Amnistía Internacional pidió explicaciones a Bullrich Luro Pueyrredón y a Noceti por la represión en Villa Mascardi y el homicidio de Rafael Nahuel

EL ORGANISMO INTERNACIONAL EXHORTÓ A LA BEODA MINISTRA DE SEGURIDAD Y A SU JEFE DE GABINETE A QUE PRECISEN CÓMO FUERON LOS OPERATIVOS DEL JUEVES Y SÁBADO PASADOS EN RÍO NEGRO. "CONFORME A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, EL ESTADO ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL USO DE LA FUERZA SEA UTILIZADO COMO ÚLTIMO RECURSO Y CON ESTRICTO APEGO A ESTAS NORMAS”, PUNTUALIZARON. ALERTARON ADEMÁS POR LOS "FOCOS DE TENSIÓN" QUE GENERA LA “DEMORA ESTATAL EN LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN" DE LA LEY DE EMERGENCIA TERRITORIAL.

Ayer, a cuatro días del asesinato de Rafael Nahuel, quien fue baleado por la espalda por el grupo Albatros, Amnistía Internacional emitió un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación para que dé explicaciones sobre el accionar de Prefectura durante los operativos del jueves y el sábado pasado en Río Negro, cerca del lago Mascardi. La solicitud del organismo internacional fue enviada a la beoda ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que ambos detallen cuáles fueron los “fundamentos jurídicos” de los procedimientos realizados contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. 

“Es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado, en el que también advirtió su “máxima preocupación” porque “se vuelve a repetir una intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas, con consecuencias drásticas”. Allí convocaron además a las autoridades “a abrir canales de diálogo para resolver los conflictos territoriales”. 

"Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, puntualizaron. 

En el escrito reconstruyeron los dos días en los que se desarrollaron los operativos en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40 y resaltaron que se llevaron adelante “en el marco de un conflicto territorial”. En consecuencia, la organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación para que “cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación” de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

Amnistía Internacional enmarcó este episodio, sucedido cuatro meses después de la represión a la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen en la que falleció Santiago Maldonado, con otros porque advirtieron que en los último años se “aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas”, según pudieron constatar en relevamientos propios. “Los graves hechos ocurridos en Villa Mascardi se suman a los numerosos desalojos que sufren frecuentemente los pueblos indígenas a lo largo de todo el país y que vulnera sus derechos humanos, a pesar de la suspensión a los desalojos dispuesta por la recientemente prorrogada ley 26.160 de emergencia territorial”, agregaron. 

Por eso, insistieron en los problemas que implica la “demora estatal en la efectiva implementación de la ley” para que las comunidades indígenas puedan “avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios”. 

“Eso obliga a las comunidades a optar por estrategias de recuperación que profundizan las tensiones entre Estado y los pueblos indígenas, generando escenarios en donde la respuesta ha sido la persecución, criminalización y hostigamiento de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad estatales”, concluyeron.

Campaña global por la aparición de Santiago Maldonado

AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI) EXHORTÓ A LA BEODA MINISTRA DE SEGURIDAD, PATRICIA BULLRICH LURO PUEYRREDÓN; A SU JEFE DE GABINETE Y DEFENSOR DE GENOCIDAS, PABLO NOCETI, Y AL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, CLAUDIO AVRUJ, A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CON EL PARADERO DE MALDONADO.

La iniciativa del organismo de derechos humanos, una estrategia global de solidaridad, exhorta a Patricia Bullrich Luro Pueyrredón a Pablo Noceti y a Avruj, a adoptar las medidas necesarias para dar con el paradero de Maldonado, desaparecido el 1º de agosto luego de la incursión de más de 100 efectivos de Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia.

Según testigos, los gendarmes dispararon balas de plomo y de goma y quemaron las pertenencias de las familias de la comunidad. “Desde el momento del operativo se desconoce el paradero de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que se encontraba en dicho territorio desde el día anterior, acompañando a la comunidad en su reclamo por la recuperación de las tierras. Santiago habría sido visto por última vez mientras huía de la persecución de la Gendarmería Nacional”, consigna la convocatoria de AI.

Amnistía recuerda también que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas llamó al Estado argentino a que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Maldonado.

“Con esta Acción Urgente desde Amnistía Internacional movilizamos a nuestros activistas y oficinas alrededor del mundo para pedir por Santiago Maldonado. Es imperioso que las autoridades avancen en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

Mediante esta acción, la organización también pide que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad Pu Lof en Resistencia y que se brinde una solución de fondo en el marco del conflicto por el reclamo territorial.

Migraciones, femicidios y Milagro Sala; las alertas de Amnistía Internacional para Argentina

EL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS SE REUNIÓ CON EL CANCILLER JORGE FAURIE Y LUEGO ADVIRTIÓ EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA DECISIÓN DE "LIMITAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES" TOMADA POR EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI. RECLAMARON POLÍTICAS DE GÉNERO Y LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, ADEMÁS DE LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA AL CONSIDERAR SU DETENCIÓN "VIOLATORIA DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y UN JUICIO JUSTO".

