martes, 14 de enero de 2014

Escuelas porteñas: piden un sumario para los funcionarios a cargo de las inscripciones online

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reclamó al gobierno porteño que garantice el derecho a la educación de los cerca de 17.000 niños y adolescentes que no consiguieron vacante y que se les inicie un sumario administrativo a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema on line sin los recaudos necesarios.
 
La Resolución 3188/13, que fue dirigida la semana pasada al jefe de Gabinete de Ministros porteño, Horacio Rodríguez Larrata, fundamenta el pedido de sumario administrativo en haber aplicado el nuevo sistema "con impericia y falta de seriedad".
 
El texto solicita se instruya "un sumario administrativo tendiente a atribuir y/o deslindar responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" en la aplicación del nuevo sistema.
 
"Debido a las graves deficiencias del nuevo sistema, que fueron oportunamente advertidas por nosotros, pedimos por medio de esta resolución- se le otorgue las vacantes a los miles de niños, niñas y adolescentes" que a la fecha no cuentan con un lugar confirmado", dijo a Télam el responsable de Derechos de la Educación de la Defensoría del a Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris.
 
Para Lesbegueris, "haber aplicado el nuevo sistema, a pesar de las advertencias nuestras, de la Defensoría General y de los gremios, creó problemas en Primaria y Secundaria, donde nunca se habían registado dificultades y puso en riesgo datos personales de las familias que se registraron".
 
La resolución se basa en el incumplimiento de lo previsto en las las leyes 26.206, de Educación Nacional (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 11, 12 y 16); la Ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección de Datos Personales, entre otras normas.
 
Lesbegueris explicó que "hasta el año pasado los problemas para conseguir vacantes eran en el nivel inicial. Con la inscripción on line, lo que se logró fue complicar la gestión de vacantes en lo otros dos niveles".
 
La resolución se basó en un estudio de los más de 400 reclamos que recibió la Defensoría de parte de los padres y que "muestran además de impericia, falta de seriedad y responsablidad en el uso de los datos".
 
"Nosotros advertimos semanas antes, que el sistema que tuvo un costo de más de 15 millones de pesos ponía en riesgo el derecho a la Educación. Se hizo una prueba piloto de la que no se conoció el resultado y no se hicieron campañas informativas en las escuelas antes de lanzarlo", entre otras deficiencias, dijo el defensor.
 
En tanto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, dijo a Télam que "ahora están apareciendo los casos de chicos que habiendo conseguido vacante por ejemplo por vivir cerca de la escuela, se les dice que entraron en lista de espera".
 
"El problema es que el sistema no había regsitrado a los que tenían hermanos por ejemplo; entonces, ahora, al contemplar ese criterio, pusieron en juego otra vez vacantes que habían sido otorgadas", dijo López, que anunció para hoy a las 10.30 una reunión para padres en la sede del gremio, Bartolomó Mitre 1984.
 
López informó que es el "propio Ministerio de Educación porteño el que reconoce el error en su informe diario, como el del 10 de enero, que tituló 'Información Casos en Lista de Espera: 17.615'".
 
El informe oficial revela que de la totalidad de los casos, 13.211 corresponden al nivel inicial; 1.585 al nivel primario y 2.819 al secundario.
 
Sobre estos casos a resolver, "se está llamando primeramente a los casos que se generaron por reasignaciones. Una vez finalizados esos casos se seguirá con el resto de los casos", informa el parte ministerial.
 
Mientras tanto, el gobierno macrista "abrió 15 escuelas donde los padres solo pueden ir a hacer consultas pero no hay respuestas para los que quedaron sin vacante", dijo López.  
 
La UTE inició la campaña "Ningún niño sin escuela pública" que reclama a través de la recolección de firmas las 17.000 vacantes para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires que no tienen asignado a un lugar para el ciclo lectivo 2014.
 
Familias, entidades sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles y referentes de la cultura se agruparon en una multisectorial y recibieron la adhesión de Estela de Carlotto, Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras entidades. 

Cruces por la renovación de contratos en la Ciudad

Se renovaron los cruces entre empleados estatales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por renovaciones de contratos. Los trabajadores denuncian que son 20 los que estarían quedando en la calle.
 
Unos 20 empleados que se desempeñaban en la Dirección General de Políticas de la Juventud del Gobierno porteño buscan mantener charlas con autoridades de la Ciudad para ser reincorporados, luego de que se vencieran sus respectivos contratos y no se los hayan renovado.
 
Los trabajadores encararon gestiones para conseguir su "inmediata reincorporación", al tiempo que preparaban una marcha para pedir por su vuelta a las tareas que desarrollaban.
 
Fuentes oficiales del gobierno porteño indicaron que hubo "seis trabajadores de esa dirección a los que no se les renovó el contrato, que venció el 31 de diciembre pasado" y que se debió "a una decisión pura y exclusivamente laboral". A partir de esta determinación se inició el reclamo de los empleados para ser reincorporados.
 
Alejandro Catalano, delegado de ATE, remarcó que la Ciudad "no renovó el contrato de 20 personas jóvenes que trabajaban en la Red de Empleo Joven, en Salud Sexual y Reproductiva, y en el Observatorio de la Juventud" y según indicó fue "sin motivo alguno".
 
"Mandamos un pedido de audiencia a la titular del área Luciana Blasco y solicitamos una reunión con Maximiliano Sahonero, que es el líder de la Juventud PRO para que nos den una respuesta. Si no la conseguimos pediremos hablar con la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, porque esta área depende de ella", señaló.
 
Catalano consideró que al "sacar a los 20 jóvenes la debilitaron porque son áreas estratégicas", al tiempo que reveló que "lo triste de esto es que no es un problema presupuestario".
 
"El trabajo que hicieron estos empleados fue fantástico, porque lograron que 50 mil chicos se inscriban en la Red de Empleo", detalló el delegado de ATE.
 
El año pasado la Dirección General de Políticas de la Juventud tenía un presupuesto de 17 millones de pesos y este año 26 millones de pesos.
 
"Como estos jóvenes no son del PRO, sino que son trabajadores, hay un capricho político para disciplinar a los trabajadores, que además, tienen contratos en negro y salarios de 3.000 pesos en negro. Acá hubo una reducción de personal para debilitar áreas estratégicas", precisó el sindicalista.
 
Por su parte, fuentes oficiales del gobierno porteño indicaron que hubo "seis trabajadores de esa dirección a los que no se les renovó el contrato, que venció el 31 de diciembre pasado" y que se debió "a una decisión laboral".
 
Las fuentes del gobierno porteño remarcaron que no son 20 los trabajadores a los que no se les renovó el vínculo laboral.

El diario La Nazión calificó a la dictadura de “lucha contra la subversión”

En una columna publicada ayer por el matutino de los Mitre, se llama de esa manera al régimen que secuestró e hizo desaparecer a 30.000 personas entre 1976 y 1983. Los vínculos de la conducción periodística con los jerarcas militares.
 
En una nota publicada ayer por el diario La Nazión, se afirma que la última dictadura cívico-militar que asoló al país entre 1976 y 1983 y masacró a 30.000 personas fue simplemente una “lucha contra la subversión”.
 
En “Milani conformó la cúpula militar más numerosa desde 1983”, el columnista Mariano De Vedia hizo un repaso por las primeras decisiones del flamante jefe del Ejército y luego hizo un análisis retrospectivo de la gestión de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré.
 
“Consolidada especialmente en la gestión de Garré, esa política se caracterizaba por el pase a retiro de oficiales `por portación de apellido`, objetados por sus lazos sanguíneos con coroneles o generales que habían intervenido en la lucha contra la subversión”, escribió De Vedia en su nota.
 
Luego de utilizar el lenguaje de los represores y decir que la brutal dictadura fue apenas una “lucha antisubversiva”, se puede leer el editorial escrito por el directorio de La Nazión, en el que se equipara al Fútbol para Todos con el fascismo. “Un monopolio que le ha permitido al Gobierno utilizar esos espacios de publicidad para realizar un proselitismo oficial de manera descarada e incluso atacar a gobernadores y a medios de comunicación críticos del oficialismo. El colmo sería que este vicio tan afín a las prácticas fascistas se extendiera a las transmisiones de los partidos del campeonato mundial de Brasil 2014”.
 
