La dirigente campesina Lidia Ruiz afirmó que existe el riesgo de que vuelva al poder el partido de la dictadura con un candidato, Horacio Cartes, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
"La masacre de Curuguaty, en Paraguay, en la que fueron asesinados 11 campesinos y seis policías, fue armada por la oligarquía para echar a un presidente elegido democráticamente, y existe el riesgo de que vuelva al poder el partido de la dictadura con un candidato, Horacio Cartes, investigado por narcotráfico en Estados Unidos", afirmó la dirigente campesina Lidia Ruiz.
"Para los movimientos sociales, lo que pasó con la masacre de 17 personas, y posteriormente el asesinato selectivo de otros testigos clave y dirigentes campesinos, fue orquestado por la oligarquía para que 39 personas echaran a un gobierno elegido por la mayoría de la población", dijo a Télam Ruiz, representante de la Organización de Lucha por La Tierra (OLT) de Paraguay.
Para la dirigente del movimiento que integra la mayor organización campesina de América latina, Vía Campesina, ese "golpe parlamentario" abre la posibilidad, sumado a la división de la izquierda y los sectores progresistas, de que el Partido Colorado, la fuerza del dictador Alfredo Stroessner (1954-89), regrese al poder en las elecciones del 21 de abril con Cartes como candidato presidencial.
"Cartes no sólo es un terrateniente que ostenta más de 200.000 hectáreas de tierras en el Chaco, tiene un club de fútbol y una empresa de gaseosas, sino que está investigado desde 1986 por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero; entonces, el panorama no es muy alentador que digamos", afirmó.
Respecto de la masacre de Curuguaty, que precedió en una semana a la destitución del presidente Fernando Lugo, en junio pasado, Ruiz dijo que "la investigación paralela que se pudo hacer con expertos internacionales de derechos humanos demostró que allí hubo francotiradores con armas automáticas".
Agregó que "de hecho, eso se comprueba también porque la Fiscalía actualmente sólo tiene decomisadas dos escopetas, una que disparó sólo un tiro, y que nunca pudieron haber producido esa masacre".
"Por otra parte, según testigos que son campesinos sin tierra, varios disparos vinieron de lugares que ellos no sabían dónde estaban ubicados los tiradores, y otros del mismo helicóptero de la policía que se encontraba en ese lugar", explicó.
Las tierras donde se produjo la masacre, dijo, "las usurpaba Blas Riquelme (fallecido el 2 de septiembre de 2012), un empresario que se posicionó durante la dictadura e incluso fue presidente del Partido Colorado, pero en realidad son del Estado".
Ruiz explicó que "un juez amigo de Riquelme, de apellido Benítez, le otorgó esas tierras por usucapión (falta de pago de impuestos por más de 20 años), lo que es ilegal con tierras fiscales".
La dirigente destacó que se trata del mismo juez que ordenó un “supuesto allanamiento" para ver si había armas en ese latifundio, donde había campamentos de campesinos sin tierra, pero que "en realidad fue un desalojo, porque fueron enviados 400 efectivos policiales".
Además, "ése fue el juez elegido para juzgar y encarcelar a los campesinos que hoy están acusados de la masacre" y agregó que "el fiscal de la causa, Jalil Rachid, es hijo de un expresidente del Partido Colorado y fue pareja de una nieta del empresario Riquelme, con lo que no pareciera que haya intención de esclarecer lo sucedido".
Respecto del incumplimiento por parte del derrocado Lugo de la promesa de campaña de distribuir a campesinos sin tierra ocho millones de hectáreas de tierras mal adjudicadas por Stroessner, Ruiz dijo que "la política agraria que Lugo quiso implementar fue totalmente trabada por los demás poderes".
Tras señalar que Lugo contaba sólo con "un tercio" de los legisladores y "ningún apoyo en el Poder Judicial", puso un ejemplo para explicar el bloqueo que sufrió su política agraria.
"En un sonado caso por la cantidad de familias que fueron a hacer campamento allí, el Ejecutivo, a partir del Inder, el organismo encargado, pidió una mensura judicial de las tierras de Nacunday, una simple acción administrativa", dijo.
"Esa mensura judicial no pudo ser realizada ni con la participación del Ejército, por la intromisión del Parlamento y el Poder Judicial", sostuvo y explicó que eso ocurrió porque eran 60.000 hectáreas de un terrateniente brasileño Tranquilo Favero, de las que sólo tenía tituladas 31.000 mientras el resto eran de propiedad fiscal.
"Nosotros sabíamos de la dificultad que enfrentaría Lugo en un país en el que la mayoría de los parlamentarios son terratenientes o empresarios sojeros, y con una Justicia en que los nueve miembros de la Corte Suprema o son del Partido Colorado o del Liberal, todas figuras que vienen desde la época de la dictadura", señaló.
La dirigente recordó que Paraguay "es uno de los países con mayor concentración de la tierra” pues “según el censo agropecuario de 2008, dos por ciento de la población ostenta 85,5 por ciento de las tierras cultivables".
"Tenemos 17 millones de hectáreas destinadas a la ganadería, donde hay aproximadamente 12 millones de cabezas de animales, lo que hace que una vaca en Paraguay tenga 1,7 hectárea de tierra; mientras, hay 300.000 familias campesinas sin tierra, para cultivar alimentos o sobrevivir; un fuerte contraste", concluyó.
“Es un significativo perjuicio económico para la sociedad, para los accionista y el Estado Nacional, es un claro hecho de administración fraudulenta, vaciamiento y corrupción perpetrado por Jorge Noseda, quien responde desde sus inicios en el año 1978 a Héctor Magnetto".
