martes, 30 de abril de 2013

Los murales de los internos del Borda tras la represión

Internos y talleristas del Hospital neuropsiquiátrico Borda decidieron responder con murales a la violenta agresión llevada adelante por la Policía Metropolinazi el pasado viernes.


Internos y talleristas del Hospital neuropsiquiátrico Borda decidieron responder con murales a la violenta agresión llevada adelante por la Policía Metropolinazi el pasado viernes.

Ayer fueron presentadas dos pinturas que intentan dar cuenta de lo que sucedió la semana pasada cuando efectivos del brazo armado del régimen macrista ejercieron una violenta represión sobre médicos, internos y periodistas.

En una de las imágenes se apunta directamente a la cabeza de la administración de la Ciudad, Mugrizio Macri, y en la otra se pinta lo que pasó el viernes cuando los uniformados dispararon a quemarropa a todo lo que se cruzaba.

En el Borda "ahora todo es cuesta arriba"

El director del departamento de Salud Mental de la UBA, Juan Carlos Stagnaro, señaló que debido al "terrorífico" accionar de la fuerza de seguridad del gobierno macrista los cuadros de los pacientes sufrirán "agravamiento y retraso". Otros especialistas aseguraron que este ataque no tiene antecedente a nivel mundial.

El profesor titular y director del departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, Juan Carlos Stagnaro analizó las consecuencias de la violenta mañana que se vivió el viernes pasado en el hospital Borda.

En tal sentido, Stagnaro sentenció: "Ahora todo es cuesta arriba, se destruyó la salud de los pacientes".

Stagnaro también es secretario general de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL), ente que se encargó de destacar que no existen precedentes de un ataque parecido en el mundo. El presidente de APAL, Horacio Vommaro, informó que "se trata de sujetos vulnerables, a los que semejante muestra de violencia los afecta mucho más".

El profesor Stagnaro destacó los probables problemas que traerá la mañana del 26 de abril: "agravamiento y retraso de los cuadros, extensión de los tratamientos y el peligro de abandono de aquellos pacientes ambulatorios, que por el estrés postraumático ya no querrán asistir al lugar donde se los atacó".

Los profesionales dejaron en claro que el estrés post traumático puede presentarse por medio de recuerdos de la situación vivida, amnesia, crisis de ansiedad o aislamiento. Además, explicaron que las consecuencias pueden aparecer semanas o meses después del hecho y es una patología más que se suma en los pacientes psiquiátricos.

Uno de los psicólogos del Borda, Gabriel Cavia, denunció que se trató de algo “inimaginable en democracia” y contabilizó la cantidad de personas tratadas que resultaron agredidas “cómo mínimo, 18 fueron atacados” por cientos de policías. Cavia informó además, que varios todavía están siendo atendidos en la enfermería del hospital y otros en el Penna.

Mientras tanto, Mugrizio Macri sigue sin ser sometido a juicio político, Guillermo Montenegro sigue sin renunciar, Daniel Chain sigue soplándole la nuca al procesado jefe de Gobierno y la Metrpolinazi sigue sirviendo solamente como brazo armado del PRO.

Lázaro Báez se presentó ante la Justicia y denunció a Fariña y Elaskar

El empresario acudió al juzgado a cargo de Sebastián Casanello para "brindar todas las explicaciones que fueran menester aclarar" y denunció penalmente a los financistas.

El empresario Lázaro Báez se presentó ayer ante la Justicia para "brindar todas las explicaciones que fueran menester aclarar", en el marco de la causa Leo Fariña.

Poco más de una semana atrás, el fiscal federal Ramiro González decidió impulsar la investigación a pedido del juez de la causa Sebastián Casanello y pidió la indagatoria para el contador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, sospechados de lavado de dinero.

Ambos acusados fueron denunciados tras una cámara oculta difundida en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanada, y son sospechados por realizar operaciones sospechosas por 20 millones de pesos que presentó en la Justicia la Unidad de Información Financiera (UIF).

El pasado sábado, el abogado de Fariña afirmó en un programa de TV que su acusado "no está imputado por ningún delito". “Fariña dijo un motón de cosas en el marco de un espectáculo periodístico, pero mi cliente presentará todo lo que se le pida, todos los papeles que sean necesarios", agregó.

Que la Justicia investigue y que caiga quien tienga que caer.

De Vido: "Este modelo será la base para un triunfo rotundo en octubre"

El ministro de Planificación Federal encabezó un encuentro con alcaldes bonaerenses y expresó "la necesidad de una Argentina para todos como la que plantea Cristina".

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El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, manifestó ayer "la necesidad de una Argentina para todos como la que plantea Cristina", al encabezar en Casa de Gobierno un encuentro con intendentes de la provincia de Buenos Aires, como parte del Plan "Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria".

"Este modelo será la base para un triunfo rotundo en octubre", sostuvo. Así, pidió a los intendentes que trabajen para las elecciones y señaló que los dirigentes con mayor gestión son los que lideran las encuestas, entre los que mencionó a la presidente Cristina Kirchner.

"Veo permanentemente encuestas del interior de la provincia de Buenos Aires. Los compañeros que juegan más fuerte por el proyecto son aquellos compañeros que mejor posicionados están en las encuestas", expresó.

El ministro respondió asimismo a las acusaciones que hizo Jorge Lanada en su programa de televisión el domingo por la noche, en el que afirmó que De Vido es el “cajero del dinero K”.

"Empiezan a buscar el pelo al huevo. Hablan de embajada paralela u oblicua y la única verdad es que se vende cinco veces más que antes. A Brasil, a Venezuela...", repasó.

Sin nombrar al periodista, De Vido ratificó que el kirchnerismo seguirá con el mismo modelo "más allá de lo que digan los multimedios".

"Ningún monopolio ni ningún empleado de los monopolios nos va a hacer retroceder un solo paso en este proyecto de transformación", subrayó.

Comenzó un nuevo juicio a María Julia Alsogaray, esta vez por peculado en la contratación de pasantes

El Tribunal Oral Federal 6 comenzó ayer un nuevo juicio a la ex funcionaria menemista, en una causa donde está procesada a raíz de irregularidades en la contratación de pasantes para la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que presidió en los '90.

Tras ser sobreseída el jueves último en otro juicio oral a raíz de la prescripción del delito por el paso del tiempo sin sentencia, Alsogaray -de 70 años- enfrenta ahora un nuevo proceso a cargo del mismo tribunal, el Oral Federal 6 pero con otros jueces, José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello.

La audiencia de ayer en los tribunales federales de Retiro comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y seguirá el próximo 8 de mayo.

En esta ocasión, hay otros dos acusados, José Merlino y Pascual Romero y a lo largo del debate se escucharán unos 55 testigos.

Según el requerimiento de juicio, las pasantías fueron pactadas con la Universidad de Lomas de Zamora pero hubo pagos -al menos diez cheques- cobrados por uno de los ahora también acusados y que nunca llegaron a esa casa de estudios.

María Julia ya tiene una condena a tres años de prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito, por lo cual cualquier veredicto que se dicte en su contra implicaría una pena de cumplimiento efectivo.

Las pasantías se concretaron entre 1992 y 94, en el marco de un convenio de asistencia técnica que la Universidad había firmado con la Secretaría y en el marco del cual se creaba una "Unidad de Coordinación" que según la acusación fue ignorada.