De esta manera, compara la publicidad estatal de un gobierno democrático en las transmisiones de fútbol con los regímenes políticos autoritarios y totalitarios que mataron a millones de personas e impusieron el pensamiento único.
 
El 27 de mayo de 2013 el diario ya había comparado al actual gobierno nacional con el nazismo. En su editorial llamada "1933", afirmó: “Hace 80 años el mundo fue testigo, silencioso y tolerante, de la gradual desaparición de una república y, en pocos meses, de la instalación de una dictadura con el apoyo entusiasta de la población y sus fuerzas vivas. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que concentró en una persona los tres poderes del Estado, eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa independiente y, finalmente, ejecutó el terrible Holocausto. Salvando enormes distancias, hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta”.
 
Ese editorial despertó el repudio de dirigentes de la comunidad judía e historiadores que alzaron su voz contra la banalización de la Shoá.
 
De todas maneras, el vínculo de La Nazión con la dictadura no es nuevo. En el año 1978, ese diario, junto a Clarín y La Razón, se asociaron con el Estado que gobernaba de facto Jorge Rafael Videla para la adquisición de Papel Prensa. La causa está actualmente en la Justicia y el principal accionista de la compañía, Bartolomé Mitre, está acusado junto al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, por delitos de lesa humanidad.

Rechazan demanda contra periodistas

Se trata de Roberto Caballero y Carlos Romero fueron exonerados por la Cámara Civil. Era por 200 mil pesos y la realizó el abogado derechista José Benegas.
 
Roberto Caballero y Carlos Romero
La justicia puso las cosas en su lugar: la Cámara Civil rechazó una demanda por 200 mil pesos contra dos periodistas, por el simple hecho de cumplir con su trabajo.
 
Los periodistas que habían sido denunciados son Roberto Caballero, director fundador del diario Tiempo Argentino, y Carlos Romero, subeditor de la sección Política del diario.
 
El demandante, un abogado, que se presenta como periodista, llamado José Benegas, un activo decidor de cierta derecha criolla.
 
Todo comenzó en 2008, por una nota publicada en la revista Veintitrés, de la que Caballero era director, y Romero redactor, que se tituló "Fundación buitre", en la que se informaba sobre la Fundación Atlas, que integra Benegas.
 
En ese artículo, la Fundación, que según proclama "tiene por finalidad liderar el cambio hacia una sociedad basada en la defensa de la libertad individual, la existencia de límites institucionales a la acción del gobierno, la economía de mercado, la propiedad privada, la libre empresa y el estado de derecho", fue calificada como una "sociedad secreta de represores, políticos y economistas que apuesta a la catástrofe". Y el artículo fue ilustrado con una foto de José Benegas junto a José A. Martínez de Hoz y Julio Cirino, a quien la revista califica de "represor".
 
Cirino es un ex agente de inteligencia, relacionado con la Fundación Pensar –cuyo presidente honorario es Mugrizio Macri– que fue condenado a seis años de prisión por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en especial la represión de la denominada "contraofensiva de Montoneros".
 
José Benegas
La Sala E de la Cámara Civil, en el fallo de los jueces Juan Carlos Dupuis, Mario Calatayud y Fernando Racimo, consideró que las expresiones vertidas en la revista no son mentiras.
 
"Sin perjuicio que pueda considerarse desafortunado su título ('Fundación buitre') y de la subjetiva valoración que le merezca a cada uno de los lectores la persona de quienes según el autor integraría la ya mentada fundación, lo cierto es que, al menos en lo que se refiere a Benegas, no resulta ni falaz ni agraviante", sostienen los jueces en uno de los párrafos del fallo.
 
En su demanda, Benegas explicó que "sus relaciones se han limitado a recibir un premio a la valiente defensa de la libertad (junto a personalidades como Jorge Fontevecchia, por ejemplo), a publicar un libro sobre 'Pensadores de la Libertad' y a dictar alguna conferencia gratuita aislada".
 
El demandante se presenta como ensayista y periodista especializado "en temas filosófico políticos, institucionales y económicos". Tuvo participación política en la UCEDE, donde presidió la convención juvenil, y fue miembro de la Convención Nacional. Como abogado, dice su currículum, asesoró desde el punto de vista legal en procesos de privatización y liquidación de empresas del Estado.
 
Ese es Benegas. El analista filosófico-político que se sintió agraviado por un artículo periodístico y que terminó condenado a pagar las costas del juicio, porque quedó demostrado que la nota de Romero "no contiene datos falsos sino que representa una mera opinión crítica contraria a la ideología liberal que orienta a la Fundación Atlas".

Zaffaroni: “El actual Código Penal es un caos”

El miembro de la Suprema Corte y autor de un proyecto que busca reemplazar a la actual normativa, habló sobre el actual sistema y sobre la situación de las fuerzas policiales.
 
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se explayó respecto a cuestiones del derecho penal, y puso especial énfasis en el proyecto del nuevo Código que le presentará a la Presidenta Cristina Fernández en febrero: "Es un texto que tiene en principio un efecto ordenador porque lo que tenemos ahora es un caos".
 
Zaffaroni destacó que el nuevo texto "moderniza" el Código "con las alternativas de las penas no privativas de la libertad y se trata de hacer una aplicación más racional de penas porque lo que tenemos ahora es una desproporción tremenda".
 
El magistrado también evaluó que el autoacuartelamiento policial ocurrido en diciembre último en algunas provincias, que desembocó en hechos de vandalismo y saqueos, es algo "que tenía que pasar" y alertó que "pueden suceder cosas más graves si no se repiensa la estructura policial".
 
Zaffaroni también confirmó que todas las penas mayores deberán cumplirse de manera efectiva en sus dos terceras partes y el resto tendrá diferentes alternativas, que sería "una ampliación de lo que es hoy la libertad condicional pero con penas".
 
"Hoy el que sale en libertad condicional, sale. Lo del patronato es una ilusión que no existe. En consecuencia a la persona se la suelta y no sabemos qué pasa", opinó el juez, quien también remarcó que el nuevo Código "no" es revolucionario ya que "se inscribe dentro de lo que es más o menos la legislación comparada contemporánea".
 
En tanto, cargó contra los promotores de la "tolerancia cero" al afirmar "que éste es un lema que ya está olvidado" y remarcó que "una pena de 50 años es una locura".
 
Por último, Zaffaroni reiteró que antes de fin de año se retira del máximo tribunal al indicar que cumple "75 años y ese es el límite que dice la Constitución" y consideró que "los cargos en una República tienen que ser por un período de tiempo y luego deben terminar".
 
En este sentido, se expresó contra "la vitalicidad" de los cargos ya que esto "es una característica monárquica y no republicana" y sentenció que "once años" en su puesto "fueron suficientes y es tiempo de dar las hurras y dedicarse a otra cosa".

Detectan 31% de ómnibus en infracción durante el recambio turístico

Las carteras de Trabajo de la Nación y de la Provincia realizaron controles en las principales terminales de ómnibus durante el último fin de semana de recambio turístico y detectaron un 31% de infracciones, la mayoría por no respetar los horarios descanso ni los francos mensuales de los choferes.
 
En el operativo se llevaron a cabo en total 281 relevamientos, entre los que se detectaron 67 infracciones y 6 suspensiones de servicio, detalló la cartera laboral provincial.
 
El director bonaerense de Inspección de la cartera laboral provincial, Raúl Ferrara, dijo que “si bien este tipo de controles se realiza todo el año, se refuerzan durante períodos de gran flujo turístico".
 
"Tienen como fin constatar que los choferes estén debidamente registrados en el aspecto laboral y que respeten tanto el horario de trabajo como de descanso”, sostuvo.
 
Ferrara remarcó que este tipo de procedimientos “no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan proteger la vida de los choferes y por consiguiente la de los pasajeros y de todas las personas que transitan las rutas de la Provincia. De esta manera, lo que logramos, es un efecto multiplicador”.
 
“Se busca además generar conciencia acerca de la salud y la seguridad en los ambientes laborales, y el transporte no es la excepción. En esta tarea es de vital importancia la colaboración con otros organismos de la provincia y de la cartera laboral de la Nación”, afirmó.
 
