La justicia ordenó restituir las pensiones que quitó el régimen macrifacista

LA JUSTICIA FEDERAL DE VIEDMA DESTACÓ LA “TRASCENDENCIA SOCIAL DE LOS DERECHOS AFECTADOS” Y SOSTUVO QUE LA MEDIDA APLICADA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL LESIONÓ EL DERECHO COLECTIVO. LA DECISIÓN SIENTA UN PRECEDENTE Y SE ESPERAN FALLOS EN EL MISMO SENTIDO EN PLANTEOS SIMILARES REALIZADOS EN OTRAS CUATRO PROVINCIAS.

La Justicia Federal de Viedma hizo lugar al amparo colectivo presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FPV-PJ) y dos ONG para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez a las personas a las que el régimen fascista de Mugrizio Macri se las había quitado compulsivamente. La medida favorecerá a unos 400 ciudadanos de la provincia de Río Negro y se estima que el fallo tendrá réplica, al menos, en las otras cinco provincias en que se hicieron presentaciones similares.

La decisión de la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, destacó la “trascendencia social de los derechos afectados” y sostuvo que la medida aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley lesionó el derecho colectivo. Además, destaca la necesidad de defender las garantías constitucionales y sostiene que “la afectación de los beneficios de pensión no contributiva (…) no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”.

“La Justicia nos dio la razón desde lo social, por lo descarnado de la medida de Macri, y desde lo técnico, porque el fallo demostró que (el recorte de pensiones) fue una decisión arbitraria e irracional que no contó con el mínimo procedimiento administrativo que requiere la ley”, destacó el diputado nacional por Río Negro Martín Doñate, impulsor de la medida cautelar solicitada mediante amparo.

La presentación para frenar la anulación de las 170 mil pensiones no contributivas que la administración nacional de la alianza de derecha Cambiemos justificó como “una depuración del padrón” fue hecha el 13 de este mes, con la firma de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales de distintas localidades. Tuvo como antecedente una medida cautelar presentada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo, un vecino de Río Negro de 62 años que perdió un brazo hace 40 años. El régimen macrifascista le había anulado la pensión de 6 mil pesos que recibía desde 2010, pero tras el fallo que lo favoreció volvió a cobrarla ayer y con retroactivo.

Tanto esa cautelar como el amparo colectivo fueron presentados por Doñate, quien de acuerdo a los últimos registros oficiales estimó que son más de 600 las personas afectadas por el recorte de pensiones en toda la provincia. “Lo hicieron de manera descarnada y desprolija”, insistió.

El planteo judicial había sido presentado sobre base de tres casos particulares que reclamaron la restitución inmediata del beneficio recortado por el gobierno nacional y la jueza falló a favor de esa demanda. Su decisión tiene impacto en los 400 pensionados del departamento judicial de Viedma (no de todo Río Negro) porque también aceptó la representación de la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN Salud, que hicieron el planteo colectivo.

El fallo de Filipuzzi consideró que esas ONG están facultadas de manera “incuestionable” para ejercer una representación colectiva y, de esta manera, sentó un precedente judicial que convirtió a Río Negro en la primera provincia que intimó al régimen dar marcha atrás y restituir el beneficio. Lo que ahora se espera es que, hasta tanto no surja una medida en sentido contrario, “haya una catarata” de fallos similares en Buenos Aires, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Neuquén, donde se presentaron amparos similares.

El decisión se dio a conocer horas después de que se revelara que el régimen fascista, cínico y corrupto de Cambiemos no restituyó las pensiones para discapacitados, tal como lo había prometido luego de que estallara el escándalo y se concretara en el Obelisco una masiva movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales y educativas que las contienen.

De hecho, los tres particulares damnificados que presentaron el amparo en el juzgado de Viedma tampoco habían recibido hasta hoy la restitución de ese beneficio.

Doñate destacó que “mientras Macri y su gobierno para ricos se dedican a pisotear derechos”, los legisladores que respaldaron la presentación colectiva siguen “dando lucha” para “frenar esta inhumana decisión que pretende tirar a los discapacitados rionegrinos a la indigencia”.