Según la causa, en total se habría defraudado al Estado por 6.972.724 pesos por pagos de pasantías que no habrían sido concretadas.

María Julia llegó al banquillo de los acusados representada por su defensora oficial Pamela Bisserier, la misma que la semana pasada obtuvo su sobreseimiento por prescripción.

El Senado tratará hoy los cambios a los proyectos de la reforma judicial

El Senado analizará hoy a nivel de comisión los cambios introducidos por los diputados en el proyecto del Consejo de la Magistratura, eje central de las iniciativas que apuntan a democratizar la justicia, que el oficialismo aspira a convertir en ley en la sesión del 8 de mayo.

La Cámara de Diputados aprobó el jueves a la mañana, en una tensa y maratónica sesión, la reforma del Consejo de la Magistratura, pero como modificó los artículos referidos a la administración del Poder Judicial y las facultades de superintendencia para que se mantengan en órbita de la Corte Suprema, ahora el Senado deberá expedirse sobre esos cambios.

Las modificaciones en el cuerpo colegiado, encargado de designación y contralor del desempeño de los jueces, deberá también estar acompañado por reformas en el proyecto sobre acceso democrático a la carrera judicial.

Por ese motivo se convocó para hoy a las 15 a un plenario  de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con el fin de emitir despacho sobre los cambios que realizó diputados al proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.

El oficialismo aceptó estos cambios consensuados con el Poder Ejecutivo al considerar que era aceptable la sugerencia de los camaristas federales, de mantener en órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal.

De hecho, la reforma no modifica los puntos centrales de la propuesta diseñada por el gobierno, que son la ampliación de miembros del consejo y la elección por voto de la ciudadanía de los tres jueces, seis académicos, y tres letrados, que hasta ahora eran elegidos por representantes de estos sectores.

De todos modos, los jueces de la Corte, que mantendrán en su poder la administración de recursos y nombramientos de empleados deberán cumplir determinados lineamientos para los concursos de acceso a la carrera judicial, así como los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados, que no podrán ejercer la docencia en horario de trabajo.

La facultad de mantener en órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y que pueda mantener la decisión en la designación de empleados por concurso, obligó a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, que también será debatido en ese plenario del Senado.

De obtener dictamen hoy ese proyecto, será debatido en la sesión del 8 de mayo junto con el del Consejo de la Magistratura, la publicidad de los actos del Poder Judicial y el acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes.

El proyecto de ingreso democrático al Poder Judicial, si es aprobada, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión dado que recibió modificaciones en cinco artículos a propuesta del oficialismo.

La iniciativa le otorga al supremo tribunal poder para, por ejemplo, disponer de la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación.

Asimismo, la lista de postulantes se detallará en la página web del Tribunal Supremo, al igual que la orden de mérito de los concursos.

Finalmente, y haciendo lugar a un requerimiento hecho por los titulares de varias Cámaras, se considerará como una “excepción” que el titular de cada una de esas dependencias designe de forma directa dos cargos letrados.

Según una encuesta, el 53,1% de los argentinos respalda al Gobierno

Luego del 18A la imagen positiva del Gobierno Nacional se mantiene, según una encuesta realizada por la consultora Equis. La Presidenta es la figura política con mayor aceptación popular, mientras que Mugrizio Macri y Elisa Carrió lideran el ránking negativo.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 24 de abril de 2013 sobre una muestra de 1.204 casos recolectados en diferentes puntos del país.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue liderando las estimaciones con una imagen positiva del 62,2 por ciento, un 17,9 de imagen regular y 17,4 de negativa.

La siguen Daniel Scioli y Hermes Binner, con un 43% y 38% respectivamente. Por otra parte, el procesado jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, es el primero de los políticos que posee una mayor imagen negativa que positiva, seguido por la desquiciada Elisa Carrió, con un 64% de negatividad.

El 46,4% de quienes participaron de la encuesta sostienen que la realidad socioeconómica es positiva, y un 23,5% la calificó como regular. En cambio, el 24% considera que la situación social y económica de la Argentina es negativa.

La encuesta evidenció que si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, Cristina Fernández superaría el 51 por ciento de los sufragios, aventajando al segundo por casi 40 puntos.

Al respecto, en Currín seguimos con la postura que venimos sosteniendo desde hace tiempo: si las elecciones se realizaran hoy, Cristina Fernández no superaría ni el 51% ni ningún otro porcentaje, simple y sencillamente porque no puede ser candidata.

Entonces, o nos ponemos las pilas para ir por la reforma de la constitución o que los encuestadores empiecen a medir a otros posibles candidatos del oficialismo. 

En tanto y en cuanto no se reforme la Carta Magna, seguir midiendo a Cristina es tan al pedo como ponerle timbre a las bóvedas de un cementerio.

YPF: nuevo bono para pequeños ahorristas

La mayor empresa del país puso a disposición a partir de ayer y hasta el 7 de mayo, la oferta de títulos orientados a inversores minoristas. El objetivo del programa es “poner sus ahorros a producir”.

Se trata de la tercera edición de bonos destinados a los pequeños ahorristas, que la petrolera argentina ofrece para “poner sus ahorros a producir”

La herramienta financiera tiene una tasa del 19 por ciento anual, a un plazo fijo de 365 días.

Los montos de colocación arrancan desde los mil pesos, con un techo de 250 mil, según informó la compañía. Los intereses se abonarán cada mes por período vencido, mientras que el titular recibirá su dinero al momento del vencimiento.

El titular de la compañía, Miguel Galuccio, indicó que la iniciativa "busca darle valor a los ahorros de los argentinos, con una herramienta de inversión asociada a la economía real con requisitos mínimos de suscripción".

De la misma manera que en los lanzamientos anteriores, la sumatoria será de hasta 100 millones de pesos, con la opción de extenderse hasta 300 millones.

Entre las dos ediciones anteriores, la empresa que volvió a pertenecer al estado nacional en 2012, 25 mil ahorristas aportaron 772 millones.

Mediante un comunicado, YPF informó que se trata de un bono “pensado para un público masivo, cuyo único requisito es estar bancarizado y se puede suscribir por teléfono o por medio del servicio de internet del banco”.

La empresa recibe consultas a través de su línea de teléfono gratuita, que funciona de 9 a 18 (0800-122-2973 o desde el celular *973). También habilitó un sistema de compra vía web, mediante el cual los interesados podrán adquirir los bonos a través de la página web de YPF (www.ypf.com.ar) y desde allí se elige la opción del banco con el que el interesado opera habitualmente.

¡Y péguele fuerte!

Cablevisión presiona a la justicia para frenar los fallos en su contra en la provincia de Buenos Aires

Lo hizo a través de un escrito enviado al juez Alfonso Ziulu, en el que solicita el cese de las cautelares que le exigen la reducción del valor del abono básico del cable, porque de lo contrario quebrará y dejará de prestar el servicio.

Más allá de las diferencias ideológicas y las disquisiciones políticas en el marco de los debates parlamentarios, lo que debería primar entre los sectores en pugna debería ser cierto grado de coherencia con las causas que se defienden y se atacan. 

En los últimos 15 días, y al calor del debate del proyecto de ley de reforma de la justicia, quedó en evidencia una posición corporativa de algunos sectores de la oposición, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de grupos de medios como Clarín, los que manifestaron su rechazo, con sus argumentos e intereses, a la iniciativa que ideó el kirchnerismo.