En Mar del Plata se realizaron 92 inspecciones (86 verificaciones, 6 infracciones y 1 suspensión); en Florencio Varela 25 inspecciones (25 verificaciones); en Villa Gesell 40 inspecciones (26 Verificaciones, 14 infracciones); en el Partido de La Costa 40 Inspecciones (22 verificaciones, 18 infracciones).
 
En La Plata se hicieron 43 inspecciones (34 verificaciones, 9 infracciones); en Puente La Noria 15 inspecciones (13 verificaciones, 2 infracciones); y en Tandil, Azul y Olavarría 26 inspecciones (8 verificaciones, 18 infracciones y 5 suspensiones).

Más de un millón de turistas visitaron Mar del Plata

Un millón trescientos mil turistas disfrutaron del balneario entre el 1 de diciembre y el 10 de enero, lo que implica un crecimiento del 2% respecto a igual periodo del año pasado.
 
Un millón trescientos mil turistas visitaron la localidad marplatense entre el 1 de diciembre y el 11 de enero, lo que implica un 2% más respecto a igual período del año anterior.
 
En tanto, la la ocupación hotelera se ubicó en el orden del 85%, también por encima de la temporada anterior, añadieron las fuentes, a pocos días del recambio de quincena en el principal destino de la costa atlántica.
 
Esas cifras "están poniendo de manifiesto que las expectativas que se habían generado para este verano se están afianzando y estamos viviendo una buena temporada", afirmó el presidente del Ente de Turismo (Emtur) de la ciudad balnearia, Pablo Fernández.
 
A los atractivos tradicionales de playas, espectáculos y otros, "hay que sumarle el gran interés que han generado las distintas novedades de recreación que tiene la ciudad, como lo es por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo", recientemente inaugurado, y la Copa Davis de tenis, que se jugará a fin de este mes, dijo Fernández.
 
"Todavía queda mucho de este verano y estamos trabajando fuerte para tener un fin de mes con un gran acontecimiento internacional para que no sólo sea importante desde lo turístico sino que también nos dé un destacado impulso promocional en la Argentina y en el exterior. Todo esto va a hacer que finalmente podamos hablar de una gran temporada", concluyó.

lunes, 13 de enero de 2014

Así creció el lobby de la Iglesia en el país

Por Cecilia Toledo
 
La doctrina eclesial supera cada vez más los límites religiosos y mete su cola en el debate de temas públicos, como es la reforma del Código Civil. Cómo impactó la llegada de un Papa argentino y de qué manera se articulan los engranajes del lobby católico.
 
 
El 13 de marzo del año pasado 115 cardenales eligieron en la Capilla Sixtina a Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa. Unos meses después, el país que fue la cuna de Francisco discutía en una Comisión Bicameral la reforma del Código Civil. El proyecto original deteminaba que la vida de una persona comenzaría en el seno materno -y no desde la concepción como pide la Iglesia-, regulaba el alquiler de vientres y la fecundación post mortem. Pero la polémica estalló: los religiosos del mundo se inquietaron por el avance de un proyecto en tierra del Papa que contradice los principios religiosos. Fue entonces cuando el llamado lobby católico se activó y el resultado fueron 180 modificaciones al proyecto original. En 2014 el tema seguirá en agenda y una pregunta aparece con fuerza: ¿Hay un nuvo poder eclesial en Argentina desde que Bergoglio es Papa?
 
"En los últimos diez años la Iglesia Católica ha tenido un lugar bastante relegado y por eso se lograron aprobar ciertas normativas, como el matrimonio igualitario o la ley de salud sexual y reproductiva. A partir de la asunción de Francisco aparecen indicios que muestran una serie de vínculos más fluidos entre el poder político y el eclesiástico en temas de la agenda pública", analizó Juan Cruz Esquivel, investigador adjunto del CONICET especializado en los vínculos Estados-Iglesias en América Latina.
 
Para la ex diputada Cynthia Hotton, conocida por su férrea oposición a la Ley de Matrimonio Igualitario y su cercanía a la Iglesia, la institución eclesial "está siendo más escuchada" desde la llegada de Francisco y "no sólo por los dirigentes sino también por toda la sociedad". Hotton reconoció que son usuales los mensajes o llamados por parte de religiosos a legisladores para modificar su posición en el debate algunas leyes, como sucedió durante la discusión por el matrimonio igualitario.
 
"Los legisladores siempre reciben llamados por parte de los interesados en los diversos y variados temas. Nadie se asusta. Lo raro sería que no lo hagan, que no se expresen y que no estén interesados por lo que sucede en el país. Los diferentes sectores pronuncian sus inquietudes. Lo que no debe haber es extorsión y debe respetarse la libertad del legislador", aseguró la representante de Valores para mi país.
 
Por su parte Esquivel se refirió a un dato no menor. "En los últimos tiempos la Iglesia ha perdido terreno en términos de fieles, pero eso no fue en desmedro de su poder institucional". Si bien se produjo una disminución en la cantidad de fieles, eso no atentó contra el poder de penetración religioso en la agenda pública, sobre todo "en áreas de alta sencibilidad eclesiástica, como la educación o la planificaicón de políticas sexuales y reproductivas", precisó el investigador del CONICET.
 
¿Un nuevo poder?
 
En los 30 años de democracia, la Iglesia católica protagonizó dos grandes peleas con el poder político. La primera fue contra la ley de divorcio, en 1987. Argentina era por entonces uno de los pocos países del mundo en el que no existía el derecho al divorcio vincular. Y la pelea para sacar la ley no fue sencilla: el poder eclasial ejerció una importante presión para frenar la norma, con procesiones a Plaza de Mayo, manifestaciones públicas y diálogos directos con el entonces presidente Raúl Alfonsín. Inclusive, la Conferencia Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad excomulgar a los legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció. 
 
Una resistencia similar, aunque la sociedad ya era otra, sucedió en 2010, cuando se discutía el proyecto de Matrimonio Igualitario. La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el hoy papa Francisco, encabezaba la resistencia a la norma. "No se trata de un mero proyecto legislativo sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Aquí también está la envida del Demonio, por la que entró el pecado en el mundo", proclamaba Bergoglio al tiempo que se convertía en un acérrimo opositor al matrimonio igualitario. Faltaban menos de tres años para que el entonces cardenal se convirtiera en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pero era difícil imaginar que detrás del humo blanco del Vaticano hubiera un papa argentino.
 
"La presión que se ejerce desde los sectores religiosos sobre los legisladores es muy grande. Y más que presión se trata de una lucha ideológica muy fuerte". La que habla es Cecilia Merchan, y lo hace con conocimiento de causa: fue diputada nacional entre 2007 y 2011 y participó de la discusión en torno al matrimonio igualitario.
 
Durante el debate de esa ley, finalmente aprobada el 15 de julio de 2010, muchos legisladores recibían mensajes de referentes religiosos que les decían "'si votás a favor vamos a decir en las misas y capillas que estás en contra de la familia y del lado del demonio'. Ese mensaje tenía mucha cabida entre legisladores con aspiraciones" políticas en sus jurisdicciones, contó la ex diputada. También eran frecuentes los correos electrónicos que llegaban a las casillas de los legisladores y los mensajes homofóbicos que muchos sacerdotes emitían en sus misas.
 
Cecilia Merchan es coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas y aunque ya no ocupa una banca en la cámara baja asegura que "en la discusión por el Código Civil se nota mucho la presión de la Iglesia, pero el conjunto de la sociedad tiene una mirada mucho más avanza" que la eclesial.
 
“La Iglesia dice lo que piensa"
 
Desde que ocupa el sillón de San Pedro, los mensajes de Bergoglio han sido transmitidos a todo el mundo. Francisco fue elegido como el Personaje del Año por la revista Time, fue tapa de la publicación estadounidense The New Yorker y la revista Esquire lo eligió como “el mejor vestido del año 2013”. Es innegable la llegada que Francisco tiene a nivel internacional, y muchas de las miradas están puestas en el país donde se formó el primer papa Latinoamericano. 
 
