Denunciaron a Macri Blanco Villegas y a todo el Gabinete por el mega DNU de desburocratización del Estado

LOS ABOGADOS EDUARDO BARCESAT Y JULIÁN DOMÍNGUEZ DENUNCIARON PENALMENTE AL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO, A MARCOS PEÑA BRAUN MENÉNDEZ Y A TODO EL GABINETE DE MINISTROS, POR LA EMISIÓN DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) 27/2018, DICTADO ESTE MES CON EL DECLARADO FIN DE DESBUROCRATIZAR Y SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El DNU cuestionado "quiebra la división de poderes al pretender la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder legislativo con la finalidad de achicar el Estado para agrandar los negocios", según afirmó un comunicado de los denunciantes.

La causa recayó en el juzgado criminal y correccional federal 4 a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González.

El escrito denunció a Mugrizio Macri Blanco Villegas, a Marcos Peña Braun Menéndez y todos los ministros del gabinete nacional por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional.

Respaldada con su firma por numerosos referentes del kirchnerismo -entre ellos Nilda Garré, Alicia Castro, Mempo Giardinelli, Atilio Borón y Florencia Santout-, la presentación sostiene que "no están dados" los requisitos de admisibilidad ni las materias que pueden ser abordadas por los decretos de necesidad y urgencia.

"El propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU", apunta.

En consecuencia, considera aplicable al caso "lo preceptuado por el primer párrafo del art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional", según el cual "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". 

Argumenta además que "entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias".

Para los denunciantes, "este obrar del conjunto del PEN comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes". 

"Por ello, la presentación judicial invoca al artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen esa supremacía", señaló el comunicado.

Finalmente, la presentación judicial invoca el artículo 23 del Código Penal para pedir "la inmediata suspensión de la entrada en vigencia del DNU 27/2018, a fin que este grave delito institucional no se consume, habilitando la feria judicial a tal efecto".

Duras declaraciones de Axel Kicillof contra el megadecreto de Macri Blanco Villegas: "El DNU es anticonstitucional"

EL EX MINISTRO DE ECONOMÍA CRITICÓ EL DNU QUE DEROGA 19 LEYES Y MODIFICA OTRAS 140 Y ADVIRTIÓ QUE EL PODER EJECUTIVO "QUIERE GOBERNAR EN VACACIONES SIN EL CONGRESO". TAMBIÉN DIJO QUE EL ENDEUDAMIENTO ES “COLOSAL” Y QUE TIENE FINES “ESPECULATIVOS Y POCO PROVECHOSOS PARA LA ECONOMÍA NACIONAL".

El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que el megadecreto firmado el miércoles por Mugrizio Macri Blanco Villegas es “anticonstitucional” e indicó que el Poder Ejecutivo “quiere gobernar en vacaciones sin el Congreso”. 

En cuanto a la política económica, alertó que el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos “se está endeudando de una forma colosal” y que el equipo económico toma deuda “para usos especulativos y poco provechosos para la economía nacional".

“Macri se pasó por cualquier lado la institucionalidad”, evaluó categórico el ahora diputado nacional del Frente Para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires ante el DNU que deroga 19 leyes y modifica otras 140. En declaraciones radiales, aseguró que el decreto no es constitucional. “Quieren gobernar en vacaciones sin el Congreso”, denunció.

Luego, trazó un panorama sobre la situación económica y los tarifazos que impactan en los bolsillos de los argentinos. Aseguró que el régimen ya tiene en carpeta todos los aumentos que se vienen de luz, gas y naftas, y puntualizó que quieren “hacer creer que la inflación es un fenómeno meteorológico”.

Al referirse específicamente sobre este punto, evaluó que “entre los principales objetivos” del Poder Ejecutivo desde los primeros días “está reducir los salarios”, al explicar que pronosticar una inflación más baja que la real “produce una reducción de los salarios”. 

"En su primer año pronosticó una inflación de 20 por ciento o 25 por ciento y terminó siendo el doble", agregó Kicillof, quien luego se refirió a la política de emisión de bonos de deuda, teniendo en cuenta que el régimen macrifascista emitió en dos años un nivel récord de deuda y hasta colocó un bono a cien años, un compromiso que deberán enfrentar los próximos 25 períodos presidenciales. 

"El gobierno se está endeudando de una forma colosal. Es mentira que lo hace para no ajustar porque está ajustando muy fuerte", señaló el ex titular del Palacio de Hacienda y agregó que se hace “con usos especulativos y poco provechosos para la economía nacional".

