El presidente de AUSA, Gustavo Matta y Trejo, preadjudicó las tareas que demandarán una inversión de 127,o7 millones de pesos a José Cartellone, presidida por su suegro Tito Biagini. Se escudan en la ausencia de una ley de Ética Pública.
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Gustavo Matta y Trejo, presidente de AUSA
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Para 2015, antes de terminar su segundo mandato como jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri quiere que el Metrobus que atraviesa la Avenida 9 de Julio entre Barrio Norte y Constitución esté completo. Cualquier pasajero lo podría suponer terminado, pero el carril exclusivo que concentra a una decena de líneas de colectivo, recién va por la mitad. La primera parte, inaugurada a fines de julio en tiempo récord, le costó al Estado porteño 155 millones de pesos. Según los planes oficiales, sólo se trata del primer paso para cambiar el paisaje urbano del centro para siempre o, al menos, para dejar una huella que supere la fecha de vencimiento del macrismo en el poder.
La obra ya acumula dos meses de funcionamiento y es uno de los emblemas del PRO para este año electoral. Pero el próximo paso, previsto para completar ese carril exclusivo para ómnibus de cuatro manos, incluye un túnel bajo tierra, que unirá el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan con la Plaza Constitución.
Fue planificado para que el ingreso y egreso de los colectivos a esos carriles sea menos riesgoso que en la actualidad. Costará 127,07 millones de pesos: un 20% menos que los 155 millones que la Ciudad pagó para erigir 17 estaciones sobre los tres kilómetros que separan a la calle Arroyo con el rulero vial de Avenida San Juan. Sin embargo, "el tubo" que el gobierno porteño pretende construir bajo uno de los cruces de autopistas más críticos de la ciudad, tiene dos particularidades muy especiales: no fue licitado por la Secretaría de Transporte porteña, que se encargó de la primera parte que va sobre la superficie, sino por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa pública de la ciudad que explota las autovías que atraviesan la Capital y recauda sus peajes.
La empresa, desde que Macri asumió el gobierno porteño en diciembre de 2007, es presidida por el ingeniero Gustavo Matta y Trejo, que exhibe una carrera profesional desarrollada en grandes obras de infraestructura para Techint y en el transporte de energía para la Hidroeléctrica Los Nihuiles, del Grupo Pampa Energy, operadora del Complejo Hidroeléctrico Nihuil.
Así como Macri lleva seis años de gestión al frente del Estado porteño, Matta y Trejo suma el mismo tiempo al mando de AUSA, que desde 2010 también tiene la facultad legal de licitar e implementar obras públicas por fuera del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, conducido por Daniel Chain o del área de Transporte, en manos del empresario Guillermo Dietrich. Desde entonces, la empresa estatal tiene a su cargo la realización de "obras menores", como los 15 pasos a nivel que Macri dejará inaugurados antes de los comicios de octubre, y algunas de mayor envergadura, como la ampliación del Puente Pacífico, en Palermo. El último trabajo preadjudicado es "el Proyecto Ejecutivo y Construcción de Túneles de cruce del Metrobus con el distribuidor de Avenida 9 de Julio y San Juan".
De acuerdo a los documentos de la contratación 2013-0006-00 de AUSA, se presentaron nueve empresas durante los primeros días de junio. Luego quedaron cinco preseleccionadas y hace dos semanas las obras fueron preadjudicadas a José Cartellone Construcciones Civiles SA por 127,07 millones de pesos. La oferta ganó una compulsa de precios disputada también por las constructoras Fontana Nicastro SA que presupuestó 136,03 millones, Dycasa SA que calculó los trabajos por 135,4 y Jose Chediak SAICA que demandó 134,6 millones de pesos para las obras. Esta última, realiza parte de las obras menores de AUSA y si bien no pudo quedarse con "el tubo" del Metrobus, mantiene una relación comercial con Cartellone desde hace 20 años. Según los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Julieta Pesce, ambas empresas formaron parte de uno de los ocho grupos de empresas que se presentaron en 1993 para quedarse con la concesión de las autopistas Norte, Oeste y Ricchieri que impulsó la primera presidencia del turco innombrable.
Han pasado dos décadas desde entonces, y ambas siguen disputando operaciones vinculadas a la red de autopistas que diseñó la última dictadura durante la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore. Esta vez, Cartellone está a un paso de ganar la partida, con una preadjudicación ganada hace 20 días que la dejó a un paso de alzarse con "el tubo del Metrobus" por un precio menor en 7 millones de pesos a la más cara. Para los números de la administración pública porteña, la propuesta de Cartellone resultó la más ventajosa. Fue ofertada por uno de los más grandes contratistas de la obra pública a nivel nacional, que encabeza la poderosa Cámara Argentina de la Construcción y desde hace cuatro años es comandada por Tito Biagini, uno de los gerentes de mayor confianza de Marilyn, José y Gerardo, los tres herederos de José Cartellone que le entregaron el control del holding fundado por su abuelo.
Biagini tiene una extensa carrera gerencial dentro de Cartellone y es un antiguo conocido del clan Macri. Desde la década del '70, ambas corporaciones se disputaron enormes negocios de obra pública en todo el país, aunque desde hace una década, Cartellone y las empresas del Grupo Macri comparten una vieja relación que incluye sociedades, negocios en común y hasta relaciones familiares, como el vínculo que mantiene el jefe de AUSA, Matta y Trejo, con una de las hijas de "Don Tito".
