MEDIA HORA ANTES DE SU INICIÓ SE CAYÓ LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES DEL SENADO QUE IBA A CONTINUAR LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Y DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. EL KIRCHNERISMO EXIGIÓ SOSTENER ESTRUCTURAS DE GILS CARBÓ Y OBLIGÓ A LA SUSPENSIÓN.
La fisura en el bloque de senadores liderado por el traidor hijo de puta de Miguel Ángel Pichetto frenó la ley del Ministerio Público que presentó junto al macrifascista Federico Pinedo y ahora quedó congelada hasta nuevo aviso.
El rionegrino intentó hasta último momento acordar un texto común junto a los kirchneristas pero falló en el intento y prefirió que par Pedro Guastavino suspendiera la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, convocada para las 16.
Según se supo, el grupo K liderado por el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti exigen incluir en la ley resoluciones adoptada por Alejandra Gils Carbó, una forma de condicionar a su sucesor. Las principales son las referidas a la continuidad de las procuradurías especializadas, uno de los botines de poder kirchnerista en el Ministerio Público.
También hay tensión por la posibilitad de remover a los empleados nombrados por la ex jefa de fiscales, contemplada en el proyecto. "No pueden obligar a un nuevo procurador a ejercer con las medidas tomadas arbitrariamente antes. Nos están pidiendo un reglamento interno por ley", se indignó un senador de la alianza de derecha Cambiemos que estuvo al tanto de la negociación, en contacto con Pichetto.
El debate exhibe la dinámica que tendrá el Senado en diciembre, con el peronismo virtualmente partido y el histórico jefe de esa fuerza pivoteando entre sus rebeldes y el régimen macrifascista.
Hasta el lunes las negociaciones parecían avanzadas. Habían logrado que el kirchnerismo aceptara que el nuevo procurador pueda elegirse por mayoría simple y mandato de 5 años, el punto clave para el peronismo ortodoxo y para Cambiemos, para de ese modo elegirlo en un trámite fugaz. Los primeros proponen al senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y firmante de la reforma.
Por pedido del kirchnerismo, la sociedad PJ-PRO permitiría que la remoción del procurador sea a través de un juicio político del Congreso, pero con mayoría simple en Diputados (donde se hace la acusación) y sólo especial en el Senado, para la remoción final.
Pichetto y Pinedo podrían haber reunido igual a la Comisión y promover varios dictámenes, pero la idea fue esperar a un consenso más amplio y no exhibir fisuras en el recinto. De todos modos, no está claro si ese plan es realizable y si antes de fin de año esta reforma no es el inicio de una fractura, ya formal, del peronismo en la Cámara alta.
