Presentaron en el Senado el proyecto para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal

EL OFICIALISMO Y EL PJ SORETE PRESENTARON AYER EN EL SENADO UN PROYECTO PARA REFORMAR LA LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, QUE LIMITA A CINCO AÑOS EL MANDATO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Y HABILITA AL PODER EJECUTIVO A REMOVERLO POR DECRETO.

La iniciativa, que comenzará a ser tratada el próximo miércoles, fue presentada por el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, junto a su compañero de bloque Ángel Rozas (UCR) y los legisladores soretes del bloque PJ-FPV Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

Se trata de un proyecto que reforma tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal como la del Ministerio Público de la Defensa, con nuevos criterios para la designación, la remoción y la duración del mandato del procurador y del defensor general.

El proyecto de ley establece que el procurador general de la Nación, cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó hasta que se haga efectiva su renuncia el 31 de diciembre, será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por "mayoría absoluta de sus miembros".

De esta forma, el proyecto elimina el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta para designar al procurador y establece, en cambio, que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos.

También elimina el carácter vitalicio del cargo y señala que el procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".

Uno de los puntos neurálgicos del proyecto es el mecanismo de remoción, dado que semanas atrás el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional el procedimiento del juicio político como única forma de desplazar al jefe de los fiscales.

De acuerdo a la iniciativa, el procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles".

También la Cámara de Diputados, "por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros" podrá desplazar al jefe de los fiscales, aunque tanto en este caso como en una decisión del Ejecutivo se necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado.

Por otro lado, el proyecto disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que "el procurador general podrá disponer por resolución la creación (...) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran".

Según el proyecto, al que tuvo acceso NA, en la Ley del Ministerio Público de la Defensa se incluirán los mismos requisitos de designación, remoción y duración en el cargo para el defensor general de la Nación.

La presentación del proyecto en el Senado desactiva la iniciativa que en 2016 impulsó el régimen macrifascista en la Cámara de Diputados con el objetivo de remover de su cargo a Gils Carbó, a quien Mugrizio Macri Blanco Villegas identifica con el kirchnerismo.

Ese proyecto fue frenado por la desquiciada diputada oficialista Elisa Carrió, quien consideró que le otorgaba demasiado poder a la Comisión Bicameral que controla las actividades de la Procuración, encabezada por el massismo.

Durísima pelea de Rozas con Michetti: "Usted no es la dueña del Senado"

LA TULLIDA VICEPRESIDENTA NO LO DEJÓ RESPONDERLE A LOS SENADORES PERONISTAS Y EL RADICAL ESTALLÓ.

La vicepresidenta Gabriela Michetti se cruzó feo con su aliado radical Ángel Rozas durante la sesión de ayer del Senado, por no permitirle responder a una cuestión privilegio del kirchnerismo sobre la maniobra del régimen macrifascista en el Consejo de la Magistratura para echar a Freiler.

Michetti se aferró al reglamento y le preguntó sobre qué quería hablar porque no aceptaría una respuesta directa. "Si me deja hablar se va a enterar", la corrió el radical. "Para autorizarlo prefiero que me diga sobre qué tema", respondió Michetti, que se la veía venir porque ya había impedido que el pampeano Juan Carlos Marino le contestara al PJ.

"No sabía que tengo que confesarme primero, yo lo hago a veces en la Iglesia", la chicaneó Rozas. "Si es por el mismo tema no lo voy a conceder", sostuvo Michetti. "Yo he sido aludido, soy representante del Consejo de la Magistratura", insistió el chaqueño. "Si usted cree que es la dueña, está equivocada", atacó.

"Yo tengo la facultad de autorizar o no", quiso cerrar Michetti. "No, no tiene ninguna facultad, tiene la facultad de dirigir. no de resolver, Está equivocada", cerró Rozas, que la siguió con el micrófono apagado. "Usted sabe que no se puede contestar", completó la vice.

Antes del cruce con Rozas, Michetti también le impidió responder a Marino, a quien el peronismo cuestionó duramente por haber levantado la última sesión, razón por la que incluso pidieron que lo echen de la vicepresidencia segunda.

"Si usted no me quiere dar la cuestión de privilegio, macanudo", le dijo Marino, que aceptó más fácil la negativa que su compañero de bloque. "No se la voy a dar, lo contesta en la comisión", replicó la vicepresidenta y siguió con el temario.

