El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó esta tarde a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó en las afueras de la capital provincial.
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes condenaron a los imputados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos “en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la represión.
Según el veredicto, por unanimidad la máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.
En tanto, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12 años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.
Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga Noemí Casado.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que ”ahora tenemos la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la cárcel”., al tiempo que aseguró que se va “conforme” con el fallo “porque nuestros queridos asesinados y desaparecidos estarán descansando en paz”.
En tanto, el embajador argentino en España, Carlos Bettini, que también estuvo presente en la audiencia, afirmó que “se juzgó los asesinatos de mi hermano Marcelo, de mi padre Antonio y de mi abuela Mercedes Francese”.
“Si bien ocurrió 37 años después, es reparador. Se hizo justicia y el tribunal en un año hizo maravillas para arribar a este fin. Me voy con la satisfacción e poder contarle a mi madre a España que se hizo justicia”, sostuvo el diplomático.
En la audiencia, realizada ayer en La Plata, el Tribunal exhortó también a los Poderes Ejecutivos Nacional y provincial a exonerar a los condenados, a suspenderles los beneficios de la jubilación o retiros y a que desafecten los inmuebles donde funcionó La Cacha y la Dirección de Inteligencia del Ejército para transformarlos en museo de la memoria.
Precisamente ayer, ambos inmuebles fueron señalizados por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
La señalización se hizo en la ruta provincial N° 36 y calle 197, de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el acceso al ex centro clandestino de detención que operó entre 1976 y 1978.
La misma metodología se hizo también en el Destacamento 101 de Inteligencia, ubicado en calle 55 entre 7 y 8, de la capital bonaerense, donde se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en La Plata y otras localidades cercanas a partir de 1975.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó La Cacha ya que los represores se jactaban diciendo "estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré.
En los más de 10 meses que duró el juicio oral y público y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.
El frente de agrupaciones kirchneristas triunfó con el 25% de los sufragios en una elección reñida y ubicó al militante de La Cámpora Lautaro Gjik como flamante presidente del órgano representativo de los alumnos en el tradicional colegio secundario porteño, fundado en 1890 y ubicado en Marcelo T. de Alvear y Riobamba.