Más allá de las presiones religiosas para modificar el proyecto original de reforma del Código Civil, en el último tiempo, la voz de la Iglesia se hizo oír en el debate público. En medio de una serie de crímenes relacionados al narcotráfico, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un escrito titulado "El drama del narcotráfico y la droga", que apunta a la política y a la sociedad. El material fue difundido justo una semana antes de que el oficialismo presente en la Comisión Bicameral el proyecto para modificar y unificar el Código Civil y Comercial. Veinte días después el padre Juan Carlos Molina era designado al frente de la Secretaría de Programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico (SEDRONAR).
 
También el índice de pobreza que anualmente difunde la Universidad Católica Argentina tuvo este año otro impacto. A tal punto que desde el INDEC salieron al cruce de los datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, según los cuales hay más de 10 millones de pobres. El propio Francisco, en sus discursos diarios se ha referido a la cuestión de la pobreza, las drogas y el poder.
 
“El Papa es un líder que no sólo tiene que ser escuchado, sino que además orienta” los destinos del mundo, aseguró el Padre Eduardo Lorenzo, a cargo de la Inmaculada Madre de Dios en La Plata. Como representante religioso y al ser consultado sobre la capacidad de lobby eclesial, Lorenzo consideró que “la Iglesia dice lo que piensa. El que quiere lo toma y el que no, no. Aunque quizá ahora esté siendo más escuchada por el rol que tiene Francisco, pero no creo que se confunda con el poder temporal”
 
Según las palabras del cura la institución eclesial tiene “una acción profética y debe decir lo que piensa defendiendo siempre a los pobres pero sin imponer doctrina. Ningún gobierno debe ser jenuflexo a ninguna Iglesia, porque eso lo limitaría y el gobierno es de todos”. Una postura contrapuesta manifestaron desde la Coalición Argentina por un Estado Laico.
 
"Como asociación vemos que hay mayor capacidad de lobby de los sectores religiosos y eso se vio con los cambios aplicados al proyecto original para la reforma del Código Civil. Esos sectores buscan bloquear el debate por el aborto legal", aseguró Alejandro Nasif Salum, miembro de la Coalición para un Estado Laico.
 
Desde esa asociación, integrada por organizaciones civiles, de derechos humanos y hasta grupos religiosos, piden el establecimiento de un estado laico donde las creencias religiosas de los gobernantes no restrinjan derechos ni frenen avances ¿Cuán lejos estamos de alcanzar una Estado laico? "Estamos mucho más lejos que hace un año", aseguró no sin preocupación Nasif Salum.
 
Cuadros político-religiosos
 
Según una encuesta del CONICET, es frecuente que los legisladores nacionales se reúnan con religiosos; más de la mitad se ha encontrado con un obispo y un 45 por ciento, con un sacerdote católico en el último año. 
 
“El lobby católico no se hace con un cuchillo por detrás. La Iglesia católica forma cuadros políticos, judiciales, empresariales, educativos” que operan desde adentro de la sociedad, señala Fortunato Mallimaci, investigador en temas de política y religión y autor de "Atlas de las creencias religiosas en Argentina", entre otros libros.
 
“Al poder de la Iglesia no hay que verlo sólo en lo que pasa hoy, sino a largo plazo. Ha sido un actor fundamental en la construcción del Estado y de la Nación argentina”, analizó Mallimaci y comparó a la Iglesia con el resto de los poderes que conforman ese círculo donde se toman decisiones. “El catolicismo siempre fue pensado como un actor más dentro de la vida social, como los bancos, las empresas y los medios. Y en la discusión por el Código Civil es un ejemplo de eso”, agregó el investigador en temas de Iglesia y poder.
 
Sin embargo las conclusiones a las que llegó el profesor del seminario de Sociedad y religión de la UBA, echan un poco de luz: “En nuestras investigaciones alertamos que la sociedad argentina se diferencia de las posturas que la cúpula religiosa tiene sobre temas polémicos. Sin embargo los políticos -de todos los sectores- creen que sino apoyan las posturas de la Iglesia pierden votos, porque los fieles van a dejar de apoyarlos”. Pareciera ser, entonces, que el lobby eclesial no se aplica por la fuerza y el rigor del poder, sino por el principio de popularidad que persiguen los dirigentes políticos. “En los '80 y '90 se decía que todos los políticos soñaban con tener un amigo obispo. Hoy todos sueñan con ser amigos del Papa”, ironizó Mallimaci.
 
Catolicismo y diversidad
 
La doctrina religiosa también se hizo oír en 2010 pero no impidió que se aprobara el proyecto de Matrimonio Igualitario y la ley de Identidad de Género. “En esa época hubo un impase entre los dirigencia política y la jerarquía católica, pero ahora y desde que Bergoglio es Papa se produjo una mayor vehiculización del diálogo entre la Iglesia y ciertos sectores del gobierno”, analizó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (LGTB).
 
Paulón considera que el poder de influencia de la Iglesia se ha sentido de manera muy fuerte y, como dirigente de una organización social orientada a asuntos de género, que interactúa con muchas otras organizaciones, sostiene que “es permanente el hostigamiento que ejerce la jerarquía desde los medios católicos”. La Agencia Católica AICA ha funcionado como la plataforma virtual desde la que se difunde la voz de la jerarquía religiosa contra sectores que tienen posturas contrarias a la tradición religiosa más dogmática. 
 
Aunque el poder católico no sólo se despliega desde los medios institucionales. “Son grupos fundamentalistas los que van sacando notas terribles, nos llaman Lobby Gay”, recordó Paulón al tiempo que diferenció a esa cúpula del pueblo católico “que por lo general ha apoyado las leyes de la diversidad”.
 
Aunque bastante desigual, los dirigentes de organizaciones sociales consideran que las discusiones contra las posturas eclesiales más cerradas son batallas y tensiones que deben darse en el campo de lo público. “La Iglesia tiene derecho a expresar su voz, pero no a determinar” el destino de ciertos temas, aseguró el presidente de la Federación LGTB. Pero a las claras está que “en Argentina la Iglesia es un factor de poder", concluyó Paulón.

En seis años de gestión, Macri sólo entregó 600 créditos para construir viviendas

Por la subejecución presupuestaria del IVC, el gobierno porteño no utilizó más de 267 millones de pesos, que equivalen a 630 préstamos hipotecarios. Las cifras del programa Primera Casa revelan que se ejecutó apenas el 12,7 por ciento.
 
Mugrizio Macri ya cumplió seis años al frente del gobierno de la Ciudad, pero desde que asumió el cargo en diciembre de 2007, un viejo fantasma que recorre la capital no ha dejado de crecer al calor de su gestión. Los urbanistas y sociólogos lo identifican como "la crisis habitacional porteña", un fenómeno que no encontró freno en la última década, y que acumula más de medio siglo de consolidación. La referencia más reciente que el doblemente procesado alcalde le dedicó fue hace unos días, cuando confesó que "la Ciudad no está en condiciones de satisfacer los reclamos de viviendas que pretenden los manifestantes", en respuesta a un corte total de la Autopista Illia que los vecinos de la Villa 31 de Retiro mantuvieron durante ocho días.
 
El presunto sincericidio que pronunció el ex hijastro de Flavia Palmiero buscó mostrar las limitaciones financieras que tendría el tercer presupuesto más grande del país para revertir la situación habitacional de una ciudad que tiene 3 millones de habitantes y casi un tercio de esa población afectada por problemas de techo, hacinamiento, alquileres impagables o bajos recursos para acceder a un crédito hipotecario. Ante el escenario de una metrópoli que aparenta estar al borde del colapso, el mensaje del líder del PRO buscó mostrarlo impotente ante un proceso imparable. Sin embargo, una serie de investigaciones del propio gobierno porteño y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, confirman que el discurso del doblemente procesado alcalde está flojo de papeles.
 
La señal más reciente, que siembra dudas frescas sobre las certezas habitacionales del PRO, data del 19 de diciembre del año pasado. Se trata de la resolución 3085/13, firmada hace escasos 20 días, luego de una prolongada investigación sobre "la política crediticia del gobierno de la Ciudad". En sus 30 páginas, los expertos del organismo indagaron sobre dos líneas de crédito vigentes, como la establecida por la Ley 341 para cooperativas de vivienda hace una década, y el reciente programa Primera Casa, lanzado en 2012. Ambos programas pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el principal ente del Estado porteño dedicado al desarrollo de políticas habitacionales.
 