Paralelamente a esta posición monolítica –que puso como eje de la discordia las supuestas presiones futuras del Ejecutivo sobre los jueces y cruzó duro respecto de los nuevos plazos para las medidas cautelares de la reforma–, uno de esos sectores críticos a la nueva norma hacía, por otro lado, todo lo contrario a lo que pedía en público sobre el mismo tema: el respeto a la justicia.

Es que Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín, acechada por distintas sentencias en la provincia de Buenos Aires que la obligan a facturar el servicio básico en $ 130 mensuales, tal como ordenó el Estado en lugar de los más de $ 250 actuales, salió a presionar fuerte a los magistrados que fallaron en su contra.

Y el término "fuerte" no es decorativo: la cablera amenazó con irse a la quiebra si los jueces no dejan sin efecto los fallos favorables a las cautelares que limitaron las tarifas. También aseguraron que echarían a toda la plantilla de trabajadores, planteo que desarrollan buscando arrastrar al sindicato de la actividad a pelear a favor de los intereses de su empleador, aunque sea contra la justicia. 

Concretamente, Cablevisión pide suspender el proceso normal de la justicia por considerar que los fallos afectan su estructura económica, una premisa por lo menos cuestionable a la hora de ver las enormes rentabilidades que ha obtenido la empresa sobrefacturando.

El pasado 8 de marzo, el letrado patrocinante de Cablevisión, José Francisco Sánchez Peralta, envió al Juzgado Federal 2º de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu, un escrito de 15 páginas en el que asegura que el cumplimiento de las resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio Interior, "implica poner en riesgo la propia existencia de Cablevisión como empresa". En la nota, el abogado de la empresa asegura que "dicho de manera simple, si Cablevisión debe cobrar el precio fijado por la Secretaría de Comercio Interior, su negocio se torna inviable", y si esto sucede, "los usuarios se quedarán sin poder acceder al servicio de televisión por cable e Internet". Este último servicio está prestado por Fibertel, una empresa de Clarín a la que el gobierno denunció por operar con una licencia vencida pero contra la cual nunca logró avanzar en una investigación judicial seria.

El texto de presión a los magistrados tiene una particularidad: fue enviado un mes antes, el pasado 4 de abril, de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata le rechazara a Cablevisión un recurso extraordinario para evitar corregir su tarifa. Es decir, Cablevisión buscó presionar con un supuesto colapso económico y pérdida de puestos de trabajo para revertir una decisión judicial que se dio, en todas las instancias, a favor de los usuarios bonaerenses.

La causa se inició el año pasado, cuando el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, inició una acción colectiva en representación de los más de un millón de clientes de Cablevisión en la provincia para que se respete la tarifa asignada. La acción surgió de más de 60 denuncias formales (hubo muchas anónimas) y pedidos de intendentes y legisladores. Cabe destacar que Cablevisión incumple más de diez fallos judiciales por tarifas en su contra emanados de juzgados de diversos puntos del país, y afronta amparos pedidos por más de 17 municipios bonaerenses. Además, la oficina que conduce Bonicatto inició acciones similares contra Telefónica y DirecTV por cuestiones vinculadas al servicio que prestan.

La nota de Cablevisión a la justicia asegura que los tribunales nunca analizaron los costos del servicio para saber si se puede o no establecer una tarifa de $ 130 mensuales con algo de renta. Y solicita que mientras tanto "se suspenda el cumplimiento de la medida cautelar (…) a fin de evitar que el negocio de Cablevisión se torne inviable". Asimismo, y mostrando un comportamiento binario respecto a las cautelares, Cablevisión le dice a los jueces que "ratifica la plena y efectiva vigencia de la medida cautelar colectiva obtenida por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en la Justicia Federal de Mar del Plata", la única decisión judicial a favor de la empresa.

El tema de los costos es una verdad a medias: desde la Asociación de las pymes de TV por cable se dijo en repetidas oportunidades que se puede prestar –y ellas lo hacen– igual servicio que Cablevisión por la tarifa exigida por Comercio Interior, y con muchos menos clientes. Y, además, la falta de información sobre los costos del servicio es responsabilidad de la compañía, y luego del Estado, ya que la firma nunca envío el detalle tantas veces pedido por la secretaría que conduce Guillermo Moreno.

La carta a la justicia asegura que, por no considerar el Estado costos extra del servicio –que la empresa se negó a informar– la empresa estaría resignando "$ 1.228.356.892 en el año 2010", suma que "hoy es bastante mayor", por cobrar $ 130 en lugar de los $ 250 que factura mensualmente. Asimismo, la cablera de Clarín afirma que “si el balance de Cablevisión al 31/12/2010, que arrojó un resultado positivo de $ 660.153.646, se le aplica la fórmula matemática prevista por la Resolución 50 (el cálculo que hizo el Estado ante la negativa de la firma a dar datos de costos), el mismo arrojaría un resultado negativo de –$798.431.980 como consecuencia de los costos no contemplados por la misma".

Llamativamente, la cablera presenta a la justicia datos del balance de 2010, pero omite intencionalmente cuantificar el excedente que le generó en los últimos años la sobrefacturación por la vía de la evasión de los fallos judiciales. Lo cierto es que en los últimos tres años la firma percibió $ 7400 millones extras por especular con las tarifas. El esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5 millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales, es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría 2013 (siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200 millones extras por no respetar la tarifa oficial.

Consultada la Defensoría del Pueblo sobre si, en alguna instancia, había mantenido reuniones con la empresa para abordar este tipo de prácticas para con la justicia, dijeron "no, nunca sucedió". Lo que sí ocurrió fueron varios pedidos de reuniones por parte del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), cuyas autoridades provinciales se mostraron preocupadas por el futuro de sus fuentes de trabajo, luego de las amenazas de Cablevisión de mandar a la quiebra la empresa por los fallos de la justicia. La estrategia de presión de la firma ante los fallos adversos es muy similar, sin ir más lejos, a la aplicada por las empresa de medicina prepaga al momento de la sanción de la ley que regula la actividad. Por el rol de los medios de comunicación, la extorsión no tuvo éxito entre los diputados y senadores. 

En los próximos días se sabrá si la justicia es permeable o no a la presión de Cablevisión.

Cristina analiza un proyecto anti-discriminación

La Presidenta de la Nación anunció que estudia una ley para profundizar las políticas contra la discriminación y reducir el acoso en los colegios. El proyecto se lo presentó un joven del PRO durante una reunión. Cristina Fernández dio otro ejemplo de cómo se puede construir mediante el diálogo verdadero.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio detalles la reunión que tuvo el miércoles pasado con el militante del PRO Pedro Robledo, el joven que fue golpeado en una fiesta por ser gay. 

La Presidenta informó que Robledo le acercó un proyecto para poder sancionar una ley anti-discriminación.

"Vamos a seguir impulsando la profundización de las políticas anti discriminación, no tengas dudas, Pedro", le respondió Cristina Fernández de manera pública y agregó: "Me encantó el diálogo", destacó.

El encuentro es la demostración de lo que realmente puede producir un diálogo con verdadera voluntad de diálogo y de trabajo mancomunado. Cristina, no sólo recibió al militante del PRO sino que se comprometió a seguir avanzando en el terreno de las políticas en favor de la igualdad.

Robledo había reconocido la postura contraria a la igualdad de derechos para los homosexuales que prima en el partido de derecha en donde milita, pero también se mostró confiado en poder "cambiar las cosas desde adentro".

