Amnistía Internacional pidió explicaciones a Bullrich Luro Pueyrredón y a Noceti por la represión en Villa Mascardi y el homicidio de Rafael Nahuel

EL ORGANISMO INTERNACIONAL EXHORTÓ A LA BEODA MINISTRA DE SEGURIDAD Y A SU JEFE DE GABINETE A QUE PRECISEN CÓMO FUERON LOS OPERATIVOS DEL JUEVES Y SÁBADO PASADOS EN RÍO NEGRO. "CONFORME A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, EL ESTADO ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL USO DE LA FUERZA SEA UTILIZADO COMO ÚLTIMO RECURSO Y CON ESTRICTO APEGO A ESTAS NORMAS”, PUNTUALIZARON. ALERTARON ADEMÁS POR LOS "FOCOS DE TENSIÓN" QUE GENERA LA “DEMORA ESTATAL EN LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN" DE LA LEY DE EMERGENCIA TERRITORIAL.

Ayer, a cuatro días del asesinato de Rafael Nahuel, quien fue baleado por la espalda por el grupo Albatros, Amnistía Internacional emitió un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación para que dé explicaciones sobre el accionar de Prefectura durante los operativos del jueves y el sábado pasado en Río Negro, cerca del lago Mascardi. La solicitud del organismo internacional fue enviada a la beoda ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que ambos detallen cuáles fueron los “fundamentos jurídicos” de los procedimientos realizados contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. 

“Es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado, en el que también advirtió su “máxima preocupación” porque “se vuelve a repetir una intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas, con consecuencias drásticas”. Allí convocaron además a las autoridades “a abrir canales de diálogo para resolver los conflictos territoriales”. 

"Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, puntualizaron. 

En el escrito reconstruyeron los dos días en los que se desarrollaron los operativos en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40 y resaltaron que se llevaron adelante “en el marco de un conflicto territorial”. En consecuencia, la organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación para que “cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación” de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

Amnistía Internacional enmarcó este episodio, sucedido cuatro meses después de la represión a la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen en la que falleció Santiago Maldonado, con otros porque advirtieron que en los último años se “aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas”, según pudieron constatar en relevamientos propios. “Los graves hechos ocurridos en Villa Mascardi se suman a los numerosos desalojos que sufren frecuentemente los pueblos indígenas a lo largo de todo el país y que vulnera sus derechos humanos, a pesar de la suspensión a los desalojos dispuesta por la recientemente prorrogada ley 26.160 de emergencia territorial”, agregaron. 

Por eso, insistieron en los problemas que implica la “demora estatal en la efectiva implementación de la ley” para que las comunidades indígenas puedan “avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios”. 

“Eso obliga a las comunidades a optar por estrategias de recuperación que profundizan las tensiones entre Estado y los pueblos indígenas, generando escenarios en donde la respuesta ha sido la persecución, criminalización y hostigamiento de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad estatales”, concluyeron.

Caso Maldonado: investigan si Noceti le anticipó a Gendarmería sobre los peritajes en los vehículos

LA FISCAL SOLICITÓ EL REGISTRO DE LLAMADAS DEL JEFE DE GABINETE DE SEGURIDAD PARA DETERMINAR SI LE INFORMÓ O NO SOBRE LOS PASOS A SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN A LA FUERZA NACIONAL.

Hace 76 días que Santiago Maldonado está desaparecido luego de un operativo de Gendarmería en Esquel y una vez más el foco de la investigación se posa sobre el jefe de gabinete de Seguridad nacional, Pablo Noceti, a quien desde un primer momento la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, intentó despegarlo de todo tipo de responsabilidad.

Ahora la fiscal federal Silvina Ávila requirió el registro de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del jefe de gabinete con el objetivo de revelar una sospecha clave: si el funcionario les anticipó a los escuadrones de la Gendarmería que se haría un peritaje sobre las camionetas de la fuerza.

