El juez Torres excarceló a Timerman por "razones humanitarias"

LO HIZO LUEGO DE QUE ESTADOS UNIDOS LE IMPIDIERA AL EX CANCILLER EL INGRESO A ESE PAÍS PARA CONTINUAR UN TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER.

El juez federal Sergio Torres le concedió la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman, horas después de que Estados Unidos le revocara la visa y le impidiera viajar a Nueva York para continuar con un tratamiento médico.

El magistrado, quien subroga a su par clarinista Claudio Bonadio en la causa AMIA, justificó la decisión por "razones humanitarias y extraordinarias", tras un planteo presentado ayer a la mañana por la abogada de Timerman, Graciana Peñafort.

Tras la decisión de Estados Unidos Peñafort, había anticipado que iba a presentar el recurso ya que "es una cuestión de vida o muerte". Timerman está siendo sometido a tratamientos contra el cáncer que los afecta desde hace tiempo.

El ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto fue notificado de la decisión del Departamento de Estado ayer, cuando estaba realizando el check in para abordar el servicio AA954 de la empresa American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Tenía previsto viajar a Nueva York por un tratamiento médico, pero ante la negativa de Estados Unidos no pudo subirse al vuelo que iba a aterrizar en el Aeropuerto John F. Kennedy.

De esta manera, Timerman reclamará ahora al Departamento de Estado norteamericano que revea su decisión de revocarle la visa, aunque no está confirmado que la razón de la medida sea la prisión domiciliaria.

El ex titular del Palacio San Martín está procesado y con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de la República Islámica de Irán en el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países.

Ordenaron detener al policía Diego Barisone que pisó con una moto a un cartonero durante las protestas en el Congreso. Lo habían liberado el lunes.

EL JUEZ SERGIO TORRES MANDÓ A BUSCAR AL EFECTIVO MOTORIZADO QUE LE CAUSÓ LESIONES A ALEJANDRO ROSADO. UNO DE SUS COMPAÑEROS DECLARÓ Y ASEGURÓ QUE ERA BARISONE QUIEN CONDUCIÍA LA MOTO.

Hubo un cambio de actitud dentro del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) luego de que el juez Sergio Torres denunciara a dos oficiales de la Policía Federal por falso testimonio y encubrimiento debido a las idas y vueltas para identificar al agente que pisó con una moto a un cartonero el día de la marcha contra la Reforma Previsional.

Ayer a la mañana declaró en el juzgado de Torres Alejandro Irarzábal, el agente de la Federal que iba sentado en el asiento de atrás de la moto que pisó a Alejandro Rosado el 18 de diciembre pasado en la zona del Congreso.

Seún fuentes judiciales, Irarzábal ratificó la identificación original que había presentado en el juzgado el área de Asuntos Internos de la Federal y no dejó dudas: quien conducía la moto policial aquella tarde era Dante Barisone, el mismo agente que había sido detenido y luego liberado debido a contradicciones en su identificación. 

Aquella identificación fue luego puesta en duda por el comisario Oscar Hipólito -a cargo del GOMF- y por el principal Gabriel Ortega, quien condujo al grupo de motociclistas que actuó aquel día cuando había protestas contra la Reforma Previsional.

Esos dos policías fueron denunciados el lunes de esta semana por Torres, porque consideró que pueden haber cometido los delitos de falso testimonio y encubrimiento, ya que para el juez imposibilitaron la identificación fehaciente del policía que había pisado a Rosado.

Al día siguiente de esa denuncia, Irarzábal se presentó ante Asuntos Internos de la Federal para explicar qué había sucedido. En la jerga de los policías motorizados, el que va detrás se llama "operador". Irarzábal contó ante Torres que él era el operador de la moto que pisó a Rosado y Barisone quien la conducía.

Con esta declaración, Barisone, que había negado ser quién pisó a Rosado, vuelve a quedar complicado en la causa judicial. Torres le había dictado una falta de mérito en virtud de las contradicciones en la identificación, pero a partir de la declaración de Irarzábal, el juez ordenó su detención -a la Policía Federal- y se encamina a dictarle el procesamiento.