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, mantuvieron ayer una reunión con el canciller Jorge Faurie. Luego brindaron una conferencia de prensa en la que se expresaron contra la decisión del régimen macrifascista de limitar el derecho de los migrantes a través de un decreto de necesidad y urgencia. También cuestionaron la alta cifra de femicidios y definieron a Milagro Sala como víctima de la “criminalización de la disidencia”.

En el encuentro con Faurie, las dirigentes del organismo de derechos humanos hablaron sobre la situación en Venezuela y México, el G20 y las políticas para refugiados y migrantes. Sobre este último tema hicieron hincapié en la conferencia de prensa que dieron más tarde, en la que llamaron la atención sobre el DNU que modificó la ley de migraciones en la Argentina.

“Argentina, en los últimos años ha demostrado una política de asilo amplia y una ley migratoria modelo. Sin embargo, en enero de este año se adopta un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de migración a efectos de limitar los derechos humanos de las personas migrantes en el país, así como acelerar expulsiones que pueden vulnerar aún más los derechos”, manifestó Guevara Rosas.

También se refirió a la situación de los derechos de las mujeres y remarcó que Latinoamérica ocupa los primeros lugares de índices de femicidios. Añadió que en la Argentina, como en otros países de la región, “si una mujer sufre una complicación obstétrica relacionada con un aborto, no sabe si será atendida en el hospital o si será encarcelada”.

Por último, se refirieron a la situación de Milagro Sala. La directiva de Amnistía Internacional señaló “que la región atraviesa una situación en donde los sistemas de justicia son usados para la criminalización de la disidencia”. 

"El caso Sala nos llega dentro de un marco regional. Encontramos que esa detención era violatoria de los derechos al debido proceso y un juicio justo", sostuvo.

Reclamo de Amnistía Internacional a Bullrich Luro Pueyrredón y a Burzaco por otro apriete de Gendarmería en territorio mapuche

AMNISTÍA INTERNACIONAL MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL OPERATIVO DESPLEGADO EN EL LOF CAMPO MARIPE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.

Un nuevo caso de abuso a los derechos de los pueblos originarios se registró esta semana en Neuquén, luego de que la Gendarmería ingresara al territorio de la comunidad Campo Maripe para llevar a cabo un desalojo sin orden judicial.

Así lo denunció la Confederación Mapuche de Neuquén, que logró el apoyo de Amnistía Internacional. Esta entidad emitió un comunicado manifestando “preocupación por el operativo desplegado en territorio mapuche”.

Amnistía presentó un pedido de acceso a la información pública a la beoda ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, para que informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmería Nacional en Campo Maripe y los fundamentos jurídicos de los mismos. “Este procedimiento irregular se habría realizado sin exhibir orden judicial”, remarcaron desde esa organización.

El 21 de junio por la mañana, unos 80 efectivos de la Gendarmería ingresaron al Lof Campo Maripe. Según relató Juan Albino Campo, Lonko de la comunidad, los gendarmes cerraron los ingresos y caminos internos y, al mismo tiempo, habilitaron el ingreso de equipos de exploración de la empresa petrolera YPF. 

“No tenían ninguna orden judicial, no quisieron mostrar ningún papel. En la fiscalía nos dijeron que no se había tramitado ningún desalojo de las tierras”, explicó Albino Campo. La disputa se cierne sobre la propiedad de 622 hectáreas donde la comunidad Campo Maripe, compuesta por unas 125 personas, vive desde 1927 y de las cuales poseerían los títulos heredados del antiguo dueño. Incluso el Gobierno provincial identificó el territorio ancestral que ocupa Lof Campo Maripe, en un relevamiento general realizado en todo el territorio de la provincia. La principal actividad de subsistencia de la comunidad es la cría de animales.

Sin embargo, las tierras están ubicadas en el área de explotación de YPF en Vaca Muerta, y son pretendidas por los inversores que actúan en conjunto con el gobierno de la provincia de Neuquén. “Ni siquiera quieren sentarse a explicar qué es lo que quieren hacer, vienen mandados por YPF y se meten en nuestras tierras”, insistió Campo Albino. 

Con la medicación de la Justicia local, el conflicto quedó neutralizado. La Gendarmería se retiró el jueves del predio, pero la comunidad sigue en estado de alerta porque creen que pronto el gobierno intentará nuevamente quedarse con esas tierras para hacer fracking. 

Amnistía Internacional había visitado el territorio el 18 de junio, donde recibió denuncias por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de Gendarmería Nacional en sus tierras, incluso en horas de la noche, con el objetivo de “desgaste y persecución para silenciar sus reivindicaciones históricas y así poder avanzar con la explotación petrolera”. 

“Amnistía Internacional manifiesta máxima preocupación frente a los hechos que vienen sucediéndose contra el lof Campo Maripe y otras comunidades en la zona y convoca a las autoridades a avanzar en el reconocimiento territorial respetando el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado”, concluyó el comunicado de la entidad.