El estudio de la Defensoría sostiene que ese organismo nunca ejecutó todo el presupuesto que le dedicó la comuna, especialmente desde que el PRO está a cargo de la administración. "En términos porcentuales –advierte el estudio– el IVC ejecutó en 2009 el 49% de su presupuesto, el 93% en 2010, el 67% en el año 2011, el 39% en el año 2012 y el 41% hasta fines de noviembre de 2013". El raconto confirma una histórica subutilización de los dineros públicos para afrontar la crisis de vivienda, pero aporta una conclusión inesperada, porque ese "saldo no utilizado por el IVC entre 2009 y 2013 asciende a $ 267.576.007, es decir que representa más de 630 créditos hipotecarios que podrían haber sido otorgados en estos años, tomando como referencia los montos mínimos vigentes".
 
La comparación presupuestaria y el análisis de los programas de crédito revelan que, "de haberse ejecutado la totalidad del presupuesto prácticamente se podría haber duplicado la cantidad de créditos otorgados desde 2007 a la fecha", es decir, que en sus seis años de gobierno, la gestión PRO sólo ha entregado 600 créditos para la construcción de viviendas. Esos centenares de escrituraciones realizadas entre 2007 y 2013 es "prácticamente la misma cantidad de créditos que en 2004", un dato que "nos permite apreciar que la regresividad de la operatoria tiene larga data", porque "en los últimos siete años de gestión, el promedio de créditos otorgados apenas supera los 100 por año".
 
Las cifras hacen empalidecer los objetivos que había previsto la comuna, por ejemplo, con el lanzamiento en junio de 2012 del Programa Primera Casa BA, que "previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos". La respuesta ante la oferta anunciada fue la presentación de 200 mil solicitudes. De ellas, el IVC sólo derivó 5276 carpetas, el Banco Ciudad aprobó 3114 créditos, pero "hasta el mes de agosto se efectivizaron 508 créditos hipotecarios", lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4000 créditos previstos.
 
En cuanto a los montos estimados, se preveía ejecutar 1015 millones de pesos durante el año pasado, pero sólo se ejecutó el 15,9% de ese total. "Para tener real magnitud de la injerencia del programa ante el déficit habitacional, alcanza con ver que de las 200 mil solicitudes, sólo el 0,25% pudo acceder a una vivienda definitiva, mientras que otro 0,38% se encuentra con propiedad presentada"., sostiene el estudio. Los números son bajos, admite la Defensoría, pero sólo en el primer año quintuplicó el promedio de los créditos de la Ley 341, que han evolucionado a razón de un centenar por año.
 
Ambas líneas de crédito pertenecen al IVC, pero "ninguna de las dos otorga actualmente montos que se ajusten a los valores del mercado inmobiliario", dice el informe y agrega que "las principales viviendas en oferta son aquellas que fueron construidas por el propio Estado local, o que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, retroalimentando el proceso de segregación especial que deberían resolver". Esa escasez de respuestas públicas ocurre en una ciudad que, según una comparación realizada por la Dirección de Estadísticas y Censo (DGEyC) sobre los resultados del censo nacional 2010, tuvo un 24% de viviendas sin residentes "por distintos motivos".
 
"El 27 de octubre de 2010 fueron relevadas 1.423.973 viviendas, de las cuales en 1.082.998 (76%) se encontraron moradores presentes, y en el 24% restante no se registraron residentes por distintos motivos", resume el documento "Situación Habitacional CABA 2010" del ente estadístico, que revela que "en las viviendas con moradores presentes se censaron 2.890.151 personas y 1.150.134 hogares, es decir, un fuerte crecimiento del número de hogares, con 125.903 nuevos, que triplica el crecimiento relativo de la población y supera en cinco puntos porcentuales el aumento de las viviendas ocupadas con moradores presentes".

"El macrismo esconde el problema habitacional", aseguró Juan Cabandié

El diputado nacional del FPV por la Ciudad aseguró que "el macrismo, con otras acciones de gestión, esconde la problemática habitacional" que sufre la Ciudad, y advirtió que "si no se reconocen los problemas, no se pueden solucionar".
 
Cabandié se pronunció de esta manera respecto al informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que destaca que el gobierno de Macri, en 6 años, sólo pudo entregar 100 créditos anuales para viviendas (ver nota aparte en esta misma edición).
 
“El macrismo, con otras acciones de gestión, esconde la problemática habitacional; como por ejemplo utilizando la bicisenda, y si no se reconoce no se puede solucionar”, destacó el diputado en diálogo con Télam.
 
Asimismo, aseguró que “el macrismo construye una agenda mentirosa” y destacó que "el PRO quiere hacernos creer que lo que necesitamos los porteños es el Metrobus o las bicisendas, y no son cosas que estén mal, pero la necesidad de los porteños, desde hace 10 años es la vivienda”.
 
De la misma forma, Cabandié aseveró que “la agenda porteña debería tener como prioridad la problemática habitacional” y añadió que "la desatención en materia habitacional por parte del PRO no es de ahora, sino que es una prolija decisión de Estado instrumentada desde el inicio de la gestión”.
 
A la vez, se refirió al funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y lo caracterizó como “una estructura de la Ciudad de Buenos Aires inservible en estos años", dado que "sólo le paga el sueldo a mil personas, pero no urbanizan villas ni hacen barrios”.
 
En las investigaciones del propio gobierno porteño y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se destaca que el IVC nunca en su historia ejecutó la totalidad del presupuesto asignado por la Jefatura de Gobierno, y que esta situación se profundizó desde que Mugrizio Macri se hizo cargo de la administración.

Jaime Sorín: “el PRO ha tenido al desalojo como política de vivienda”

Jaime Sorín, ex decano de la facultad de arquitectura de la UBA, cuestiona el criterio de negocio inmobiliario del macrismo y califica de vergonzoso el presupuesto para el área.
 
Como postal de otro contraste íntimo e inadvertido de Buenos Aires, uno de los mayores conocedores de la crisis habitacional de la ciudad, tiene su despacho a escasos metros del doblemente procesado  jefe de Gobierno Mugrizio Macri. Frente al Palacio Municipal, el arquitecto Jaime Sorín pasa sus días entre las añejas y blanquecinas paredes del Cabildo, donde funciona la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Un puesto que ocupa desde noviembre pasado.
 
"No hay dudas, el macrismo ha tenido una política de vivienda muy interesante para ellos, como es el desalojo", caracteriza el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y miembro fundador del espacio de intelectuales Carta Abierta.
 
Cuando ocupó la jefatura académica de los arquitectos fue uno de los impulsores del plan de integración urbana que diseñó Javier Fernández Castro para que la Villa 31 fuera finalmente urbanizada, luego de 70 años de un derrotero que incluyó una de las más brutales erradicaciones durante las últimas dictaduras.
 
"El PRO estuvo todo el año pasado diciendo que iba a presentar otro proyecto, pero no hizo nada, porque realmente no hay ningún interés", confiesa este urbanista cuando escucha preguntas respecto al ambicioso proyecto que buscó, desde 2008, la transformación del sector más pobre que late y crece dentro del conglomerado más rico y selecto del Puerto de Buenos Aires, como es el barrio de Retiro.
 
Esos planos ya cumplieron cinco años, pero duermen dentro de la Legislatura porteña, como parte de un borrador que, gracias al encajonamiento, corre el riesgo de perder su estado legislativo en los próximos meses. Al calor del primer corte de ruta de 2014, el plan volvió a desandar el olvido porque un grupo de vecinos cortó la Autopista Illia durante ocho días y volvió a poner el caso en el centro de la escena, en reclamo de una solución habitacional que sigue sin respuesta.
 
El problema la demanda habitacional volvió a recrudecer y el ex hijastro de Flavia Palmiero admitió no poder solucionarlo, mientras que su secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina Klemensiewicz, consideró que el conflicto era "inmobiliario". En tal sentido, Sorín señaló que "la calificación del conflicto como 'inmobiliario' demuestra la intención que tiene el PRO: quieren vender los terrenos. Son maniobras para sacarse de encima el problema de la vivienda, porque el macrismo considera que es un problema que debe resolver el mercado, no el Estado. Por eso todos los programas que deberían tener apoyo del Estado cada vez se reducen más".
 