Rozas y Pichetto le hicieron pasar un mal momento a Garavano en el Senado

EL MINISTRO QUISO PRESENTAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL SENADO, PERO LE RECORDARON QUE EL PROYECTO NO ESTÁ.

Germán Garavano no pudo tratar la ley de responsabilidad penal empresaria en el Senado, porque Ángel Rozas y Miguel Pichetto les explicaron que Diputados nunca le envió la versión final aprobada el miércoles pasado.

"No es conveniente analizar este proyecto hoy ni hacerle preguntas. No está en la casa lo que se aprobó en Diputados. Me parece poco serio que estemos tratando este tema hoy en el recinto", lo sorprendió Rozas, jefe del interbloque de la alianza de derecha  Cambiemos.

Al parecer, su condición de oficialista no le permitió conocer la estrategia de la Casa Rosada. "Por una cuestión de seriedad tenemos que tener el texto definitivo", insistió Miguel Pichetto, jefe de los senadores peronistas, pero se aventuró en marcar algunas diferencias.

"A estos temas hay que sacarlos del contexto electoral. Si hablamos de principios de principio de retroactividad de la ley penal, de la ley penal más benigna; son cosas que hay que plantear de cara la sociedad. Y tenemos que actuar con seriedad y no con demagogia punitiva", agregó.

El proyecto fue reescrito durante el debate de Diputados, y por eso la dirección Legislativa de esa casa necesitó hasta el lunes para terminar de redactar la versión definitiva. Como Emilio Monzó no fue, nunca lo firmó y jamás llegó al Senado, donde desde el viernes está prevista la visita de Garavano. Fue invitado a la Comisión de Asuntos penales que preside el peronista Pedro Guastavino. El apuro buscó evitar cualquier chicana sobre posibles cajoneos, justo antes del inicio del receso invernal. 

Una de las alarmas del personal parlamentario de Diputados es que algunos artículos se contradicen, como el que eleva las sanciones por delitos de corrupción para que no sean excarcelables, impuesto por Graciela Camaño, que es la antítesis de otro anterior. La versión final debe ser fidedigna a lo leído en la sesión. 

El otro artículo inoculado por la jefa del Frente Rejuntador fue el que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. "Esos casos tardan 10 años en resolverse. Y se detienen si el acusado ocupa un cargo. De esta manera, van a seguir toda la vida. La prescripción, se supone, es para que se resuelvan los casos", explicó, aun sorprendido, el peronista Rodolfo Urtubey.

Sin saber lo que se le venía, el ministro de Justicia expuso brevemente sobre el proyecto que envió originalmente a Diputados en octubre, como parte de un reclamo de la OCDE para combatir el delito trasnacional.

Luego el texto fue mutando y sumó una herramienta para permitir que el procurador del Tesoro tome declaración a los ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado coimas en el país. Fue lo que indicaba el artículo 37 del proyecto, que la oposición eliminó en Diputados pero que Garavano insistió en defender ante los senadores.

"Lamento lo que pasó porque es imposible sancionar a personas jurídica hacia el pasado. Es valioso poder regular un mecanismo para que las empresas puedan reparar el daño", propuso y agregó que "lo podemos regular desde el derecho administrativo, la AGN, el Ministerio Público, no es su parte penal; o la Sigen". No le permitieron extenderse demasiado.

Sólo Mario País, el chubutense del FPV-PJ siempre dispuesto a debatir temas jurídicos, le explicó que los organismos del Estado ya pueden hacer investigaciones administrativas sin una ley aparte. Esa es la estrategia del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, quien nunca estuvo de acuerdo con tomarles declaración a los ejecutivos de Odebrecht.

Pero Macri y Garavano parecen empecinados en tener alguna ley que le sume herramientas para involucrarse en el caso. La irrupción de la AGN había sido una propuesta de Ricardo Alfonsín en el recinto, desechada por la oposición.

Garavano no la pasó bien el resto de la reunión. Pichetto le recriminó falta de convicción para impulsar la ley de juicio en ausencia, reclamada por la AMIA para esclarecer los atentados, y le pidió gestionar con diputados los cambios a la ley de extinción de dominio, destinada a apropiarse de los bienes de los corruptos. "No podemos violar el principio de propiedad", le achacó. El ministro le prometió ocuparse de ambos temas.