En este sentido, la reunión que tanto la Presidenta como Robledo calificaron de manera positiva, es un ejemplo de lo que debería hacer la dirigencia del PRO que sólo piensa en el "diálogo" como un slogan para las campañas electorales, pero que deja de lado en la práctica política.

A continuación el texto que difundió la Presidenta:

"El miércoles vino a verme Pedro Robledo, junto a Agustín, su pareja, y me trajo de regalo un libro 'Gays y Lesbianas, vida y cultura, un legado universal'. Que quién es Pedro? Pedro Robledo, el militante del PRO que fue brutalmente golpeado en una fiesta privada por su condición de gay.

Me trajo un compilado de 14 autores sobre la historia de la humanidad. Tal vez quienes escribían creyeron que lo estaba haciendo sobre homosexualidad. Tal vez Pedro también lo pensó así. Sin embargo creo que escribieron sobre la condición humana, aquí, en el planeta Tierra. Ni de Saturno ni Marte. Ni de extraterrestres. Nada más y nada menos que sobre hombres y mujeres de carne y hueso, desde el fondo de la historia.

La condición humana y uno de sus aspectos más maravillosos, el amor. Alguien elige a quién amar? No. Porque no es biológico ni es químico. Tampoco es técnico y mucho menos racional. Es simplemente mágico. No se sabe. Se siente. No se explica. Se da.

Que si me puse poética? A lo mejor sí, que se yo, el sur es el sur. Por eso cada día que pasa creo más en los hombres irrepetibles. La Ley de Matrimonio Igualitario es la única que Néstor votó en toda su vida. Si el no hubiera estado, tengo la certeza de que no habría ley. Seguro que ahora van a salir a refutarme, criticar mi certeza. Pero todos y todas en el Parlamento de aquellos días saben que fue así. Qué tipo! Bajando cuadros, entrando en la ESMA, el ALCA, el FMI, la deuda externa, el trabajo, el salario, los convenios colectivos, los DDHH.

Pedro me pide ayuda en la sanción de la ley anti discriminación y si se puede incluir contra el acoso en los colegios. Me deja un proyecto. Vamos a seguir impulsando la profundización de las políticas anti discriminación, no tengas dudas Pedro. Me encantó el diálogo".

Por falta de espacio no vamos a publicar la lista de todos los personajes para los que ésto es una patada en los huevos/ovarios. Sólo vamos a decir que esa lista, como no podía ser de otra manera, la encabeza Mugrizio Macri.

lunes, 29 de abril de 2013

Congelamiento de precios: el balance es "excelente"

Así lo afirmó la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo, quien aseguró además que "la gente percibe bien" la medida que adoptó en febrero pasado.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo, se refirió al congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio y sostuvo que  su impacto "ha sido excelente".

Colombo aseguró que "el balance del mantenimiento de los precios ha sido excelente. Primero porque se ha cumplido, y eso lo hemos verificado tanto en las inspecciones generales acá como las que se hacen en las provincias, además de lo que vemos nosotros desde la Subsecretaría, recorriendo algunos supermercados junto con organizaciones de defensa del consumidor”.

La subsecretaria sostuvo que "los que están preocupados por la inflación son los que hacen negocio con esto", pero que el Gobierno se preocupa “por el acceso a los bienes y a los servicios por parte de su pueblo”.

“Está preocupado por cuidar el poder adquisitivo del salario y estamos muy orgullosos de que a lo largo de diez años de gobierno, los salarios y las jubilaciones han aumentado más de 14 veces”, agregó la funcionaria.

Cronología del plan de destrucción del único taller de reinserción laboral del Borda

En ese lugar los pacientes construían camas para hospitales y bibliotecas de melamina. Desde marzo del año pasado enfrentaron los intentos de desalojo. En tanto, pasaron el último invierno sin gas y hubo dos muertes por incendios.

El Hospital Borda, sus trabajadores y pacientes padecieron el viernes una brutal represión, corolario impune y grosero de más de un año de violencia, de intentos de desalojos por las madrugadas y de abandono.

Fue en abril de 2008 cuando el hijo de puta de Macri anunció el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano. 

En julio de 2012, el gobierno porteño confirmó la construcción de un Centro Cívico que funcionaría como sede de gobierno. Se construiría en dos hectáreas de los terrenos del fondo del Hospital Borda, donde se encontraban el Taller Protegido N° 19, la vieja panadería, la cancha de fútbol y una antigua morgue.

El Taller Protegido Nº 19 era el lugar en el cual los pacientes realizaban sus rehabilitaciones y donde se desarrollaba el área de deportes y recreación. Era, además, el único espacio intrahospitalario con fines de reinserción social y laboral. Del taller participan más de 20 pacientes a los que se les enseñaban oficios de carpintería y herrería. "Estas tareas les permitían desarrollar un oficio, aprender a trabajar en equipo, sociabilizar", destacó Marcelo Piccinini, terapista ocupacional y encargado del taller. 

Allí los pacientes confeccionaban estructuras de hierro para camas hospitalarias y muebles de melanina, entre otros artículos. Para financiar la obra, el oficialismo porteño consiguió que la Legislatura le aprobara el 20 de diciembre de 2012 la venta del edificio del ex Mercado del Plata, en Carlos Pellegrini al 200, donde hoy funcionan varias dependencias estatales.

Los trabajos de derrumbe en ese sector del Borda comenzaron en marzo de 2012, sin previo aviso. Trabajadores, pacientes y especialistas lograron frenar las máquinas. El 8 de julio de 2012 las excavadoras volvieron a hacerse presentes y destruyeron un poco más. Exactamente un mes después, el 8 de agosto, la Polizía Metropolinazi irrumpió sin previo aviso y sin orden judicial, esta vez de madrugada, para permitir que una empresa privada realizara un cerco perimetral. Y volvieron a ingresar otras cuatro noches siguientes.

Luego del sorpresivo intento de desalojo, los trabajadores comenzaron los acampes para impedir la destrucción total del taller. El 24 de agosto de 2012 volvieron a ingresar en la madrugada.

El 20 de diciembre del año pasado sesionó la Legislatura porteña. "Todos sabían al momento de votar la Ley N° 4473 que el Centro Cívico iba a ser construido en los terrenos del Borda: numerosas denuncias permitían saber con certeza que se demolería el hospital", aseguró Jorge Selser, diputado del Partido Socialista Auténtico. Y agregó que "con cinismo, legisladores como Ritondo decían que el Centro Cívico no se construirá en el Hospital Borda, sino en terrenos aledaños que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires"

Para ATE Capital, la "monumental" iniciativa esconde un plan de privatización y negocios inmobiliarios, además de violar leyes de protección e impacto ambiental.

A la problemática de achicamiento se sumaron las condiciones deplorables en las que se trabaja. En menos de diez meses, fue demolido el subsuelo donde funcionaba el taller Pan del Borda, robaron en la FM La Colifata (que además dejó de percibir subsidio de la Ciudad) y hubo dos incendios con dos víctimas fatales. 

En el Borda el gas faltó durante un año en la cocina, la guardería, radiología, la guardia, consultorios externos y en el tercer piso, donde se tratan patologías de jóvenes y adolescentes.

Transcurrido más de un mes del invierno 2012, en –al menos– la mitad de los pabellones del Hospital Borda, que albergaba a unos 700 internos (la mayoría fueron removidos o dados de alta de forma indiscriminada), seguía ausente la instalación de gas, desde que se cortó el servicio en la Semana Santa de 2011.