"Este año lo destinado a vivienda representa el 2,1% del presupuesto total. Ya es un nivel vergonzoso. Además, de ese dinero, casi el 23% lo aporta la Nación a través del Plan Federal, y hay que descontar casi un 20% de plata que se va en pagar los sueldos de los seis organismos que tienen a su cargo temas de vivienda. Si se descuenta todo eso, lo que queda para invertir es casi un chiste y no se hace nada", agregó el renombrado arquitecto.
 
Sobre el futuro que vislumbra para la Villa 31, Sorín explicó que "la ciudad tiene la ley 148, que abarca a todas las villas y que ha quedado desactualizada por el creciente asentamiento de habitantes. Yo creo que hay una política que busca que esto explote por la cantidad de gente y por la incomodidad de la vida cotidiana. Así como está, no tiene solución, y se mezcla todo entre el Estado de la ciudad, que no hace nada, la presión de la gente que llega y el negocio secundario que se armó con los alquileres".
 
Asimismo, agregó que "el gobierno porteño estuvo todo el año pasado diciendo que iba a presentar otro proyecto, pero no hizo nada, porque no hay ningún interés. Con ese contexto surgen problemas como el del otro día: si bien es cierto que nadie puede ir a poner una vivienda arriba de las vías del tren. A lo mejor no todo el mundo puede quedarse ahí, pero hay que buscar una solución definitiva".
 
Para Sorín, construir una vivienda social en la ciudad de Buenos Aires "incluyendo honorarios y valor de la tierra, cuesta 4500 pesos el m2, que es el valor de construir del plan Pro.Cre.Ar, pero sin el terreno. Esto se consigue trabajando con sistema cooperativo. La vivienda social no cuesta distinto, pero por lo general son más chicas. Nosotros estamos construyéndolas más grandes que lo habitual, porque si son viviendas de propiedad horizontal, que no pueden crecer, hay que darles la medida que necesitan y charlar mucho con la gente. Si se crean nuevas viviendas y provocás más hacinamiento, te estás comprando un problema nuevo, como sucede en Chile. Y lo peor es que la gente después lo tiene que pagar".
 
Si bien el profesional admite que la falta de tierra para construir en la ciudad "es el gran problema desde lo público y lo privado", advierte que "lo público podría resolverlo de otra manera. La muestra está en que el año pasado se intentaron vender (con el acuerdo de macristas y opositores) más de 30 propiedades estatales que podrían haber servido para construir".
 
Mientras que el gobierno porteño dice que una de sus prioridades es el sur de la ciudad y que para eso impulsó distritos especiales, como el tecnológico en Parque Patricios y la villa olímpica en Lugano, Sorín no cree que esto ayude a revertir el desequilibrio habitacional: "la zona sur está abandonada y hay una enorme diferencia en los servicios que tiene con respecto al norte, especialmente respecto al transporte, la luz, el agua, recolección de basura, salud y educación. Pero el gobierno de Macri empeoró un poco la situación creando los polos. El llamado 'Polo Tecnológico' en Parque Patricios lo único que provocó fue un aumento en el valor de la tierra en un barrio donde vive mucha gente, y eso obligó a la gente a irse. El Distrito de las Artes en La Boca tuvo una consecuencia similar y lo próximo será la Ciudad de Deporte que piensan construir en Lugano. Es la demostración práctica de que el gobierno de la Ciudad piensa que todo es un negocio inmobiliario, ignorando que el problema de la vivienda no se soluciona desde el mercado inmobiliario: hoy los que más vivienda necesitan son los que necesitan crédito y acción del Estado. Los otros en general se la han arreglado, a pesar de que hay un problema de hacinamiento y falta de vivienda joven".
 
Respecto de la composición del mapa de la construcción en la ciudad luego del boom inmobiliario, el prestigioso arquitecto señaló que "los barrios de Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Colegiales, representan el 40% de lo que se construyó en la Ciudad. Si se incluye Caballito, llegamos a más del 50 por ciento. Por eso se corta la luz y surgen esos problemas de infraestructura. Son situaciones que vienen de arrastre por la gran cantidad de metros cuadrados construidos sin pensar en la infraestructura".
 
"Hay que desarrollar el sur sin avalar la inversión inmobiliaria especulativa. Caso contrario, va a suceder lo mismo que ya ocurrió en el norte y centro de la Ciudad. En los últimos años aumentó mucho más el valor de la tierra en la zona sur que en la zona norte, por estas intervenciones del gobierno porteño. En el sur, desde 2005 hasta ahora, el precio de los terrenos creció más del 500% contra el 300% del norte. Los terrenos subieron porque se instalan empresas y el valor de la tierra aumenta. Está bien que las empresas generen trabajo, pero hay que pensar qué sucede con la gente que vive ahí, porque si no, se produce un cambio de población y la gente se tiene que ir a una villa o a la provincia", agregó en relación a cuál debería ser la política para el desarollo habitacional de esa zona de la ciudad.
 
En estos últimos seis años, la pelea por el techo y el suelo dentro de la Ciudad contó con la intervención de la justicia, que en algunos casos ha sido la única instancia del Estado que ordenó procesos de urbanización. Consultado sobre el papel que jugó el Poder Judicial, Sorín señaló que "la justicia no debería resolver los problemas habitacionales porque en realidad se trata de un problema de políticas públicas. Yo hice el informe técnico para urbanizar la villa Rodrigo Bueno y creo que la justicia porteña ha ocupado un lugar que no quiso ocupar el ejecutivo, dando amparo a la falta de política. Sin embargo, el macrismo ha tenido una política muy interesante que es el desalojo. El macrismo ha trabajado sobre desalojo. De hecho, la cantidad que hay por año no se sabe y es enorme. No hay política para la vivienda en calle ni política de prevención para el desalojo. Si a la gente le vas a dar un subsidio cuando ya esta desalojada, no resolvés nada, hay que buscar prevenir el desalojo.
 
"Hay jueces porteños que han actuado bien y otros que han actuado mal. Especialmente ha trabajado muy bien la asesoría tutelar, pero eso se termina ahora, porque la vicejefa María Eugenia Vidal ha logrado meter a una funcionaria suya, Yael Bendel, que ha demostrado un desinterés absoluto para estos temas. Hasta ahora la única barrera infranqueable para el macrismo eran los asesores tutelares que impedían los desalojos porque adentro habían niños. Esto ahora se terminará porque en la Legislatura se negociaron cambios para los procesos de selección de jueces y disminuyeron la mayoría especial", añadió.
 
A la hora de analizar la evolución de los alquileres en la ciudad y las herramientas que pueden utilizar las administraciones para intervenir en ellos, ex decano de la facultad de arquitectura de la UBA dijo que "entre los dos censos 2001-2010, la cantidad de inquilinos aumentó del 22 al 29% en una ciudad que históricamente fue de propietarios. Hoy estamos casi en 30, con un valor del alquiler que se vuelve inalcanzable, en un fenómeno que explica también el crecimiento de las villas en algún sentido. Ninguna política de vivienda puede evitar el tema de los alquileres, porque una política de vivienda no es una política de créditos. Debe ser de créditos, construcción, alquileres y básicamente una política de tierra. Actualmente en Nación y Ciudad tenemos una legislación de alquileres que es prácticamente expulsiva. Todo pasa por lo mismo, porque es una política que defiende la propiedad privada".
 
"Queríamos trabajarlo -agregó sobre los recursos para afrontar esa situación- con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación e impulsar la función social de la propiedad, que no significa sacarle la propiedad a nadie sino ponerle límites a la utilización y la especulación salvaje sobre la propiedad. Acá ya estaba en la Constitución del '49 y existe en Brasil, Bolivia, Ecuador y en todo país que piense que tiene que tener una política pública que defienda a aquellos que no son propietarios y no tienen los medios, y a una parte de la justicia, que los defenderá. Como todavía no se aprobó el borrador final, espero que la propiedad social se pueda incluir".
 