Detuvieron al policía que pisó con su moto al cartonero

SE TRATA DE UN EFECTIVO DE LA FEDERAL. EL JUEZ SERGIO TORRES ORDENÓ IDENTIFICAR TAMBIÉN AL EFECTIVO QUE GOLPEÓ Y TIRÓ GAS PIMIENTA EN LA CARA A UN SEÑOR MAYOR QUE ESTABA PARADO EN UNA ESQUINA EN LA ZONA DE LAS MANIFESTACIONES CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL.

El policía que pasó con su moto por encima del joven cartonero de 19 años, durante represión a la manifestación contra la reforma previsional, fue detenido ayer a la mañana a pedido del juez Federal Sergio Torres que investiga los episodios de violencia por parte de los uniformados y los manifestantes. 

El agente que ya fue apresado, fue identificado como Dante Barisone, forma parte del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal y en horas de la tarde fue indagado en los tribunales de Comodoro Py.

Además de Barisone, Torres ordenó identificar al policía que roció con gas pimienta a muy corta distancia y golpeó con su cachiporra a un señor mayor que estaba parado en una esquina, en la zona de los disturbios. 

El lunes 18, cuando en Diputados trataban la reforma previsional, miles de manifestantes se movilizaron hasta la Plaza del Congreso para repudiar la reforma. Luego de que un grupo de manifestantes agrediera con piedrazos a efectivos del cordón de seguridad, los policías avanzaron contra los manifestantes en una brutal represión que terminó con cientos de heridos y 80 manifestantes detenidos.

Alejandro “Pipi” Rosado, el recolector de 19 años, fue víctima de la razzia policial cuando trabajaba en las inmediaciones del Congreso. El joven fue herido primero por balas de goma y luego, cuando ya estaba tirado en el piso, fue atropellado por el agente Berisone, quien también quemó al joven con el caño de escape de la moto. Por la gravedad de las lesiones, Rosado estuvo internado hasta esta semana.

Por otra parte, también por orden de Torres, fueron detenidos los manifestantes Javier Arakaki y Lucas Sauret, acusados de golpear a un efectivo tirado en el piso.

La Justicia pidió la detención de dos manifestantes y un policía por la cacería frente al Congreso

EL JUEZ FEDERAL SERGIO TORRES ORDENÓ HOY LA DETENCIÓN DE UN POLICÍA FEDERAL Y DE DOS MANIFESTANTES POR LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN TORNO AL CONGRESO EL 18 DE DICIEMBRE, CUANDO SE TRATABA LA REFORMA PREVISIONAL.

Según trascendió, Torres pidió al ministerio de Seguridad que identifique al conductor de la moto que pasó por arriba a Alejandro Gabriel Rosado, un cartonero que también fue baleado.

Rosado declaró en un programa de radio que él no estaba participando de la manifestación. Una vez identificado, el uniformado será detenido por orden del magistrado.

El juez también ordenó la detención de dos manifestantes. Se trataría, según el portal Infobae, de César Javier Arakaki y Lucas Iván Sauret.

Arakaki ya había sido señalado por algunos medios como “el karateca”, un militante del Partido Obrero. Ambos serían acusados de resistencia a la autoridad y lesiones graves.

Torres llamó además a indagatoria al militante de la OUM de La Matanza, Mariano Stansiola, quien había sido señalado como un supuesto “infiltrado”, ya que en algunas fotos se lo veía tirándole piedras a la policía y en otras socorriendo efectivos. También pidió la indagatoria Damián Alejandro Ferrero, sargento de la policía Bonaerense, quien fue fotografiado tirando piedras.