El nuevo juez de la causa, Gustavo Lleral, aún no resolvió si hará lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal pero según dio conocer el pasquín ultraoficialista La Nazión, el magistrado le pidió a la fiscal que reformule el pedido porque se requieren más datos antes de definir la medida.

No obstante, desde el Ministerio de Seguridad reconocieron que Noceti había avisado que se haría un peritaje sobre los vehículos que desalojaron la ruta 40 e ingresaron al Pu Lof mapuche de Resistencia en Cushamen pero aclararon que lo hizo para que fueran "inmovilizados". 

"Recibimos el oficio del juzgado y lo adelantamos telefónicamente. Precisamente por la urgencia, para inmovilizar los vehículos y llevarlos al escuadrón desde donde estuvieran", justificaron desde la cartera.

No es la primera vez que Ávila solicita el registro de las llamadas de los móviles de Noceti, quien estuvo en el lugar el 1º de agosto, luego del procedimiento. Pero el primer juez a cargo del caso, Guido Otranto, rechazó el pedido.

Calificadas fuentes con acceso al expediente explicaron al pasquín mitrista que se tomó la decisión de repetir el requerimiento porque surgió un nuevo elemento que es un registro detectado en el celular del comandante Fabián Méndez, jefe del escuadrón de El Bolsón. En ese equipo se halló un croquis del Centro de Reunión de Información (CRI) -una mensajería interna de la fuerza- donde se afirmaba que el 3 de agosto, 48 horas después de la desaparición de Maldonado, se recibió una llamada de Noceti.

"Se recepcionó llamado telefónico del ministro de seguridad Pablo Noceti (sic) que [se] libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo", dice el croquis del CRI que consta en el expediente.

La medida de la fiscal Ávila, a sugerencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), busca dejar en claro cómo fueron las comunicaciones entre el funcionario nacional y los jefes de los escuadrones.

La comunicación de Noceti no habría sido la única advertencia que recibió la Gendarmería. Según consta en el expediente judicial, el 5 de agosto, el juez Otranto, por medio de oficios, anunció la medida a los jefes de los escuadrones de El Bolsón y Esquel. "El día de mañana, 6 de agosto, a partir de las 8, la División Criminalística de la Policía Federal Argentina (PFA) concurrirá para hacer los peritajes ordenados sobre los móviles", señala una de las fojas del cuerpo II del habeas corpus.

Hubo un tercer aviso sobre los peritajes. Se trata de un mensaje de voz de WhatsApp hallado en uno de los teléfonos de los gendarmes: "Ahí dice que saquen los vehículos" es el audio que envió un uniformado a un compañero con fecha de recepción el 4 de agosto, 48 horas antes de que se presentara la Policía Científica.

El 12 de septiembre el juez Otranto informó que "las muestras obtenidas en los vehículos de la Gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Maldonado". El estudio fue hecho por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la UBA. Algunos investigadores se preguntan si el estudio es indubitable.

Mientras el caso suma testimonios, los investigadores siguen analizando material fotográfico ya que una foto tomada por la propia Gendarmería en el momento del ingreso de los uniformados al predio podría haber capturado la imagen de Santiago. La imagen capta la casilla de madera que funciona como guardia en el Pu Lof y a dos personas. Según las fuentes, una de ellas tendría características similares a las de Santiago.

Moldes dictaminó a favor de que la denuncia contra el régimen macrifascista por el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se defina en Comodoro Py

EL OFICIALISTA FISCAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA, GERMÁN MOLDES, CONSIDERÓ QUE LA DENUNCIA POR EL ENCUBRIMIENTO DEL RÉGIMEN MACRIFASCISTA A GENDARMERÍA COMO PARTE DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO CORRESPONDE A COMODORO PY Y, POR TANTO, NO DEBE SER ENVIADA A CHUBUT, COMO LO HABÍA REQUERIDO EL JUEZ CANICOBA CORRAL. LA CÁMARA DE APELACIONES FIJÓ AUDIENCIA PARA EL 10 DE OCTUBRE. DESDE LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE RESALTARON QUE "HAY QUE INVESTIGAR A LOS QUE OCULTARON EL HECHO PARA SOSTENER LA IMPUNIDAD".