Por último, expresó que para combatir la especulación inmobiliaria con los alquileres por fuera de esa reforma "hay que trabajar más con el impuesto a la propiedad no utilizable y otro impuesto a los grandes emprendimientos. Quizás el Estado de la Ciudad debería construir viviendas para regular los precios de los alquileres especialmente para vivienda joven, y también los Estados podrían diseñar un buen seguro de alquileres para afrontar la especulación de las garantías. Las personas que tienen un ingreso, pero no tienen trabajo en blanco, tienen que contar con un apoyo del Estado para afrontar el problema de la garantía para evitar que no termine en la villa, donde una pieza tiene un precio similar al costo de un alquiler de departamento afuera, pero en peores condiciones".

La Metropolinazi: el brazo armado del PRO

La historia del espía ilegal que pinta por entero el sino ideológico de la criatura policial de Mugrizio Macri.
 
Otro escándalo por espionaje ilegal efectuado desde la Metropolinazi sacude al régimen porteño de Mugrizio Macri.

Uno de sus agentes, Alejandro Rivaud, estuvo infiltrado entre los sospechosos de una pesquisa penal por falsificación de entradas orquestada desde la barra brava de River Plate. Todo indica que su misión encubierta fue cumplida de un modo tan impecable que el propio fiscal de la causa, José María Campagnoli –ahora suspendido por otras razones–, no dudó en pedir su encarcelamiento, junto con el resto de los involucrados. Tal paradoja fue la que puso al descubierto su condición de "topo", una actividad expresamente impedida por la ley. Aunque el Ministerio de Seguridad capitalino señaló que Rivaud no habría actuado por cuenta de la fuerza, en sus pasillos es un secreto a voces que en aquella tarea reportaba en forma directa al jefe de la Superintendencia de Investigaciones, Carlos Alberto Kevorkian, con quien mantiene un vínculo profesional de larga data. Lo cierto es que los detalles de este affaire pintan a la criatura policial de Macri por entero.

Es notable que la Metropolinazi no haya tenido nada que ver con la reciente seguidilla de saqueos desatada en casi todo el país tras el acuartelamiento de las fuerzas provinciales de seguridad. Ya se sabe que en el subsuelo de aquel conflicto hubo factores tan salados como el debate sobre la sindicalización policial, el lazo entre los uniformados con el crimen organizado y su unívoco poder de manipular el termómetro de la violencia urbana. La Metropolinazi, en cambio, no está sujeta a semejantes variables: su personal alterna sueldos aceptables con un casi nulo control territorial y una potestad de intervención sólo circunscripta a contravenciones y delitos menores. En resumidas cuentas, la recaudación ilegal no está entre sus beneficios y facilidades. Dicha fatalidad la aleja del modelo clásico de las policías argentinas. Pero no la mejora.

En mayo de 2008, durante una entrevista con el autor de esta columna, el ministro de Seguridad municipal, Guillermo Montenegro, supo afirmar que la Metropolinazi –por esos días, aún en gestación– estaba inspirada en la Policía Autónoma de Cataluña, también conocida como Mossos d’Escuadra. Cuando le advirtieron que su trabajo principal consistía en perseguir a inmigrantes indocumentados, el funcionario se alzó de hombros, y dijo que "eso es lo que allá la gente pide".

¿De tal concepción proviene su apego por resolver a sangre y fuego toda intromisión social del espacio público? ¿De semejante idea surge su espíritu racista y represivo, su enfermiza obsesión por las "tareas de inteligencia" como herramienta indispensable para gobernar? Demasiada podredumbre para una policía diferente a las agencias clásicas de seguridad. Porque, si bien su estructura no es federal o provincial, su perfil tampoco responde al modelo municipal o citadino. En realidad, la Metropolinazi tiene el mérito de ser la primera fuerza partidaria del país: el brazo armado del PRO.

En tal sentido, la Mazorca del ex hijastro de Flavia Palmiero guarda cierta semejanza con los Freikorps, tal como durante la República de Weimar se denominaron a las organizaciones paramilitares ultranacionalistas formadas en toda Alemania como alternativa a las milicias comunistas y socialistas. Integrados por oficiales veteranos de la Primera Guerra sin demasiados deseos de roce con la vida civil, y también por jóvenes afectados por el desempleo, los Freikorps representaban la estabilidad y el estatus propio de un sindicato de guerreros. Salvando las distancias, los recursos humanos de la Metropolinazi no son muy diferentes.
 
Al respecto, una breve historia. Durante la mañana del 23 de noviembre de 1991, Macri fue llevado a una casa en el barrio de Parque Patricios, para reconocer el sitio en el que dos meses antes había transcurrido su secuestro. Al llegar a un oscuro sótano, rompió en llanto. Su sollozo entrecortado y agudo era casi infantil. En ese instante, un oficial lo estrechó entre sus brazos con una fingida ternura. Se trataba de un tipo alto, con bigote tupido y mirada fría. La cuestión es que su gesto bastó para que el joven heredero recobrara la compostura. Es posible que, entonces, el uniformado no haya llegado a imaginar hasta qué punto aquellas palmaditas incidirían con el tiempo en su destino. Lo cierto es que, 18 años después, ya ungido como jefe del gobierno porteño, Macri le concedería al ex comisario retirado Jorge Alberto Palacios, alias "El Fino", el honor de diseñar y conducir su anhelo más preciado: la Metropolitana. Una fuerza de amigos. Y formada por los amigos de los amigos.

Para su esquema original, "El Fino" reclutó un estado mayor formado por antiguos cuadros de la Superintendencia de Seguridad Federal, la elite policial más importante del país durante la última dictadura, de la cual él formó parte.

La mayoría de aquella camada lograría reciclarse con éxito –siempre bajo el ala de Palacios– bajo las normas del estado de Derecho, alcanzando grados que van desde comisario mayor a comisario general. En tren de coincidencias, casi todos pasaron a retiro en marzo de 2004 por graves hechos de corrupción. A su vez, la segunda línea de la Metropolinazi fue poblada por "plumas", tal como se denomina en la Federal al personal de inteligencia. Entre los primeros resalta el tal Kevorkian; entre los otros, el ahora célebre Rivaud.
 
Los dos, por cierto, ya estuvieron unidos en una gesta policial del pasado: el asesinato a golpes dentro de un patrullero de un simpatizante de Defensores de Belgrano, durante un "operativo de seguridad" comandado en 2005 por Kevorkian. Un video lo muestra a Rivaud en esa ocasión, arrastrando de los pelos a la víctima en las inmediaciones del estadio de Huracán.

Ahora ambos integran la joven milicia policial que, a casi cuatro años de su lanzamiento, ya protagonizó hitos tan memorables como el caso del espionaje telefónico a políticos, empresarios y hasta familiares indeseables de Macri, y que catapultó al agente Ciro James en el salón de la fama. En esa misma foja institucional de servicios también se destaca el rol activo de la Metropolitana en la masacre del Parque Indoamericano –uno de los crímenes de Estado más graves desde 1983– y en la brutal represión a trabajadores, médicos y pacientes del Hospital Psiquiátrico José Tiburcio Borda, una audacia que ni siquiera Idi Amín Dadá se hubiera atrevido a consumar.

En tal contexto, aún resuenan las palabras de Montenegro: "Eso es lo que la gente pide".

Denuncian malos tratos de la ministra de Salud de la Ciudad

Trabajadores del SAME contaron que la responsable de la cartera, Graciela Reybaud, los hace trabajar en un pasillo. "Están destrozando los programas del servicio", aseguraron.
 
"La ministra de Salud, Graciela Reybaud, nos sacó de las oficinas donde trabajamos, nos dejó en un pasillo sin computadoras ni teléfonos, y nos dijo que se había terminado 'la buena vida'", contó Laura Schargrodsky, trabajadora y delegada del SAME.
 
Desde hace más de tres meses los pediatras del servicio de emergencias porteño viven en la incertidumbre absoluta, no saben cuánto cobrarán, si lo harán, o si directamente serán despedidos.
 
Hace cuatro días, cuando acudieron a trabajar se dieron cuenta de que les habían quitado las planillas de presentismo en dos de los programas pediátricos que atiende el servicio y que el gobierno de la Ciudad pretende reducir (Programa de Atención Domiciliaria de Urgencias y Pediatría en casa), y algunos reciben llamados de sus coordinadores comunicándoles que comenzarán a trabajar el doble, "porque en su plan de disminuir a la mitad la planta, quienes queden deberán trabajar más y por menos dinero", explican los trabajadores.
 
