Tras seis horas de demora indagaron a los detenidos en la marcha por Santiago Maldonado y dispusieron su excarcelación.

LOS 31 DETENIDOS POR LA BRUTAL REPRESIÓN POLICIAL DEL VIERNES EN PLAZA DE MAYO DEBIERON ESPERAR DURANTE MÁS DE SEIS HORAS LA LLEGADA DEL JUEZ DE GIORGI PARA EMPEZAR A DECLARAR. LAS INDAGATORIAS ESTABAN PREVISTAS PARA LAS 8, PERO RECIÉN COMENZARON A LAS 14. "ESTÁN APOSTANDO AL CANSANCIO. ES UNA MUESTRA MÁS DE CÓMO SE MANIPULA ESTA SITUACIÓN PARA CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y PARA ESCARMENTAR A QUIENES RECLAMAN LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO", DENUNCIARON LOS ABOGADOS DEFENSORES.

Los abogados defensores que asisten a los 31 detenidos tras la violenta represión del viernes en Plaza de Mayo, denunciaron que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llegó a los tribunales de Comodoro Py con más de seis horas de demora, cuando tendría que haberles tomado declaración indagatoria a los acusados a las 8. La totalidad de los detenidos fueron trasladados cerca de las 7:30 a la alcaldía situada en la planta baja del edificio de tribunales de Comodoro Py para que se los indagara, pero el magistrado recién llegó pasadas las 14 y retrasó toda la jornada. "Estamos pidiendo a gritos que el juez se haga presente y empiece con las indagatorias", se quejó el abogado defensor Isamel Jalil, en horas del mediodía.

A las 16:30 ya habían declarado casi un tercio de los detenidos. María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, pudo constatar graves irregularidades, como ser que en muchos de los casos, los lugares de detención mencionados en el acta de la indagatoria no coincide con el lugar real en donde fueron detenidos. "Este tipo de cosas deja en evidencia que tan burdo es todo este armado que han hecho para incriminarlos. Por ejemplo, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, estaban en Avenida de Mayo y San José, a todos nos consta y está filmado donde los detuvieron y subieron a las camionetas de traslado, sin embargo, cuando les leyeron el acta les informaron que habían sido detenidos en la Plaza de Mayo después de tirar un vallado y lastimar policías. Naturalmente, una mentira", dijo Verdú. 

Asimismo, alertó que las autoridades del juzgado "apostaron al cansancio" para generar desgaste entre las organizaciones que desde temprano se reunieron en las puertas de los tribunales para acompañar a los acusados. "Quieren que todos ustedes se vayan yendo y entonces puedan tramitar la causa sin tener la presión de la fuerza de la lucha organizada en la puerta de los tribunales", añadió y calificó a la situación como "una muestra más de cómo se manipula esta situación para criminalizar la protesta y para escarmentar" a quienes reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Más temprano, Jalil anticipó que pedirían la excarcelación una vez que terminen las audiencias. “Los delitos que se les imputan son los de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Son absolutamente excarcelables, las penas son menores a 8 años que es lo que el Código impone como límite", explicó el abogado en Comodoro Py.

Jalil también dijo que espera "ver qué es lo que tienen para imputarle" a los detenidos ya que "es una calificación que no está manejada del modo más claro sino que viene con alguna recomendación", y agregó que "necesitaban detenidos, no tengo la menor duda".

"No puedo afirmar quiénes provocaron los incidentes, lo que sí puedo afirmar es que de los detenidos, ninguno estuvo en el lugar", añadió.

Desde temprano, representantes de diversas organizaciones políticas y sociales se concentraron frente a Comodoro Py, convocados por la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional a la espera de las declaraciones de los detenidos ante el juez De Giorgi. 

“El objetivo que tenemos es que los liberen a todos. Sabemos que hay heridos y justamente la causa comenzó por daños, pero después le endilgaron el delito de resistencia a la autoridad justamente para justificar los golpes”, resaltaron desde Correpi a Radio Gráfica. Uno de los 30 detenidos, un docente, no se encuentra en buen estado de salud, ya que padece una trombosis, según confirmó Jalil, quien anticipo que sería "una jornada extensa, muy larga" ya que "son muchos los detenidos y las audiencias tienen alguna formalidad que demanda un tiempo largo", por lo que no descartó que se extiendan hasta hoy.

Sobre el final de la jornada de ayer, el juez dispuso la excarcelación de los detenidos, los cuales, a las 22, fueron trasladados a Dirección General de Investigaciones de la Policía Federal, ubicada en Madariaga y Avda. General Paz, desde la cual fueron liberados a partir de las 4 de la madrugada de hoy.