Jorge Selser aseguró que presentará "un proyecto para que el Taller Protegido Nº 19 se reconstruya y que se lo recuerde como símbolo de la peor gestión de salud que la Ciudad de Buenos Aires haya tenido y que es la gestión de Mugrizio Macri".

La situación de violencia ocurrida puede causar consecuencias riesgosas y prolongadas en los pacientes, advirtió un experto en salud mental.

El presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Horacio Vommaro, contó a Télam que "el personal de guardia se vio obligado a disponer un estricto control sobre la reacción de los pacientes para poder contenerlos", ante una situación que podía "agudizar muchos de los síntomas".

Según datos recibidos de sus colegas médicos del Borda, Vommaro afirmó que "el problema es que entre los pacientes del hospital cunde el miedo". De ese miedo, explicó, "pueden surgir respuestas según sus patologías, ya sea con cuadros de ansiedad, actitudes psicóticas, paranoides, fantasías suicidas".

Metropolitana: la matriz militarizada de una policía adicta a reprimir a los pobres

La creó Jorge "Fino" Palacios, detenido por el atentado a la AMIA. Desde un comienzo, la fuerza estuvo integrada por ex funcionarios de la Policía Federal y la SIDE duhaldista.  Casos de gatillo fácil y constante represión de la protesta social.

La Polizía Metropolitana nació en la ilegalidad. Sus agentes son violentos y lastiman con impunidad porque saben que cuentan con el aval de sus jefes políticos. Sólo el blindaje mediático que protege al doblemente procesado jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, logra disfrazar la brutalidad de una fuerza que destila terror y acumula víctimas.   

Delineada operativamente por el trazo grueso de Jorge "Fino" Palacios, vinculado al encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA en 1994 y actualmente detenido por liderar una red de espionaje montada para escuchar a dirigentes opositores y empresarios, la policía soñada por el alcalde fue resistida desde su génesis por la oposición.

Ocurre que para concretar el anhelo de su mentor, Palacios reclutó a sus compañeros de la Policía Federal que habían sido desafectados en la purga ordenada por Néstor Kirchner en marzo de 2004.

 Muchos de esos oficiales –38 de los 52 jefes iniciales que tuvo la Metropolitana– fueron señalados por haber integrado la Superintendencia de Seguridad Federal, órgano que realizaba tareas de inteligencia durante la última dictadura cívico- militar. En 2010, la "Comisión de Evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Polizía Metropolitana" organizada por la Legislatura porteña, alertó sobre el desembarco sistemático de ex agentes de la PFA en la tropa macrista.  

Entre sus armadores políticos se puede distinguir a Cristian Ritondo, actual vicepresidente 1° de la Legislatura de Buenos Aires, y a Miguel Ángel Toma, ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Ednarco Duhalde. Gracias a los contactos con Toma fue que Ricardo Pedace llegó a la Metropolitana. Hasta diciembre de 2010, Pedace había oficiado como vocero de prensa de la Policía Federal. Pero con la asunción de Nilda Garré, el comisario tuvo que retirarse. Luego sería invitado a ocupar la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Metropolitana. Pedace conservaba buena relación con Toma desde la época en que encabezaba la custodia presidencial de Duhalde. Pero los vínculos políticos de Pedace, actual subjefe de la fuerza, no se agotan allí: su esposa, la abogada Susana Beatriz Espósito, es comunera del PRO en Caballito.

"Queremos contar con policías íntegros y de gran profesionalidad, que se  destaquen por su capacidad de equilibrio y reflexión, la solidaridad y el respeto hacia el prójimo". Este es el perfil de agente al que aspira la Metropolitana y así lo define el portal web de la fuerza. Sin embargo, la historia de pólvora contradice la premisa.  

La primera cita de fuego de la policía de Macri fue la toma del Parque Indoamericano, en Villa Soldati. A fines de 2010, más de 3000 familias ocuparon los predios de la zona sur de la Ciudad en reclamo de viviendas El 7 de diciembre el gobierno porteño ordenó un operativo para desalojar a los ocupantes. La represión fue brutal: participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y la Metropolitana, quienes dispararon con gases, balas de goma y de plomo, y mataron a tres personas.

En enero de este año, los soldados macristas desalojaron por la fuerza a los vecinos que cortaban la Avenida Díaz Vélez y Marechal en protesta porque el gobierno porteño había decidido enrejar el Parque Centenario. Usaron gas pimienta y balas de goma para disuadir a los artesanos y vecinos que luchaban por detener la obra. Durante los ataques, los agentes metropolitanos hirieron a Julieta Elgul, periodista de la TV Pública.  

Otro capítulo de la historia violenta de la Metropolitana fue el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín (CCSM). Diez detenidos y más de 30 heridos fue el saldo de la represión. En esta ocasión también hubo periodistas lastimados: dos de ellos recibieron balas de plomo y fueron atendidos en los hospitales Argerich y Durand.

Pero no sólo de repartir palos a manifestantes y viciar el aire de gas lacrimógeno vive la milicia que soñó Mauricio. Desde su creación, esta fuerza estuvo emparentada a casos de gatillo fácil como los de Bruno Pappa, Rodrigo Alfredo Romero, Jesuán Ariel Marchioni y Francisco Nirta. Estos cuatro chicos fueron asesinados en 2011 por balas porteñas. Las mismas que el viernes lastimaron a periodistas, obreros y pacientes, símbolo de que la democracia macrista no discrimina.

Reclaman al Gobierno de la Ciudad un plan nacional que integre a mascotas abandonadas

Desde hace siete meses, existe un Programa de Tenencia Responsable que ya hizo 35 mil castraciones de perros. Pero no contempla a los callejeros. En la Ciudad se sancionó una ley que crea centros de atención gratuitos, y no se cumple.

Una noche de 1879, un templo metodista de la calle Corrientes fue el escenario utilizado por un grupo de hombres para fundar una sociedad protectora de los animales que funcione en Buenos Aires. 

Necesitaban que la Municipalidad atendiera los abusos a los que eran sometidos cientos de caballos usados en los repartos. La iniciativa no prosperó pero el esfuerzo no fue en vano: la cultura del proteccionismo se propagó con fuerza hasta nuestros días.

Hoy, los caballos siguen pateando el adoquín y otras especies vagabundean sin rumbo fijo. Los especialistas reconocen que no existe una solución integral al problema y trabajan para detener el flujo de almas errantes, amparados en el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. 

Mientras tanto, la ciudad espera que se implementen los centros de atención veterinaria comunal y móvil, un proyecto que, en cuanto se hizo ley, en noviembre de 2012, se convirtió en humo. El gobierno porteño todavía no invirtió un peso.

Silvia Urich compiló la historia del proteccionismo de animales en un libro llamado Los perritos bandidos, que se presentará en la próxima Feria del Libro. La autora aborda el tema en clave institucional, marcando como hitos principales las llamadas "ley Sarmiento" y "ley Perón". 

El libro ubica al padre del aula como una de las figuras que organizaron una de las primeras marchas a la Plaza de Mayo a favor de los animales y como protagonista de una campaña que desterró las corridas de toros. Pero también, como un amante de los animales que llegó a vivir con perros, gatos, loros y hasta una chuña, una especie de ave zancuda que se paseaba por las habitaciones de la vivienda de Cuyo 533, donde hoy funciona la Casa de la Provincia de San Juan.