El argumento que la ministra utilizó para desocupar las oficinas ubicadas en Monasterio al 400, según los médicos, fue que durante la asamblea realizada el viernes, los profesionales habrían agredido al personal de seguridad porque no permitieron el ingreso de los periodistas que habían llegado para cubrir lo que ocurría.
 
"Sin dudas, la actuación de la ministra tuvo que ver con una represalia a la asamblea que realizamos otros compañeros despedidos de los hospitales Moyano, Tornú y Álvarez", dijo Laura y agregó que "lo de 'la buena vida', no lo entendemos, porque si algo no tiene este trabajo es buena vida, ganamos una miseria, no somos reconocidos y por el contrario deciden despedirnos y maltratarnos".
 
La reducción de personal, así como la baja de salarios en un 42% y el cierre de programas está directamente relacionado con la Resolución 1657 que establece una reducción de las suplencias de guardia, el quite de dos de los cuatro programas del SAME. Sin embargo, desde el 27 de diciembre hay una cautelar que suspende la resolución por considerar que afecta las prestaciones de salud en la Ciudad de Buenos Aires.
 
"A pesar de la medida cautelar, el gobierno porteño no reincorporó a los compañeros despedidos por la normativa ni reestableció los programas que se recortaron del SAME. Siguen haciendo como si la medida no existiera", sostuvo la delegada.
 
"Están destrozando los programas del SAME. El Buenos Aires Presente (BAP) que brinda asistencia de familias en situación de calle continúa pero sólo con una trabajadora social y una psicóloga, sin pediatra", denunció la pediatra Laura Graca.
 
Mientras que los programas de pediatra en casa y el PADU, que prestan asistencia urbana, diurna y nocturna, en el que los pediatras que atienden por teléfono y que van a los domicilios con su propia movilidad, y también asisten en colegios, casas tomadas, y eventos, "van a quedar con la mitad de los trabajadores, generando una sobrecarga en el sistema. Es muy perverso lo que está pasando, se trata de un achique brutal. Ellos achican y no les importa nada, ni los profesionales ni los pacientes", agregó la médica.
 
Por su parte, la pediatra Amelia Puy reconoció que  "este manejo me pone muy triste, y me decepciona. No esperaba recibir estos tratos".
 
Otra de las medidas negativas para el sistema de salud fue la de disminuir el sueldo de los médicos de Unidad Coronaria del SAME, decisión que llevó a que la mitad de los trabajadores renunciasen, y ahora el servicio está colapsado. Hay infartos, hay ambulancias y no hay cardiólogos. El próximo miércoles, los pediatras realizarán una nueva asamblea en el Hospital Ricardo Gutiérrez, y el jueves una conferencia de prensa en la puerta de la Jefatura de Gobierno porteño.

Ottaviano: "Argentina es un modelo en materia de derechos de la comunicación"

La defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, afirmó que tras la sanción de la ley de medios “Argentina se convirtió en un modelo en materia de derechos sobre la comunicación para los países de Latinoamérica”.
 
“La Ley de Medios es un caso testigo en materia de democratización de servicios de comunicación. El país se puso a la vanguardia en este aspecto y nuestra legislación es tomada como ejemplo por los países de la región que pretenden avanzar contra la concentración monopólica”, señaló Ottaviano en una entrevista con Télam.
 
La funcionaria aseguró que el trabajo de la Defensoría fue evaluado por gobiernos de países como México, Uruguay, Ecuador y Canadá, y adelantó que en 2014, el organismo expondrá la experiencia argentina en congresos y ponencias internacionales.
 
“El relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, destacó el trabajo que hacemos en materia de acceso a la información y promoción de los derechos de las audiencias. Y nos invitó a difundir estas acciones por otras latitudes”, apuntó.
 
La Defensoría de Público nació en noviembre de 2012 a instancias de la Ley de Medios, y desde entonces recibió más de 1.300 denuncias y obtuvo un 70 por ciento de resoluciones positivas sobre estos reclamos.
 
Las denuncias que se reciben tratan en su mayoría sobre contenidos discriminatorios en relación al género y las minorías, así también como informaciones falaces que se difunden en el marco de algunas coberturas informativas.
 
“Cuando nos presentan un reclamo, lo analizamos con un equipo técnico y otro legal. Luego, trasladamos nuestra inquietud al medio en cuestión y tratamos de obtener una acción reparadora, que puede pasar por un comunicado o una aclaración que tenga la misma duración que el contenido que motivó la denuncia”, explicó.
 
Este año, el organismo impulsará talleres de reflexión crítica destinados a las audiencias y propiciará “acuerdos de buenas prácticas profesionales” con los propietarios de las licencias de servicios audiovisuales.
 
“Decidimos comenzar a sugerir procedimientos de buenas prácticas profesionales tras las coberturas que se llevaron a cabo en la inundación que afectó a La Plata y el crimen de Angeles Rawson. Hasta ahora, la respuesta que obtenemos de los trabajadores de medios y de algunos licenciatarios es positiva. Hay una necesidad de generar pautas correctas a la hora de informar”, indicó.
 
Ottaviano destacó que la discusión que antecedió a la promulgación de la Ley de Medios incrementó “el nivel de conciencia de las audiencias, que se afirman como sujetos de derecho”.
 
“Lo que vamos viendo es que el público empieza a darse cuenta de que la comunicación es un derecho y el acceso a la información debe estar garantizado. En la medida en que este proceso se consolide, a las corporaciones les resultará cada vez más difícil tratar a las audiencias como meros consumidores”, remarcó.
 
Periodista, escritora e investigadora, Ottaviano encabezó en 2010 una investigación que difundió el diario Tiempo Argentino sobre la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nazión y La Razón, en una maniobra que habría contado con la anuencia de la última dictadura cívico militar.
 
La difusión de esa investigación impulsó la reapertura de una causa actualmente instruida por el juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal número 10 con sede en la CABA.
 
Sin embargo, para Ottaviano, la causa se encuentra “paralizada”, ya que el magistrado no accede aún a tomarle declaración indagatoria al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, tal como lo requieren las partes querellantes.
 
“Es frustrante que en el expediente no se avance contra los responsables de esa una apropiación. La última dictadura pactó en 1977 un negocio con los dueños de los principales diarios para ocultar un genocidio. Es importante establecer la verdad y castigar a los culpables. La Justicia tiene una cuenta pendiente al respecto y espero que se salde pronto”, concluyó. 

Defensa dispuso unidades sanitarias y electricistas de las FFAA para asistir a los afectados por los cortes

El operativo sanitario de personal de las Fuerzas Armadas dispuesto por el Ministerio de Defensa para asistir a vecinos de la Capital Federal afectados por falta de agua y electricidad, continúa con el despliegue de distintos puestos sanitarios.
 
Según se informó desde la cartera, los puestos para asistir a los vecinos están ubicados desde las 10 de hoy en Corrientes y Boulogne Sur Mer (Balvanera); Corrientes y Acuña de Figueroa (Almagro); Cucha Cucha y Fragata Sarmiento (Paternal);Bahía Blanca y Avellaneda (Floresta) Madero y Bynnon (Liniers).
 
Además, el ministerio a cargo de Agustín Rossi confirmó que del operativo participa el equipo técnico de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencia, integrado por médicos y enfermeras de las FFAA.
 
Al mismo tiempo, técnicos electricistas de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, se encuentran a disposición de los vecinos con el fin de asistirlos en reparaciones menores que puedan presentar en el interior de sus viviendas.
 
El operativo dispuesto en el marco del Comité de Crisis, instalado en el Centro Unificado del Ministerio de Seguridad, se lanzó para asistir a los vecinos que se encuentran sin energía eléctrica.
 
De esta manera, las carteras de Desarrollo Social, Defensa, Salud, Planificación Federal y Seguridad trabajan conjuntamente en las zonas afectadas.
 
La ubicación de las unidades sanitarias se va reprogramando periódicamente, de acuerdo al requerimiento del operativo.