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, dictaminó que la causa por “encubrimiento de desaparición forzada” contra Mugrizio Macri, Marcos Peña Braun Menéndez, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Germán Garavano y Pablo Noceti, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional por la búsqueda de Santiago Maldonado debe ser investigada por un juez de Comodoro Py y no ser enviada a la justicia federal de Chubut, como había pedido el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

"El encubrimiento es un delito autónomo, con lo cual no puede sumarse a la causa principal por la desaparición de Maldonado", sostuvo el fiscal oficialista en el escrito que presentó ayer ante la Sala I de la Cámara, contradiciendo al magistrado que se declaró incompetente, al asegurar que se trataban de causas conexas. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que decida si efectivamente la causa se debe investigar en Buenos Aires o la debe tomar el nuevo juez actuante en el caso por desaparición forzada de Santiago Maldonado, Guillermo Gustavo Lleral.

“Hasta que no devuelvan a Santiago se sigue produciendo el encubrimiento porque la desaparición es un delito permanente, como lo establece la Convención Internacional. Tendrán que llegar hasta el fondo para exigir el castigo a los responsables de quienes produjeron el hecho pero también de quienes lo ocultaron para sostener la impunidad”, expresó Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, artífice -junto al Instituto Sampay y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat- de la denuncia presentada en agosto en los tribunales del barrio porteño de Retiro para que se investigue qué hizo y qué dejó de hacer el Estado en ejercicio de sus responsabilidades propias respecto a la desaparición de Santiago Maldonado.

Para Rosenblum, “la responsabilidad máxima pasa por la cadena de mando”, compuesta en primera instancia por Mugrizio Macri, pasando por la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, su jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, y por los jefes de Gendarmería que dieron las órdenes directas. “Hay un hecho que produce una fuerza de carácter federal, Gendarmería, que depende del Ministerio de Seguridad, está involucrado también el Ministerio de Justicia y el presidente Macri porque en la desaparición forzada está involucrada directamente esta fuerza nacional. En ese delito, se está cometiendo simultáneamente un delito de encubrimiento”, explicó.

El fiscal Moldes presentó su posición ante la Cámara luego de que su colega de primera instancia, Federico Delgado, apelara la decisión de Canicoba Corral. El representante del Ministerio Público cuestionó la declaración de incompetencia por considerarla “prematura y sin ninguna investigación previa”. 

"El juez, sobre la base de calificaciones y disquisiciones dogmáticas, sin ningún tipo de investigación previa ni indagación concreta de los hechos, se declaró incompetente y ordenó la remisión de la investigación", señaló Delgado en el documento que presentó el 14 de septiembre, en línea con el pedido de apelación que presentaron desde la LADH ese mismo día.

La Cámara Federal fijó para el 10 de octubre próximo la audiencia por las apelaciones del fiscal Delgado y de la LADH. “Los argumentos jurídicos y políticos que venimos sosteniendo a lo largo de estos dos meses son de pura verdad y reafirmo que iremos con todos ellos, que son los que sostuvimos en todos los juicios en los que hemos actuado”, aseguró Rosenblum.

Otra mentira oficial al descubierto: hace un año que Noceti da órdenes en Chubut

LA RADIO AM750 EMITIÓ UN AUDIO DE 2016 QUE COMPRUEBA EL INTERÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN CHUBUT, EN CONSONANCIA CON LAS DENUNCIAS DE ESTE DIARIO SOBRE EL ESPIONAJE A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. “ESTAMOS OBSERVANDO QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO PARA VER QUÉ MEDIDAS PUDIERAN SER NECESARIAS TOMAR COMO MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL”, ASEGURÓ NOCETI EN JULIO DEL AÑO PASADO.

Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, no solamente estaba liderando la represión contra la comunidad Pu Lof Cushamen sino que tampoco “estaba de paso” en el lugar el día que desapareció Santiago Maldonado, como aseguró la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón ante el Senado. 

