Piden procesar a Guillermo Moreno por presunta "manipulación" de los datos del Indec

EL FISCAL FEDERAL OFICIALISTA CARLOS STORNELLI PIDIÓ EL PROCESAMIENTO DEL EX SECRETARIO DE COMERCIO GUILLERMO MORENO POR LA MANIPULACIÓN DE LOS DATOS SOBRE INFLACIÓN QUE PUBLICÓ EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) DURANTE EL GOBIERNO ANTERIOR.

Moreno, que estuvo al frente de la Secretaría de Comercio Interior entre 2006 y 2013, ordenó en 2007 la intervención del INDEC y fue indagado recientemente por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

La denuncia contra Moreno fue hecha por el entonces fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.

La fiscalía acusa a Moreno de los delitos de abuso de autoridad y violación de secreto, pues habría dado órdenes para controlar el Índice de Precios al Consumidor, pero también de haber violado el secreto que imperaba sobre los datos estadísticos, al obligar a los técnicos a entregarlos. 

En la misma causa ya fue indagada Beatriz Paglieri, quien también negó haber manipulado estadísticas durante su paso por el organismo, y a Ana Maria Edwin, ex directora del organismo.

En su requerimiento, el fiscal Stornelli hizo referencia a la grave consecuencia financiera que tuvo para el Estado a la hora de pagar títulos públicos con números del PBI inflados.

Sobre la manipulación de datos, una pericia que consta en la causa determinó que estaba instalado en los equipos técnicos del INDEC un programa "Ipn_Calind_Pkg.SQL" que administraba "funciones para cálculo de índices, aplicando además un control de topes".

"La función de topes consiste en controlar algún caso o variedad que quede (aparentemente predeterminada) para luego realizar un recálculo de agrupaciones", según el estudio.

En la indagatoria que dio recientemente ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, Moreno remarcó que años atrás hubo un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó cualquier irregularidad en el funcionamiento del organismo y dijo que "lo actuado en el INDEC está bien".

"Es una denuncia que en su momento la hicieron (Ernesto) Sanz y (Gerardo) Morales", señaló Moreno en aquella oportunidad.

No cesa la persecución judicial: procesaron a Sabbatella por irregularidades en el reparto de subsidios de la AFSCA por $ 10 millones

EL JUEZ FEDERAL LUIS RODRÍGUEZ PROCESÓ AL EX TITULAR DE LA EX AFSCA MARTÍN SABBATELLA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA ENTREGA DE SUBSIDIOS POR PARTE DE ESE ORGANISMO EN ORDEN A LOS $ 10 MILLONES A DISTINTAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

La sospecha es por la entrega de $ 9.906.010 en subsidio durante su gestión al frente de la AFSCA, y que fueron canalizadas sin previamente realizar valuación de proyectos ni análisis de gastos. 

Tras la imputación del fiscal macrifascista Carlos Stornelli, la investigación apunta también a que ese dinero podría haber sido desviado para las campañas políticas de Sabbatella como candidato a vicegobernador bonaerense en las elecciones de 2015.

La denuncia fue hecha por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy, y en la investigación también fue procesada Andrea Conde, quien era directora de Proyectos Especiales del organismo oficial.

Los subsidios fueron entregados a cuatro organizaciones: Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Asociación Civil Cine en Movimiento, de Morón, Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral.

En su dictamen, el fiscal Stornelli consideró que "la formación de la comunicación popular se confundió con la difusión de política partidaria".

La fiscalía evaluó que en el caso de los subsidios otorgados a FARCO, no figura petición del foro, ni llamado a concurso, ni evaluación del proyecto, ni un análisis de presupuesto que justifique la erogación de fondos.

El procesamiento dispuesto por el juez Rodríguez es por defraudación por administración fraudulenta y embargos por diez millones de pesos.