La extensa investigación de Urich también refiere a las presiones corporativas que existieron a lo largo de la historia para que no se instaure un organismo de corte oficial que agrupe la tarea proteccionista. 

Allí cuenta la historia del doctor Aníbal Marilungo, veterinario y jefe del antirrábico en la década del '90, cuando fue denunciado por varios de sus colegas al punto de terminar declarando frente al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. 

Estos profesionales lo amenazaron con quitarle la licencia porque sus servicios "colisionaban con el ejercicio privado de la profesión". ¿Qué hacía Marilungo? Cumplir con la Ordenanza 3569 que facultaba al antirrábico a brindar atención veterinaria gratuita. La historia terminó con un cartel colgado en la puerta del centro sanitario con la leyenda "Se hacen sólo castraciones, no nos comprometa".

Los atropellos institucionales se repiten a lo largo del capítulo. Lo cierto es que al finalizar el siglo XX, muchas de las iniciativas impulsadas por el Estado fracasaron y el proteccionismo de animales se redujo a la imprescindible labor voluntaria de miles de personas en todo el país.

Para el doctor Enrique Romero, responsable del Programa Nacional de Tenencia Responsable, ese paradigma es propio de otros tiempos. "Algo de razón tiene Urich en lo que dice con respecto a otras épocas y a algunos lugares enquistados en la actualidad, asumió el veterinario, pero también es cierto que la mayoría de los veterinarios actuales sí tienen conciencia social".

El profesional indicó que el programa que dirige "tiene lobbys en algunos proteccionistas que sí tienen marcadas intenciones políticas detrás del sello de una ONG". Además, recordó que la iniciativa lanzada por el gobierno nacional en 2012 está dirigida a evitar enfermedades infectocontagiosas, promueve la educación, castración gratuita y sanidad y "detesta la eutanasia como método de control".

El programa tiene siete meses pero lleva 35 mil castraciones caninas gratuitas, además de poseer dos centros veterinarios en la Villa 31 de Retiro y en la Villa Hidalgo, en el partido de San Martín.

Romero reconoció que existe un debate acerca del destino de los perros y gatos de la calle. "Hoy, la Argentina tiene una solución a mediano plazo, no la hay a corto plazo y es una fantasía pensar que hay una solución mágica de la noche a la mañana para un problema cultural de desidia", expresó y recomendó a los dueños de mascotas la utilización de un medicamento muy singular: "el CoCoBol, o sea, collar, correa y bolsita".

Santa Fe: Diez años después del agua

Por Carlos Rodríguez, para Página/12

El 29 de abril de 2003, buena parte de la capital provincial quedó anegada. Hay tres funcionarios procesados y Reutemann declarará en julio como testigo. La historia del matrimonio que lleva adelante la querella. 

El matrimonio formado por Jorge Castro y Milagros Demiryi tiene una vida de novela. De novela de terror. 

En 1974, cuando eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su casa fue allanada y ambos cayeron presos. Estuvieron detenidos hasta el año 1983. “La primera casa propia la perdimos a manos de la policía y de los militares”, recuerda Jorge (58 años), en diálogo con Página/12. 

Sus pesares no terminaron allí. “La segunda casa, de dos plantas, en el barrio Roma, la perdimos por la inundación” que hace diez años, el 29 de abril de 2003, dejó bajo las aguas “a un tercio de la ciudad de Santa Fe”, donde siguen viviendo –ahora en una vivienda alquilada–, con tres de sus siete hijos. 

Las cifras de la inundación, que Castro recita de memoria, son contundentes: 23 muertes reconocidas por el Estado provincial (una demanda judicial eleva el número a más de cien), 140 mil evacuados pertenecientes a 28 mil familias, cifra que representaba, en ese momento, el 35 por ciento de la población de la ciudad de Santa Fe. 

Como la vida sigue y “la lucha sigue”, Jorge y Milagros son los actores civiles de la causa que investiga el desastre, en la que están procesados tres ex funcionarios y en la que tendrá que declarar en julio, por ahora como testigo, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann.

Jorge Castro y su esposa son, además, militantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), y expertos a la fuerza en materia de inundaciones. El escribió un libro, Verdades locas sobre impunes mentiras, referido a las consecuencias de la inundación en Santa Fe y ella, que es docente y terapista ocupacional, tiene un equipo que en mayo viajará a La Plata. Han sido convocados por Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida, testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz, para que colaboren, por su experiencia personal, con las organizaciones de derechos humanos que asisten a las víctimas del desastre platense, del que este jueves se cumple un mes.

Cuando la detuvieron, en 1974, Milagros Demiryi estaba embarazada de tres meses. Su primera hija, Ana, nació cuando ella estaba detenida en el pabellón 49 de la cárcel de Villa Devoto. Su segunda hija, Victoria, también pasó un tiempo en cautiverio, junto con su madre. Después de que ambos recuperaron su libertad, tuvieron otros cinco hijos. El menor tenía 12 años, en abril de 2003, cuando el barrio Roma en el que vivían, en una casa de dos plantas, quedó bajo las aguas “en menos de una hora”. A la una de la tarde del 29 de abril, Milagros salió de su vivienda rumbo al Hospital de Niños, para cumplir con actividades de ayuda relacionadas con la inundación, dado que en algunos lugares las aguas del río Salado habían entrado a la ciudad desde la madrugada de ese día.

Un terraplén ferroviario, sobre nivel, parecía ser la garantía contra el avance de las aguas hacia el barrio Roma. “Cuando yo salí de mi casa rumbo al hospital, para reunirme con mi mujer, un cura amigo que andaba rescatando gente me advirtió que sacáramos ya a nuestros hijos, porque se iba a inundar toda esa parte de la ciudad". Asegura que, cuando llegó al hospital y le dijo a su mujer que debían evacuar la casa, ella no le creyó. “Le apreté el brazo y la miré, entonces comprendió que era cierto lo que le estaba diciendo”.

“Sacamos a los chicos, los llevamos a la casa de mi madre, y en muy poco tiempo, toda la planta baja quedó tapada por el agua, que llegó a una altura de un metro noventa centímetros”. Todavía le parece increíble porque ese mediodía habían comido tranquilos, en su casa, sin siquiera presentir la tragedia. “No lo podía creer cuando el padre Angel, una persona a la que yo conocía, me dijo: 'Andate porque el agua nos tapa'".

Sacaron a los chicos de la casa y a las 2 y 20 de la tarde, cuando volvieron para tratar de subir a la planta alta muebles, computadoras y artefactos domésticos, ya el agua lo había invadido todo. “La parte de abajo se inundó. En el salón de la planta baja teníamos una biblioteca de 3,60 por 2,40 metros de alto. Se derrumbó. Bajo las aguas perdimos más de mil libros. Para Milagros fue una pérdida irrecuperable. Eran los libros con los que había estudiado. Ella tiene varios títulos, se recibió con diploma de honor. Nunca más quiso volver a la casa. Ahora no tenemos casa propia, alquilamos".

Desde el primer momento, Jorge y Milagros resolvieron abrir una denuncia contra el gobierno de Carlos Reutemann. “Somos una familia de clase media, todo lo que teníamos lo logramos con esfuerzo". El problema se les complicó todavía más porque, al iniciar la querella, tuvieron que rechazar todo tipo de ayuda oficial. La opción era recibir la ayuda o querellar. Eligieron querellar. Ya llevan diez años de pelea en la Justicia. En Santa Fe no hay juicio oral. La causa se rige por el viejo código. Un juez de instrucción y uno de sentencia.

