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sábado, 10 de junio de 2017

Ampliaron la imputación contra Macri por la deuda del Correo

EL FISCAL FEDERAL JUAN PEDRO ZONI AMPLIÓ LA ACUSACIÓN CONTRA EL MUGRIZIO MACRI Y EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN, OSCAR AGUAD, EN LA CAUSA POR EL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LA EMPRESA CORREO ARGENTINO, PROPIEDAD DE FRANCO MACRI, POR EL CUAL SE LE CONDONABA UNA PARTE IMPORTANTE DE LA DEUDA QUE MANTIENE CON EL ESTADO.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal presentó un nuevo dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, a partir de datos que detectó su colega del fuero comercial Gabriela Boquin sobre presuntas maniobras de vaciamiento del Correo Argentino.

El fiscal señaló que oportunamente en estas actuaciones "fueron vinculados a las conductas a investigar Mugrizio Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa", este último el representante legal del Ministerio de Comunicación y quien acordó la deuda con el Correo Argentino.

Ahora, Zoni amplió la acusación contra los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A., a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.

La medida se basó en información encontrada por su colega Boquin, que indica que pudo haber existido un posible vaciamiento de la concursada (Correo Argentino) a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores. 

"A partir de lo reseñado, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo el fiscal Zoni. 

En ese sentido, indicó que la nueva información "obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante", esto es, "el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A.".

"Otro de los hechos analizados por que cabe incorporar definitivamente en la presente investigación con el fin de dilucidar lo verdaderamente acaecido resulta la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana S.A., de una porción minoritaria de la sociedad Neficor S. A. por la suma de 2.210.000 de dólares", añadió el fiscal en su nuevo dictamen.

Según las denuncias formuladas, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033. En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original. 

Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.

jueves, 11 de mayo de 2017

Imputaron a Luis Caputo por operaciones con bonos y acciones

EL FISCAL JORGE DI LELLO IMPUTÓ AL MINISTRO DE FINANZAS, LUIS CAPUTO, Y OTROS FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN MACRIFASCISTA, EN UNA CAUSA INICIADA A PARTIR DE DOS OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONES Y BONOS DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES.

El expediente está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y se inició por una denuncia del diputado por el Frente para la Victoria (FPV) Rodolfo Tailhade, en la que se puntualiza que esas operaciones causaron un perjuicio de 75 millones de dólares al Estado.

Di Lello imputó a los integrantes del comité ejecutivo del Fondo de Garantía del Sistema Integrado Previsional Argentino: Luis Andrés Caputo, actual ministro de Finanzas; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSeS y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.

La imputación de Di Lello es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública, indicó Infobae.

El fiscal pidió que se investigue si hubo delito en la compra que realizó el FGS de un bono en dólares emitido por la Provincia de Córdoba y en la venta de títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. 

Asimismo, reclamó que se determine si la venta de las acciones de la firma INDUPA que tenía el Fondo de Garantía provocó un perjuicio al Estado, que el denunciante estimó en unos 20 millones de pesos.