LA DEFENSA DE LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER SOLICITÓ QUE LA CAUSA EN LA QUE SE INVESTIGA EL SUPUESTO DIRECCIONAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA EN FAVOR DEL EMPRESARIO DETENIDO LÁZARO BÁEZ, ENTRE OTROS, PASE A JUICIO ORAL Y PÚBLICO PARA LOGRAR "EL ESCLARECIMIENTO DEFINITIVO DE LOS HECHOS".
La presentación fue formulada por el abogado Carlos Beraldi luego de que el juez Julián Ercolini le corriera vista de la solicitud de los fiscales y los querellantes de elevar el caso a juicio oral y público.
"Teniendo en cuenta las características de este sistema procesal, que no contempla vía recursiva respecto de un eventual auto de elevación a juicio oral, entiendo que el tránsito de estas actuaciones a instancia de oral ya se encuentra definido", sostuvo Beraldi en el escrito que presentó.
En un texto de 3 páginas, el abogado de la ex mandataria y actual senadora nacional se mostró de acuerdo con que el caso pase a la instancia oral y pública y afirmó que allí "se harán los planteos correspondientes con el propósito de lograr el esclarecimiento definitivo y público de los hechos".
El abogado cuestionó los dictámenes presentados por "los órganos dependientes del poder Ejecutivo" (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) porque "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados" durante el proceso judicial.
En esta causa la ex jefa de estadp fue procesada por asociación ilícita, junto con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Báez, entre otros, a raíz del supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.
En la causa se investigan 52 contratos por 46 mil millones de pesos durante el kirchnerismo, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
Ercolini está a cargo de esta investigación que, según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña, podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.