La primera parte estuvo a cargo del juez Jorge Patrizi. Ahora, en la etapa de sentencia, está a cargo de Gustavo Urdiales. En el año 2006, Patrizzi procesó a tres ex funcionarios: el ex intendente de Santa Fe Marcelo Alvarez: el ex ministro de Obras Públicas Eduardo Berli, y el ex director de Hidráulica Ricardo Fratti. 

En los primeros tiempos, se tuvieron que refugiar en casa de familiares o amigos. “Muchos de los evacuados hicieron lo mismo que nosotros, otros tuvieron que vivir en los 415 centros de evacuados”, cuenta Jorge.

“La responsabilidad de los ex funcionarios, incluyendo al gobernador Reutemann, es indudable. El agua del río Salado no creció de un día para el otro. Desde hacía un mes, por efecto de las lluvias, venía provocando anegamientos en campos ubicados al norte de la ciudad. En ese año ya había comenzado el corrimiento de la frontera agropecuaria por el avance de la soja”, sostiene Castro y agrega: “Además, como se sabe, el Salado entró en la ciudad porque una obra destinada a prevenir contra el avance del agua había sido inaugurada cuando estaba inconclusa".

Recuerda, como se dijo en su momento y se probó en peritajes técnicos, que “el agua entró por el boquete que dejaba abierta la obra inconclusa. Por algo, 48 horas antes, la Municipalidad había cerrado el paso en la calle Gorostiaga y el Hipódromo. La inundación no es un tema ajeno a la historia de Santa Fe. Todos sabían lo que iba a pasar, pero nadie tomó las riendas del asunto y pasó lo que pasó”.

Felipe Solá: “Hago hincapié en diferenciarme del antikirchnerismo gorila”

El diputado Felipe Solá presentó su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas, afirmó que hará “hincapié en diferenciarse del antikirchnerismo gorila” y consideró que su ex aliado Francisco De Narcováez “está buscando el voto antiperonista”.

“La campaña no puede ser 'Ella o vos', eso es profundizar la polarización. No es 'Ella o vos' sino que es 'Todos', si no, vamos al modelo Venezuela”, dijo Solá al concluir su discurso en alusión a la campaña gráfica que realizó en las últimas semanas De Narcováez, también precandidato a diputado.

En diálogo con Télam después del acto en el Teatro IFT del barrio porteño de Almagro, el diputado dijo sentirse bien porque esto es hacer lo que le gusta y avizoró que “este año electoral será con novedades y sorpresas, con resultados no esperados”.

“Hay muchos compañeros que se mueven por la unidad pero la unidad no llega. Uno ve que se juntan el 'Momo' (Venegas), Moyano, Camaño, Lavagna y De la Chota, pero candidatos en la Provincia casi no hay y el único es De Narcováez. Quedaba un espacio grande libre”, aseveró para sustentar su postulación.

El ex gobernador bonaerense criticó a su ex aliado, con quien ganó las elecciones de 2009 en un frente electoral, y opinó: “De Narcováez está buscando el voto antiperonista”.

Al referirse a sus negociaciones con el intendente Sergio Massa, quien a mediados de mayo anunciará si se postula o no para ser diputado por el mayor distrito del país, Solá señaló que “es evidente que su entrada cambiaría el panorama electoral”.

“Me parecería una buena noticia si se larga, él mejora el promedio de los dirigentes actuales y tiene un liderazgo basado en la gestión. Si se lanza, definitivamente conversaremos, pero estoy preparado tanto para que venga como para que no venga”, enfatizó.

Acompañaron a Solá en su lanzamiento unas 600 personas que se acercaron al teatro IFT, especialmente militantes de la primera y tercera sección electoral bonaerense y del interior provincial.

Mala praxis

Por Alfredo Zaiat, para Página/12
 
Un grupo importante de economistas cree que integra el olimpo de la sabiduría y que sus errores son insignificantes en comparación con sus valiosos aportes, respaldados por decenas de ecuaciones matemáticas y soporte estadístico. 

El lugar de Atenea de la modernidad lo arrebataron a fuerza de imponer un supuesto saber neutral respaldado por resultados numéricos de bases econométricas. Privilegio concedido por políticos subordinados a tecnocracias, con una sociedad sometida diariamente a padecer la economía del miedo. 

Por eso tienen el privilegio que otras profesiones carecen. No son castigados por sus errores con efectos negativos en el comportamiento de la economía y, por lo tanto, en el bienestar de la población. Los médicos que se equivocan en el diagnóstico en forma reiterada con el consiguiente desacierto en el tratamiento reciben el rechazo de colegas y pacientes. 

Pocos yerros se perdonan en la ciencia médica como en cualquier otra disciplina científica. La mala praxis provoca el ostracismo de su expositor. No sucede lo mismo con una secta mayoritaria de economistas que, abrumando con bases estadísticas, procesan probabilidades mediante métodos matemáticos para postular buenas o malas políticas económicas. 

Así se erigen en portadores de una verdad técnica absoluta para ser aplicada por los gobiernos sin margen para cuestionarla. Quienes se atreven a hacerlo son criticados por querer negar la ley de la gravedad, confundiendo una ciencia exacta con la economía política. Los sucesivos fiascos serían un llamado de atención pero la humildad no es una de sus cualidades, además de contar con un impresionante dispositivo de protección integrado por empresas, bancos, universidades y medios de comunicación. Por eso persisten con soberbia en el error con consecuencias muy dañinas para los sectores vulnerables. 

El fraude más reciente fue una investigación de un par de reconocidos economistas cuyo resultado fue tomado como eje rector de la política económica para países europeos. El caso sería sólo impactante en el mundillo académico si no fuera que se constituyó en una de las principales ideas de la base argumental para aplicar la devastadora estrategia de austeridad.

El ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y actual profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, y Carmen Reinhart, también profesora de Harvard y ex integrante del departamento de investigación del FMI, presentaron el trabajo Growth in a Time of Debt (“El crecimiento en épocas de endeudamiento”) en la Asociación Económica Estadounidense. 

La conclusión de esa investigación que analiza la evolución histórica de la economía de veinte países fue que el crecimiento disminuye en forma abrupta cuando la deuda pública representa más del 90 por ciento del Producto Interno Bruto. 

El resultado de la investigación se convirtió rápidamente en guía dominante de las medidas de ajuste fiscal. El debate político en Europa y Estados Unidos sobre la magnitud de los recortes del gasto público, concentrado en el área social y el empleo, y de los derechos laborales tuvo a esa investigación como principal justificativo. 

Quienes criticaban el ajuste eran enfrentados a la contundencia del saber técnico de Rogoff y Reinhart, con reputación en el universo de economistas por sus credenciales en el FMI y por haber escrito un reconocido libro sobre la historia de las crisis financieras. El último trabajo de Rogoff y Reinhart se difundió a comienzos de 2010 en el momento en que se discutía la situación crítica de Grecia, su impacto en el resto de la zona del euro y la persistencia del estancamiento de la economía estadounidense por la obsesión de la austeridad. 

