MARIANO BORINSKY ENCABEZA UNA COMISIÓN, DENTRO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, ABOCADA A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, EN LA QUE SE PREVÉ MÁS DUREZA PARA LOS CASOS DE LAS CONDICIONALES.
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| Mariano Borinsky |
Los agresores sexuales no podrán acceder al derecho de la libertad condicional en caso de que se apruebe el anteproyecto de Reforma del Código Penal, que elabora una Comisión constituida en el seno del Ministerio de Justicia nacional.
La Comisión, que preside el camarista Mariano Borinsky, ratificó la semana pasada que no sólo los agresores sexuales quedarán afuera del beneficio sino que la limitación también se hará extensiva a los casos de reincidencia, de secuestro extorsivo y homicidio.
“La idea es que no se permita la libertad condicional a la persona declarada reincidente y a aquellos autores de delitos que sean condenados por delitos con violencia y que hayan implicado daños físicos, psicológicos e incluso la muerte de la víctima”, señaló Borinsky.
Según el magistrado, la limitación incluiría los casos de violación, de secuestro extorsivo, tortura, homicidio, desaparición forzada de persona, privación ilegítima de la libertad. “Todos estos casos no tienen derecho a la libertad condicional, es decir, tienen que cumplir íntegramente la pena fijada”, aseveró.
En la misma línea, la Comisión estableció, para el caso de los agresores sexuales, la aplicación de un “seguimiento socio judicial” una vez cumplida la condena, consistente en medidas de vigilancia y asistencia para prevenir nuevos delitos.
La rigurosidad en el cumplimiento total de la pena fue otro de los puntos donde se puso especial énfasis para que quede plasmado en el anteproyecto.
Borinsky aseguró que la severa limitación al beneficio de la libertad anticipada no se introdujo en el proyecto bajó la influencia del caso del homicidio de la menor Abril Bogado, ya que las reformas se venían discutiendo desde mucho antes.
“No es algo coyuntural, la Comisión fue creada por un decreto del PEN el 1º de marzo de este año, es decir que esto lo venimos trabajando desde hace 10 meses y no producto de este caso puntual”, aseguró.
Al explicar la “filosofía” de las reformas Borinsky señaló que los principales lineamientos del anteproyecto tienen que ver con una aplicación efectiva de la ley penal, una mayor intervención de la víctima en el proceso penal, reducir los ámbitos de discrecionalidad judicial.
“El Código Penal tiene que ser un espejo de la sociedad, por eso la idea es un nuevo contrato social ya que el que tenemos es de 1921 y tiene casi 100 años. Estamos buscando un nuevo contrato social que amalgame todos los intereses y que sea espejo de la sociedad de hoy en día y no de la de hace 100 años”, explicó.
Además de esta reforma, el proyecto prevé otras modificaciones como la introducción de la figura del decomiso anticipado, para que el dinero mal habido vuelva al Estado, la sanción a las empresas que cometen delito, y a otras conductas “que hace cien años no estaban previstas, como los delitos contra el medio ambiente, los delitos informáticos, el tráfico de órganos, etc.”.
Borinsky consideró que los cambios que se pretenden introducir al Código implican un cambio en el paradigma penal que inspiró el llamado “garantismo” y que hizo prevalecer determinados derechos del victimario sin tener en cuenta los de las víctimas.
“Advertimos que tiene que haber un delicado equilibrio entre lo que podríamos denominar la eficiencia en la aplicación del derecho penal y las garantías del imputado”, explicó el camarista, al tiempo que señaló que “deben ser tenidos en cuenta no sólo los intereses del imputado sino también los de la víctima, por eso es que le damos a la víctima mayor protagonismo y mayor intervención en el derecho penal”.
El proyecto de reforma que elabora la Comisión presidida por Borinsky va en línea con la iniciativa que impulsa, en la Legislatura, la gobernadora fascista bonaerense María Eugenia Vidal. En su caso se trata de una modificación al código procesal penal provincial, que intenta limitar las facultades de los jueces de ordenar la libertad de condenados por delitos graves.
