EL RÉGIMEN FASCISTA PORTEÑO ENVIÓ AYER A LA LEGISLATURA UN PROYECTO DE LEY PARA REDUCIR LOS COSTOS INICIALES DEL ALQUILER EN CAPITAL, QUE ENTRE OTROS PUNTOS OBLIGA AL DUEÑO DEL INMUEBLE A PAGAR LA COMISIÓN, Y ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PARA DISCUTIR CÓMO FACILITAR A LOS INQUILINOS EL ACCESO A UNA GARANTÍA E INCENTIVAR A LOS PROPIETARIOS A RENTAR SUS VIVIENDAS.
“Veníamos perdiendo 10 a 0 y metimos un gol”. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, dice que esto era impensado muy poco tiempo atrás. Luego de largas rondas de negociaciones, el régimen fascista porteño decidió avanzar en una mínima regulación del mercado inmobiliario: enviará un proyecto a la Legislatura para que las comisiones las paguen los dueños y se eliminen los gastos de gestión. Además, las inmobiliarias dejarán de autoregularse y se le dará poder de contralor al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
La iniciativa fue presentada por el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larrata, en pleno inicio de la campaña electoral de cara a las PASO del 13 de agosto. El impacto, calculan en Inquilinos Agrupados, no es nada despreciable. Desde hace algunos años, la ciudad de Buenos Aires atraviesa un complejo proceso de inquilinización: uno de cada tres porteños alquila. En la Argentina, en total hay 6 millones de inquilinos. Pero el fenómeno de concentración de las propiedades fue muy acentuado en la ciudad: los propietarios pasaron del 64,4 por ciento de la población en 2003 al 50,6 en 2016. En paralelo, los inquilinos pasaron del 23,9 al 35,2, mientras creció la “tenencia precaria”, del 11,6 al 14,2 por ciento. Un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de $8503 con aumentos semestrales de 15 por ciento, sin mencionar expensas, servicios ni impuestos.
El presidente del IVC, Juan Ignacio Maquieyra enmarcó la iniciativa como una pata más de la política de vivienda del Gobierno porteño. “Estamos haciendo una inversión muy grande en las villas, multiplicando los créditos hipotecarios para la clase media y ahora avanzamos en mejorar la situación de los inquilinos”, dijo y agregó que “este es un primer paso para lograr que sea más fácil en Buenos Aires, más seguro y barato. Logramos que el inquilino no tenga que pagar la comisión ni la gestoría y que cualquier inquilino o propietario pueda asesorarse en el Gobierno, donde habrá una oficina de asistencia legal permanente y gratuita”.
Para Muñoz, en tanto, se trata de una “victoria” del sector, ya que se pudo “poner de manifiesto que los problemas de los inquilinos no son un tema individual sino colectivo”.
“Es un avance incompleto, pero estamos en una ciudad gobernada por las constructoras. La primera victoria es que la comisión la pague el dueño”, indicó el referente de Inquilinos Agrupados.
La cuestión referida a la garantía para los alquileres -cuyos requisitos suelen dejar afuera a miles de personas del mercado formal- quedó fuera de la iniciativa oficial. La propuesta era avanzar en un sistema similar al uruguayo y de algunos países europeos, en donde las garantías se cubren con depósitos bancarios o débitos automáticos para sueldos formalizados. Maquieyra adelantó que “el norte es trabajar en forma consensuada con inquilinos y propietarios para solucionar esta cuestión de fondo" y advirtió que “son temas más integrales y profundos y hay que debatirlos más”.
A contramano de la propuesta local, la alianza de derecha Cambiemos, a nivel nacional, frenó en el Congreso un proyecto de ley que regularía el fondo de la cuestión en toda la Argentina. El proyecto obtuvo media sanción del Senado en noviembre del año pasado, pero la Cámara de Diputados jamás lo trató. La iniciativa le pone un límite a los precios de los alquileres: el precio de locación “sólo podrá ser reajustado anualmente” -hoy se exigen en algunos casos renegociaciones semestrales- y el valor se determinará en base a un promedio entre la inflación del INDEC y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Otro de los puntos centrales del proyecto es la regularización de las comisiones y garantías. Al respecto, se fija el pago de un mes de anticipo y otro importe igual en concepto de garantía, que será devuelto –actualizado en su valor- al finalizar el contrato. Además, se establece que los alquileres serán por tres años y no por dos como ocurre actualmente. En cuanto a la garantía, el proyecto establece que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por las leyes de cada jurisdicción, y en caso de no estar reguladas no podrán superar el valor de un mes de alquiler. Además las expensas extraordinarias correrán, siempre, por cuenta del propietario.
El año pasado la Justicia falló a favor de los inquilinos en la causa por las comisiones inmobiliarias y de dos meses pasaron a cobrar uno, tal como establece la actual regulación. De esta manera, según Inquilinos Agrupados, se “terminó con una transferencia ilegal de 1500 millones de pesos anuales del sector de los inquilinos al mercado inmobiliario”.
“No hay ninguna razón ni argumento para pensar que el inquilino es un cliente de la inmobiliaria, y como tal deba pagar una comisión para firmar un contrato de alquiler, es de sentido común que la persona que requiere los servicios del inmobiliario es el propietario. El inquilino no debe pagar jamás ninguna comisión por un servicio que no recibe”, afirmó Muñoz.
La regulación del mercado inmobiliario se revela hoy como crucial, no sólo por la urgencia de los problemas que aquejan a los inquilinos, sino por la perspectiva del futuro del sector con la irrupción de nuevas formas de alquileres como Airbnb. “Esta empresa genera problemas porque podés alquilar en forma directa con el propietario y empieza a subir el valor de los alquileres, porque presionan los valores en dólares”, advirtió, por último, Muñoz.
Fuente: nota de Franco Spinetta para Página/12
Un mes después de la presentación del proyecto, la Legislatura porteña está a un paso de aprobar la iniciativa que despertó la queja de las cámaras inmobiliarias, ya que estipula que las comisiones las paguen los dueños y se eliminan los gastos de gestión. Además, las inmobiliarias dejarán de autorregularse y se le dará poder de contralor al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
