El Colegio de Farmacéuticos bonaerense se declaró en estado de alerta contra Farmacity y convocó a un abrazo a Tribunales

MIENTRAS LA CORTE SUPREMA DEBE DECIDIR SI HABILITA O NO LAS OPERACIONES DE LA CADENA CREADA POR EL VICEJEFE DE GABINETE, MARIO QUINTANA, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROVINCIAL DENUNCIÓ UN "CONFLICTO DE INTERESES" ENTRE EL ACTUAL FUNCIONARIO Y SU ANTIGUO ABOGADO, EL ACTUAL SUPREMO CARLOS ROSENKRANTZ.

Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite las operaciones de la cadena Farmacity, que todavía no logró desembarcar en territorio bonaerense gracias a que la ley vigente prohíbe que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías. 

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia convocó a realizar un abrazo simbólico al edificio de de la Corte el próximo jueves 12, en coincidencia con el día del farmacéutico, oportunidad en que reiterará su denuncia acerca de los vínculos entre Farmacity y algunos funcionarios de la alianza fascista gobernante. 

Isabel Reinoso, presidenta del Colegio, le exigió a la Corte Suprema que sostenga los fallos sucesivos de la justicia bonaerense, que le negaron la autorización para operar en su territorio, "a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity".

“Una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia de 300 metros que debe existir entre cada farmacia en toda la provincia”, añadió.

La demanda de Farmacity para que le permitieran operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación. Es más, la primera hoja del expediente que hoy tiene en sus manos la Corte Suprema es un poder firmado por el propio Quintana. Pero el conflicto de interés no solo afecta al número dos de la jefatura de Gabinete. También alcanza a uno de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica. 

Con esos elementos a la vista, los farmacéuticos sospechan la existencia de un creciente lobby para cumplir con los deseos de la empresa y destacan como primer indicio el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado tratar el caso, cuando podría haberlo rechazo in limine. Reinoso sostuvo que la pelea “es contra los molinos de viento, ya no como farmacéuticos, sino como ciudadanos; me parece que llegar a una instancia de poder para acomodar el beneficio propio no está bueno”.

El defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, por su parte, calificó como “muy grave” el conflicto de intereses evidente en el caso y adelantó que, si la demanda de la empresa prosperara, demandarán a Rosenkrantz en la Bicameral de juicio político y presentarán otra denuncia penal contra Quintana, por negociaciones incompatibles con su función.

Organismos de Derechos Humanos irán por juicio político a los supremos Highton, Rosatti y Rosenkrantz por el fallo del 2x1

LO CONFIRMÓ TATY ALMEIDA, DE MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA. EL LUNES PRESENTARÁN EL PEDIDO ANTE EL CONGRESO PARA REMOVER A ROSATTI, ROSENKRANTZ Y HIGHTON DE NOLASCO. DURAS CRÍTICAS AL RÉGIMEN MACRIFASCISTA.

Casi tres meses después de la polémica decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2x1 a presos por crímenes de lesa humanidad, organismos de derechos humanos iniciarán el trámite de juicio político para desplazar a los tres magistrados que firmaron esa acordada. Así lo confirmó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Este lunes al mediodía iremos al Congreso Nacional para pedir en mesa de entrada el juicio político”, aseguró Taty en declaraciones radiales. La intención es remover a Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por el fallo que generó un amplio rechazo y cuya máxima expresión se tradujo en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo el 10 de mayo pasado. La medida quedó sin efecto tras el repudio general pero los organismos buscan que se anule un fallo que pudo haber dejado en la calle a cientos de represores de la última dictadura.

Aquella sentencia computaba doble los días en prisión sin condena de los genocidas. A partir del caso de un represor del Hospital Posadas se abría la posibilidad de beneficiar a otros criminales de lesa humanidad. La crítica principal fue por recurrir a una norma usada para descongestionar cárceles superpobladas y por delitos comunes, no violaciones a los derechos humanos. Además, se aplicó el 2x1 con retroactividad: estuvo vigente entre 1994 y 2001, tiempos en que los represores tampoco hubieran tenido necesidad de ampararse en esa ley, dado que estaban vigentes el Punto Final y la Obediencia Debida.

Almeida contó que “hace dos años nos abrimos desde la Línea Fundadora a otros organismos, como el CELS, la APDH de La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz y otras agrupaciones, y vamos a ir todos a pedir el juicio político”. Además, adelantó que también pedirán una audiencia con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En otro orden, estimó que “este es el peor gobierno desde el regreso de la democracia, es lamentable todo lo que estamos pasando”. Consideró que “somos cada vez más los que nos oponemos, en forma pacífica, a este gobierno lamentable” y que “es preocupante que después de cuarenta años de lucha tengamos que hablar de presos políticos, como Milagro Sala”.

