Por Eduardo Anguita
Los funcionarios recibieron una carta luego de la resolución emitida el 13 de agosto donde se intimaba al grupo mediático a que ratifique el cumplimiento del plan de adecuación. A los directores que pertenecen a la oposición no les fue enviado el mensaje.
No faltaron quienes, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema, creyeron que se terminaba la guerra entre Clarín y el Estado. La ley había transitado cinco años por los tres poderes hasta que parecían cerradas todas las instancias para eludir la concentración de tanto poder mediático en manos de una sola empresa. Es más, eran sólo dos los artículos de esa ley que impedían el camino necesario para que un grupo con posiciones dominantes se convirtiera en una serie de compañías. Es más, hace mucho que los diarios no hablan de la guerra entre el Gobierno y Clarín.
Las aguas parecían haberse aquietado desde que el grupo de Héctor Magnetto presentara una propuesta de adecuación “voluntaria” en noviembre de 2013, y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la declaró “admisible” en febrero de 2014. Sin embargo, en estos días volverá al rojo vivo este tema a la agenda periodística. Aquel era un primer paso de entendimiento que requiere de un segundo paso mucho más preciso. Esta segunda etapa, llamada de “transferencia de licencias”, parece ingresar en un terreno pantanoso.
En efecto, el pasado miércoles 20 de agosto, cinco de los siete integrantes del directorio del AFSCA recibieron una carta documento firmada por Damián Cassino, abogado del Grupo. Da la coincidencia de que esos cinco destinatarios están de acuerdo con la necesidad de terminar con las posiciones dominantes de Clarín. Lo que “el grupo” llamaría “los K”: Martín Sabbatella e Ignacio Saavedra –presidente y vice–, Nestor Avalle y Eduardo Rinesi –directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual– y Claudio Schifer –propuesto por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios–. Los otros dos directores, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman –directores propuestos por la segunda y tercera minorías parlamentarias de la comisión bicameral– no recibieron la carta documento.
El extenso texto de Cassino sostiene que “en forma sistemática se discrimina al Grupo Clarín S.A. y se favorece a los medios competidores de mi representada”. Afirma que DirecTV, América, Telefónica y Prisa presentan diversas incompatibilidades y que “para agravar este cuadro de arbitrariedades y desigualdades en la aplicación de la ley, el Afsca tampoco controla el cumplimiento de la grilla a los competidores de Cablevisión, a la vez que formula improcedentes denuncias penales a mi representada por esta cuestión”.
La realidad es que todos los grupos de comunicación audiovisual están en diálogo respecto de si sus propuestas de “adecuación voluntaria” son aceptadas o no. De modo que la queja de Cassino por las incompatibilidades se anticipa a una decisión que todavía no se tomó. Respecto de la grilla de canales, Cablevisión, que es el principal cableoperador del país, fue denunciado penalmente por Sabbatella ante el Juzgado Federal Nº 9 de la Capital cinco días antes de la mencionada carta documento. En efecto, el presidente del AFSCA solicitó que Clarín acate “totalmente” la obligación de incluir en la grilla algunos canales de noticias –CN23, QM Noticias y 360, entre otros– que sólo ofrece para los abonados a Cablevisión digital.
La carta documento se convierte en una virtual ruptura del diálogo cuando menciona una resolución (la número 902, del miércoles 13 de agosto) en la que “se intima a que en el plazo de 10 días ratifique el cumplimiento del plan de adecuación bajo apercibimiento de comenzar el procedimiento de adecuación de oficio”. Más adelante, Cassino agrega que esa adecuación de oficio “tal como se amenaza, más allá de su improcedencia jurídica, ocasionará gravísimos daños económicos que le serán reclamados directamente a usted (a cada uno de los cinco directores del AFSCA al que Cassino considera de filiación K) como corresponsable de dicha maniobra”. Por último, advierte que “la presente intimación se realiza bajo apercibimiento de iniciar las eventuales acciones penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
La mecha encendida
Las preguntas son: ¿qué pasó entre febrero y agosto de este año para que Clarín esté a las puertas de una adecuación de oficio y se desvanezca la posibilidad de la llamada adecuación voluntaria? ¿Qué preludia esta nada velada amenaza del abogado de Héctor Magnetto a cinco funcionarios públicos?
El primer paso dado en febrero –la llamada admisibilidad– no significó un compromiso por parte del AFSCA con la propuesta de Clarín. Sin embargo, el expediente estuvo tres meses en manos de la autoridad de aplicación y fue el tiempo suficiente para no rechazarlo. Recordemos: el Grupo Clarín propuso crear seis unidades, completamente independientes unas de otras. El organigrama presentado creaba dos unidades poderosas y cuatro de mucho menor porte.
