MEDIANTE UN DURO COMUNICADO, LA ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DE CANAL 7 REFUTÓ LAS DECLARACIONES QUE HIZO EL MIÉRCOLES EL IMPRESENTABLE TITULAR DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS.
Los trabajadores de la TV Pública salieron a responderle al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien antes de ayer habló de “privilegios que nadie puede aguantar” y sobre los fondos que sostienen el canal.
Mediante un duro comunicado también apuntaron a una política de vaciamiento del medio.
El su descargo, los trabajadores se declararon en estado de asamblea permanente y explicaron que Lombardi busca “encubrir, con un falso e impostado discurso ‘democrático’, el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga”.
“Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron”, indicaron y pusieron como ejemplo a “Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal".
Por otro lado rechazaron que el canal se mantenga solo presupuesto nacional como dijo Lombardi, sino que indicaron que “al menos el 70 por ciento proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad”.
También señalaron que “miente además cuando dice que la planta de la TV Pública se incrementó en un 70 por ciento entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados”.
En otro tramo le reclamaron que revele “en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública”, así como “cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública”.
“No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización”, denunciaron y advirtieron que “la gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras”.
El comunicado cierra afirmando que “no vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho”.