Del mismo modo, apuntó contra Mugrizio Macri “que dijo que los derechos humanos son un curro” y reivindicó a Néstor y Cristina Kirchner. “El gobierno de Néstor fue el primero que tomó los derechos humanos como política de estado; esto no partidismo, es un hecho histórico”, dijo y añadió en ese sentido que “la vuelta de Cristina me genera mucha esperanza. Me gustaría que regrese en 2019”.

Finalmente, consultada sobre el episodio del programa de Jorge Lanata en que se mostró en cámara al menor conocido como “El Polaquito”, relacionó ese hecho con la idea de querer bajar la edad de imputabilidad. “A este ritmo van a querer meter presos a los chicos de jardín de infantes” ironizó, al tiempo que calificó a Lanata como “vomitivo y lamentable” y parafraseó a la María Elena Walsh de Oración a la Justicia: “La señora que representa a la Justicia se tiene que sacar las vendas, ver y actuar”.

"El arrepentido" Abal Medina dice que ahora "no votaría el pliego de Rosenkrantz y Rosatti"

EL EX JEFE DE GABINETE FUE UNO DE LOS SENADORES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA QUE, TRAICIONANDO LA CONFIANZA DE SUS VOTANTES, APROBARON LA DESIGNACIÓN DE ESOS MAGISTRADOS. 

El senador nacional Juan Manuel Abal Medina sostuvo que "hoy no votaría" el pliego de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes el 3 de mayo votaron, junto a Elena Highton de Nolasco, a favor de la aplicación del principio de 2x1 de la Ley 24.390 para el genocida Luis Muiña.

Abal Medina fue uno de los legisladores que votó en favor de los pliegos de los últimos jueces nombrados en la Corte, luego de la propuesta del oficialismo, en junio de 2016. Antes, el presidente Mugrizio Macri había emitido un decreto nombrándolos en ese cargo, acto que no se concretó por ser inconstitucional.

En declaraciones radiales, el senador criticó a los magistrados que votó para el máximo tribunal ya que en su exposición "en la audiencia pública se mostraron como defensores de los Derechos Humanos". 

En su momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) había pedido que se les preguntase explícitamente sobre los juicios por causas de Lesa Humanidad pero los legisladores hicieron caso omiso.

"Las críticas que se me hicieron por el pliego aprobado vinieron solo de un sector interno nuestro", manifestó Abal Medina, quien, con respecto a la carrera de cara a las elecciones, rechazó cualquier posibilidad de armar un frente electoral en el peronismo. "No queremos una lista de unidad", aseguró, al tiempo que destacó que esa "unidad" se dará "después de las elecciones primarias".

Avanza en Diputados el pedido de juicio político para los jueces de la Corte que votaron el 2x1

EN SESIÓN REPUDIARÁN EL FALLO QUE HABILITÓ A LOS REPRESORES A PEDIR POR SU LIBERTAD Y SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A JUICIO A LOS MAGISTRADOS QUE LO APROBARON.

Diputados de diferentes bloques buscarán en la sesión prevista para este martes repudiar el fallo de la Corte que aplica el 2x1 a delitos de lesa humanidad, al tiempo que comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a tres integrantes del máximo Tribunal y para aclarar, en un intento por construir una herramienta jurídica, los alcances del polémico cómputo de penas. 

En la Cámara de Diputados, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), convocó para este martes a las 18 a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el fin de “considerar” la decisión de la Corte.

Donda impulsa una iniciativa para que los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a los beneficios de la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena, y no puedan gozar de la conmutación o reducción de sus penas, en ninguna de sus formas y bajo ningún concepto.

“El fallo es un marcado retroceso en materia de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”, sostuvo la legisladora.

Por su lado, la jefa del bloque socialista, Alicia Ciciliani sostuvo que “la violación de los Derechos Humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto” y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” en la materia.

El Frente de Izquierda presentó un pedido de juicio político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco -los tres que fallaron a favor del 2x1- por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto fue presentado por Néstor Pitrola (Partido Obrero), quien además llamó a marchar el miércoles a Plaza de Mayo.

“Presentamos el pedido de juicio político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto a las Juntas Militares”, advirtió.

“Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”, agregó Pitrola.

El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, trabajaba por estas horas en otro pedido de juicio político, en sintonía con el pronunciamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo la semana pasada. La bancada también unificaría un proyecto para acotar los beneficios a represores.

En tanto, el Frente Rejuntador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También buscará destituir, vía juicio político, a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2x1 sin respetar los fallos precedentes”.

El massismo trabaja además junto a Donda y Margarita Stolbizer (GEN) en una declaración de repudio del pleno de la Cámara de Diputados al fallo supremo, por considerar que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.

Por parte del oficialismo, el macrista Daniel Lipovetzky calificó como “un verdadero despropósito” y “un retroceso” el fallo supremo, pero dijo no coincidir con la posibilidad de un juicio político contra los jueces que suscribieron esa resolución porque “aunque el fallo tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.

“Este tipo de beneficios no deberían existir nunca pero, si existió esa figura, nunca debió ser aplicable a delitos de lesa humanidad”, aseguró el legislador, quien pidió, no obstante, “respetar” el fallo de la Corte Suprema.