El funcionario da órdenes en Chubut desde el año pasado, cuando asistió encubierto a la audiencia judicial en la que se prorrogó la prisión preventiva del lonko Facundo Jones Huala. El 26 de julio de 2016 él mismo afirmaba a Radio Nacional Esquel que le “preocupaban” los “acontecimiento de violencia” ocurridos por entonces, según develó AM750 ayer a la mañana. 

“Estamos viendo qué está pasando y qué medidas pudieran ser necesarias tomar como Ministerio de Seguridad de la Nación”, reconocía Noceti, quien advertía que “en la medida en que haya delitos federales por investigar, tendríamos que intervenir”.

“Ha habido dos hechos diferentes, uno en El Bolsón y otro en El Hoyo, dos hechos que está reivindicando el RAM. Si el método utilizado por el RAM es la violencia, estaríamos frente a un delito de naturaleza federal […] Si el juez nos da la intervención, tendríamos que intervenir”, anticipaba Noceti en julio de 2016, en su afán de criminalizar la protesta social de los pueblos originarios y su reclamo por las tierras que hoy están en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Acciones violentas y represivas contra la comunidad mapuche se repitieron en enero, en julio y el 1º de agosto.

Se desmonta así una de las principales mentiras del régimen macrifascista y se comprueba que Noceti, representante de la cartera de Bullrich Luro Pueyrredón, se estaba ocupando de la “problemática mapuche” hace un año porque se trataba de "intereses federales". A su arribo, el funcionario de Seguridad había confirmado además al portal Noticias de Esquel que su presencia allí estaba íntimamente relacionada con el proceso legal que estaba atravesando el lonko de la Pu Lof, y que había viajado a la Patagonia porque estaba “interesado en los conflictos en torno a las comunidades mapuche, la situación de Jones Huala y el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.

Desde hace un mes la ministra Bullrich Luro Pueyrredón niega que Noceti haya estado involucrado en la represión con balas de plomo que sufrió la comunidad y donde los testigos afirmaron que Gendarmería se llevó al "brujo" en una camioneta que tenía la insignia de la fuerza. Primero dijo que no estaba, pero después las imágenes desmintieron rotundamente sus argumentos. Después, frente a los organismos de Derechos Humanos, que exigieron la aparición con vida del joven desaparecido, y ante el Senado, se permitió responder que Noceti fue fotografiado en la tranquera de la estancia del empresario italiano Benetton (con quien los mapuches mantienen una disputa por las tierras acestrales) porque “iba de paso” hacia Bariloche. Pero como se supo después, cerca del mediodía del 1º de agosto, dos mujeres retenidas sobre la ruta 40 aseguraron que hablaron con el jefe de Gabinete y que incluso se había identificado como tal, al informarles que “las podían retener hasta seis horas por averiguación de antecedentes”.

El 13 de noviembre de 2016 una nota de Horacio Verbitsky en Página/12 reveló también que el régimen estaba “reivindicando el espionaje contra los pueblos originarios”, al publicar dos documentos: una foto de Noceti infiltrado en la audiencia donde se prorrogó la prisión preventiva del lonko de la comunidad y un power point del Ministerio de Seguridad acerca de las “amenazas de la organización Resistencia Ancestral Mapuche”. El audio que se conoció ayer no deja ninguna duda acerca de la participación que estaba cumpliendo la cartera nacional en Chubut desde mediados del año pasado.

Ya el 11 de enero de 2017 Gendarmería fue protagonista de una sangrienta represión sobre tierras recuperadas, que eran ocupadas por Benetton. Fuego, represión, heridos y detenidos, fue el saldo de una jornada trágica para la comunidad mapuche de Chubut. "Gendarmería reprimió y abrió fuego", denunciaron entonces integrantes de la Pu Lof. En medio del avance, estos responsabilizan "a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y a todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien".