Fuente: nota de Adrián Figueroa Díaz para Página/12

Presentaron un amparo colectivo contra la suspensión de las pensiones: “El derecho social tiene que ser progresivo, no regresivo”

DOS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LEGISLADORES DE RÍO NEGRO PRESENTARON ANTE LA JUSTICIA FEDERAL DE VIEDMA UN AMPARO COLECTIVO PARA FRENAR LA ANULACIÓN DE LAS 170 MIL PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS QUE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS JUSTIFICÓ COMO "UNA DEPURACIÓN DEL PADRÓN".

Según pudo saberse, habrá presentaciones similares en otras cuatro provincias que serán la antesala de un proyecto que esta semana se presentará en el Congreso para declarar la intangibilidad de esos beneficios y modificar los requisitos con que se lo otorga.

El amparo colectivo que ayer por la mañana recibió la jueza federal de Primera Instancia de Viedma, Mirta Filipuzzi, tiene como antecedente inmediato la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo (62 años), quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010, hasta que el Ministerio de Desarrollo nacional, a cargo de Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle, hace dos meses, los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Tanto la cautelar como el amparo en representación de cuatro vecinos de Viedma fueron iniciativas del diputado nacional del FPV-PJ Martín Doñate, “debido a la abrumadora cantidad de personas que quedaron desamparadas” tras el recorte del régimen, que se excusa invocando un decreto de 1997. Solo en el territorio de Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejarán de cobrar las pensiones que percibían hasta ahora.

De las 170 mil pensiones que el régimen fascista de Mugrizio Macri canceló o suspendió, 83 mil fueron dadas de baja este año. Si bien el amparo colectivo fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares, entre los patrocinantes figuran varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitan ser aceptadas para representar a otros tantos casos hasta que se resuelva la cuestión de fondo (la legalidad o no de los recortes).

Sólo en Viedma, donde se hizo la presentación, “tenemos registrados más de 180 casos, pero se sumaron datos de las localidades de Conesa, San Antonio, Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras ciudades, que suman alrededor de 400 en toda la provincia”, puntualizó Doñate. “Esperamos que esta presentación impacte en todos los casos, no solo en uno”, agregó.

El planteo del amparo colectivo es similar al que aceptó el juez Hugo Greca en General Roca. Plantea que la quita de las pensiones "lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria". Las “expectativas favorables” respecto de la conectividad de una y otra causa impulsó a que diputados de otras provincias adelantaran que replicarían la misma presentación en sus distritos. Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Buenos Aires serán las provincias donde se harán demandas iguales, según confió Doñate.

A la vez, el diputado adelantó a este diario que mientras la Justicia resuelva esas demandas, “vamos a discutir en la Comisión de Discapacidad (de la Cámara de Diputados) un nuevo marco legal que establezca la intangibilidad” de las pensiones por discapacidad, así como también “un nuevo esquema legal para evitar que se las puedan dar de baja”.

También se propondrá modificar la resolución aprobada durante el menemismo que establecía que una persona debía acreditar un nivel de 76 por ciento de discapacidad para recibir el beneficio. “A este porcentual hay que rediscutirlo. En el caso de General Roca, el hombre al que le falta un brazo tiene 62 años. Una junta médica podría determinar que su grado de discapacidad es del 50 por ciento. Pero lo cierto es ¿cómo y dónde va a trabajar un hombre de esa edad, con esa discapacidad?”, se preguntó el legislador kirchnerista.

“Con los recortes en el PAMI, los tarifazos, el aumento de la canasta básica, las subas de los alquileres, sacarle la pensión a una persona es tirarla a la indigencia”, sentenció Doñate, para quien el recorte aplicado por la alianza de derecha Cambiemos “es injusto desde todo punto de vista” y por ello “hay que legislar de manera contundente”. El legislador concluyó señalando que "el derecho social tiene que ser progresivo, no regresivo”.