Allanaron el Edificio Libertad en el marco de la investigación por la reparación del submarino ARA San Juan

LA POLICÍA FEDERAL ALLANÓ OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ARMADA Y DE LA EMPRESA FERROSTAAL ARGENTINA, EN EL MARCO DE UNA CAUSA INICIADA A PARTIR DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA DESQUICIADA DIPUTADA OFICIALISTA ELISA CARRIÓ POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA REPARACIÓN DEL ARA SAN JUAN QUE FINALIZÓ EN 2014. EL SUBMARINO LLEVA 35 DÍAS DESAPARECIDO CON 44 TRIPULANTES A BORDO.

El allanamiento en el Edificio Libertad fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra ex ministros de Defensa del gobierno de Cristina Fernández Kirchner. El operativo lo realizó la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos y alcanzó también a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en el centro porteño.

Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, entre ellos el ARA San Juan. En su denuncia, la paciente psiquiátrica ambulatoria sostuvo que tenía información "para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas".

Los funcionarios acusados por Carrió fueron los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FPV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como así también el ex ministro Arturo Puricelli, a quienes les endilgó los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

El arreglo “de media vida” del submarino ARA San Juan comenzó a fines de 2008 y terminó en mayo de 2014, cuando la nave fue trasladada desde el astillero Almirante Storni, del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), hacia Mar del Plata. Entonces se inició el período de pruebas hasta octubre de 2015, cuando Tandanor, la empresa encargada de la reparación, hizo la “entrega parcial” del submarino a la Armada. Luego empezó la “etapa de garantía”, que duró seis meses hasta la entrega definitiva, que se concretó en 2016, ya durante el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos.

El presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja, Rossi, aseguró la semana pasada que la denuncia “es una maniobra para desviar la atención" de las sesiones en el Congreso en las que finalmente se votó el ajuste a los jubilados. Explicó que la presentación judicial es "incoherente” y se basa en un supuesto informe del 2016, por lo que también en la denuncia se debería incluir a los ministros Julio Martínez y Oscar Aguad, nombrados por Mugrizio Macri Blanco Villegas, por haber omitido la información y permitir que el navío saliera a flote. 

Además, el ex ministro de Defensa y hoy diputado nacional dejó a la firma un ambicioso contrato con la empresa Invap para potenciar naves de la Marina, incluido el submarino ARA San Juan, pero el régimen macrifascista nunca lo concretó tras el cambio de gobierno.

Juzgarán a Boudou por la compra de autos para el Ministerio de Economía

EL JUEZ FEDERAL SERGIO TORRES CERRÓ LA INVESTIGACIÓN POR PAGO DE SOBREPRECIOS EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. EL CASO PASA AL TRIBUNAL ORAL 4.

El juez federal Sergio Torres decidió elevar a juicio oral y público al ex vicepresidente Amado Boudou por el pago de sobreprecios en la compra de 19 vehículos de alta gama en el 2009 cuando estaba al frente del Ministerio de Economía. El debate se realizará en el Tribunal Oral 4.

Torres decidió cerrar la investigación de la compra de autos de lujo para el Ministerio de Economía por la cual Boudou es acusado y por consiguiente giró el expediente al Tribunal Oral 4 para la realización del juicio oral y público. 

Ese tribunal es el mismo que el miércoles dio comienzo al segundo juicio por la tragedia de Once en el cual está acusado el ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido.

La causa por la cual ahora Boudou va a juicio investigó lo ocurrido a partir de la firma de la resolución 347 del Ministerio de Economía de diciembre de 2009. Por medio de esa resolución, el entonces secretario Legal y Técnico de esa cartera, Benigno Vélez, autorizó el inicio de “gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular”. Torres consideró que esa compra era “innecesaria” y que se hizo “mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de 2.301.227,25, la que finalmente se concretó por 2.131.400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso”.

Boudou enfrentó en agosto su primer juicio oral y público, acusado de haber falsificado los papeles de transferencia de propiedad de un auto. La causa fue promovida por el fiscal oficialista Guillermo "medio polvo" Marijuan y gestionada por el juez clarinista Claudio Bonadio. El tribunal que lo juzgó dictaminó la prescripción del caso y levantó el embargo que pesaba sobre sus bienes y absolvió al ex vicepresidente, que siempre se declaró inocente.