Una posición en minoría planteaba que era mejor aumentar la deuda para estimular el crecimiento y así salir de la recesión. La otra, con amplio apoyo de las corrientes conservadoras, proponía bajar el gasto y aumentar los impuestos para frenar el incremento de la deuda. La conclusión de la investigación era que el endeudamiento elevado derrumba el crecimiento actuando así de disuasivo a las propuestas expansivas. Era la prueba incuestionable surgida del ámbito científico para mostrar que la austeridad era el mejor camino.

Un pequeño detalle la desmoronó. Los resultados de la investigación estaban mal. Eran un fiasco. La evidencia empírica que mostraba era a partir de datos incorrectos. La historia es increíble por la liviandad que se maneja ese mundo revestido de seriedad académica con gran influencia en la vida cotidiana de la población.

El estudiante Thomas Herndon, de la Universidad de Massachusetts Amherst, eligió la investigación de Rogoff y Reinhart para cumplir con la tarea encomendada por su profesor de elegir una publicación académica y tratar de replicar sus conclusiones con una base de datos de acceso público. 

Durante todo el semestre trató de cumplir con esa misión, sin éxito. Como era un estudiante, y Rogoff y Reinhart dos economistas de prestigio de Harvard, lo más probable era que él estuviera equivocado. 

Su profesor, Michael Ash, pensaba lo mismo. Le insistía con que encontrara su error. Pero no había caso. Herndon ponía todo su esfuerzo en revisar el material para alcanzar el objetivo y no lo lograba. 

Tanta persistencia provocó la curiosidad del profesor Ash, quien convocó a uno de sus colegas, Robert Pollin, y comenzaron a involucrarse en el tema. Le propusieron a su alumno que continuara con la tarea. Herndon le escribió a Rogoff y Reinhart, y luego de una serie de intercambios, recibió la hoja de cálculo (el Excel) con la base de datos que utilizaron los profesores de Harvard para arribar a la conclusión de la investigación. 

El Excel estaba mal elaborado. Había por lo menos tres graves errores detectados por los dos profesores con su alumno, a saber:

1. Rogoff y Reinhart habían incluido sólo 15 de los 20 países bajo análisis en su cálculo clave sobre el crecimiento promedio del PIB en los países con deuda pública alta. Por “error” no estaban considerados Australia, Austria, Bélgica, Canadá y Dinamarca. Exclusión que alteró el resultado final, aumentando así el impacto de la magnitud de la deuda pública en el crecimiento. Con todos los datos incorporados al Excel, en lugar de caer, la tasa de crecimiento se mantiene positiva. O sea, el saldo era el opuesto a la conclusión presentada por Rogoff y Reinhart.

2. Para otros países, algunas cifras ni siquiera habían sido incluidas. Rogoff y Reinhart explicaron ante el cuestionamiento que estaban reuniendo las cifras paso a paso, y que cuando presentaron el ensayo en la conferencia no había cifras disponibles de buena calidad sobre Canadá, Australia y Nueva Zelanda tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, excluyeron períodos de crecimientos de Nueva Zelanda con un ratio deuda/PBI superior al 90 por ciento.

3. También realizaron promedios sesgados. Por ejemplo, un año malo para un país pequeño como Nueva Zelanda tuvo el mismo peso que los casi 20 años de Reino Unido con una deuda pública elevada.

Es interesante la respuesta de defensa de Rogoff y Reinhart cuando se difundió Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? (“¿La elevada deuda pública ahoga el crecimiento económico?”) de Herndon, Ash & Pollin que refuta la investigación: “Es aleccionador que se nos haya escapado semejante error en uno de nuestros ensayos a pesar de nuestros mejores esfuerzos para ser cuidadosos consistentemente. Redoblaremos nuestros esfuerzos para evitar errores semejantes en el futuro. No creemos, no obstante, que este error desafortunado afecte de ninguna manera significativa el mensaje central del ensayo ni de nuestro trabajo subsiguiente”.

La polémica siguió creciendo hasta llegar al Premio Nobel Paul Krugman, que al cuestionarlos en un artículo en The New York Times planteó el deseo que ese tipo de economistas se baje del pedestal. Anteayer, en el mismo diario, Rogoff y Reinhart hicieron el descargo en un extenso artículo minimizando sus errores y culpando a “los políticos” por el uso que hicieron de la conclusión de la investigación.

Economistas como dioses de la sabiduría, Atenea de la modernidad en la máxima expresión de soberbia avalada por intereses políticos, económicos y financieros de minorías privilegiadas. Se equivocaron, ocultaron datos para forzar postulados que sirvieron como soporte de las políticas de austeridad, son descubiertos por un alumno y un par de profesores que mostraron en detalle el fiasco de la investigación, y la respuesta de Rogoff y Reinhart fue que pese a todo ellos siguen teniendo razón.

La mala praxis de este tipo de economistas no es aislada. Registra otros casos similares, entre los más conocidos se encuentra el fallido de la curva de Laffer para justificar la baja de impuestos a los ricos durante la administración Reagan en la década del ’80. O cuando el año pasado los economistas Blanchard y Leigh, del FMI, tuvieron que admitir que los ajustes fiscales propuestos en las economías europeas tuvieron un impacto negativo más fuerte que el previsto.

Todos ellos poseen una ventaja sobre el resto de las profesiones. La mala praxis de economistas tiene impunidad. La impunidad del poder.

La Ley Antidiscriminación, un reclamo desde la diversidad sexual

Se trata de una normativa que está en vigencia pero no incluye a los pueblos originarios, personas discapacitadas, ni al sector de la diversidad de género. A luz de nuevos hechos de violencia y discriminación, el reclamo se renueva.

La semana pasada dejó dos hechos en los que la discriminación por orientación sexual fue noticia: la presidenta recibió a Pedro Robledo, el joven atacado en San Isidro por ser gay; y una cadena de supermercados fue condenada a pagar medio millón de pesos a un cajero víctima de malos tratos por ser homosexual.

Hoy todos hablamos de diversidad de género, y si bien es un tema que ocupa tanto las agendas públicas como las conversaciones cotidianas, la discriminación continúa siendo un hecho que vulnera a la comunidad homosexual. Y es por eso que tanto Robledo en su reunión con Cristina Kirchner, como en la condena al supermercado, se hace visible un reclamo histórico del sector: la modificación de la Ley Antidiscriminación.

“Es una ley de penalización del año '88, que recae con su peso sobre quienes cometen actos discriminatorios contra determinados sectores de la sociedad. El tema es que entre esos sectores no están incluidos ni los pueblos originarios, ni los discapacitados, ni la comunidad de la diversidad sexual”, explicó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

El contenido de la norma que desde hace años está en vigencia, aunque de manera desactualizada, ordena el cese de todo acto discriminatorio “pero no condena a quien lo comete. Por eso es necesario modificar la ley, establecer condenas e incorporar al resto de los grupos vulnerables para protegerlos de todo acto discriminatorio”, analizó Paulón.

El proyecto de modificación recibió media sanción en Diputados, allá por el 2010, pero no se trató en el Senado y quedó frustrada su aprobación. Por estos días, cuenta con estado parlamentario en la Cámara de Diputados “y necesitamos que llegue al recinto para ser debatido”, reclamó Paulón.

La necesidad para que la ley antidiscriminación se actualice es de carácter urgente porque “la violencia y la discriminación suceden cotidianamente, con una incidencia negativa concreta en la vida de las personas. Y lo peor es que no tenemos elementos para condenar los actos discriminatorios”, muchos de los cuales ponen en riesgo la vida de los atacados. “Es necesario que haya casos ejemplificadotes”, finalizó Paulón.