Al rescate del Qunita: piden los kits para entregar en Río Negro

EL DIPUTADO DEL FPV MARTÍN DOÑATE LE SOLICITÓ AL RÉGIMEN MACRIFASCISTA QUE ENVÍE LOS KITS A ESA PROVINCIA. CONSIDERÓ "ABSURDO" Y "VERGONZOSO" QUE ESTÉN EN UN DEPÓSITO Y NO SEAN REPARTIDOS.

El diputado del Frente para la Victoria (FPV) por Río Negro Martín Doñate solicitó formalmente al Ministerio de Salud de la Nación que entregue a los hospitales de esa provincia los 60 mil kits del Plan Qunita que desde hace un año y medio están apilados en un galpón por orden del juez federal clarinista Claudio Bonadio, con el visto bueno del régimen fascista de Mugrizio Macri. 

“Se gastan 770 mil pesos por mes para guardar los miles de kits. Eso es odio de clase”, cuestionó el legislador.

A través de una misiva dirigida al ministro Jorge Lemus, Doñate aseguró que cuando los kits fueron entregados a las familias de bajos recursos económicos con bebés recién nacidos en esa provincia “jamás hubo una queja”. 

“En 2015, el año de mayor aplicación del plan, fue el de menor tasa de mortalidad infantil”, destacó Doñate en declaraciones radiales. Además, señaló que la iniciativa no solo “mejoró los índices sanitarios para los recién nacidos” sino que también “fue reivindicado por todos los profesionales, certificado por especialistas y agradecido por las madres”. 

El diputado sostuvo que la situación actual de esa provincia gobernada por Alberto Weretilneck, ahora alineado con Mugrizio Macri, muestra que hay familias “que necesitan con urgencia” ese beneficio y señaló que, en ese contexto, la decisión de Bonadio de dejarlas en un depósito es “absurda” y “vergonzosa”.

Como parte de su avanzada contra Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, el magistrado clarinista ordenó a principios de 2016 la suspensión del reparto de esos kits. Lo hizo en el marco de una causa por supuestos sobreprecios y direccionamientos en la licitación para la compra de las cunitas. Procesó por ello a 24 ex funcionarios y decidió la quema de los kits. Pero ante la reacción de varios sectores debió dar marcha atrás y le otorgó a la cartera sanitaria la custodia del material. Desde entonces, la causa no avanza.

El plan lanzado por Cristina otorgaba una cuna de madera y tela, sábanas para el bebé, un acolchado, un toallón, mudas de ropa, un neceser, juguetes, un libro de cuentos, un bolso cambiador y pantuflas y ropa para la mamá, quienes además debían cumplir con los correspondientes controles de salud. Ahora, todo está guardado “sin saber a ciencia cierta su final”, destacó Doñate en su carta al ministro Lemus.

En el mimo sentido le manifestó su “preocupación y rechazo” por la “absurda decisión de inutilizar, destruir o quemar” los kits, algo que, según añadió, “sería a todas luces una decisión inhumana e irracional, y un potencial delito condenable”.

El pedido fue hecho luego de conocerse que cada vez son más los estados de Estados Unidos que ponen en marcha un plan similar llamado “Baby Box”, como parte de un programa integral para reducir la mortalidad infantil en los sectores de bajos recursos económicos. 

El modelo fue tomado Finlandia, que aplica ese plan desde hace 79 años y consiguió una notable baja de la mortalidad infantil.

Ante este antecedente que refuerza la validez de un programa que fue suspendido por la administración de Cambiemos, Doñate manifestó que la decisión de Bonadio avalada por el régimen macrifascista es parte de un “odio de clase”. 

“No tienen sensibilidad, solo sed de revancha”, dijo, al tiempo que trazó una comparación histórica con lo que ocurrió con el ex presidente Juan Domingo Perón en 1955, luego de su derrocamiento en un golpe de Estado: “lo acusaron de corrupción. El odio de clase hace que piensen que una persona humilde no pueda recibir algo de calidad”.

“No se necesita tener miles de Qunitas tiradas en un galpón”, concluyó el legislador a la vez que le solicitó al Poder Ejecutivo “que instrumente los mecanismos institucionales que correspondan con las autoridades del gobierno de mi provincia a fin de que los kits sean entregados”.