La diputada y ex jueza Alejandra Rodenas rechazó el megadecreto macrifascista: “El DNU es inconstitucional”

EL DECRETO “AVANZA EN LA MODIFICACIÓN DE IMPORTANTES LEYES, COMO LAS LABORALES", DENUNCIÓ LA DIPUTADA JUSTICIALISTA, QUIEN PIDIÓ QUE LA COMISIÓN BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO ACTÚE A LA BREVEDAD.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Ejecutivo Nacional no reúne los requisitos indispensables para su validez. No hay circunstancias de excepcionalidad que lo justifiquen y esto lo transforma en inconstitucional”, aseguró la diputada nacional y ex jueza santafesina Alejandra Rodenas sobre el DNU con el que Mugrizio Macri Blanco Villegas deroga 19 leyes y modifica otras 140 para supuestamente desburocratizar el Estado.

La legisladora santafecina de Nuevo Espacio Santafesino–Frente Justicialista remarcó que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional sostiene que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. En ese sentido destacó que un DNU sólo se justifica “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos” por la Carta Magna, situación que no aplica en este caso.

La diputada, que fue jueza antes de asumir su banca en diciembre pasado, consideró que el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado jueves “avanza en la modificación de importantes leyes, como las laborales” y que es “inadmisible” que de este modo “se modifiquen temas tan sensibles como la inembargabilidad de las cuentas sueldo”. En ese sentido, estimó que el Ejecutivo “avasalla gravemente la división de poderes” porque “modificar por DNU la Ley de Contratos de Trabajo es inaceptable y queda claro que no hay urgencia ni necesidad que justifiquen semejante medida”.

También recordó que el DNU excluye del régimen de contratación de la Administración Pública Nacional a los contratos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), y autoriza a la ANSES a constituir fideicomisos financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y a operar a nivel bursátil y financiero.

“Con esto se pretende dirigir los recursos del FGS al sistema financiero, cuando en realidad deberían utilizarse para fortalecer el aparato productivo y/o financiar obras de infraestructura, tan necesarias en nuestro país para generar un círculo virtuoso en nuestra economía”, dijo Rodenas.

Rodenas cerró considerando que la Comisión Bicameral “tiene la obligación de expedirse con urgencia” respecto de la “invalidez” del decreto “lo antes posible” y que “no podemos dilatar la discusión porque vulnera claramente la división de poderes y genera un antecedente de gravedad institucional”.

Pedirán la derogación del mega decreto de Macri Blanco Villegas: desde el Frente para la Victoria denuncian que es “un intento de limitar la actividad parlamentaria”

EL DIPUTADO AGUSTÍN ROSSI ANTICIPÓ QUE EL FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV) PROPONDRÁ LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) QUE, CON LA EXCUSA DE “DESBUROCRATIZAR EL ESTADO”, FLEXIBILIZA LOS CONTROLES PARA LAS EMPRESAS QUE INCUMPLEN LA LEGISLACIÓN LABORAL Y PERMITE ENTRE OTRAS COSAS EMBARGOS DIRECTOS SOBRE LAS CUENTAS SUELDO, QUE ESTABAN PROHIBIDOS, Y OTORGA BENEFICIOS A LAS EMPRESAS Y AL SECTOR FINANCIERO. “ESTÁ CLARO QUE EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI SE BURLA DEL PARLAMENTO”, DENUNCIÓ.

El titular de la bancada kirchnerista en Diputados aseguró que pedirá que la Comisión Bicameral analice el decreto del Poder Ejecutivo redactado a medida de la OCDE que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas. 

“La ley de tratamiento legislativo de los DNU indica que hasta tanto las cámaras no lo rechacen, el decreto está vigente. Así que en las sesiones ordinarias (que se inician el 1º de marzo) vamos a pedir que el tema se trate en el pleno para poder derogarlo”, aseguró.

Además, Rossi calificó a ese decreto “ómnibus” publicado el jueves en el Boletín Oficial como “un intento de limitar la actividad parlamentaria” por parte del régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos. Sostuvo también que esa norma “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.

Entre ellos citó la potestad de las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y, también, el cambio del destino de las inversiones del Fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSeS. Esa norma establecía que los fondos debían “direccionarse hacia las inversiones productivas, de manera que los aportes puedan generar puestos de trabajo. Ahora, este proceso quedó orientado al sistema financiero”, criticó "el Chivo".

También cuestionó la modificación de las licencias de importación. “Esto va a tener un impacto negativo en la industria nacional”, vaticinó. Asimismo, cuestionó el artículo que flexibiliza los controles a las empresas que transgreden la legislación laboral. “Todas son cuestiones que le están exigiendo (al régimen macrifascista) desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tratar de que la Argentina ingrese” a ese organismo y, también, "para liberalizar el comercio”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado nacional por Santa Fe estimó que, debido a la extensión del DNU, el régimen “seguramente venía trabajando desde hace mucho tiempo” en el texto. Su hipótesis es que eso fue así para sortear al Congreso. “El oficialismo tiene una mayoría inestable en términos políticos” y por este motivo la gestión macrifascista “va a tratar de limitar la actividad parlamentaria”, concluyó.