El primer grupo conservaría Artear (Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba y Canal 6 de Bariloche), más varias licencias de radio (con Radio Mitre a la cabeza) y 24 licencias de televisión que se desprenderían de Cablevisión, por supuesto en los lugares donde fueran compatibles para evitar las posiciones dominantes. Cabe aclarar que el mismo grupo advertía que Lucio Pagliaro y José Aranda quedaban como accionistas principales y que el diario Clarín formaría parte de ese poderoso conglomerado. El único –y no menor– problema es que la financiación de esas empresas debería hacerse por cuenta propia y no podrían contar con el auxilio de Cablevisión.
El segundo grupo precisamente sería Cablevisión, que quedaría con 24 licencias. Como se sabe, el 40% de esa empresa de cable está en manos del fondo Fintech, del mexicano David Martínez, que recientemente fue entrevistado por Horacio Verbitsky para declarar que es tenedor de mil millones de títulos de deuda –que entraron en el canje– y que aceptará la jurisdicción argentina cuando se vote. Es un fondo buitre, pero tiene fuertes intereses en la Argentina, al punto tal que es adjudicatario de Telecom argentina. Como las leyes no permiten ser titular de licencias de televisión y telefonía, David Martínez deberá contar con una medida de dudosa legalidad que le permita mantener las dos actividades o deberá vender sus acciones de Cablevisión. Una situación no muy diferente tiene Telefe desde hace años en relación con Telefónica. Tema que también deberá resolver el Afsca en el expediente de esa empresa a la hora de su plan de adecuación. Volviendo a Clarín, este grupo dos quedaría con Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble como principales accionistas.
El tercer grupo estaría conformado por 18 licencias de cable que podrían extenderse a 24, también escindidas de Cablevisión. Se trataría de licencias donde Clarín participa como accionista no controlante y quedarían como principales accionistas el grupo Padula (TeleRed) y Aldrey Iglesias (La Capital Cable).
El cuarto grupo sería el de varias señales del Grupo Clarín (TyC Sports, TyC Max, El Trece Satelital, etc.).
El quinto grupo estaría constituido por licencias de televisión abierta como Canal 7 de Bahía Blanca y Canal 9 de Mendoza.
Esa propuesta, que fue hecha en noviembre de 2013 y considerada admisible en febrero de 2014, pasados cinco meses, parece que no será aceptada por el AFSCA. En la primera etapa, se presentan organigramas mientras que en la segunda, cada empresa, en este caso el Grupo Clarín, debe decir a quiénes les transfiere las licencias y cómo quedan constituidas las sociedades que quedan a cargo de la operación y la titularidad. A tal efecto, y antes de hacer la presentación formal de quiénes son esas personas físicas y jurídicas, el pasado viernes 15 de agosto –con la firma de su apoderada, María de los Milagros Páez–, el Grupo Clarín mandó una extensa carta para agregar al expediente en la que pide que se den por aceptados todos los pasos legales. El encabezamiento dice: “Se presenta. Informa cumplimiento en tiempo y forma de la propuesta de adecuación considerada admisible mediante resolución 193 y solicita a esa autoridad ordene e inste a las restantes autoridades intervinientes a emitir los actos administrativos necesarios que permitan concluir el proceso”. Es decir, piden pasar a la fase dos, la de transferencias de licencias. La carta ingresó a la Mesa de Entradas de la AFSCA el martes 19. Apenas un día después, Clarín despachaba la carta documento mencionada más arriba. Dicho en lenguaje simple: o pasamos a la segunda etapa o vamos a enjuiciar a los directivos. La zanahoria y el garrote.
Algunas aclaraciones importantes
La primera es que Clarín partía de unas 280 licencias que convirtió en 90 por un proceso de absorción y extensiones que lo beneficia mucho. Hay una serie de mecanismos administrativos que permiten que en una misma localidad haya tres licencias que operan de modo independiente o que en alguna localidad opere una extensión de una licencia dada en otra localidad. Es decir, ante un proceso de adecuación, depende del interés que esté en juego, puede aceptarse o no. Lo cierto es que el Gobierno lo consideró “admisible” y que Clarín se apoyaba en decisiones tomadas en la gestión anterior a la que encabeza Martín Sabbatella y que se le dieron a Telecentro, el grupo empresarial de Alberto Pierri.
La segunda cuestión es que se le dio admisibilidad a una propuesta en la cual el 90% de la actual facturación del Grupo Clarín queda en las dos primeras unidades mientras que las otras cuatro propuestas son compañías de mediano porte. Es decir, aunque entre las unidades uno y dos no podría haber ningún tipo de auxilio financiero (para evitar maniobras monopólicas), los directivos de Clarín se ingeniaron para mantenerse dentro de la nueva ley conservando un alto poder real.
La tercera cuestión es que el Grupo Clarín manda unas cartas documento de declaración de guerra porque sus propios directivos cuentan con información de que, pese a haberse declarado admisible su propuesta, el AFSCA tiene decidido avanzar con la “adecuación de oficio”.