La relación entre ambos, construida desde hace años y reconocida a este diario por cinco funcionarios públicos y privados, transformó al número uno de la poderosa Cartellone en el suegro de Matta y Trejo, el funcionario que nombró Macri a partir de 2008 para que el Estado porteño administre la red de autovías.
Ante las consultas por la relación familiar entre el hombre fuerte de Cartellone y el titular de AUSA, fuentes de la empresa estatal porteña no desmintieron el vínculo y contestaron que "la empresa no hablará sobre los asuntos personales de su presidente". Luego anularon el acceso a toda la información pública disponible para conocer las contrataciones de la empresa, que suma una recaudación anual superior a los 400 millones de pesos.
Pero lejos de las pasiones del amor, que no son materia de investigación periodística, el vínculo revela una estrecha relación entre el presidente de Cartellone y las empresas de la familia Macri, como Sideco Americana, presidida alguna vez por Mauricio, junto a IECSA y el Grupo ODS, encabezadas por Angelo Calcaterra, primo del jefe de gobierno y el familiar que eligió Franco Macri para que administre las empresas del Grupo cuando su hijo decidió lanzarse a la política.
La relación clave de ambas con Cartellone es don Tito Biagini, uno de los directores titulares de las empresas Líneas Mesopotámicas y Líneas del Litoral, dos empresas que se fusionaron recién el año pasado por autorización del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), pero que en 2006 se quedaron con un negocio de 1001 millones de pesos.
Se trata del "Subtramo Norte de la Interconexión Rincon Santa María–Rodríguez", licitado por el gobierno nacional cuando la represa hidroeléctrica binacional argentino-paraguaya Yacyretá elevó su cota de agua para garantizar mayor suministro de energía. La primera parte del tramo, que incluyó la construcción y explotación del tendido, quedó en menos de IECSA junto a Cartellone, mientras que la segunda quedó bajo control de Integración Eléctrica Sur Argentina del Grupo Electroingeniería. En la actualidad, el primer tramo de alta tensión está en manos de LITSA: el 46,5% de sus acciones pertenece a Cartellone, a través de Tito Biagini; otro 40,5% a Sideco Americana del Grupo Macri; un 5% para Electroingeniería, con un directorio donde también se desempeñó entre 2001 y 2008 el ingeniero Luis Germán Jahn, nombrado por Macri hace un año y medio como vicepresidente del directorio de la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que tiene el 5% del capital de AUSA.
En las actas y rastros accionarios de Líneas del Litoral, también aparecen otros ex importantes gerentes de la Sociedad Macri (SOCMA), como el actual ministro de Hacienda porteño Néstor Osvaldo Grindetti, y el secretario Legal y Técnico del jefe de gobierno Pablo Clusellas. Ambos fueron designados como director titular y suplente de LITSA en febrero de 2001, bajo el mando de Biagini.
A pesar de esos profundos antecedentes, verificados en balances y actas de asamblea, la relación familiar entre Matta y Trejo y Biagini ha sobrevivido a la ley del mismo modo que los vínculos entre Cartellone y el Grupo Macri siguen dando ganancias desde hace décadas. Antes en la actividad privada y hoy dentro del Estado porteño. "Tendrían que haber dicho que la empresa que ganó la licitación tiene un vínculo familiar con el funcionario de AUSA", explicó la abogada especialista en temas de corrupción María Victoria Gama, que trabaja en el área de transparencia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los vínculos de funcionarios porteños con empresas contratistas no tienen castigo en la Ciudad, porque la gestión PRO nunca envió a la Legislatura una Ley de Ética Pública, a pesar de todos los proyectos que hay en danza, y que replican los principales aspectos de la Ley Nacional 25.188, de ética en la función pública, cuyo artículo 13 b define como "incompatible con el ejercicio de la función pública, ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones".
"Es una práctica recurrente encontrar vínculos entre el funcionario que arma la licitación y las empresas que licitan", dice la experta de ACIJ sobre los vínculos entre Cartellone y Macri, que dentro de la ciudad, pasan por Biagini y Matta y Trejo.
El mosaico de negocios, siempre incompleto, también incluye al actual presidente de la Comisión Fiscalizadora de AUSA, Daniel Dubinsky, que llegó al cargo luego de acompañar a su amigo Jahn en SBASE hasta 2010, y hasta 2007 fue socio del actual ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain y del secretario de Planeamiento Héctor Lostri en las empresas Roosevelt Construcciones, Consertus, Edificata, e Insu. Vínculos y protagonistas de un círculo rojo poco advertido: el lobby de la obra pública y los hombres de negocios que, en un parpadeo, se transforman en funcionarios públicos sin que casi nadie lo advierta. Todo en silencio, y si es posible, bajo tierra.
Luego de que Tiempo Argentino reveló que el diputado nacional por la UCR, Ricardo el Gil Lavedra cumple funciones como asesor de la banca JP Morgan -sospechada a su vez de mediar en operaciones financieras ilegales a pedido de grandes empresas locales-, el abogado Marcelo Brito solicitó que la justicia investigue al legislador radical por incompatibilidad de sus tareas como abogado en la ciudad de Buenos Aires y su trabajo en el Congreso Nacional. Además, también pidió que se observe si el dirigente radical se vio inmiscuido en un tráfico de influencias, debido a su participación en comisiones legislativas que investigan delitos similares al que se le atribuye a la entidad financiera estadounidense. 
