EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA PREFIERE QUE VAYA A CONCURSO DE ACREEDORES PARA INTERVENIR LA EMPRESA Y REEMPLAZAR EL MANAGEMENT.
El viernes pasado las finanzas de la cooperativa láctea más grande del país tocaron fondo. Le rebotaron cheques por $ 70 mil y los bancos le cerraron las puertas.
En el primer trimestre de 2016, tuvo pérdidas por $ 1.527 millones, un 316% más que los $ 367 millones de igual período de 2015, un año enteramente en rojo. Por eso mismo, le pidió al Banco Nación que le refinanciara deudas a cuenta del fideicomiso entre Argentina y Venezuela constituido en el organismo. Pero el banco, con respaldo del régimen, le dio la espalda a la gigante de los lácteos.
La dirección esperaba poder estirarla con un nuevo depósito de 25 millones de dólares que tienen que ingresar en su cuenta en el Nación Fideicomisos dentro de dos semanas. Pero un acreedor tomó le ganó la delantera y ya se trabó los fondos para asegurarse el cobro.
Tras la negativa del banco estatal, los directivos pidieron financiamiento al banco Meriva, pero tampoco tuvieron suerte: los números de la empresa son una apuesta perdedora. Las pérdidas acumuladas de la cooperativa son tales que superan el patrimonio neto de la compañía.
De momento el único financiamiento del que disponen es el de Buenos Aires Factoring Capital S.A. (BAF) con quien mantiene una deuda de 60 millones de dólares a tasas muy superiores a las de mercado. Mientras tanto, la dirección consiguió un nuevo contrato con Venezuela por otros 150 millones de dólares, pero son insuficientes en la medida en que la firma pierde $ 1,56 por cada uno de los más de 4,2 millones de litros de leche que procesa a diario. Sin una reforma sustancial, correrán la misma suerte que lo 150 millones de dólares que Mead Johnson Nutrition le pagó en 2012 por las leches infantiles y los 80 millones que recibió la empresa en 2006 cuando Venezuela otorgó un crédito a la empresa a cuenta de futuras compras de leche en polvo. En ese entonces, la empresa ya tenía una pesada deuda de 200 millones de dólares heredada de los '90.
Desde el Ministerio de Trabajo vienen siguiendo este tema de cerca, pero, según informaron, aún no hay una decisión tomada. Son 4.700 los empleados propios de SanCor cuyos trabajos peligran además de los de los 1400 productores lecheros asociados a la cooperativa. Entre ellos, la suba de salarios es una preocupación secundaria. Hace meses que entre los trabajadores circula la versión de una reducción violenta de 1200 puestos para hacer frente a esta crisis de larga data que recibió el golpe de gracia con las inundaciones de abril.
En el régimen macrifascista entienden que la crisis se exacerbó por “cuestiones externas a la compañía” como la caída del precio internacional de la leche en polvo, la sobreoferta en el mercado interno y la regulación de los precios. Pero descreen que esta sea la causa del quebranto de la empresa y apuntan al management de la cooperativa. Es que, si bien el otro pez gordo del sector, la firma Mastellone, también tuvo grandes pérdidas esta trimestre ($ 140 millones), logró reducirlas en un 23% respecto de igual período del año pasado y limitarlas a menos de un décimo de las pérdidas de SanCor.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, tampoco quiso poner las manos en el fuego por la cooperativa lechera. Hace poco más de un mes y medio se reunieron Cabrera, la canciller Susana Malcorra, el secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana y autoridades del Banco Nación para estudiar la situación del sector y tomar una decisión coordinada respecto de SanCor.
En primera instancia, descartaron la posibilidad de ampliar el fideicomiso con Venezuela. La situación económica y política de la República bolivariana no garantiza que SanCor vaya a recibir fondos. En segundo lugar, rechazaron que Producción saliera de garante para que el Banco Nación le dé un nuevo préstamo, como habría solicitado la empresa.
El resto de los presentes discreparon. “Se viene un mega-Cresta Roja”, comentaron temiendo un desbande político social desde Córdoba hasta Chivilcoy pasando por la cuenca lechera santafesina. Entonces, optaron por estudiar la posibilidad de una intervención, la designación de una gerencia profesional que ordene la empresa y su posterior venta para recuperar los invertido. En tercer lugar, Quintana propuso el camino de la libertad de mercado para poner a la empresa en caja. Tras años de desmanejos, aumento desmedido de pasivos e incapacidad para hacerle frente a su pasivo, para el ex CEO de Farmacity, lo mejor que se puede hacer es dejarla quebrar, que vaya a concurso de acreedores, que la compre otro grupo empresario y que se haga cargo de ella una nueva cúpula directiva más eficiente.
En Trabajo dicen no tener precisiones aun sobre los pasos a seguir. De momento, hay tres obstáculos a la opción de la intervención: el primero se llama Mario Quintana, quien insiste en que la quiebra y el concurso son la forma más ordenada de sacar adelante la empresa y tal vez la más barata. Puntualmente, con Cresta Roja, se garantizaron los sueldos mediante un fideicomiso de asistencia estatal, pero el resto de los pasivos de la empresa fueron a concurso de acreedores y siguieron la vía judicial tradicional.
El segundo escollo es que SanCor es una cooperativa, y su intervención es mucho más compleja que la de una sociedad anónima como Cresta Roja. Y el tercer obstáculo tiene que ver con los compromisos pendientes con Venezuela.
De momento, el martes pasado los directivos del gigante de la lechería se reunieron con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui y con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. "Vinieron a pedir ayuda", reveló una fuente oficial al pasquín oficialista Clarín. "No hubo nada de ayudas especiales para la cooperativa", ratificó un vocero de SanCor, que contó que en esa reunión se analizó "la marcha y necesidades del sector".
Por el momento a SanCor le soltaron la mano y le resta la opción de vender una parte de la empresa para hacerse de fondos con los que sanearse sin el apoyo estatal.