De acusador a acusado: investigan al fiscal oficialista Carlos Stornelli

EL FISCAL VINCULADO AL MACRIFASCISMO SERÁ INVESTIGADO POR "VIOLACIÓN DE SECRETO" EN LA CAUSA EN LA QUE PIDIÓ EL DESAFUERO Y LA DETENCIÓN DE JULIO DE VIDO. UNO DE LOS IMPUTADOS EN EL MISMO EXPEDIENTE DENUNCIÓ QUE STORNELLI FILTRÓ SUS RESOLUCIONES A LA PRENSA ANTES DE PONER EN CONOCIMIENTO A LOS IMPUTADOS. EL JUEZ LUIS RODRÍGUEZ HIZO LUGAR A LA DENUNCIA.

El fiscal federal oficialista Carlos Stornelli será investigado por el supuesto delito de "violación de secreto" a raíz de la filtración a la prensa del dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria del diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio De Vido. La denuncia contra Stornelli recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del también imputado y ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse, quien obtuvo la eximición de prisión.

El defensor argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli, en vez de haber tomado conocimiento por el sistema habitual de tener acceso a todo el expediente y leer las novedades procesales.

El propio juez federal Luis Rodríguez consideró antes de ayer que "asiste razón" a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación "sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado".

"Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto", afirmó el magistrado.

El juez Rodríguez hizo lugar el jueves al pedido de exención de prisión que presentó la defensa de Lisse y fundamentó que "la actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que es difícil sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento". Ese criterio podría ser el mismo que aplique con el resto de los 23 imputados, incluido el diputado y ex ministro de Planificación.

La causa por la que se investiga a De Vido, se inició hace un año y medio por supuestas irregularidades en las obras de Río Turbio en relación al desarrollo de la mina de carbón, un tren y dos usinas. La imputación no apunta a coimas ni sobreprecios sino a convenios firmados con una universidad para evaluar técnicamente el plan, estudios que suelen hacerse con consultoras privadas. El proyecto y los recursos presupuestarios globales habían sido votados en el Congreso con la idea de que el carbón extraído -hay reservas para unos 400 años- se utilice en dos usinas instaladas allí mismo, en Río Turbio, para permitir el desarrollo de esa ciudad patagónica muy aislada.

El fiscal macrifascista Carlos Stornelli pidió el desafuero y la detención de De Vido

LO HIZO EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR EL SUPUESTO FRAUDE DE 26.000 MILLONES DE PESOS CON EL PROYECTO DE RÍO TURBIO.

El fiscal federal oficialista Carlos Stornelli pidió el llamado a indagatoria, el desafuero y la detención del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por supuesto fraude y malversación de 26.000 millones de pesos.

Así lo solicitó en un dictamen acusatorio que presentó ayer ante el juez federal Luis Rodríguez, en el que incluyó a otros 23 investigados, entre ellos el actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna.

En un dictamen de 60 carillas, el fiscal pidió al juez federal Luis Rodríguez la indagatoria y la detención de todos los imputados y, en el caso del ex ministro Julio De Vido, el desafuero posterior a la indagatoria, que permita ordenar su prisión.

Al fundar su pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que las maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos investigadas en la causa "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación", quienes -indicó- estaban "obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública".

Además de De Vido se pidió la indagatoria y detención de su ex segundo en Planificación Federal, Roberto Baratta; del actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; y del ex secretario de Minería de la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral. 

También, solicitó la misma medida en relación a Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que, durante toda la gestión kirchnerista, encabezó Julio De Vido.

"Todos en aquel tiempo eran garantes en la protección del patrimonio público aplicado en los proyectos" que la Justicia cuestiona, agregó Stornelli.

Así lo hizo en el marco del expediente que tramita en el juzgado a cargo de Rodríguez, iniciado merced a una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome.  En este sentido, el fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la "gravedad del delito".

Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona. Además se imputan irregularidades en las comisiones cobradas por la Universidad Tecnológica Nacional y la de Santa Cruz por obras que les fueron cedidas.

Por ello, el pedido de indagatoria y detención abarcó además a responsables de ambas casas de estudio y también de una fundación de la UTN que, para el fiscal, se creó a fin de vehiculizar el pago irregular de comisiones por Río Turbio.