Un domingo ajetreado en Comodoro Py: la presión de los organismos de Derechos Humanos adelantó para hoy las indagatorias a los 31 detenidos en Plaza de Mayo

EL JUEZ MARCELO MARTÍNEZ DE GIORGI CEDIÓ A LA PRESIÓN DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ABOGADOS DE LOS DETENIDOS Y LES TOMARÁ INDAGATORIA A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO. LAS ORGANIZACIONES REALIZARÁN UNA VIGILIA EN LOS TRIBUNALES DE COMODRO PY MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

La presencia de las organizaciones de derechos humanos frente a las diferentes comisarías donde están los 31 detenidos durante la represión posterior la movilización por la aparición de Santiago Maldonado, hizo que la Justicia adelantara sus tiempos y resolviera tomarles declaración indagatoria este mismo domingo y no mañana, lunes, como estaba previsto. Las organizaciones convocaron para mañana a las 8 a una concentración frente a los tribunales de Comodoro Py, para exigir la liberación de los detenidos.

“Les ganamos 24 horas”, sintetizó la abogada de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, para referirse a la decisión tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La letrada contó que ayer a la mañana los abogados fueron comunicados de la “decisión absoluta, sólida y sostenida de que las indagatorias serían el lunes”. Sin embargo, “ante la presencia permanente de los organismos” frente a las comisarías 1ª, 12ª y 15ª de la ciudad de Buenos Aires, el magistrado cambió de postura y decidió que los despachos se abran el domingo.

Durante la mañana de ayer, varias organizaciones dieron una conferencia frente a la comisaría 15ª y denunciaron que no se les permitió ver a los detenidos y, por ende, no está corroborado en qué estado de salud están. “Tenemos datos superficiales del SAME, que hablan de escoriaciones, hematomas, golpes contra superficies duras, uso de gases, pero no tenemos precisiones”, dijo Verdú y puntualizó que una de las personas alojadas allí es un docente con problemas cardiovasculares. “Hace semanas que tiene un tratamiento específico que incluye ejercicios físicos y nos preocupa su estado, por eso queremos verlo", indicó.

Entre quienes están alojados en dependencias policiales hay trabajadores de prensa de medios autogestionados y personas “levantadas al voleo”, como el caso de un joven venezolano que no había participado de la marcha pero fue arrestado mientras circulaba por Avenida de Mayo.

Como los detenidos son 31, la jornada de indagatorias de hoy podría comenzar temprano y terminar inclusive durante la madrugada del lunes. Para evitar esto, la Correpi, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y varios abogados solidarios conformaron un equipo que representará legalmente a varios de los detenidos a fin de acelerar los trámites de declaraciones y pedidos de liberación.

“Vamos a plantear el pedido de liberación y, a partir de allí, el juez tendrá 24 horas para resolver”, indicó Verdú. Es decir que aún si las excarcelaciones fueran resueltas hoy, los detenidos podrían permanecer en esa condición hasta mañana. La otra posibilidad es que sean dictadas inmediatamente después de concluir las indagatorias y que los detenidos sean liberados en los tribunales, en vez de volver a las comisarías y concluir allí los trámites. 

Todos declararán bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Inicialmente habían sido apresados por daños, una figura menor. Pero con el paso de las horas la causa se recaratuló con figuras penales que prevén penas mayores.

“Debe haber habido algún llamado”, sospechó la abogada de Correpi y es que para ella las detenciones intentaron ser “una acción ejemplificadora” para quien se movilice contra el régimen fascista de Mugrizio Macri. En este contexto, añadió que “hay riesgo de que (los acusados) queden detenidos. Sería una locura pero podría ocurrir”.

El objetivo es que la movilización de hoy frente a los tribunales de Retiro sea masiva. El primer paso será que los familiares de las personas apresadas durante la represión policial terminen de designar a los abogados que se presentarán como defensores. Luego, mientras transcurren las declaraciones, las organizaciones de derechos humanos movilizadas permanecerán en vigilia.

Las expectativas sobre la inmediata liberación no dejan de ser relativas. El punto es que quien las tiene que resolver es Martínez de Giorgi, un magistrado conocido por sus fallos contra reclamos sociales. Uno de los casos que tuvo a su cargo fue el allanamiento de la señal de TV Antena Negra, tras un planteo hecho por la empresa de seguridad Prosegur. No solo ordenó el decomiso de los equipos de transmisión sino que, además, mantiene procesados a los trabajadores de ese medio autogestivo. 

Martínez de Giorgi también es señalado por ser uno de los operadores que hizo dormir la causa contra el empresario Mariano Martínez Rojas, por encabezar la patota que atacó el edificio y a los trabajadores del diario Tiempo Argentino y de Radio América. Se trata del mismo empresario que continuó el vaciamiento de esas empresas periodísticas y que durante la última semana fue presentado por el multimedios Clarín como el supuesto “arrepentido” que denunciaba presuntos delitos en la Aduana, durante el gobierno anterior.