¿Qué motivos necesita esgrimir el AFSCAa para no aceptar la adecuación voluntaria? En realidad, como la admisibilidad no es más que una carta de intención, no hay ningún compromiso formal. Sin embargo, en la percepción oficial hay conciencia de que su misión es tratar de analizar al máximo la propuesta “voluntaria” y sólo pasar a la “adecuación de oficio” si hay maniobras que violen la ley, sobre todo si hay presunción clara de que Clarín –o cualquier otro grupo de medios– pretenda burlar la división económico-financiera de las nuevas empresas. Es decir, si pretenden disfrazar el monopolio.
¿Judicialización en puerta?
El Grupo Clarín mostró un clima de diálogo con el AfFSCA desde noviembre en que presentó su propuesta de adecuación voluntaria. Sin embargo, hubo un mensaje de poder que puso en evidencia de que, al mismo tiempo que el diálogo, Héctor Magnetto preparaba la ofensiva. A principios de junio pasado, con la excusa de la realización de un ciclo sobre Democracia y Desarrollo realizado en el Malba, el CEO de Clarín juntó a varias de las figuras relevantes de la política (Daniel Scioli, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Duermes Binner, entre otros) como para buscar un respaldo a su lucha por evitar que se aplique la ley.
En caso de que se estanque el proceso de adecuación voluntaria y se concretara el proceso de adecuación de oficio, el AFSCA debería cumplir con todos los pasos para llamar a concursos para la compra de las licencias que excedan los límites autorizados por la Ley 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual). Pero nada de esto es sencillo, porque de inmediato Clarín se presentaría a la Justicia. Y no sólo reclamaría que la Justicia dictamine que la propuesta admitida a trámite sea dada por válida. Hay otro tema más delicado: en caso de ponerse a la venta las licencias, deberían estar acompañadas por los bienes físicos así como el traspaso de los planteles de trabajadores de las empresas operadoras y de los abonados, en caso de ser cableoperadores.
Pero Clarín, como cualquier empresa, reclamaría que esos activos son propiedad privada y que el Estado no puede disponer de ellos. Se sabe, en el capitalismo, para la Justicia la propiedad privada suele ser el bien más protegido. Es fácil tirar abajo con una topadora una vivienda precaria en un asentamiento porque esa casilla, hecha con el trabajo humano, no tiene un título de propiedad que la defienda. Otra cosa es intervenir donde hay papeles que protejan a quien tiene el usufructo de una empresa.
Es decir, si el Afsca decide ir por la adecuación de oficio, habrá infinidad de idas y venidas judiciales que, por supuesto, no se resolverán antes del 10 de diciembre de 2015. El gobierno de Cristina habrá cumplido con el espíritu de una ley que atravesó muchas peripecias y que llegó a un punto clave. No sólo hubo un debate sobre el rol de las empresas con posiciones dominantes o monopólicas, sino que se transitó un camino donde participaron los tres poderes del Estado y dieron como resultado que los dueños de los medios audiovisuales –y no sólo Clarín– deben adecuarse a la ley.
Más allá de este logro, que contribuye a la democratización de la vida política y económica de la Argentina, queda también planteada la pregunta inicial, ¿qué pasó entre febrero y agosto, cuando se dio por admisible la propuesta de Clarín, y este escenario, en el que es posible que no se pase a la fase de las transferencias de licencias tal como lo propuso ese grupo? Hubo un cambio en el contexto político y en el rumbo de las decisiones del Gobierno.
En febrero, el Gobierno avanzaba con decisión hacia la negociación con el Club de París y con Repsol, así como avanzaba la asociación con Chevron en Vaca Muerta. Las previsiones oficiales iban de la mano de poder pasar el examen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el juicio con los fondos buitres. Con ese plafón, se esperaba un segundo semestre donde los indicadores económicos internos mostraran mejores signos y donde se pudiera acceder al crédito internacional e ingresaran los dólares necesarios para equilibrar el frente externo.
Pero las cosas se complicaron: la Corte norteamericana no dio curso al pedido argentino y el gobierno de ese país se desentendió, los signos de retracción económica se agudizaron y la pelea con los buitres se puso en el centro de la escena en un momento complejo, de difícil pronóstico sobre cómo pueden aquietarse los precios y el dólar, al tiempo que algunas medidas anticíclicas buscan que la demanda no caiga. Pero no crece la inversión, caen las reservas al tiempo que el clima social y político también se agita. Es probable que, además de las consideraciones específicas, técnicas, que puedan llevarlo a no admitir la propuesta de Clarín, el Gobierno considere que es un momento de no transigir, de no bajarse de un logro de estos años. Que sea, en todo caso, la Justicia la que deba encauzarlo y que el próximo gobierno tome la responsabilidad de no bajar la guardia con el poder corporativo.
