Cacería popular: denuncian diez casos de abuso policial por la represión en la zona del Congreso

SE TRATA DE CASOS RECOGIDOS POR LA PROCUVIN A RAÍZ DE LA REPRESIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA REFORMA PREVISIONAL. SETENTA PERSONAS FUERON DETENIDAS Y POSTERIORMENTE LIBERADAS DURANTE LA MADRUGADA TRAS DETERMINAR QUE NINGUNA TENÍA ANTECEDENTES.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentó ayer una denuncia en Tribunales para que se investiguen al menos diez casos de supuesto abuso por parte de la Policía durante las protestas en la zona del Congreso durante la sesión en la que se aprobó la reforma previsional.

La presentación fue realizada esta mañana ante el juez Sergio Torres quien ya investiga la represión del 18 de diciembre porque en su juzgado se recibieron denuncias contra la Policía de la Ciudad y la Federal.

Entre los testimonio que recogió la Procuvin está el de un joven que fue atropellado por una moto de la policía. Mientras tanto, el organismo sigue investigando otros supuestos casos de abuso policial ocurridos en la manifestación del 14 de diciembre, cuatro días antes de que la reforma provisional se tratara en Diputados.

El magistrado aún analiza los hechos del lunes 18, cuando unas setenta personas fueron detenidas cerca del Congreso y liberadas durante la madrugada tras determinar que ninguna tenía antecedentes penales.

El juez y sus secretarios avanzan en dirección a determinar si alguna de las 70 detenciones fue justificada o si se trató de aprehensiones arbitrarias, como denunciaron distintos organismos de derechos humanos.

La Procuvin investiga a las fuerzas de Seguridad

LA PROCURADURÍA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL (PROCUVIN) INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR CON PEDIDOS DE INFORMES A LAS TRES FUERZAS DE SEGURIDAD: LAS POLICÍAS FEDERAL Y DE LA CIUDAD Y GENDARMERÍA NACIONAL, ANTE SOSPECHAS DE ABUSO EN SU INTERVENCIÓN EN LOS OPERATIVOS DE REPRESIÓN EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS FRENTE AL CONGRESO.

La Procuvin analizará las presentaciones de los organismos de Derechos Humanos y de las propias víctimas, quienes denunciaron los excesos policiales y las detenciones arbitrarias durante el tratamiento en diputados del saqueo a los jubilados, más conocido por el eufemismo de reforma previsional.

En ese contexto, requirió a las autoridades de las tres fuerzas de seguridad detalles sobre la organización previa de los operativos del jueves 14 y el lunes 18 de diciembre pasado. La Fiscalía se propone determinar quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos participantes en los operativos y el equipamiento asignado en casa ocasión. 

Tras el protagonismo de la Gendarmería en la primera de las jornadas aludidas, el lunes 18 coparon la escena la Policía de la Ciudad primero, y luego, la Federal, operativo durante el cual hubo 70 detenidos, la mayoría de los cuales ya fue liberada por el juez interviniente, Sergio Torres. 

A pesar de que Mugrizio Macri Blanco Villegas no hizo mención a los heridos de la represión y prefirió visitar a los policías heridos, tres manifestantes perdieron un ojo por los balazos de goma recibidos mientras la Cámara de Diputados debatía y, finalmente, aprobaba un recorte de haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que representará un ahorro a la administración central de alrededor de 100.000 millones de pesos anuales.

La fiscal Ávila apartó a la Procuvin de la investigación del caso Maldonado

LA PROCURACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL FUE APARTADA EN LA MISMA SEMANA EN LA QUE LA PROCURADORA ALEJANDRA GILS CARBÓ PRESENTÓ SU RENUNCIA. ERA EL ÚNICO ORGANISMO ENCARGADO DE INVESTIGAR A LA GENDARMERÍA. HAY MALESTAR EN LAS QUERELLAS.

La fiscal Silvina Ávila, a quien el recusado juez Guido Otranto le había delegado la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, apartó de la investigación a la Procuración contra la Violencia Institucional (Pocuvin), el único cuerpo del Ministerio Público que estaba investigando las irregularidades del accionar de la Gendarmería en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, del 1º de agosto, donde Santiago fue visto con vida por última vez.

Según trascendió, la fiscal Silvina Ávila tomó la decisión luego de que el juez federal Gustavo Lleral asumiera el curso de la investigación porque consideró que ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial.

La decisión de la fiscal, que fue tácitamente avalada por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban una presentación para pedir la continuidad de la Procuvin. Esa procuraduría especial estaba desarrollando un informe propio sobre la base de las pruebas recogidas para entregarlas como aporte a la investigación del juez Lleral.

La Procuvin tenía su foco puesto en el desempeño de la Gendarmería en el contexto de la desaparición y muerte de Maldonado. Fuentes vinculadas a la causa lamentaron la decisión de Avila porque, según explicaron, la Procuvin trabajaba con la hipótesis de que "aún no se puede descartar la responsabilidad de nadie”. 

Tras la represión de los gendarmes en la comunidad mapuche, el cuerpo del joven estuvo desaparecido 78 días. La familia y los organismos de derechos humanos responsabilizaron a la Gendarmería por la desaparición y muerte del joven.

Desde un primer momento, sin embargo, dese el régimen macrifascista defendieron el actuar de los gendarmes y acusaron a los integrantes de la comunidad mapuche de entorpecer la búsqueda. También abonaron teorías falsas, que la familia Maldonado tuvo que salir a desmentir una y otra vez. Finalmente, por las críticas recibidas por las querellas, el juez Otranto -acusado de ser juez y parte por ser quien había ordenado el operativo de la Gendarmería- fue recusado y la investigación fue retomada por el magistrado Lleral, que espera los resultados de la autopsia para avanzar con alguna hipótesis.