El 31 de julio la historia se repitió. Esta vez, en las puertas del juzgado federal de Bariloche, donde los integrantes de la comunidad reclamaban la libertad de Jones Huala, quien había sido arrestado el 28 de junio. Nueve personas fueron detenidas y estuvieron varias horas incomunicadas en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto barilochense. Hubo heridos, entre ellos Romina Jones, hermana de Facundo, que fue brutalmente golpeada en el rostro y perdió varios dientes. 

El 1º de agosto la escalada de violencia llegó a su punto cúlmine, cuando los efectivos entraron a la fuerza a la comunidad, arrasando con todo a su paso en horas de la madrugada. Desde entonces, Santiago Maldonado no aparece y la causa ya reconoce que se trata de una "desaparición forzada", a pesar que el régimen macrifascista sigue intentando negar la participación del Estado en la brutal represión.

El diputado Tailhade le solicitó al juez Otranto la detención de Bullrich Luro Pueyrredón y de Noceti

EL DIPUTADO NACIONAL POR EL FPV-PJ, RODOLFO TAILHADE, LE PIDIÓ AYER AL JUEZ FEDERAL DE ESQUEL GUIDO OTRANTO, A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO, QUE ORDENE LA DETENCIÓN DE LA BEODA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, PATRICIA BULLRICH, Y SU JEFE DE GABINETE, PABLO NOCETI.

El diputado explicó que "a las innumerables evidencias surgidas de testimonios, documentos e investigaciones periodísticas como las de Juan Alonso y Ricardo Ragendorfer, entre otros, se suma ahora el reconocimiento explícito de la ministra Bullrich ante la diputada nacional, Victoria Donda, y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de que: 'por ahí a algún gendarme se le pasó la mano'".

Tailhade sostiene que dichos elementos "dan cuenta, por si hiciera falta, de las maniobras encubridoras del crimen por parte de Bullrich. Lo cual termina de consagrar un cuadro gravísimo de responsabilidades funcionales por parte de la cúpula de la cartera de seguridad si se tiene en cuenta que también está probado que Pablo Noceti fue quien comandó en persona el operativo represivo contra los mapuches, por el corte de la ruta nacional 40 que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado".

El legislados afirmó que el juez Otranto debe ordenar la detención de ambos funcionarios, ya que "quienes todavía mantienen el dominio de la investigación, y por lo tanto, además de resultar responsables políticos de la desaparición de Santiago, se encuentran en condiciones de ocultar evidencias y obstaculizar la investigación, es decir una de las causales que justifica el dictado de la prisión preventiva".

Denuncia contra Macri, Garavano, Bullrich Luro Pueyrredón y Noceti por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

A 28 DÍAS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO, EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO, EL MINISTRO DE JUSTICIA, LA BEODA MINISTRA DE SEGURIDAD Y SU JEFE DE GABINETE FUERON DENUNCIADOS PENALMENTE POR ENCUBRIMIENTO.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Jorge Colvis, del Instituto Sampay, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum y José Schulman presentaron una denuncia contra Mugrizio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón , Germán Garavano y Pablo Noceti, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional por encubrimiento de desaparición forzada de personas. “Estamos frente a un delito calificado de lesa humanidad, imprescriptible en la acción penal”, subrayó Barcesat en declaraciones radiales.

El prestigioso abogado agregó que a los autores mediatos y a los encubridores del caso les cabe la misma responsabilidad que a los autores materiales de la desaparición de Maldonado, “es decir, los que han negado que el cuerpo hubiera sido apropiado por Gendarmería Nacional, la fuerza interviniente en la represión”.

“El empeño de la ministra de Seguridad y de los restantes funcionarios en ocultar que efectivamente Santiago Maldonado está desaparecido” como consecuencia del accionar de Gendarmería Nacional configura una “desaparición forzada de personas, y la responsabilidad personal en el encubrimiento”, afirmó Barcesat.

La denuncia recayó en el juzgado que se encuentra a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y tomó intervención la fiscalía federal de Federico Delgado.