellos, todo este tema "no es más que una mera declaración".
 
La mentira de la Mesa de Enlace se está empezando a terminar poco a poco.

Corrupción y pedofilia tras la renuncia del papa

A mediados de diciembre pasado, tres cardenales investigaron los hechos de corrupción y pedofilia en el Vaticano, revelados por Vatileaks y otras fuentes, y entregaron un informe al papa que habría desembocado en su renuncia. Un diario italiano reveló detalles.
 
Cuando desde el Vaticano se hablaba de los "problemas de salud" de Joseph Ratzinger como desencadenantes de su renuncia al papado, en una columna de Diario Registrado se aseguraba que "no renunció sino que fue derrocado por medios análogos a los empleados -según se sospecha- contra el italiano Albino Luciani, efímero predecesor de Wojtyla, y contra tantos otros durante los dos mil años de sangrienta existencia de la institución católica".
 
¿Los motivos? Su evidente incapacidad para mantener en los márgenes ocultos de la iglesia católica las flagrantes contradicciones que surcan a los largo y a lo ancho la institución en su conjunto: corrupción generalizada y pedofilia crónica, especialmente. Benedicto XVI "no pudo mantener la olla cerrada y todo terminó por estallar entre sus manos", decía la ya citada columna.
 
Ahora salió a luz un informe secreto de la propia jerarquía el Vaticano, que se le habría presentado al papa, que habla de una trama de sexo y chantajes e incluso un "lobby gay", según publicó el diario italiano La Reppublica y reproducen varios matutinos argentinos.
 
"Sexo y carrera, los chantajes en el Vaticano detrás de la renuncia de Benedicto XVI", se titula el artículo de tapa del diario italiano, que también incluye la nota "No fornicar, no robar, los dos mandamientos violados en el dossier que turba al Papa", ambos textos publicados en la edición de este jueves.
 
A mediados de diciembre, los tres cardenales a quienes les había encomendado investigar el VatiLeaks, le entregaron al papa su informe. El español Julián Herranz -del Opus Dei-, el italiano Salvatore De Giorgi y el eslovaco Josef Tomko, destaparon la olla a ojos del prelado.
 
"Una red transversal con el denominador común de la orientación sexual. Por primera vez la palabra homosexualidad ha sido pronunciada, leída en voz alta de un texto escrito, en el departamento de Joseph Raztinger. Por primera vez fue pronunciada, aunque sea en latín, la palabra chantaje: ? Influentiam [...] Impropriam influentiam ", se lee en La Repubblica.
 
"El informe es explícito. Algunos altos prelados sufren 'la influencia externa' -chantaje- de laicos con los que están relacionados a través de vínculos de 'naturaleza mundana'", agrega.
 
El informe cita, según La Repubblica, viejos casos escabrosos, como el de monseñor Tommaso Stenico, suspendido después de una entrevista televisiva en un canal italiano en la que reveló encuentros sexuales que tuvieron lugar en el Vaticano.
 
Además, sacó a la luz el episodio de los encuentros que solía tener un gentilhombre del Vaticano, Angelo Balducci, investigado por un escándalo de corrupción por la justicia italiana, con coristas de la Santa Sede.
 
Estos encuentros habrían tenido lugar en una villa de las afueras de Roma, en un sauna cerca de la zona de las catacumbas romanas, en un negocio de estética del centro histórico, en habitaciones del propio Vaticano.
 
Se menciona, asimismo, una residencia universitaria alquilada a un ente privado, pero que volvió a estar en manos del secretario de Estado, Tarcisio Bertone, utilizada como domicilio romano por un arzobispo de Verona.

El Consejo de la Magistratura está de acuerdo con que jueces paguen Ganancias

El presidente y vicepresidente del organismo, Mario Fera y Manuel Urriza, expresaron su opinión en favor de que los jueces paguen el impuesto al igual que lo hacen el resto de los ciudadanos.
 
