Presentaron un amparo colectivo contra la suspensión de las pensiones: “El derecho social tiene que ser progresivo, no regresivo”

DOS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LEGISLADORES DE RÍO NEGRO PRESENTARON ANTE LA JUSTICIA FEDERAL DE VIEDMA UN AMPARO COLECTIVO PARA FRENAR LA ANULACIÓN DE LAS 170 MIL PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS QUE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS JUSTIFICÓ COMO "UNA DEPURACIÓN DEL PADRÓN".

Según pudo saberse, habrá presentaciones similares en otras cuatro provincias que serán la antesala de un proyecto que esta semana se presentará en el Congreso para declarar la intangibilidad de esos beneficios y modificar los requisitos con que se lo otorga.

El amparo colectivo que ayer por la mañana recibió la jueza federal de Primera Instancia de Viedma, Mirta Filipuzzi, tiene como antecedente inmediato la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo (62 años), quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010, hasta que el Ministerio de Desarrollo nacional, a cargo de Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle, hace dos meses, los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Tanto la cautelar como el amparo en representación de cuatro vecinos de Viedma fueron iniciativas del diputado nacional del FPV-PJ Martín Doñate, “debido a la abrumadora cantidad de personas que quedaron desamparadas” tras el recorte del régimen, que se excusa invocando un decreto de 1997. Solo en el territorio de Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejarán de cobrar las pensiones que percibían hasta ahora.

De las 170 mil pensiones que el régimen fascista de Mugrizio Macri canceló o suspendió, 83 mil fueron dadas de baja este año. Si bien el amparo colectivo fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares, entre los patrocinantes figuran varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitan ser aceptadas para representar a otros tantos casos hasta que se resuelva la cuestión de fondo (la legalidad o no de los recortes).

Sólo en Viedma, donde se hizo la presentación, “tenemos registrados más de 180 casos, pero se sumaron datos de las localidades de Conesa, San Antonio, Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras ciudades, que suman alrededor de 400 en toda la provincia”, puntualizó Doñate. “Esperamos que esta presentación impacte en todos los casos, no solo en uno”, agregó.

El planteo del amparo colectivo es similar al que aceptó el juez Hugo Greca en General Roca. Plantea que la quita de las pensiones "lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria". Las “expectativas favorables” respecto de la conectividad de una y otra causa impulsó a que diputados de otras provincias adelantaran que replicarían la misma presentación en sus distritos. Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Buenos Aires serán las provincias donde se harán demandas iguales, según confió Doñate.

A la vez, el diputado adelantó a este diario que mientras la Justicia resuelva esas demandas, “vamos a discutir en la Comisión de Discapacidad (de la Cámara de Diputados) un nuevo marco legal que establezca la intangibilidad” de las pensiones por discapacidad, así como también “un nuevo esquema legal para evitar que se las puedan dar de baja”.

También se propondrá modificar la resolución aprobada durante el menemismo que establecía que una persona debía acreditar un nivel de 76 por ciento de discapacidad para recibir el beneficio. “A este porcentual hay que rediscutirlo. En el caso de General Roca, el hombre al que le falta un brazo tiene 62 años. Una junta médica podría determinar que su grado de discapacidad es del 50 por ciento. Pero lo cierto es ¿cómo y dónde va a trabajar un hombre de esa edad, con esa discapacidad?”, se preguntó el legislador kirchnerista.

“Con los recortes en el PAMI, los tarifazos, el aumento de la canasta básica, las subas de los alquileres, sacarle la pensión a una persona es tirarla a la indigencia”, sentenció Doñate, para quien el recorte aplicado por la alianza de derecha Cambiemos “es injusto desde todo punto de vista” y por ello “hay que legislar de manera contundente”. El legislador concluyó señalando que "el derecho social tiene que ser progresivo, no regresivo”.

Los argumentos del régimen macrifascista para recortar pensiones: "Los Down pueden trabajar"

GUILLERMO BADINO, EL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE STANLEY QUE RECORTÓ PENSIONES POR INVALIDEZ, DEFENDIÓ LA MEDIDA Y APELÓ A “LA PESADA HERENCIA” DEL KIRCHNERISMO. VOLVIÓ A DECIR QUE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN NO DEBEN RECIBIR LA PENSIÓN Y QUE LOS APOYA EN CONSEGUIR TRABAJO. 

El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, el funcionario de Desarrollo Social que puso la cara para justificar los recortes en pensiones a discapacitados al punto tal de afirmar que una persona con síndrome de Down no es sujeto de una pensión por invalidez, sino de la Asignación Universal por Hijo (AUH), retomó ayer la misma línea argumentativa y fue más allá, al apelar a la herencia recibida del kirchnerismo. “Fueron doce años de horror”, aseguró el sorete mal cagado, cuya área ya dio de baja más de 170 mil pensiones, 83 mil se efectivizaron en la primera mitad de este año.

En declaraciones radiales, Badino quiso dejar en claro que las pensiones que otorga su área son, de acuerdo a la ley, “para personas con el ciento por ciento de discapacidad o, al menos un 76 por ciento, como estipula la ley para justificar certificados” y que en la gestión kirchnerista se otorgaron certificados “que hoy generan el cinismo de quienes nos critican”.

En tal sentido, dijo que “no daré nombres, pero hay provincias del norte, el centro y la Mesopotamia, más algunos municipios, donde se cometieron irresponsabilidades” y argumentó que “las pensiones son por discapacidad grave, total y permanente”.

Badino había dicho al justificar las bajas que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.

El hijo de puta profundizó ese concepto. Según él, “trabajamos con la gente de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) y ellos ven muy mal que se considere discapacitado total y permanente a alguien con Down. Tenemos trabajos con ellos para sostenerle las pensiones si se animan a trabajar”.