Para Macri Blanco Villegas, la desregulación del Estado era tan "nesaria" que el régimen copió el texto de un Decreto del turco mufa y Cavallo, del año 1991

EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA COPIÓ CASI TEXTUALMENTE LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS POR EL GOBIERNO DEL TURCO INNOMBRABLE HACE 27 AÑOS PARA JUSTIFICAR LA FELIXIBILIZACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES Y LA APERTURA INDISCRIMINADA DE IMPORTACIONES, QUE LA OPOSICIÓN YA ANTICIPÓ QUE RECHAZARÁ EN LA BICAMERAL.

“Que habiendo iniciado la Nacion una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del DNU 27/18 del 11 de enero de 2018.

El investigador del Conicet Pablo Vommaro fue quien halló lo que difícilmente podría denominarse una casualidad. Vommaro, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, publicó en Twitter ambos párrafos. Una manera de enhebrar los vínculos entre el menemismo y el macrifascismo. Hay apenas una pequeña diferencia: el decreto 2284/91 habla de “economía popular de mercado”, mientras que el último DNU invoca una “economía pujante, competitiva y transparente” y habla de contextos en lugar de contexto.

El decreto de 1991, inscripto en los años de neoliberalismo a ultranza, desreguló el comercio interior y exterior y liquidó dos órganos centrales de la vida económica argentina de los anteriores 60 años: las juntas reguladoras de carnes y granos, que evitaban disparadas de precios en el mercado interno. 

Toda una larga serie de regulaciones en las industrias del vino, la yerba mate y el azúcar también fueron dejadas de lado en pos del sueño menemista de ingresar al Primer Mundo.

Más de un cuarto de siglo después, el DNU de Mugrizio Macri Blanco Villegas busca “reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo”. El decreto afecta el sector portuario, la aviación civil, la Unidad de Información Financiera y el Senasa, entre otras áreas. Además, permite embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, en una medida que beneficia a los acreedores. 

Como en 1991, la palabra clave vuelve a ser desregulación y la inclusión de un párrafo casi textual parecería ser un homenaje del gobierno nacional, tributario de aquellas políticas.

El régimen macrifascista presentó el plan para desregular y desburocratizar el Estado

EL RÉGIMEN FASCISTA DE MUGRIZO MACRI BLANCO VILLEGAS REDUCIRÁ MEDIANTE UN DECRETO LOS TRÁMITES QUE DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA OPERAR EN EL PAÍS, ASÍ COMO NUEVAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE FINANZAS Y TRANSPORTE, DESTINADOS A REDUCIR COSTOS Y GANAR COMPETITIVIDAD.

El anuncio lo formuló el ministro de Producción, Francisco Cabrera, acompañado por el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop.

Con esta medida "buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes y con el consecuente ahorro de tiempo", dijo Cabrera.

"No queremos que la gente sea el cadete del Estado, haciendo trámites innecesarios", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa celebrada ayer a la tarde en el Palacio de Hacienda.

Entre otras medidas, las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse, se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la presentación de dibujos y fotos digitales; y se podrá resolver sin ir a la Justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años. 

Además, se elimina el Registro Industrial de la Nación, que se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y que hoy contiene a 1.700 empresas, cuando hay cerca de 110.000 en el país, y se superpone con otras dependencias, como AFIP e INDEC, que tienen datos más completos sobre este universo.

De acuerdo a la nueva normativa, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrá crear fideicomisos. En cuanto a la firma digital, se determinará que los expedientes digitales tendrán la misma validez que un expediente en papel en todo el país y en todos los niveles administrativos, lo que fue trabajado con el ministerio de Modernización.

Uno de los puntos que puede generar conflicto es el que deroga la ley de Abastecimiento, de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército, para que pudiera autoabastecerse en caso de un conflicto bélico. De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE).

Si bien Clusellas aclaró que la idea no es "necesariamente" vender los terrenos, en el Ejecutivo no niegan la posibilidad de chispazos con el Ejército por esta medida. "Mugrizio es así, le mete para adelante", indicaron en el régimen.

Otra novedad es que se permitirá la circulación de los llamados "bitrenes", que son vehículos compuestos por un camión y dos remolques, con el objeto de transportar más carga e incrementar la productividad del transporte. Como esos camiones pueden llegar a medir 36 metros, sólo podrán circular por una determinada cantidad de corredores que definirá el Ejecutivo.

Por otra parte, se modificará la ley de Tránsito y Seguridad vial para regular la circulación de los cuatriciclos. "Hoy se pueden manejar con una licencia de moto, ahora habrá una licencia de cuatriciclos", explicó el jefe de gabinete de Transporte, Pedro Sorop.

Además, se eliminará la necesidad de un decreto del presidente para habilitar puertos. Cabrera explicó que de los 31 puertos públicos existentes, sólo han sido habilitados siete. También se estipula la fusión entre Vialidad y el OCCOVI, que supervisaba la red de concesiones viales.