Mario Fera y Manuel Urriza, presidente y vice
respectivamente del Consejo de la Magistratura.
El presidente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y Manuel Urriza, expresaron su opinión en favor de que los jueces paguen impuesto a las ganancias, al igual que lo hacen el resto de los ciudadanos.
 
"Nosotros los magistrados tenemos que estar sujetos a las mismas cargas que el resto de los ciudadanos", dijo Fera en declaraciones a la prensa luego de asumir como presidente del Consejo para el período febrero 2012 / febrero 2013.
 
No obstante, aclaró que el tema no se puede analizar "de manera muy simplista" porque tiene que ver con una cláusula constitucional que dispone que "no se puede disminuir en modo alguno las retribuciones".
 
"La idea es que como objetivo final se pueda lograr que los jueces estén sujetos a las mismas cargas del resto de los ciudadanos, pero para eso habría que pensar cómo lograr esta igualdad en compatibilidad con la cláusula constitucional", resumió Fera.
 
Manuel Urriza, vicepresidente del Consejo, se expresó en el mismo sentido y dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de ley para que los jueces paguen impuesto a las ganancias.
 
"Creo que los jueces tendrían que pagar ganancias, es una barbaridad", dijo Urriza a la prensa tras asumir como vicepresidente del órgano permanente del Poder Judicial.
 
Urriza, que en el último año se desempeñó como presidente del Consejo, explicó que este beneficio que tienen los jueces "es un privilegio que arranca del siglo XIX por capricho teórico".
 
"Una de las Cortes (de Justicia) del siglo XIX dijo que los jueces no tendrían que pagar impuestos porque en la Constitución Nacional dice que los sueldos de los magistrados no pueden ser disminuidos", precisó Urriza.
 
El proyecto de ley para que se derogue la exención al impuesto a las ganancias sobre los salarios judiciales es una iniciativa del diputado salteño del Frente para la Victoria Pablo Kosiner, del que participan como co-firmantes los diputados nacionales Carlos Kunkel, Diana Conti, Mara Brawer, Ana María Ianni y Cristina Fiore Viñuales.
 
Cada vez estamos más cerca de acabar con la inequidad y de hacer justicia con la Justicia.

Anuncian inversiones por 2.100 millones de dólares para producir gas

Las empresas Total Austral y Wintershall le anunciaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inversiones por 2.100 millones de dólares para los próximos 5 años destinados a la producción de gas en nuestro país.
 
Cristina y los directivos de Total Austral y Wintershall durante
la reunión en Olivos en la que se firmó el acuerdo.
El Ministerio de Planificación informó a través de un comunicado que esta inversión “deriva de los acuerdos rubricados entre la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas y ambas empresas, e implica un crecimiento de 3,1% en la inyección anual de gas por el período 2013-2017, lo que redundará en un aumento de 12 millones de m3/día adicionales hacia el final del Convenio, en el caso de cada compañía”.
 
Por parte de Total Austral la inversión alcanzará los 1.100 millones de dólares, en tanto por el lado de Wintershall será de 1.000 millones de dólares, precisó la cartera que dirige Julio de Vido.
 
Desde el ministerio destacaron que estos acuerdos “traen asociado un Ahorro Fiscal para el Estado Nacional por un total de 4.200 millones de dólares”, ya que evitará la compra al exterior de gas y combustibles líquidos equivalente a 6.000 millones de dólares en su conjunto.
 
Participaron de la firma del acuerdo que se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof; el Secretario de Energía, Daniel Cameron y el Subsecretario de Control y Coordinación de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, en representación del Ministro Julio De Vido, quien se encuentra de viaje oficial en Venezuela.
 
Por parte de Total Austral estuvieron presentes: el Director General, Javier Rielo y el Director de Desarrollo de Negocios, Petter Undem, y en representación de Wintershall, asistieron su Director General, Gustavo Albrecht; la Directora de Legales, Brenda Anthony, y el Director de Proyectos Especiales, Marcelo Nachon.
 
¡Hay que ser boludo para invertir semejante cantidad de guita en un país que se está yendo al carajo!