Con todo, dijo que hay programas que no se tocan, como el Plan Nacional de Discapacidad, el subsidio por ceguera o la asignación por hijo discapacitado. Y remarcó que sólo se tocan las pensiones asistenciales, que afectan a un millón y medio de personas. “Un millón cincuenta mil personas son por invalidez, y unas 300 mil son madres con siete hijos”, aclaró, sin ahorrar críticas al asegurar que “venimos de un desastre administrativo que repartió más del uno ciento del producto bruto de manera irresponsable”.

El titular de la UFISES cuestionó la quita de los beneficios porinvalidez: "La pensión no es una dádiva, es un derecho"

GABRIEL DE VEDIA, EL FISCAL ESPECIALIZADO EN CUESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ADVIRTIÓ QUE LO QUE ESTÁ HACIENDO EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA ES "DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD" Y AÑADIÓ QUE "A LOS BENEFICIARIOS LES FUERON DANDO DE BAJA SIN PREVIO AVISO, SIN UN MÍNIMO RESPETO POR EL DERECHO DE DEFENSA".

El titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel de Vedia, cuestionó la legalidad de la suspensión de unas de 150 mil pensiones por invalidez dispuesta por el régimen fascista de Mugrizio Macri. “No se puede revocar un derecho que ya estaban cobrando”, advirtió el fiscal general y puso en duda la constitucionalidad de la disposición gubernamental que excluyó a las personas que “están en una condición de vulnerabilidad estructural” para llevar adelante el ajuste en las cuentas públicas.

En declaraciones radiales, De Vedia expresó que la aplicación que hizo el régimen del decreto 432/97 para justificar las cancelaciones es incorrecta “de fondo y de forma”. Por un lado, el fiscal destacó que atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales, “entre los que se ubican las pensiones no contributivas” y explicó que “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho".

Asimismo, puntualizó que la decisión afecta directamente a personas que están en una condición de “vulnerabilidad estructural” y agregó que “es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene".

De Vedia especificó que el decreto del turco innombrable sobre el que se apoya la medida, que según el macrifascismo es para evitar “incompatibilidades e irregularidades detectadas”, está mal aplicado porque prevé regulaciones y limitaciones a una ley previa- en referencia a la Ley 13478. En ese sentido, acentuó que se trata de una legislación “vieja reglamentada muchos años después con un decreto de dudosa constitucionalidad”.

“A muchas personas que estaban cobrando este beneficio les fueron dando de baja sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa. Ni iniciaron una actuación administrativa, que es lo que correspondería habitualmente", opinó el titular de la UFISES, quien además detalló que viola leyes internacionales con garantía constitucional.

Según De Vedia, quienes cobran este beneficio están amparados por la Convención Internacional del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por la Convención Internacional de Discapacidad que Argentina suscribió en 2014. “Argentina se comprometió ante los Estados internacionales, con estos convenios que tienen rango internacional, a respetar este tipo de derechos", puntualizó.

"En este caso se les revocó el beneficio de oficio sin darles participación a los interesados ni el derecho a la descarga”, opinó el fiscal y detalló que se tendría que haber abierto “una actuación administrativa para estudiar los casos” en el que se cita a las partes, se hace un estudio ambiental, se evalúa su compatibilidad y recién entonces se toma una decisión. Por último, anticipó que "obviamente que esto da lugar para solicitud de cautelares y el Poder Judicial va a terminar resolviendo".

Para unos no, para otros sí: Macri recorta pensiones pero favorece a los empresarios

LA DIPUTADA ALCIRA ARGUMEDO COMPARÓ LOS CASOS DE LOS DISCAPACITADOS DAMNIFICADOS CON LA SITUACIÓN DE EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON CUANTIOSAS CIFRAS DE DINERO. FRENTE A LAS CRÍTICAS, DESDE EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA REAFIRMARON EL RECORTE.

El drástico recorte en las pensiones de discapacidad, que dejó a más de 80 mil beneficiarios sin asistencia, generó críticas de todo tipo y un amplio rechazo de parte de los damnificados. Por las redes sociales circularon historias de las personas que contaban con ese dinero pero que a partir del endurecimiento de los requisitos quedaron excluidos. Sin embargo, desde el régimen fascista de Mugrizio Macri justificaron el recorte como una consecuencia de la aplicación “responsable y transparente” en comparación con la gestión anterior. 

“Marcelo vive sin un brazo ni una pierna. Cobraba 3.300 pesos de pensión. Pero tiene un FIAT Uno y Macri, Vidal y Carrió decidieron sacarle la pensión”, escribió la diputada nacional Alcira Argumedo en su cuenta de Twitter. Argumedo comparó la realidad del joven, que vive en Chaco, con la de empresarios y funcionarios que recibieron del régimen enorme cifras de dinero. “Marcelo Sova de Chaco y Marcelo Mindlin de Pampa Energía. A uno Cambiemos le sacó su pensión de 203 dólares -el equivalente al monto en pesos-. Al otro le pagó su deuda de 75.000.000 dólares”, tuitió la diputada.

Una comparación similar hizo la diputada con un niño cuadripléjico y el apoderado del PRO. “Él vive con cuadriplejia y Cambiemos le sacó su pensión de 4.000 mil pesos por discapacidad porque su papá tiene un salario de 22.000. A José Torello, aporedado del PRO, Cambiemos le pagó 800.000 dólares por el dólar futuro”, posteó Argumedo.

En medio de las críticas, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, justificó el recorte en las pensiones y aseguró que el régimen “no cambió nada” en los requisitos sino que ahora serán administrados “responsablemente y de forma transparente" en comparación con el Gobierno anterior que, según Badino, las entregaba de manera "irresponsable".